Las amenazas se cumplieron: Sara no ve a sus hijas y ha sido condenada a cárcel

Las amenazas se cumplieron: Sara no ve a sus hijas y ha sido condenada a cárcel

Esta es la historia de Sara. Es una historia de malos tratos hacia ella, denunciados por los médicos, y de abusos hacia su hija mayor, ambos procedimientos archivados. Pero la justicia ha dictaminado que la culpable es ella y la manda a prisión. La campaña #MamáEstáCastigada es un grito de auxilio que cuenta esta historia de violencias.

Esta es una historia de terror, de esas que se piensa que es imposible que sea verdad. Pero es verdad. Dura verdad.

Sara ha sido condenada a cuatro años de prisión. ¿El delito por el que se la inculpa? Lo que han considerado como el secuestro de sus hijas. Un secuestro muy extraño, denunciado por el progenitor de la mayor, porque las niñas siguieron viviendo en la misma casa y haciendo la mismas rutinas, y la madre trabajando donde siempre. Un secuestro muy extraño, porque la hija pequeña de Sara no tiene filiación paternal reconocida.

Lo explica la propia Sara, que el próximo día 27 tiene un juicio**, en la ciudad pacense de Zafra, para establecer las medidas definitivas de guarda y custodia. “Habiendo sido condenada por secuestro mis posibilidades de volver a ver a mis hijas son mínimas”, cuenta a través de la asociación que la apoya, Mujeres libres, Mujeres en paz, que ha lanzando la campaña #MamáEstáCastigada para dar a conocer este terrible caso.

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Pero esta historia de despropósitos no acaba aquí, esto es solo el principio (o el final) de un relato de barbaridades, de vejaciones, de violencia, de abusos…, que Sara explica muy bien. Esta es la historia de Sara y de sus hijas, a las que no ve desde hace dos años, cuando literalmente se las arrancaron. Esta es la historia de una mamá que está castigada, como explica la hija mayor de Sara el porqué no puede ver a su madre.

“Me he sentido castigada, hostigada, maltratada, primero por mi expareja y después por todo el sistema de protección al que me vi obligada a entrar cuando el médico de familia inició el procedimiento por violencia de género”, explica Sara a través de una documentación elaborada por Mujeres libres, Mujeres en paz, colectivo que la está acompañando en un ejercicio brutal de sororidad.

Todo empezó entonces, en 2016, cuando Sara, embarazada de su segunda hija, acudió a la matrona. El pánico y la ansiedad de Sara obligaron al equipo médico a actuar y denunciar que era víctima de violencia de género. Sara se marchó entonces de casa, pero el padre pudo seguir viendo a la hija mayor, que entonces tenía un año. Poco a poco, al volver de las visitas la niña mostró signos de abuso, algo que llegó verbalizar. Por teléfono, Ana María González, de Mujeres Libres, Mujeres en Paz, habla de pesadillas, de que la niña no quería que nadie la lavara o la tocara, de que estaba descompuesta…

“La veracidad de sus manifestaciones ha sido acreditada y se recoge en diversos informes y otros documentos a lo largo de este proceso judicial. Yo la he creído siempre y he intentado protegerla por todos los medios, por eso, aterrorizada por lo que ella manifestaba y aconsejada por profesionales, interrumpí las visitas”, cuenta Sara.

Al nacer la segunda niña, el padre de la mayor no efectuó el registro de filiación parental en el plazo que el registro civil tiene estipulado, explica Ana María González. Aún así, denunció el secuestro de esta niña, de la que ningún documento acredita que sea el padre, y a la que apenas conocía.

Así lo cuenta Sara: “Tras un largo y complejo proceso judicial, el 10 de abril de 2019 me arrancaron a mis hijas. Él me había denunciado por secuestro, pero yo no había sido notificada de que tenía que entregarlas, ni dónde hacerlo, ni cuándo. Mi hija mayor tenía entonces cuatro años y la pequeña algo más de dos años y medio. Me las arrebató de manera brutal la policía de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) que, se supone, es la especializada en Extremadura para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. El ‘arrancamiento’ se produjo tras detenerme con mi hija pequeña en el juzgado, cuando iba a recoger una documentación. Desde allí nos condujeron a la comisaría de Badajoz donde nos retuvieron largas horas hasta que trajeron a mi hija mayor. Mientras recibía un trato vejatorio, pude escuchar cómo mis hijas me llamaban desconsoladas, gritando y llorando cuando el padre y los abuelos paternos de la mayor (pues mi segunda hija no tiene filiación paterna reconocida) las metían en el coche para llevárselas. Entregaron a mis hijas a un desconocido para la pequeña y por el que la mayor sentía miedo. Tal y como ella había expresado a su pediatra y a otras profesionales, y como tantas veces me había dicho a mí, no quería estar con él. Lo que mis hijas han manifestado ante algún profesional o equipo psicosocial nunca se ha tenido en cuenta”.

