Manifestación en defensa del clima. / Foto: Ecologistas en Acción

Este 20 de junio, después de más de dos años de espera, el Tribunal Supremo determinará el veredicto del Juicio por el Clima, el primer litigio climático en España contra la inacción climática gubernamental. Esto tiene lugar tras un mayo de okupación universitaria con el fin de cortar lazos con la industria fósil. Estos logros ecologistas son las consecuencias de un gran conjunto de acciones, movilizaciones y debates que se fortalecen a partir de 2019. La criminalización de la protesta también está en auge, con compañeras detenidas y juicios en marcha. Por eso venimos a darle la vuelta a los mecanismos institucionales que nos castigan, y demandar al Estado, y por qué no a la Universidad, por la inacción climática.

Al hablar de movilización climática, las acciones disruptivas, artísticas, visuales captan más atención de la opinión pública. Innovar, generar controversias, ya sea con el arte, la instrumentalización del espacio público o con la no-violencia da a los colectivos climáticos una voz y unos ojos inmediatos. Estas formas de manifestar las preocupaciones y su urgencia se visibilizan desde los medios de comunicación, pero no representan el amplio espectro de posibilidades que son utilizadas para concienciar a la población y combatir la crisis climática. Antes se ha recorrido un largo y lento camino de acciones institucionales, dentro del sistema. Algunas de las herramientas legales usadas para responsabilizar a la clase política y gobiernos por su inacción medioambiental son los litigios climáticos, procedimientos judiciales contra un Gobierno o multinacional que tienen como objetivo la implementación de medidas urgentes para frenar la crisis climática y cumplir los acuerdos y compromisos internacionales. Este ha sido un paso que los movimientos y organizaciones ambientales españolas también han dado.

Se exige, de esta forma, el cumplimiento de los compromisos internacionales ya adquiridos y la responsabilidad estatal ante la falta de políticas de mitigación hacia la crisis climática. La esperanza de los colectivos activistas y la ciudadanía española está en parte en las manos del Tribunal Supremo y su capacidad de tomar una decisión que prevenga una vulneración grave de los derechos humanos de la población presente y futura. Este litigio habla de justicia climática, de que la crisis climática es una crisis ecosocial, donde las medidas para afrontarla tienen que tener en cuenta a las personas que habitan los territorios. Busca poner en el centro la idea de una justicia vinculada a la salvaguarda de los derechos de las personas vulnerabilizadas. En definitiva, pide al Estado español que se haga cargo de su responsabilidad climática y que reduzca sus emisiones para cumplir el Acuerdo de París, asumiendo la deuda que tiene con el sur global.

En 2018 empezó una ola de litigios climáticos en Europa, en la que activistas no solo llevaron a sus estados al Tribunal Supremo por su inacción, sino también denunciaron a multinacionales debido a su conducta ambiental extremadamente irresponsable. Sorprendentemente para las organizaciones alrededor de Europa, en la mayoría de los casos, los tribunales fallaron a favor de las demandantes. Entre estas victorias podemos contar los casos de “el Pueblo contra Shell” en La Haya (Países Bajos), la batalla de la Fundación Urgenda o el de las activistas climáticas contra las insuficientes políticas alemanas. En el primer caso, varios colectivos ecologistas con un gran apoyo de la ciudadanía, exigían a la petrólera Shell que redujera un 45 por ciento sus emisiones de CO2 en los próximos diez años respecto a 2019. El tribunal falló a su favor, siendo la primera vez que un juez ordena a una gran empresa contaminante que cumpla con el Acuerdo de París. El caso de la Fundación Urgenda en Países Bajos fue el que marcó precedente en términos de litigación climática, consiguiendo en 2013 que el Tribunal Supremo holandés obligara al Gobierno del país que redujera un25 por ciento las emisiones para finales de 2020. En el caso alemán, el tribunal de Karlsruhe, el más alto de Alemania, falló a favor de las ecologistas, considerando insuficiente la ley de protección del clima, forzando a que Alemania adelantara su objetivo de neutralidad climática y reduzca su objetivo de emisiones para 2030.

