Frente al desencanto revolucionario, internacionalismo feminista

Frente al desencanto revolucionario, internacionalismo feminista

Tribuna en solidaridad con nuestras compañeras feministas centroamericanas, reunidas en su II encuentro regional en Guatemala, del 21 al 25 de noviembre de 2022.

11/01/2023

II encuentro regional en Guatemala, 2022. | Foto: cedida.

Del 21 al 25 de noviembre de 2022 cerca de 500 feministas centroamericanas se reunieron en Mixco, Ciudad de Guatemala, 30 años después del encuentro regional de Montelimar, celebrado en Nicaragua en marzo de 1992.

Tres décadas después de este gran acontecimiento para el movimiento feminista en el istmo, un giro autoritario parece devolvernos a los peores regímenes dictatoriales de la región. Los contextos políticos exigen que actualicemos y reforcemos nuestros vínculos de solidaridad feminista e internacionalista.

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Hace treinta años, Guatemala, El Salvador y Nicaragua empezaban a vislumbrar la posibilidad de establecer sistemas políticos que rompieran con el autoritarismo y organizaran una retirada del poder militar. Salir de la guerra, organizar elecciones competitivas y transparentes, evitar el “continuismo” de los mandatos presidenciales, promover la libertad de asociación y de expresión, eran objetivos para toda la región, que buscaban trazar una línea divisoria entre un pasado autoritario que había que superar, y un futuro que desterraría la violencia de Estado. El final de la Guerra Fría y la idea de un destino común centroamericano acompañaron este movimiento de democratización sin precedentes. Apuntalaron la lucha contra la fragmentación regional que, frente a los intereses imperialistas, había convertido a cada país en un potencial campo base militar para su vecino o en una fuente de financiación para los actores beligerantes.

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Tras las guerras internas, plantear un análisis feminista del conjunto de estos procesos de ruptura presentaba retos inconmensurables. Retos de las propias feministas que, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, habían forjado sus armas ideológicas en el seno de las organizaciones revolucionarias. En medio de la guerra, algunas contribuciones audaces y minoritarias habían puesto sobre la mesa la cuestión de la violencia doméstica, el aborto voluntario, la libertad sexual de las mujeres, su derecho a la tierra, a pesar de un entorno político extremadamente polarizado.

 

Pero fue solo después de estos conflictos armados cuando muchas pudieron superar la “escisión vital” que las mantenía leales tanto a las organizaciones revolucionarias dominadas por hombres como al proyecto feminista autónomo recién descubierto. Para muchas de las futuras lideresas de los movimientos feministas de la región, afirmarse como feministas significó intentar primero, una negociación de las reivindicaciones de las mujeres en el seno de sus ex-organizaciones militares devenidas partidos marxistas dirigidos por civiles, y después, una vez comprobado el escaso éxito de su empeño, dar por finalizada su lealtad a viejos proyectos político-militares.

El Encuentro Centroamericano de Mujeres “Una nueva mujer, un nuevo poder”, realizado en Montelimar en 1992, fue un punto de inflexión en este sentido. Además de la búsqueda principal de la emancipación de las mujeres, la construcción de sociedades más igualitarias y la lucha contra el empobrecimiento de las poblaciones heridas por la violencia de la guerra, nuestras compañeras feministas centroamericanas se afirmaron en torno a principios que luego nunca dejaron de guiarlas: tener un movimiento propio declaradamente feminista, lo más independiente posible, y defender los derechos humanos.

A lo largo de los años, los colectivos feministas han conquistado derechos frágiles pero sin precedentes, principalmente cambios legislativos sobre violencia sexista y feminicidios. Sus activistas se han enfrentado a la imposición del neoliberalismo; resistieron a la renovación de las élites en el poder y a la perpetuación de la “trinidad patriarcal” heredada de la época colonial y posterior a la independencia, compuesta por los caudillos, los fundamentalistas religiosos y los patrones. Han luchado sistemáticamente contra la explotación de las trabajadoras, el acaparamiento de tierras y recursos por un pequeño círculo de empresarios extractivistas y estructuras multinacionales. Han denunciado los actos de violencia y racismo contra los pueblos indígenas, que ya habían sido destinatarios de terror y masacres en los años ochenta y que luego siguieron siendo hostigados por los actores de la depredación territorial.

También han resistido la violencia de los movimientos anti-derechos que, apoyados por todo tipo de clérigos, establecieron en la Centroamérica posrevolucionaria un laboratorio para su (re)nacimiento ideológico y organizativo. No hay más que leer las posiciones adoptadas por los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua en contra de los derechos sexuales y los derechos reproductivos tras la conferencia sobre la población de El Cairo (1994) para apreciar el temprano peso de estos grupos en la vida política de estos países.