“A nadie le han importado las niñas”, explica por teléfono Ana María González, quien también explica los tratos vejatorios que menciona Sara: “La desnudaron, sufrió tortura, y la menor estuvo horas sin comer. Sara oyó los gritos de sus niñas”.

Ante la detención de Sara, su abogada denunció a las dos juezas del caso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De momento, las dos juezas han sido condenadas como autoras responsables de infracciones disciplinaras muy graves de desatención al ejercicio de los deberes judiciales, además se indica que han usado métodos “medievales”. Por otro lado, la abogada de Sara ha puesto un recurso de amparo por tortura ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha indicado si lo admite.

Desde el 10 de abril de 2019, Sara no ha vuelto a ver sus hijas. Y desde el pasado enero Sara enfrenta una condena de prisión de cuatro años por secuestro, cuatro de inhabilitación de la patria potestad las niñas y a una multa de 15.000 euros.

“Desde aquel día, no las he vuelto a ver ni he hablado con ellas a pesar de que no hay ninguna orden de alejamiento ni de incomunicación… Ese hombre no me lo ha permitido a pesar de habérselo rogado de todas las maneras posibles. Ha cumplido su amenaza, tantas veces repetida, de quitármelas y no permitirme volver a verlas; esa amenaza con la que él, reiteradamente, me paralizaba y hacía que no saliera huyendo del infierno en el que me encontraba durante los años que viví de maltrato continuado. Solo sus abuelos maternos, después de casi dos años, pueden verlas en un punto de encuentro familiar teniendo prohibido nombrarme, a pesar de que ellas preguntan y quieren verme. El bien superior de mis hijas no está en el centro de ningún procedimiento judicial, ni de ningún otro sistema de protección”, continúa Sara, médica de profesión.

“Soy inocente. He sido castigada por proteger a mis hijas. Y sé que por más vueltas que le doy, no podría haber hecho otra cosa”, continúa. “Sé que soy inocente, por eso solo me queda contar mi historia, que increíblemente es la de muchas otras mujeres, para sensibilizar y movilizar a la sociedad”, cierra Sara.

“Es una barbaridad de sentencia”, cuenta Ana María González, quien lamenta cómo el sistema castiga en a las mujeres y a las mujeres madres. Por eso, cuando en su organización se enteraron del caso de Sara decidieron acompañarla, arroparla, no dejarla sola. Por eso, cuando la sentencia de enero, que está recurrida, cayó sobre la vida de Sara decidieron que era el momento de contarlo, de chillarlo, de clamarlo. Y lanzaron la campaña #MamáEstáCastigada, que es un grito de auxilio.

“Tras la respuesta del sistema judicial condenándola y castigándola siendo inocente, solo le queda dar a conocer su historia a otras mujeres, y a toda la ciudadanía, para que la ayudemos a parar esta injusticia, para que pueda ver a sus hijas y estas tener a su madre como parte de sus vidas. También para proteger a otras mujeres en Extremadura y en todo el país que sufren la aplicación del falso sap [síndrome de alineación parental] y la deshumanización de las instituciones de protección”, explican desde Mujeres Libres, Mujeres en Paz.

Porque el falso sap, también está presente. Como documentan desde la organización, en la historia de Sara también hay mucho del llamado e inexistente síndrome de alineación parental . “Se ha difundido tanto la utilización del sap que, sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que hoy en día, casi toda mujer que presente alguna denuncia contra su expareja ya sea por violencia o por incesto será acusada de sap y se le intentará quitar la custodia de sus hijos menores de edad”, escriben Consuelo Barea y Sonia Vaccaro en el libro El pretendido síndrome de alienación parental.

#MamáEstáCastigada es la lucha de todas las mujeres, de todas nosotras, para que se haga justicia hacia Sara y sus hijas”, cierran.

 


**Nota de la autora: el juicio del día 27 de abril ha sido suspendido. Esta es la cuarta suspensión. “Una vez más las menores siguen sin estar en el centro de la prioridad”, afirman desde la campaña #MamáEstáCastigada. El procedimiento, cuentan las mismas fuentes, podría haber estado resuelto en febrero de 2017, es decir, hace más de cuatro años, y se ha ido dilatando en el tiempo incluso con “irregularidades procesales”.


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