Guardia nasa del Cauca de Colombia. / Foto: Arxiu (La Directa)

Este análisis ha sido publicado inicialmente en catalán en La Directa.

“Teníamos muchos problemas de violencias intrafamiliares en el resguardo por el abuso del alcohol. La comunidad decidimos prohibir venderlo en el territorio. Al principio, tocó hacer rondas e ir a donde alertaban que se seguía vendiendo alcohol. Una señora continuaba haciendo chicha, fermentado artesanal del maíz. Por más que se le decía, seguía. Tocó preguntar qué pasaba. ¿Por qué lo hacía? Tenía hijos y era su medio de vida. El cabildo decidió poner remedio. Se le dio un pedazo de tierra y apoyo para arrancar la siembra. Hace diez años y la señora nunca ha vuelto a vender”.

El relato lo hace Natalia Trujillo Campo, mujer nasa y comunera de Yaquivá, en Tierradentro (Cauca). Es un ejemplo de abordaje y aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), reconocida en la Constitución colombiana de 1991. “Hay tantas JEI como pueblos indígenas, hasta tantas como comunidades. El ejercicio de justicia, desde la prevención hasta el hecho que ha pasado y que debe juzgarse, hila todas nuestras acciones como seres humanos, entre nosotros, y también con todos los seres de la naturaleza. Nos permite, como pueblo, tener un territorio para muchas generaciones más”, explica Trujillo. “Para conocer alternativas, más que hablar de policía podemos hablar de derecho indígena”, apunta Arturo Landeros, del colectivo de apoyo zapatista L’Adhesiva Barcelona. Para muchos pueblos originarios, la decisión de no tener cuerpos policiales es indisociable de la justicia propia. Desde aquí cambia radicalmente el paradigma, hasta el punto de ir convirtiendo la policía occidental en innecesaria.

Corresponsabilidad, colectividad y legitimidad comunitaria

Es difícil resumir todo lo que implican las justicias indígenas. La premisa es garantizar que todo el mundo tenga lo necesario para el sostenimiento de la vida. El pueblo nasa de Colombia, los caracoles zapatistas en México o Rojava en el Kurdistán tienen derechos propios con muchos elementos en común. Son territorios en los que se ha construido y se desarrollan espacios de resistencia al sistema socioeconómico capitalista. Las bases son el fuerte vínculo comunitario y el reconocimiento de la interdependencia colectiva; un gran compromiso, tanto de palabra como en hechos; la toma de decisiones, asamblearia y por consenso, con acuerdos colectivos y participativos; y una autoridad no impuesta, sino horizontal.

Con un sistema de trabajo comunitario, en el que todo el mundo es corresponsable del bien común, la misma lógica se aplica a lo que podría entenderse como el ámbito de la seguridad y de la convivencia. Son cargos rotativos, de personas voluntarias que hacen tareas de protección y atención a conflictos. Participan por igual hombres y mujeres, jóvenes y personas adultas, por lo que son heterogéneos en edad, género, conocimientos y experiencias. Las asambleas zapatistas deciden quién hará cada tarea durante tres años, aprendiendo con el hacer.

En el contexto nasa pasa igual: puedes estar unos años en el cabildo, el gobierno propio asambleario que tiene la responsabilidad de dialogar entre partes de un conflicto y de investigar que ha pasado si se da un daño. Yaquivá, una comunidad nasa de 4.000 personas, cuenta con una setentena de autoridades. Que sean trabajos rotatorios y no especializados en manos de una minoría fomenta el autocontrol. “No me excedo porque, si soy injusto en aquello que ayude a decidir -ya que nunca decido a solas-, después, cuando vuelva a ser comunero o comunera normal, también me aplicarán justicia”, apunta Natalia Trujillo.

En Rojava, las HPC (Fuerzas de Defensa Civiles por su traducción al castellao) tienen una rama no-mixta, solo de mujeres: las HPC-Jin. Fuentes del territorio explican que quieren atender problemáticas concretas que ponen en riesgo la autonomía de las mujeres y destacan la lucha contra la mentalidad dominante patriarcal, para responsabilizar también a la colectividad en el deber compartido de esta tarea.

