El transfeminismo antipunitivista como cortocircuito a la cultura del castigo

DEBATES FEMINISTAS

El transfeminismo antipunitivista como cortocircuito a la cultura del castigo

La complejidad del sistema penal y penitenciario exige cuestionar los diversos discursos que lo fundamentan. Analizamos la relación entre la perspectiva feminista y el punitivismo como uno de los actuales engranajes que el sistema neoliberal instrumentaliza para mantenerse en el poder.

09/04/2025

Por Xayde García y Mélanie Aliaga (integrantes de C.A.M.P.A.)

Este artículo pertenece al monográfico de Cárceles, publicado en 2022, y que puedes conseguir en pdf en nuestra tienda online.

La cárcel perpetúa la tradición occidental basada en un pensamiento dicotómico que divide a la población en categorías opuestas y excluyentes: hombre/mujer, bien/mal, normal/anormal. De esta manera se sostienen relaciones de poder que someten “lo Otro” (representado en la alteridad como amenaza) a “lo Uno” (lo hegemónico). A partir de ahí, cabe preguntar: ¿quién construye esta representación?, ¿cómo se construye y por qué?, ¿qué tiene que ver el feminismo en todo esto? Antes de adentrarnos en responder, creemos importante aclarar que el uso que hacemos del término “feminismo” no pretende reproducir la idea de un único feminismo representativo y válido que acaba excluyendo la diversidad de cuerpos y opresiones existentes, sino que lo entendemos como una práctica política y epistemológica desde la que poder pensar y cuestionar la actualidad.

La justicia patriarcal está tergiversando ciertas motivaciones feministas que abogan por la lucha contra los distintos tipos de discriminación, y que no tienen nada que ver con la demanda punitivista de endurecer y aumentar las penas y castigos. Quizá podamos entender esta deriva si nos planteamos por qué un sistema como el penitenciario ha perdurado desde finales del siglo XVIII hasta hoy, cuando el hecho de que las cárceles sigan llenándose —hasta producir modelos como las macrocárceles— demuestra su ineficiencia e inadecuación a los fines que supuestamente las justifican. Un análisis bastante esclarecedor al respecto, es el formulado por Daniel Jiménez en Mercado-estado-cárcel en la democracia neoliberal española, donde muestra cómo el entramado penitenciario en realidad se rige por necesidades económicas que buscan la mayor acumulación privada de beneficio para cierto sector social. Lo cual se materializa en medidas sociales y políticas punitivas. Existen toda una serie de factores que demuestran que el “éxito” de la prisión se sustenta precisamente en su propio fracaso penal: no eliminar la delincuencia.

A pesar de los cambios sociales, la forma-prisión permanece para imponer la necesidad de castigar al delincuente

A pesar de importantes cambios sociales, económicos y políticos desde su origen, la forma-prisión ha logrado permanecer pasando por imponer la necesidad de castigar al delincuente, al requisito actual de la corrección y la cura de la desviación en todos los ámbitos vitales. Jiménez relaciona la expansión del punitivismo con la tríada mercado-estado-cárcel para concluir que no hay datos estadísticos reales que demuestren el argumento según el cual, a mayor encarcelamiento, menor tasa de delincuencia. Por tanto, afirmamos que la abolición de las prisiones no solo no significaría el auge de la delincuencia sino que, más aún, es el propio entramado penal y penitenciario quien la produce en conjunción con la construcción del  “sujeto-criminal”. La delincuencia, rescatando las palabras de Michael Foucault, se convierte entonces, en “el umbral, fijado de antemano y, como si fuera algo natural, de toda esa serie de pequeñas presiones … [que supondrán] la continuidad perfecta de lo punitivo y lo penal [donde] es preciso tener un control económico y moral”.

La prisión es rentable porque ya ha logrado establecer el tiempo de vida como medida de pago de la deuda-falta. Para mantenerse como una institución total es preciso que intente atravesar todo el espacio vital consiguiendo que naturalicemos y reproduzcamos sus lógicas, llegando a creer que no se puede pensar ni vivir de otra manera. Sin embargo, es aquí donde creemos que el transfeminismo antipunitivista permite cortocircuitar esa aparente inmovilidad que oculta la contingencia de lo establecido.