En ausencia de políticas económicas redistributivas y debido al establecimiento del llamado modelo de “democracia de mercado”, que nos dejaron más en manos del mercado que de la propia democracia, la proliferación de ONG feministas proporcionó un marco sólido para las sociedades civiles emergentes, teniendo que asumir un papel social y humanitario en sustitución de los servicios públicos, muy mal dotados.

Durante estas décadas, a pesar de sus disensos y gracias a la diversidad de sus movimientos, la generación feminista que había nacido transgrediendo la disciplina revolucionaria se afirmó como una base crítica de primer orden frente a todos los poderes convencionales y fácticos. Nuestras compañeras pusieron en evidencia la ilusión del pluralismo y del antagonismo derecha-izquierda, mostrando que ambos enmascaraban otros tantos pactos patriarcales. Por ejemplo, en El Salvador, en 1999, los diputados del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) votaron a favor de la reforma constitucional que define la vida “desde el instante de la concepción”, apoyando así la prohibición total del aborto promovida por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y su aliado Partido de Concertación Nacional (PCN) dos años antes.

En 2006, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) también contribuyó a la eliminación del aborto terapéutico del Código Penal, y en 2007 a la prohibición total de la interrupción del embarazo, incluso en casos de peligro para la vida de la mujer o violación. Qué decir del pacto de 1999, denunciado por las feministas nicaragüenses, en el que el ex-revolucionario y actual dictador Daniel Ortega, entonces diputado, acusado por su hija adoptiva de violencia sexual, organizó un acuerdo de inmunidad mutua con el entonces presidente derechista, Arnoldo Alemán, acusado a su vez de malversación de fondos públicos. La violación y el robo fueron las monedas de cambio de un pacto de impunidad en la cúspide del poder, entre antiguos enemigos de guerra que se convirtieron en aliados para la ocasión. La violencia sexual y su impunidad, legitimada por los líderes de los partidos rivales y apoyada por los nuevos acuerdos institucionales, fue una primera señal de la deriva antidemocrática.

Hoy en día, las políticas misóginas y antifeministas y los giros autoritarios son una misma cosa en la región centroamericana.

En Guatemala, la disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), impuesta en 2019 por el ex presidente Jimmy Morales, ha inaugurado una deriva represiva. Cerca de 20 magistrados y magistradas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dedicadas durante años a la lucha contra la corrupción y la connivencia entre mafias, empresarios, militares y responsables políticos, se han visto obligadas a exiliarse. Otras se enfrentan a persecuciones, como Virginia Laparra, condenada recientemente a cuatro años de prisión por “abuso de autoridad”, tras un juicio que muchas organizaciones de derechos humanos calificaron de venganza por las élites corruptas a las que había procesado. El 25 de noviembre de 2022, al finalizar el Encuentro Feminista Centroamericano, nuestras compañeras denunciaron esta vendetta judicial, y las condiciones de detención de la ex fiscal, marcadas por todo tipo de acoso sexista. Ese día estuvimos frente al memorial por las 41 niñas y adolescentes muertas en el incendio de su supuesto “refugio” estatal, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde el 7 de marzo de 2017 fueron encerradas a la fuerza por los responsables del albergue y por la policía, durante largas horas y en condiciones crueles, tras su intento de fuga. En este caso, la impunidad sigue estando a la orden del día, ya que los testimonios de las sobrevivientes y sus familias, así como las numerosas denuncias presentadas en el pasado, indican que uno de los motivos de la rebelión en el origen del incendio fue la explotación sexual a la que fueron sometidas las niñas. Este feminicidio masivo es el ejemplo paradigmático de una serie de actos de absoluto desprecio por la vida de las mujeres más vulnerables: aunque finalmente no validó una propuesta parlamentaria para restringir el acceso al aborto terapéutico, el 8 de marzo de 2022, el actual presidente Giammattei quiso proclamar a Guatemala “capital provida de Iberoamérica”.

