Archivo de la autora
Herramientas contra las violencias institucionales
El concepto de violencia institucional va más allá del concepto de revictimización, porque alude a una responsabilidad que tiene que ver con la falla estructural o sistémica.
Caso Alves, más victoria que derrota
El caso Alves demuestra que un estándar de buen hacer judicial es posible, y que por tanto, se podría exigir en todos los procesos. Las reivindicaciones feministas están consiguiendo el histórico hito de cambiar la práctica de los tribunales.
Violencia institucional sexualizada
La querella de las activistas del movimiento libertario contra el agente policial infiltrado es un caso paradigmático en el que la violencia institucional y sexual se entrecruzan y la una no pude interpretarse sin la otra.
Reflexiones sobre antipunitivismo en tiempos de violencias
¿Cuáles son los límites actuales de la postura antipunitivista? ¿Cómo canalizamos su potencial transformador en nuestros espacios políticos?
El caso de laboratorio
Cada caso frustrado aumenta el descrédito del sistema judicial y actúa de correa transmisora del mensaje de "¿has visto como no ha servido de nada?". Mientras el sistema judicial siga anclado en la expectativa de casos de delitos de odio de laboratorio, el resto de casos, los de la LGTBIfobia real, seguirán impunes.
Violencia sexual sin contacto físico
El Tribunal Supremo dicta la primera sentencia que determina que, aunque no medie contacto físico, la sextorsión digital es una agresión sexual. La resolución deja de considerar las violencias digitales como violencias de segunda.
La violencia contra las criaturas, violencia machista en la reforma de ley catalana
Entre los cambios más representativos está la tipificación como violencia machista de la ejercida contra las hijas e hijos con el fin de dañar a las mujeres. Incluye a las mujeres trans sin que deban aportar un informe médico que demuestre su género y califica el SAP (Síndrome de Alienación Parental) como una forma de violencia institucional, quedando vetado también como recurso.
La reparación de las violencias sexuales
Más allá de la indemnización económica, hay diversas formas de reparación, un pilar básico de la justicia feminista que debería incorporase de forma prioritaria al debate social y jurídico, como reivindicación inseparable del derecho a vivir vidas libres de violencias.
Juicio a la justicia patriarcal
La sentencia de ‘La Manada’ es una muestra representativa del sesgo patriarcal que se proyecta en infinidad de estereotipos y juicios de valor. La autora espera que el debate ocasionado suponga un punto de inflexión en la exigencia de una justicia con perspectiva de género.
Populismo punitivo, o cómo se instrumentaliza el dolor de las víctimas
El debate sobre la prisión permanente revisable se ha reavivado con el hiriente caso de Diana Quer. El populismo punitivo se ha puesto en marcha, recogida de firmas mediante, para explotar las inseguridades colectivas y restringir así libertades fundamentales. El énfasis en el castigo no debe desviar la atención de las obligaciones del Estado de prevención, reparación y garantía de no repetición.
Ley contra la Violencia de Género: ¿protege a las mujeres trans*?
Lorena Reyes murió el pasado 24 de octubre cuando huía de un hombre que le había agredido con un arma blanca. El Gobierno autonómico de Canarias lo calificó como un caso de violencia de género, pero algunos medios se preguntaron si se juzgaría como tal porque no estaba legalmente reconocida como mujer. La jurista Laia Serra responde.
Patologización trans*: Una violación de derechos humanos insostenible
Las encuestas europeas revelan que las personas trans tienen el nivel de salud más precario del colectivo LGTB, como consecuencia de la transfobia. La Administración sanitaria no puede seguir alegando el desconocimiento de los criterios y compromisos internacionales asumidos para garantizar el derecho a la salud y a la identidad de género.
Nuevas herramientas legales para proteger a las víctimas de violencia de género
La reciente transposición de una directiva europea al Estatuto de la Víctima en el Estado español aporta un catálogo de derechos que las víctimas podrán invocar durante el proceso judicial. Prevé una evaluación especial – entre otras – de las víctimas de violencia machista, aunque también contiene carencias.
