Ilustración de Yevgeniya Kolnobritskaya (iStock).

La ley de familias fue una de las propuestas estrella del anterior Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la mano de Ione Belarra. Sin embargo, la legislatura terminó sin que esta ley viera la luz. El actual Gobierno ha decidido retomarla, con algunas modificaciones, dando forma a un proyecto de ley publicado el pasado 8 de marzo y que actualmente se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso.

Esta ley supone una novedad para gobiernos situados a la izquierda política que tradicionalmente han tendido a identificar, al igual que algunos sectores feministas, la familia y la maternidad con ideologías reaccionarias, conservadoras, esencialistas e incluso patriarcales. En demasiadas ocasiones, las madres hemos quedado huérfanas de un discurso feminista y de izquierdas que defienda nuestros derechos. El actual proyecto de ley introduce muchas medidas necesarias, como reconocer la diversidad familiar, la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios, otorga más derechos a niñas y niños cuyos progenitores se encuentren en situación irregular, aumenta el fondo de garantía de alimentos ante el impago de pensiones, reconoce un título de familia monoparental, etcétera. Sin embargo, colectivos sociales y otros grupos políticos han mostrado diversas carencias.

Algunas de las medidas propuestas en la anterior legislatura ya entraron en vigor a través de un real decreto el pasado junio de 2023. Por ejemplo, un permiso parental no remunerado de ocho semanas, hasta los ocho años. Denominar a este permiso “parental”, intentando imitar burdamente los permisos parentales de otros países de Europa es un despropósito. Los permisos parentales europeos son remunerados (no siempre al cien por cien), transferibles en su mayor parte y mucho más largos. Algunas investigaciones sobre los permisos en España también han denominado “permiso parental” a nuestras excedencias por cuidado (otro despropósito). Parece que hay un intento por parecerse a Europa, pero cuidando gratis. Las madres conocen bien esta situación: ellas solicitan un 84 por ciento de las excedencias por cuidado. Sin embargo, remunerar estas medidas tan feminizadas (las excedencias) sigue sin ser una propuesta del Gobierno. Tampoco lo ha sido remunerar el permiso de ocho semanas que, aunque insuficiente, muchas madres usarían para alargar el mísero permiso de maternidad.

Porque la promesa de ampliación de los permisos por nacimiento tampoco se mantiene. Una promesa que, de tanto salir anunciada en los medios de comunicación, comenzó a darse por cierta y muchas madres ya celebraban esta medida ficticia sin saber que finalmente no se iba a llevar a cabo. Es indignante que, desde 1989, el permiso de maternidad esté congelado en 16 semanas, pero usar su aumento como propaganda electoral es, además, tremendamente cruel. Las personas que legislan deberían verse con un bebé de menos de cuatro meses enganchado a su teta o acudir a grupos de madres para sentir y comprender el dolor de la separación temprana.

Existen propuestas alternativas, como la proposición de ley del Grupo Mixto que sí incluye la remuneración del permiso de ocho semanas o la ampliación de los permisos por nacimiento a 24 semanas. Sin embargo, vuelven a incidir en la intransferibilidad de los permisos, obviando las demandas de las madres, la necesidad de flexibilidad de las familias (principalmente de las más precarizadas) y las dos directivas europeas vigentes. La intransferibilidad es incompatible con la diversidad familiar que promueve esta ley y es profundamente paternalista y patriarcal, pues uno de los motivos para que los permisos no sean transferibles es que las madres no puedan tomar más tiempo que los padres (limitando así sus derechos). Además, olvida la existencia de otros modelos de familia. La novedad que sí incluye este proyecto de ley es que el padre (u otra persona progenitora) podrá anticipar 10 días de sus 16 semanas antes del parto. Argumentan para ello la necesidad de ser flexibles, una flexibilidad que han obviado con la intransferibilidad. También argumentan el cuidado de la madre gestante, quien, con un ridículo permiso preparto desde la semana 39 de gestación, se verá a sí misma pariendo en su puesto de trabajo mientras su pareja ya está de permiso en casa ¿preparándose para el parto?

