Adaptación de la portada del monográfico de LOCURA que editamos en 2020.

Los datos sobre el acceso al empleo de las personas psiquiatrizadas, especialmente de aquellas que han sido diagnosticadas con lo que llaman “trastorno mental grave y duradero”, son bastante desalentadores. Muchas de estas personas cuentan con un certificado de discapacidad para poder beneficiarse de las políticas de fomento del empleo que impulsan las administraciones, pero los datos siguen siendo preocupantes. Al cierre de este artículo, los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponden a 2018 y revelan que solo el 17,6 por ciento de las personas que tienen certificada una discapacidad por motivos de salud mental están empleadas. Esta cifra es la más baja: las personas discapacitadas por otros motivos (temas sensoriales, físicos, intelectuales) tienen menos dificultades para conseguir un empleo, aunque las tasas de ocupación en todos los casos son muy inferiores a las de las personas sin discapacidad. Además, tener un contrato no garantiza ni mucho menos salir de la precariedad económica. Según datos del INE, el salario de las personas con discapacidad es un 17,3 por ciento menor y, si se analizan según el tipo de discapacidad, los datos son peores si está relacionada con motivos de salud mental o intelectuales. Por supuesto, al disgregar por sexo también las mujeres salimos peor paradas tanto en tasa de empleo como en salario percibido, un 15,9 por ciento inferior que el de los varones; y ocurre lo mismo con las personas que, por la propia discapacidad o por motivos económicos, cuentan con menos estudios. Otras variables que querríamos tener en cuenta desde una mirada interseccional ni siquiera llegan a estar en los cruces que contempla el INE en sus estadísticas.

El acceso al trabajo está muy presente tanto en las reclamaciones de un sector del asociacionismo en salud mental, copado por las familias; como en informes de numerosas entidades y recursos que trabajan activamente en la inserción laboral, algunas específicamente con personas psiquiatrizadas. Desde las administraciones públicas hay subvenciones para favorecer la contratación por parte de las empresas, que incluyen bonificaciones en las cotizaciones. La legislación reserva puestos de trabajo para personas con discapacidad según el tamaño de la plantilla. Mientras tanto, al buscar empleo, las empresas a menudo dan marcha atrás a la hora de contratarte cuando saben que tu discapacidad tiene que ver con tus diagnósticos psiquiátricos. Esto ocurre incluso cuando en las ofertas piden certificado de discapacidad porque los contratos están bonificados: prefieren contratar  a personas con otros tipos de discapacidades, presuponiéndonos a nosotras como más “conflictivas”. Otra práctica cotidiana es que, de forma extraoficial por la ilegalidad de esas preguntas, te requieran información sobre qué diagnóstico concreto tienes o sobre tu historial clínico: si has tenido anteriormente bajas o ingresos, si tienes consultas médicas y con qué frecuencia o incluso sobre tus pautas farmacológicas. Negarte a contestar conlleva ser descartada en los procesos de selección. Responder, a menudo, también.

Desde un centro de de rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid, que trabaja en la empleabilidad de personas con diagnósticos psiquiátricos, nos señalan otro de los problemas: “Que sea un recurso dirigido a la ‘rehabilitación’ y no a la inserción laboral está sostenido bajo una idea de fondo: se entiende que las personas diagnosticadas de algún problema de salud mental tienen dificultades para el acceso y el mantenimiento del empleo debidas a su propio ‘trastorno’. Se atribuyen a la propia persona y no a las condiciones estructurales del mundo laboral (que creo que es una idea que sí sostiene los esfuerzos políticos de inserción laboral de personas en otras situaciones, como mujeres víctimas de violencia o personas jóvenes) las dificultades de acceso al empleo. También se habla de que las empresas no contratan a gente diagnosticada por el estigma social, pero hay muy poca crítica a que las condiciones laborales también provocan sufrimiento o a cómo está el mercado laboral”.

¿Cuánto sentido tiene intentar encajar a toda costa en empleos que están quebrando la salud mental de gente que ni siquiera tenía un historial previo de sufrimiento psíquico intenso, sin dedicar esfuerzos a la necesaria transformación del mercado empresarial? Preguntamos también por esto a esta trabajadora que ha acompañado muchos procesos de inserción: “Trabajar permite mejorar tus condiciones materiales de vida al acceder a una fuente de ingresos, permite (con suerte) que establezcas relaciones y sobre todo que te ajustes a un patrón de “normalidad” bajo la idea, que no comparto, de que la gente normal trabaja y la que no trabaja, por algo raro será. Estar ocupadas ayuda en ocasiones a no estar todo el tiempo en nuestra propia cabeza o en nuestra propia realidad; sentirse útil y hacer algo que nos guste son necesidades humanas, pero tener un empleo no es la única vía, desde luego, para desarrollar estas necesidades. Por otra parte, las condiciones laborales en esta deriva neoliberal actual, la precariedad, la exigencia de estar todo el tiempo productivo, de ser competente en todo, de estar disponible para el trabajo todo el tiempo… no ayudan demasiado ala salud mental, más bien la perjudican.

Si tienes ciertas fragilidades el mundo empresarial no te lo va a poner fácil. La cultura laboral actual de hipercompetencia es lo contrario a reconocer la fragilidad humana”. Desde otros sectores de los activismos locos y en salud mental también se apunta en esa dirección. “Trabajo digno, condiciones dignas, respeto a los derechos de los y las trabajadoras y desterrar del entorno laboral la explotación y precariedad generalizadas, las amenazas, situaciones de mobbing y acoso laboral… Y también aprobar una renta básica universal, suficiente, incondicional y garantizada con la que todas tuviéramos un sostén material que nos ayudara a poder rechazar trabajos que nos estuviesen rompiendo”, reclamaban en las redes sociales de LoComún a raíz de una noticia sobre
la protección de la salud mental en el ámbito laboral.

Las administraciones podrían promover en las empresas y con los empleadores una cultura de cuidado de las personas trabajadoras, combatir todos los tipos de acoso laboral, enfrentar la precariedad como un problema social, contribuir a mejorar las condiciones laborales, regular salarios y horarios. Es decir, mejorar la regulación del mercado, establecer unas políticas de empleo dignas y generar trabajo de calidad a la vez que se garantizan los derechos sociales. “Medidas para prevenir problemas de salud mental en el trabajo: que se cumplan los derechos de las trabajadoras”, resumen desde el colectivo Orgullo Loco Madrid. Una vez más, las reclamaciones de locos y locas serían útiles para muchas personas más que las que nos definimos como tales y hacemos desde ahí nuestros activismos.