Imagen del nuevo informe de Save the children.

“Cristina, hoy no callo. Murió y lloré. Era lo normal. Tu padre fallece, tú lloras. Solo tienes 11 años. Pero reconoces que no es el dolor, sabes que es de alegría, de alivio. Esa fui yo. De los cuatro a los once años, esa persona que debería quererme, protegerme, solo abusó de mí cuando mi madre (trabajadora incansable y la única que lo hacía) no estaba. No sé ni cómo mi cerebro normalizó aquello, lo desconozco, imagino que estaba alineada, y amenazada por él. Jamás lo he contado. Tengo 52 años (…)”.

Desde el verano, la periodista Cristina Fallarás usa su cuenta de Instagram para compartir los mensajes que le envían mujeres sobre situaciones de agresión sexual o de violencia machista que han vivido en su vida. Como contaba la comunicadora en Pikara Magazine, ella hace de canal para construir una narración conjunta.

Una de cada cinco niñas, niños y adolescentes en España es víctima de alguna forma de violencia sexual

Muchos testimonios son anónimos. Muchos, también, son de agresiones durante la infancia. Este ejercicio espontáneo de relatos demuestra lo que varios organismos llevan denunciando años: una de cada cinco niñas, niños y adolescentes en Europa, y en España, es víctima de alguna forma de violencia sexual. Save the children acaba de publicar un nuevo informe en el que subraya que en ocho de cada diez casos de abusos sexuales contra la infancia el agresor es una persona del entorno familiar o conocida del niño o niña, y el 96 por ciento de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual.

“No soy un caso aislado. Así me lo confirman las estadísticas. Soy una de cada cuatro, parte del 23 por ciento de niñas que en España son víctimas de abuso sexual infantil. Soy una de cada cuatro. Sí, has leído bien. Una de cada cuatro. También soy una del 60 por ciento que lo sufre a manos de una persona del entorno familiar. Lo siento, pero las cifras no acaban aquí. Soy una de cada dos donde los casos no son aislados, sino repetidos y continuados. Aunque el 48 por ciento lo olvida, lo relega a la parte más profunda de su cerebro para sobrevivir. Soy una de cada siete, los casos que se denuncian. En el momento en el que escribo, se presentan ocho denuncias al día. Pero yo soy parte del escaso 30 por ciento de quienes consiguen llegar a juicio”.

Así arranca Marta Suria-Vázquez Ella soy yo, un libro en el que relata, a través de un pseudónimo, las agresiones sexuales que sufrió por parte de su padre y su búsqueda de justicia cuando fue consciente de la violencia siendo ya una mujer adulta. Perdió el juicio y tuvo que ocultar su identidad, ser anónima, para compartir lo vivido, para aportar al relato colectivo.

En 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual en la infancia y adolescencia, el 82,7 por ciento lo sufrieron niñas y mujeres adolescentes

Si el 60 por ciento que apuntaba en 2019 Marta Suria-Vázquez ya dolía, el 80 por ciento que remarca ahora Save the children desgarra. Hay más. La mayoría, también el 80 por ciento, de las víctimas de abuso sexual infantil siguen siendo niñas y chicas adolescentes. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por este tipo de delitos contra la libertad sexual, el 82,7 por ciento lo sufrieron niñas y mujeres adolescentes.

La organización en defensa de la infancia ha analizado unas 400 sentencias y comparte que la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales es alrededor de los 11 años. Los datos que aporta son solo la punta del iceberg: se estima que solo el 15 por ciento de los casos llegan a denunciarse.

En ‘Por una justicia a la altura de la infancia’, Save the children confirma que las personas que habitualmente denuncian son la víctima y su madre. Algo que también expuso la asociación Mujeres Juristas Themis. “La madre es ahora la que ocupa el primer puesto con el 28 por ciento de los casos y la víctima un 20,9 por ciento”, apunta el estudio recientemente publicado. Y aquí entra en juego otra las perversas aristas de estos casos: “Nuestra experiencia es que, a falta de evidencia físicas o testigos, se vuelve contra quien denuncia. Como la formulan las madres, se cuestiona permanente su credibilidad y siempre se sospecha de un motivo espurio detrás”, explicó a Pikara Magazine Mª Ángeles Jaime, presidenta de Themis.