La particularidad en el Cauca es que, si bien hay gente que forma parte formalmente, en la práctica toda la comunidad es responsable de cuidar la armonía. Por ejemplo, fueron la Guardia Indígena y las autoridades las que dialogaron y acompañaron a la señora chichera que recordaba Trujillo, bajo el mandato de atender a las causas y no solo a las consecuencias, como es el caso de dar medios de vida a quien lo necesita. Pero decidir qué hacer con las transgresiones se hace colectivamente. “Todos y cada uno de los indígenas que convivimos somos jueces, porque participamos de la justicia propia. En una asamblea podemos ser más de 1000 personas. Habla todo el mundo, también los niños y las niñas”, explica Trujillo.

Señala otro factor clave: no se trata de castigar, sino de recuperar la armonía. “El modelo occidental plantea cuánto cuesta una vida. Pero no se puede pagar una vida con dinero. ¿Y qué se gana enviándolos a la cárcel? No repara nada”, explica Landeros. Por eso, en las comunidades zapatistas la principal forma de sanación es recuperar el estado inicial de bienestar o bien garantizarlo. “Se aplica tanto con las personas como con el territorio: si tumbo un árbol, tengo que plantar varios para compensar el daño”, detalla. Por ejemplo, se compensa con más trabajo comunitario, que no es exclusivamente físico, apunta Trujillo, ya que también puede incluir impartir talleres o dar formaciones. “Si asesino y me encarcelan, son dos familias afectadas: la mía y la de la víctima”, añade Landeros. En casos así, una solución más restaurativa es tener que contribuir a sostener la vida de todas las personas afectadas.

“La reparación, allá afuera, es ‘me paga hasta el último peso del daño que me hizo’. Aquí generalmente no es así. Si las personas cometen un error o causan un daño -por acción o por omisión-, primero se debe reconocer que se ha generado el daño. Si no, no se llega a ninguna parte. Y después, evitar la repetición. Con eso, la gente se siente reparada. La justicia restauradora es posible porque mira de forma integral”, explica Trujillo. “Prioriza que las cosas estén o vuelvan a estar bien. Por grande o pequeño que sea el daño, se tiene que revisar las responsabilidades individuales, familiares, comunitarias… Cuanto mayor sea la responsabilidad, más grande tendrá que ser la respuesta de reparación”. En la misma línea, para las zapatistas se trata de dedicar tiempo, caso por caso, y “resolver problemas en vez de crear nuevos”, explica Landeros.

En el contexto nasa, los casos más graves, contra la vida –delitos sexuales, contra la infancia, desarmonías contra el territorio…– o que persisten, se abordan colectivamente en la asamblea. “¿Cómo se llega a casos graves? Pues porque alguno chiquito se desatendió. Si existe el homicidio o el feminicidio en nuestro territorio, es que hay hechos que no se abordaron cuando tocaba”, señala Trujillo, a pesar de que sean situaciones minoritarias. “Prima lo colectivo, pero la colectividad también tiene responsabilidad sobre aquello individual. Es de doble vía. Allá afuera, en cambio, el juez no puede decir que, si alguien roba, que se le dé trabajo. Lo que hace es castigar. Eso solo genera odio, resentimiento”, constata Trujillo. En el pueblo nasa, a menudo se anima a las personas que han causado más daño a formar parte del autogobierno comunitario. “Hace que tengan otra visión de la vida social y comunitaria. Definitivamente, hay grandes diferencias estructurales de la misma construcción institucional de la sociedad” a comparación con las sociedades occidentalizadas, explica Trujillo.

A pesar de ello, estas alternativas ¿podrían servir de inspiración a los estados-nación? “Es una justicia que sería muy difícil allá afuera, sobre todo en las grandes ciudades”, reflexiona Trujillo. “Se podría empezar por los vecindarios y barrios”, opina Landeros. “A veces no sabemos ni quién vive a nuestro lado en la escalera de vecinos. Ese es el principio de todo”, argumenta. “En el zapatismo no prima el respeto a la autoridad impuesta, sino que se honra un acuerdo. Parte de la comunidad, en la medida que pone en práctica estos acuerdos. En los países occidentalizados hemos cambiado nuestra soberanía por una delegación a través del contrato social. Por dónde empezamos: ¿por cambiar la policía o por cambiar la justicia?”, reflexiona.

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