El transfeminismo antipunitivista como arma política

Identificar y desvelar la porosidad de los mecanismos punitivistas para poder abandonarlos resulta indispensable si queremos reivindicar nuestra autonomía y ocupar los espacios de lo posible (aquellos que definen lo que puede o no puede ser pensado), para así decidir cómo construir nuestra subjetividad y la forma de relacionarnos. Creemos que llegar a ello resulta inviable sin una crítica colectiva interseccional que ataque la forma-prisión en todos ámbitos de nuestra vida. Esta es una posición que incomoda, ya que pretende desarticular las lógicas de control, la formulación de absolutos, de verdades objetivas y la determinación de la normalidad (como hegemonía), que construyen el actual suelo que pisamos.

Desde el transfeminismo entendemos el punitivismo no como una discriminación singular —que afecta únicamente a quienes se identifican en la división entre delincuentes y “buenos ciudadanos”—, sino como parte de un conjunto de opresiones que se entrelazan configurando nuestros imaginarios y, con ello, las posibilidades de pensar y de actuar. Es desmantelando su carácter sistémico como podremos entender por qué la cárcel es un problema colectivo que nos afecta a todas de manera diversa.

El transfeminismo antipunitivista amplifica la profundidad, el contenido y el alcance de las luchas políticas al abrirlas más allá de las alianzas identitarias, y potenciar nuestra capacidad para ejercer lo que Toni Negri llamó “poder constituyente”. Es así cómo podríamos transitar otras formas de abordar los conflictos dirigidas a la lucha contra las opresiones, y no contra las personas.

Violencias machistas y el punitivismo

La instrumentalización neoliberal del feminismo es posible, principalmente, porque los mecanismos disciplinarios y de control ya no funcionan solo como dispositivos que prohíben, niegan y reprimen para perpetuarse en el poder. Ahora la dificultad radica en lo que Michel Foucault llamó la “microfísica del poder”, cuya sutileza y capilaridad de sus formas hace que sean mucho más indetectables y permeables incluso al fagocitar pensamientos y valores disidentes y críticos con el sistema.

Nuestra apuesta por el transfeminismo antipunitvista pasa por exponer la necesidad de transformar el actual abordaje de la violencia sexual y otras formas de violencia machista. Un primer paso sería cuestionar el sesgo que construye una imagen del machismo totalizada y proyectada en un sujeto-estereotipo (hombre cis, hetero, burgués…) como la causa directa de que exista. Esta centralización en estereotipos invisibiliza, como apunta en varios de sus textos Laura Macaya, las discriminaciones soterradas que se ejercen con ello como, por ejemplo, la exclusión y estigmatización de mujeres que no coinciden con el modelo aceptado de víctima; o el uso de la legislación contra la violencia machista para validar un racismo encubierto que penaliza la inmigración. Este tipo de universalizaciones identitarias simplifican una problemática mucho más compleja, limitando y coartando su planteamiento.

El sistema penal y penitenciario es uno de los dispositivos que sustenta el machismo

Interpelar el papel, la responsabilidad y la necesidad de implicación de la masculinidad en la lucha contra las violencias machistas es algo fundamental para la deconstrucción de una socialización patriarcal y neoliberal, tal y como expone Shaina J, Machlus en La palabra más sexy es sí. Guía para el consentimiento sexual. Sin embargo, esto no puede convertir dichas violencias en excepcionalidades sin nexo y representadas en imaginarios que infunden miedo e indefensión, como el “hombre-monstruo-enfermo” o la “mujer-sumisa-dependiente” invisibilizando, así, la relación con la estructura heteropatriarcal y desactivando su carácter político, planteando el encierro como única garantía de seguridad y protección.

Si, en cambio, atendemos a la transversalidad que opera en y a través del machismo, a cómo se legitima en la estructura y en sus mecanismos de subjetivación —como algo que nos constituye y no únicamente como algo externo que sufrimos—, podremos comprobar cómo el sistema penal y penitenciario es uno de los dispositivos fundamentales que lo sustenta y que, por tanto, no puede servirnos para disolverlo.