En este contexto el primer litigio climático de España se presentó durante la oleada ecologista de finales de 2019. Dado que el Gobierno apenas correspondía con las políticas ambientales impuestas por las regulaciones europeas, además de una gran ausencia de medidas concretas a pesar de una declaración de emergencia climática, un grupo de movimientos y organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción, Oxfam-Intermón y Greenpeace España) hizo una demanda ante la falta de un plan nacional integrado de energía y clima. Este litigio pretendía apelar a la inactividad administrativa ante la crisis climática, entendida como un problema global. El 17 de junio de 2021, las organizaciones ambientales presentaron un nuevo recurso contra el formalmente aprobado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, anticipando que el tribunal estaría de acuerdo con la petición de la Abogacía del Estado de cerrar el procedimiento judicial presentado inicialmente. El segundo recurso al que se unió Juventud por el Clima como una de las nuevas organizaciones demandantes se basa en la baja ambición del plan en su previsión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que es solo del 23 por ciento, lejos del 55 por ciento que sería necesario para tener alguna posibilidad de no superar los 1,5 grados de temperatura global.

El Juicio por el Clima, como se ha llamado a este litigio en el Estado español, demuestra cómo las organizaciones y movimientos pueden utilizar también el poder del sistema judicial para responsabilizar a los gobiernos por su inacción en el cambio climático, pero eso no basta. Es una vía más de acción. Un veredicto que falle en contra del Gobierno que no actúa y que apoye a los demandantes puede tener un efecto en la creación de políticas consistentes, compatibles con los acuerdos internacionales y adecuadas a la situación actual. Por eso decimos que este 20 de junio se decide en parte el futuro de la acción climática. El veredicto del Juicio por el Clima debe ser a favor de los movimientos climáticos, a favor de la vida. Necesitamos leyes que acompañen a los movimientos sociales, que protejan a la personas vulnerabilizadas y que asuman la responsabilidad histórica de los Estados del norte global. Si la crisis climática se agrava, las desigualdades sociales también se acentuarán. Por eso, estas acciones legislativas deben ir combinadas con acciones en todos los espacios de nuestra vida.

La lucha no solo puede ser en los tribunales, se debe aterrizar en lo cotidiano. Por nuestro contexto, ponemos el foco en las universidades. El pasado mes de mayo, tras haber estado varios días ocupando la Universidad Autónoma de Barcelona (AUB), el colectivo de End Fossil Occupy de Barcelona logró un compromiso ecosocial mayor y la asunción de responsabilidades por parte de la institución. Ya habían tenido una victoria similar en noviembre de 2022 en la Universidad de Barcelona (UB). En concreto, se establecerá un plan estratégico de financiamiento para reducir la dependencia de las universidades del sector privado, especialmente de las compañías contaminantes, cuya actividad está relacionada directamente con los combustibles fósiles y qu hoy financian parte de los estudios relacionados con la energía y el clima, a la vez que se establecerá de forma obligatoria y transversal un curso ecosocial para el año académico 2025-2026. Además, comenzará un proceso con la consejeríade Investigación y Universidades de la Generalitat para extrapolar estas demandas al resto de universidades catalanas.

Este acuerdo y el diálogo detrás demuestran que “la lucha y la acción directa sirven y que la organización es el camino”, como afirman las activistas de End Fossil. La asignatura se ha extendido de una universidad a otra, y el compromiso ha llegado al Gobierno, trayendo a los consensos cuestiones tan importantes como la economía social y solidaria. La responsabilidad del Gobierno no se limita solamente a establecer unos máximos de emisiones, sino que comprende una serie de medidas de carácter social y cultural. Garantizar una educación pública libre de intereses empresariales y situada en el contexto de emergencia climática anunciada es esencial para que la academia pueda aportar a la transformación social.

La crisis ecosocial que atravesamos es un gran desafío. Para poder atajarla es necesario utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, desde la litigación climática estratégica para exigir leyes más ambiciosas hasta la okupación de universidades para pedir que la industria fósil se mantenga fuera de los espacios educativos, con todas las formas de acción más y menos visibles nombradas y no nombradas. No podemos imaginar forma de afrontarla sin asociarnos, tejiendo redes, dialogando en la diversidad de saberes y haciendo de ella nuestra mayor aliada.

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