Adaptación de la portada del monográfico de LOCURA que editamos en 2020.

En la Revista Encuentro, una publicación de la Confederación Salud Mental España, Yolanda contaba cómo, aunque cumplía todos los requisitos, no la dejaron adoptar con su pareja: “La resolución fue ‘no idoneidad’ por tener yo un trastorno mental”. Unos años antes, había intentado la maternidad biológica y optó por dejar la medicación. “Esto supuso una depresión fuerte, seguida de dos años de gran inestabilidad”, recordaba. Lurdes también comentaba su experiencia en la misma revista. Ella es madre y explicaba que “cuando hablas de un problema de salud mental, enseguida la gente piensa que lo mejor es que no estén los hijos cerca, que somos perjudiciales para ellos. Es como si no tuvieras derecho a nada, te ponen una etiqueta y pierdes todos tus derechos”. A Lurdes le quitaron a su hija hace más de 10 años: “Tras un intento de suicidio me ingresaron y estuve tres días en coma. Al despertar en el hospital me enteré de que me querían quitar la custodia de mi hija”, explicaba. En 2011, la Audiencia Provincial de Murcia denegó también la custodia a una mujer y se la concedió a su exmarido por tener ella un diagnóstico de salud mental. Además, según contaba el diario La Opinión, no fue “porque la madre no esté capacitada para desempeñarla [la maternidad], sino porque las dudas que pueden derivar de las dificultades que entrañarían los padecimientos que sufre no han sido debidamente despejadas”.

Ocurre algo parecido a la hora de concebir a una criatura. En España, hasta ahora, el artículo 156 del Código Penal “justifica legalmente la esterilización no consentida y no informada: es decir, la esterilización forzosa, cuando esta se acompaña de una incapacitación jurídica”, denuncian  Grecia Guzmán y Beatriz Pérez, del colectivo catalán Activa- Ment. El Congreso ya ha aprobado la reforma de este artículo para evitarlo y solo falta que pase por el Senado. En 2017 se produjeron 93 esterilizaciones forzosas, según la Confederación Salud Mental España. La Fundación CERMI Mujeres informa de “1.017 casos resueltos en juzgados en la última década”. En otras ocasiones, en las que no se produce una esterilización forzosa previa, a las mujeres se les obliga a interrumpir el embarazo. Inma Arriaga tiene 52 años y tiene un diagnóstico de salud mental desde los 19. Siendo muy joven se quedó embarazada y la obligaron a abortar, a pesar de que ella había decidido ser madre. El psiquiatra que la trataba entonces le dijo que “no se veía capaz de llevarle el embarazo”. “Creía que me moría”, dice al recordar su visita al hospital. Pasados unos años, volvió a quedarse embarazada y decidió ocultarlo. Cuenta que llamó al centro de anorexia en el que permanecía en tratamiento y solicitó que la ayudaran a tener a la criatura y lo hicieron. El proceso fue duro para ella, porque le supuso un esfuerzo enorme: “Mi marido siempre me decía que estaba loca. Mi madre también. Me tapaba todos los espejos para no verme”, relata, pero recuerda que, una vez consiguió dejar de preocuparse por su aspecto para cuidar de su embarazo, hasta le gustaba ver cómo crecía su barriga: “Me encantaba, fíjate”. Alba y Mónica están diagnosticadas de trastorno bipolar. “He estado tan hecha polvo que no se me pasaba por la cabeza ser madre. No era que no quisiera sino que la medicación me dejaba tan K.O. que apenas podía moverme”, confiesa Alba, de 33 años. Siempre le dicen que, si quiere ser madre, tiene que planificarlo: “Muchos de los fármacos que nos
dan están contraindicados”. Una mayoría, de hecho, pueden producir malformaciones en el feto. No tiene claro si será madre, pero tiene claras las dificultades que se encontraría: “Parece que tienes que pedir permiso para ser madre si tienes un trastorno mental: a tu médico, a tu psicólogo, a tu familia. Parece que todos saben mejor que tú lo que te conviene y lo que no”.