No se cree a las madres y la justicia se vuelve en su contra. Sara, por ejemplo, fue condenada a cuatro años de prisión. Naciones Unidas han advertido que el sistema judicial español no protege en algunos casos a los niños y las niñas de “padres abusivos” y que no otorga credibilidad a las mujeres.

Un informe de la Universidad Complutense encargado por el Ministerio de Igualdad recoge que un 72 por ciento de las madres, de los casos analizados, se vieron involucradas en procedimientos judiciales en los que se las acusaba del falso SAP, un concepto no utilizado de manera directa, sino a través de eufemismos y estereotipos. “La aplicación de estos estereotipos de género y del falso constructo del SAP tiene efectos claros en los sobreseimientos de las denuncias por violencia sexual en el ámbito familiar en los procesos penales, así como en las valoraciones sobre la idoneidad del progenitor que debe ostentar la guardia y custodia en los procesos de familia, puesto que son utilizados como argumentos para la retirada a las madres de la guarda y custodia e incluso de la patria potestad”, dice el análisis publicado el año pasado.

Ley de protección a la infancia y adolescencia

Hace dos años se aprobó la ley de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Entre sus objetivos: ofrecer una atención integral a las víctimas y la especialización de la justicia. Uno de los graves problemas denunciados por las víctimas era la cantidad de veces que tenían que relatar los hechos en los procesos judiciales, lo que provocaba revivir la violencia varias veces e incluso una revictimización. Entre otras cosas, la ley propone la instauración del modelo Barnahus (casa de los niños, en islandés) de atención integral que permite realizar la grabación del testimonio de la víctima en un entorno amigable. Esa grabación podrá ser reproducida las veces que sea necesario evitando así que la víctima repita su relato en diversos estamentos y ante gente diferente. El primero de estos espacios se creó en 2020 en Cataluña, y son ya varias las comunidades que cuentan con recursos de este tipo.

Save the children pide una justicia especializada, desde los juzgados hasta la fiscalía, pasando por el personal técnico

Los datos recogidos por Save the children indican que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, incluso tres veces, en policía, fiscalía y juzgado. “La declaración se considera como eficaz para probar los hechos en un 69,9 por ciento de los casos, tanto en los que se trata de la única prueba como en los casos en los que se acompaña de otro tipo”, recoge la organización. Y añade que el hecho de que se refleje la aceptación por el juzgado de la grabación del testimonio no significa que la víctima no declare otra vez en juicio: “Observamos, que incluso en casos de los que se ha grabado el testimonio, la víctima ha tenido que declarar en juicio”. Por todo ello, Save the children pide una justicia especializada, desde los juzgados hasta la fiscalía, pasando por el personal técnico.

“Leoncio, de 12 años, asistía a una actividad extraescolar. Su monitor, Florencio, mayor de edad, se aprovechaba de su confianza, se encerraba con él en los baños y abusaba sexualmente del niño. Florencio reconoció en el juicio los hechos y su participación en ellos. El padre de Leoncio presentó la denuncia en el 2014, pasaron siete años hasta que salió la sentencia, en el año 2021. Florencio fue condenado a dos años de prisión y cinco años de libertad vigilada, pero el tribunal acordó suspender la pena con la condición de que no volviera a cometer delito, y del pago de una indemnización a Leoncio”.

Este caso está recogido en el informe recientemente publicado, junto con otros, como el de Elisa, que declaró un total de cinco veces ante la Guardia Civil, en su domicilio, con el EMUME, en el Juzgado de Instrucción y, una última vez, en el juicio oral. Pasaron tres años desde que sucedieron los hechos hasta que salió la sentencia. Su agresor fue condenado a 12 años de prisión. En el 88,3 por ciento de los casos analizados por Save the children hay condena.