“Desde que Bolsonaro ganó, la gente se siente con más impunidad”  

“Desde que Bolsonaro ganó, la gente se siente con más impunidad”  

Analistas advierten de que el nuevo gobierno de Brasil supondrá más violencia contra activistas feministas y LGTB .

Texto: Diana Moreno
13/02/2019

 

Esther Solano Gallego, Paki Roncero Siles y Rose Maloka (de izquierda a derecha). / Foto: Diana Moreno

Después de haber perdido la cuenta de las amenazas de muerte recibidas, el pasado 24 de enero el diputado y activista LGTB Jean Wyllys decidió abandonar el escaño que ocupaba y huir de Brasil. Las amenazas desde redes sociales –que incluían menciones a linchamientos, ahorcamientos, tiros en la cara o le auguraban un final como el de Mussolini, incluyendo el comentario en Facebook de la magistrada Marilia Castro Neves sobre que el activista “no valía la bala que lo mataría”- habían aumentado tras la llegada de Jair Bolsonaro, el exmilitar que llegó al poder el 1 de enero de 2019 con un programa electoral ultraconservador y autoritario y un discurso machista, racista y homófobo.

Wyllys no ha sido el primero en exiliarse: Deborah Diniz, antropóloga y activista por los derechos reproductivos, ya lo hizo en diciembre del año pasado debido al acoso por parte de los antiabortistas. El miedo de ambos es real: cada 19 horas una persona LGTB fue asesinada, en 2017, en Brasil. Y se espera que la situación de los defensores de derechos humanos en el país empeore tras la aparición de Bolsonaro y su retórica del odio. “De la palabra se llega a la acción”, recuerda Paki Roncero Siles, doctora en Ecología por la Universidad de São Paulo, en la charla ‘Brasil: Territorios/cuerpos vulnerables. Desafíos a la democracia’, ofrecida un día después del exilio de Wyllys en la librería Traficantes de Sueños, en Madrid. “Cabe esperar que aumenten las amenazas”, añade.

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La brasileña Rose Maloka, afincada en Madrid y parte del Coletivo por los Derechos en Brasil, opina que la llegada de Bolsonaro va a complicar mucho la defensa de los derechos humanos. “La gente tiene miedo”, dijo. “Desde que Bolsonaro ganó, la gente se siente con más impunidad para cometer los asesinatos hacia la población LGTB”. Los autores de estas muertes suelen ser organizaciones criminales junto con agentes del Estado -es decir, policías-, como presuntamente sucedió en el caso de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, activista feminista y LGTB asesinada el 14 de marzo de 2018 tras haber recibido amenazas similares a las de Wyllys. ¿Pasará factura al nuevo presidente la reciente noticia de que uno de los presuntos asesinos de Marielle Franco tenía conexiones con Flavio Bolsonaro, el hijo del gobernante? Es difícil decirlo: “Se puede quitar el problema del medio porque todavía no ha llegado a él”, opina Esther Solano Gallego, doctora en Sociología y profesora en la Universidad Federal de São Paulo.

Los colectivos progresistas ubicados en el punto de mira son precisamente el “enemigo” dentro de la retórica del nuevo presidente y sus seguidores. “La extrema derecha transforma la frustración y miedo en odio hacia un enemigo artificial pero fácilmente reconocible”, explica Solano Gallego, que se ha dedicado a escuchar y analizar a los votantes de Bolsonaro para entender sus motivaciones y comprender el auge de la extrema derecha en el mundo. Mientras para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ese chivo expiatorio son las personas inmigrantes y en Europa son las refugiadas, para Bolsonaro el enemigo “no es externo, porque apenas hay inmigración externa, sino interno: jóvenes negros de la periferia, comunistas, feministas…”, explica Solano Gallego. Precisamente el feminismo, agrega, revoluciona este pensamiento patriarcal de orden y jerarquía, y por eso “es muy peligroso para ellos”.

Un proyecto político contra las mujeres

¿Cómo se traduce en políticas la misoginia de un presidente que llegó a decir a una diputada que no la violaba porque no se lo merecía? “Bolsonaro trata de combatir cualquier avance que haya por parte de las mujeres o de la población LGTB”, opina Maloka. El ejemplo perfecto es la figura de Damares Alves, ministra de Familia Mujer y Derecho y pastora evangélica, que cree que el papel de las mujeres está en el hogar y que hay que combatir la “ideología de género”. En un país con gran número de feminicidios -tipificación que Bolsonaro quiere arrancar de los diccionarios- y donde al día se denuncian 606 casos de violencia de género y 164 violaciones, una de las misiones de Alves ha sido precisamente erradicar la educación sexual de las aulas. El Plan Nacional de Educación ha retirado toda la referencia de género y sexualidad en el texto que marca las directrices y las bases de la enseñanza en Brasil, y para justificarlo Alves ha ofrecido todo tipo de explicaciones inverosímiles: como que en las escuelas se reparten vídeos pornográficos, que hay máquinas de preservativos para niños de 12 años, que se enseña que hay que masturbar a bebés a partir de siete meses… Un ejemplo de hasta qué límites pueden llegar las fake news con fines electorales usadas por parte del nuevo Gobierno brasileño.

La libertad reproductiva es otra víctima del Ejecutivo de Bolsonaro, repleto de firmes antiabortistas. La aprobación del estatuto del nonato “prioriza el derecho del feto sobre el derecho de la mujer a decidir”, opina Maloko. En Brasil, donde un gran número de mujeres mueren por abortos clandestinos, la interrupción del embarazo sólo se permite en caso de violación. Alves se mostró partidaria de la polémica propuesta, aprobada en 2013, de la “bolsa de violación”, un dinero y asistencia que se pondría a disposición de la mujer violada que decidiera tener el hijo y que generó muchas críticas.

En general, este proyecto político contra las libertades va de la mano del avance del populismo de extrema derecha en el mundo, sumándose a otros ejemplos como los gobiernos de los europeos de Salvini o Viktor Orbán, o los avances de Le Pen: distintos entre sí pero con rasgos en común como la oposición a los progresos en materia de derechos de las mujeres, migrantes, ecologistas, LGTB, etc. Con este panorama y con un presidente que quiere tipificar los movimientos sociales como terroristas, en Brasil se está configurando un clima donde la lucha por los derechos humanos va a requerir más trabajo en común que nunca.

 


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