Mónica cuenta que ha sufrido el constante cuestionamiento sobre si podía o no ser madre: “Me presionaron con argumentos como que suficiente tenía con ‘lo mío’, que cómo iba a cuidar de un bebé”, explica. Laia es madre de una niña de nueve años. Cuando se quedó embarazada, desarrolló un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) grave. Escondió su sufrimiento hasta que nació su criatura y, después, acudió al médico. No quería poner en riesgo a su bebé, así que no siguió las recomendaciones del personal de medicina ni de sus familiares más cercanos, que
le indicaban que tomara psicofármacos y dejara de darle el pecho a su hija: “La doctora me dijo que al haberme empeñado en continuar dando el pecho a mi hija y, por lo tanto, no haber tomado medicación antes, el TOC se había agravado y cronificado. Me culpó de mi sufrimiento y de mi tenacidad en mantener durante tanto tiempo la lactancia materna. Decidió cambiar la medicación y me recetó neurolépticos. Fue terrible. Con aquella medicación yo era un cuerpo sin vida. Silenciada, con la mirada perdida y sin capacidad para reaccionar ante los pasos de mi hija. Me sentía madre ausente, mala madre”, recuerda con angustia. Cuestionar la capacidad para cuidar de las mujeres con sufrimiento psíquico es una constante en el sistema psiquiátrico. A la activista loca Marta Plaza también le advirtieron, cuando le diagnosticaron con 16 años, que, entre otras cosas, no podría ser madre, que cómo iba a ser madre si no podía cuidar de sí misma. El mito, culturalmente asumido como cierto, que asocia violencia y peligrosidad con problemas de salud mental ha sido utilizado para estigmatizar a las madres con diagnósticos psiquiátricos.

Desde el activismo loco se apuesta por cambiar la política generalizada de negar la maternidad a otra que ofrezca los apoyos necesarios para que el vínculo materno filial pueda desarrollarse sin dificultades. Esos apoyos los necesitan, de una manera u otra, todas las mujeres que se embarcan en la aventura de ser madres. Las instituciones deberían ser un apoyo que sumase en vez de un obstáculo o una amenaza. La abogada Laura Sierra advierte que, cuando se producen estas situaciones, se está cometiendo una “intromisión en los cuerpos, una violación a sus derechos humanos, incluyendo su integridad física, el igual reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la salud, el derecho de la información, el derecho de la privacidad, el derecho a decidir acerca del número de hijos e hijas y el espacio entre cada uno de ellos y ellas, el derecho de fundar una familia (inclusive una familia monomarental), el derecho a no ser discriminada y el derecho de la autodeterminación sobre su propio cuerpo”. Recuerda la abogada que, “cuando se estaban haciendo las negociaciones políticas para crear Gobierno [en agosto de 2019], el PSOE propuso un paquete de 300 medidas, donde se comprometió a incorporar en el ordenamiento jurídico español el Convenio de Estambul (Convenio Europeo de lucha contra la violencia contra las mujeres), que no permite la esterilización forzosa a mujeres por ser una forma de violencia sexual y reproductiva.

¿Ligeras, asexuadas?