Autocrítica inmanente en los espacios de resistencia

Venimos a un mundo ya conformado por una herencia bajo la cual ningún sujeto queda fuera. Como expresa Nerea Barjola en su Microfísica sexista del poder: “No es una cuestión de mala suerte, no son cosas que ‘a veces pasan’, es una noción política que vertebra y estructura el sistema social”. Pensar desde la estructura ha de pasar, también, por cuestionar las lógicas que mantenemos en nuestros entornos y preguntarnos qué papeles opresores ejercemos y se ejercen en ellos. Hacer esto requeriría no situar las agresiones como algo ajeno, sino como algo que nos atraviesa en conjunto y de lo que queremos y necesitamos hacernos cargo.

Practicar la autocrítica no significa entonar el mea culpa, siguiendo la estrategia neoliberal de responsabilizar al sujeto de todo lo que (le) sucede, por contra, supone dotarnos de una capacidad para intervenir en la estructura conociendo nuestras líneas constituyentes. Reconocer la fragilidad y vulnerabilidad de los discursos nos aleja de la rigidez propia del totalitarismo para acercarnos a prácticas emancipadoras que, como apunta el artículo de Silvia L. Gil, ¿Cómo hacer de la vulnerabilidad un arma política?, implican un doble desafío: “Cómo no resolver el cuidado de manera injusta, responsabilizando del mismo a un colectivo social, y cómo evitar que el contacto con el afuera se traduzca en desigualdad y violencia”. Así, pensarse machista, racista u opresor/a en cualquier sentido, analizar la forma en la que ejercemos los privilegios que rodean y constituyen nuestra posición subjetiva, nos facilita la asunción de procesos de responsabilización consciente comunitaria que deriven en alternativas más fructíferas.

Siguiendo la revisión hecha en la compilación de textos ¿Y qué hacemos con los violadores? Perspectivas anarquistas sobre cómo afrontar la violencia sexual y otras agresiones machistas podemos recoger algunas de las dificultades a las que nos enfrentamos en la gestión de estas violencias. Entre ellas destacamos valorar qué constituye un éxito en la gestión contra las violencias machistas para poder cerrarla; poder asegurar la restauración de la confianza en personas, colectivos y/o espacios donde se interviene para hacer una reparación, una implicación que mayoritariamente depende del tiempo “libre” y/o voluntario de las personas; la escasez de investigaciones y prácticas que apliquen herramientas de mediación antipunitivistas que permitan la difusión e implementación su uso. O, por último, la dificultad de llevar a cabo prácticas colectivas horizontales que no reproduzcan roles jerárquicos y validen ciertos discursos basados en la desigualdad entre identidades.

Trazando alternativas desde el abolicionismo

Rechazar las cárceles es, en definitiva, rechazar la imposibilidad de cambiar nuestro presente. La posición abolicionista reconoce la raíz contingente de la forma-prisión y, por tanto, la posibilidad de cortocircuitar sus condiciones materiales de existencia. Bajo este horizonte señalamos brevemente algunas propuestas a las que acogernos, como las sugeridas por Paz F. Lecumberri y Diana Restrepo en ¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal: tratar de recuperar el tejido social favoreciendo los vínculos afectivos y la solidaridad; fomentar economías de subsistencia con políticas de decrecimiento; reivindicar la necesidad de invertir en educación afectivo-sexual; adoptar modelos de justicia restaurativa y consensual. O las de Angela Davis, quien apuesta, en su libro Democracia de la abolición. Prisiones, racismo y violencia por crear nuevas instituciones democráticas; promover, difundir e investigar sobre las posibilidades del abolicionismo; evitar el empobrecimiento del nivel discursivo al generalizar y simplificar términos como “libertad”, “democracia”, “monstruos”, “terrorista”; organizar las luchas política conforme a proyectos políticos y no en base a las identidades.

Junto a ellas (y otras/os muchos que resulta imposible abarcar en un solo artículo) afirmamos con rotundidad la demanda incuestionable de abolir el sistema penal y penitenciario como un objetivo a perseguir dentro de los feminismos si queremos apostar por la defensa y sostenibilidad de las alianzas comunitarias, la autonomía y la emancipación y la libertad y los derechos de las personas.

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