La asociación PETRA Maternidades Feministas ha enviado a diputadas y diputados una serie de propuestas para que tengan en cuenta en las enmiendas a la ley: la ampliación, transferibilidad y universalidad de los permisos por nacimiento, permisos específicos para las madres gestantes como un permiso preparto y puerperal que protejan sus procesos sexuales y reproductivos, una prestación universal por menor a cargo similar a la de otros países europeos, etcétera. Todas estas medidas son imprescindibles para las madres y las criaturas y, sin embargo, siguen sin contemplarse. La prestación universal por menor a cargo, a pesar de que fue una medida clave en la promoción de la ley, ya no se incluye, obviando la preocupante tasa de pobreza infantil, cuyo riesgo se multiplica para las familias monomarentales. Según datos de la OCDE, España se encuentra entre los países que menos gasto público destina a las familias.

El proyecto de ley también propone modificar el término familias numerosas por “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”, donde se incluirían las familias monomarentales, con personas con discapacidad, etcétera. Un cambio que, según han expuesto, podría no mantenerse. En esta situación se encontrarían las familias monomarentales con dos o más hijos o hijas, aunque la organización Familias Monomarentales (FAMS) propone que se comience a contabilizar desde el primer hijo o hija. Se concede además un título de familia monoparental, que incluiría a aquellas que tengan una sola progenitora o progenitor, la madre haya sido víctima de violencia de género, que su progenitora o progenitor haya obtenido la guarda y custodia en exclusividad sin recibir pensión alimenticia y familias con dos o más hijas o hijos con un progenitor o progenitora en prisión o en tratamiento hospitalario durante al menos un año. Esta definición de monoparentalidad deja fuera a muchas familias que reciben pensión alimenticia (aunque se incumpla o sea muy reducida) o no exista ningún tipo de corresponsabilidad del padre en la crianza (incluidos otros gastos). Con lo cual la madre continuaría criando en soledad o, peor aún, con padres que no se implican pero sí ejercen control, en una violencia machista hacia las madres aún hoy encubierta. La FAMS exige que se incluya en la descripción de monoparentalidad de la ley a aquellas familias cuya otra persona progenitora no cumpla sus obligaciones parentales (que no haya percibido la pensión por alimentos durante seis meses consecutivos o alternos) o familias de una sola progenitora o progenitor cuyos ingresos no superen un determinado límite (incluyendo la pensión). Respecto a los permisos por nacimiento, las familias monomarentales continuarán discriminadas con la mitad de tiempo de permiso, a pesar de la demanda de numerosos colectivos, entre ellos la FAMS y PETRA Maternidades Feministas, de equiparación con las familias biparentales. Como si de una broma de mal gusto se tratase, en lugar del aumento de los permisos, a las familias monomarentales se les ofrece tan solo 16 semanas de guarderías gratuitas.

Respecto a las familias migrantes, este proyecto de ley dotará de NIE a los niños y niñas con progenitores en situación irregular (según el procedimiento que establezca la ley de extranjería). El Grupo Mixto además ha propuesto la inscripción registral de las personas menores de edad con independencia de la situación administrativa de los progenitores y la regularización de la residencia de todas las personas menores de edad. Esta propuesta sacaría a muchos niños y niñas de su situación de irregularidad. Actualmente, incluso niños y niñas de progenitores con residencia legal, si no han nacido en el Estado español, deben demostrar su residencia durante dos años y que sus tutores tienen medios económicos y de alojamiento. Esperamos que estas nuevas medidas incluyan a los y las menores no acompañadas. Además, es urgente que todas las propuestas de permisos y prestaciones familiares sean universales, para que las familias vulnerabilizadas o en situación de precariedad no queden sin acceso a estos derechos. También es fundamental que se visibilicen, reconozcan y garanticen los derechos de las familias gitanas desde perspectivas no paternalistas ni asimilacionistas.

En definitiva, nos encontramos con una ley muy necesaria pero con demasiadas carencias que solo se podrían solventar escuchando a los principales colectivos afectados.