Desde En El Límite Región de Murcia, un colectivo de personas diagnosticadas de trastorno de personalidad, cuentan que las familias suelen ejercer control sobre ellas y sus cuerpos, “un control que viene de la mano del miedo y la incomprensión”. Y ello da lugar no solo a “problemas con la custodia de los menores, intervenciones de familia extensa para el cuidado”, sino también, explican, al control sobre las relaciones sentimentales y sexuales que tienen, tratándolas como niñas. Inma Arriaga también ha sufrido toda su vida el estigma en torno a su sexualidad: “Nos dicen que somos ligeras, que tenemos un gran líbido sexual y mucha desinhibición. ¿Qué pasa, que las demás no lo tienen? Yo he pasado épocas de gran actividad sexual y épocas en las que no he tenido líbido. Como todo el mundo. Ni somos ligeras ni tampoco asexuadas. No tienen nada que ver las prácticas sexuales con un trastorno”. Arriaga siente que tiene que estar todo el día justificándose. Y esa visión estereotipada de la sexualidad de las personas con sufrimiento psíquico da lugar a otros problemas, como es el caso dela gestión de la violencia machista. Cuando una mujer con diagnóstico de salud mental sufre, además, violencia machista, el “yo sí te creo” permanece aún menos presente en el entorno judicial de lo que el movimiento feminista ya denuncia que suele estar. Cuando una mujer con diagnóstico de salud mental que sufre violencia machista es, además, racializada o migrada, las violencias se acumulan aún más. Sierra recuerda que “hay una conexión clarísima entre la violencia y las relaciones depoder”, y que el capacitismo, el sexismo, el racismo y el clasismo son “factores de opresión que se entrecruzan sobre distintas configuraciones de dominios de poder generando una historia de opresión sobre mujeres con discapacidad racializadas y migrantes”. La abogada señala la necesidad de “no limitar la investigación a las experiencias de las miembros del grupo que, de otro modo, serían privilegiadas”, de considerar también las experiencias de las mujeres que viven más aún en los márgenes.

Las integrantes de En El Límite Región de Murcia reconocen que los Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista (CAVI), la asociación CAVAX, que asesora a mujeres en caso de violencia machista, y los juzgados específicos de las Comunidades Autónomas, hacen un buen trabajo. Pero encuentran en esos recursos un arma de doble filo: “Solemos parecer antipáticas por nuestro supuesto exceso de conductas sexuales, nuestros problemas con drogas o por formar parte de ambientes liberales como el BDSM u otros. Esa supuesta amoralidad o problemas de identidad suelen ser terreno resbaladizo para la presión y manipulación de los abogados contrarios”, explican.

La Revista Encuentro recordaba que la responsable de Comunicación e Influencia social de la asociación AFES Salud Mental, en un artículo para Proyecto Kahlo, explicaba: “Las mujeres, con o sin diagnóstico, queremos sentir deseo”. “Y tenemos derecho a ello”, añadía. “Derecho al placer. Sin sentimientos de culpa, temor o vergüenza a cuestionar y a preguntarnos qué rumbo ha tomado nuestro deseo desde que nos recetan pastillas”. La Asociación Mundial de Sexología aprobó en 1999 una declaración de derechos sexuales basada en la Declaración Universal de
Derechos Humados. En ella reconocía que “todo ser humano tiene derecho a un pleno ejercicio de una sexualidad sana y satisfactoria, es decir derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual, derecho a la privacidad sexual, derecho a la equidad sexual, derecho al placer sexual, derecho a la expresión sexual emocional, derecho a la libre asociación sexual, derecho a hacer opciones reproductivas libres y responsables, derecho a la información basada en conocimiento científico, derecho a la sexualidad comprensiva
y, por último, derecho al cuidado de la salud sexual”. El colectivo Primera Vocal enviaba hace unos años un mensaje a los y las estudiantes de psicología y psiquiatría: “Si queréis ayudarnos, venid con nosotr@s, luchad de nuestra mano, rechazad el mandato social de domesticación que habéis recibido, combatid junto a nosotr@s la violencia segregada por este ‘mundo normal’, actuad como agentes de transformación que desenmascaren la represión que nos hunde en la mierda, asumid el riesgo”.

Este texto ha sido publicado originalmente en el monográfico sobre LOCURA que editamos en 2020. Una de las principales apuestas de Pikara Magazine pasa por garantizar que todos nuestros contenidos estén en abierto. Por eso, a pesar de que el monográfico sigue disponible en .pdf, publicamos el texto en abierto. Suscríbete para que siga siendo posible.