En El Salvador, pese al último relevo político de 2019, no parece haber esperanzas de cambios en la legislación antiaborto que impera en el país y que llega a criminalizar incluso a mujeres pobres que han sufrido complicaciones obstétricas. El pasado mes de mayo, tras decenas de persecuciones judiciales de este tipo, una mujer fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado contra el feto tras sufrir un aborto espontáneo. La perpetuación de esta criminalización se produce en un contexto de restricciones de las libertades públicas, tanto para las organizaciones de defensa de los derechos humanos como para las y los periodistas, muchos de los cuales han tenido que exiliarse. Estos y estas últimas intentan sacar a la luz los excesos de la política de seguridad del autoproclamado “presidente más cool del mundo”. El popularísimo Nayib Bukele mantiene un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 para perseguir y encerrar a los miembros de las pandillas que llevan décadas aterrorizando a las comunidades más desatendidas. En un informe reciente, Human Rights Watch documentó que la campaña de detenciones masivas indiscriminadas -58.000 personas- ha llevado a la detención de cientos de personas sin conexión con estas pandillas. Estas violaciones generalizadas de los derechos humanos fueron posibles después de que los diputados oficialistas, que ostentan una mayoría de dos tercios desde mayo de 2021, socavaran la separación de poderes destituyendo y sustituyendo a los cinco magistrados de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General. Estos jueces cooptados también aprobaron leyes que permiten al Tribunal Supremo y al Fiscal General destituir arbitrariamente a jueces y fiscales de instancias inferiores. Como ocurrió en Nicaragua, emitieron en 2021 una sentencia que permite al actual jefe de Estado ser candidato inmediato a su propia sucesión, algo antes prohibido por la Constitución.

II encuentro regional en Guatemala, 2022. | Foto: cedida.

Nicaragua ofrece un ejemplo paradigmático de este giro autoritario. Desde la crisis política de abril de 2018, la represión del régimen ha costado la vida a al menos 355 personas, 306 de ellas manifestantes. El régimen presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha organizado una represión selectiva sistemática. Se prohibieron 3.106 asociaciones, es decir, el 43% de las registradas en el país en 2018, incluidas 176 asociaciones de mujeres y feministas. Sus locales han sido confiscados y sus dirigentas obligadas a exiliarse; los medios de comunicación independientes son acosados, todos ellos prohibidos y sus redacciones trabajan desde el extranjero. Al menos 236 presos políticos, entre ellos 26 mujeres, están actualmente encerrades en las cárceles de la dictadura. Las feministas nicaragüenses siempre han sido el primer blanco de persecución de la pareja presidencial, por su defensa de Zoilamérica Narváez desde 1998 y el apoyo a su denuncia de violencia sexual incestuosa contra el actual dictador. Pero también, sin duda, porque su íntimo conocimiento del poder revolucionario sandinista ejercido durante los años 80 les ha permitido estar más atentas a los que, apropiándose del FSLN, entre ellos Ortega, se preparaban para volver a la presidencia y conculcar, de nuevo, la democracia en Nicaragua. Ya en 2008 expresamos nuestra solidaridad con el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), cuyo local había sido allanado arbitrariamente. Cuando las fotografías de varias de sus activistas fueron enarboladas en las calles por los grupos de choque del régimen, las “turbas”, no nos quedaron dudas de que se estaba haciendo un llamamiento al linchamiento.

La situación institucional en Honduras sigue siendo incierta. La reciente elección de Xiomara Castro rompe con los actores políticos que instigaron el golpe contra su marido Manuel Zelaya hace trece años, pero el futuro del país bajo su liderazgo sigue sin estar claro. En el encuentro feminista de Ciudad de Guatemala, las feministas hondureñas expresaron su determinación de luchar por la reinstauración de la pastilla anticonceptiva de emergencia, cuya circulación y distribución fueron prohibidas en 2009. En 2021 se constitucionalizó la prohibición del aborto, que ya era efectiva en el Código Penal, y se impidió la reforma del Código Civil para incluir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La extensión de la violencia en el país afecta en primer lugar a los barrios más marginados, a menudo controlados por las pandillas, que violan y cometen feminicidios impunemente, lo que, como en El Salvador y Guatemala, empuja a mujeres y niñas a emigrar. También es bien sabido que en las zonas rurales, los y las defensores de los territorios y los recursos naturales siguen siendo perseguides, incluso hasta el asesinato. La víctima más conocida es la defensora indígena y feminista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 tras años de amenazas y acoso relacionados con su oposición a una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

Costa Rica y Panamá son excepciones en la región. Sin embargo, durante una sesión de intercambio sobre la coyuntura nicaragüense, las feministas costarricenses participantes en el encuentro nos alertaron sobre la reciente elección del presidente Rodrigo Chaves, denunciado por sus inclinaciones populistas y por acoso sexual en su anterior cargo en el Banco Mundial. Ha llegado a un acuerdo con un grupo de pastores evangélicos que le compromete a mantener las restricciones a la reproducción médicamente asistida y al aborto. El pasado diciembre, nuevas medidas restringieron las condiciones de trabajo y el acceso al asilo de los migrantes, afectando principalmente a los y las 220.000 nicaragüenses que han huido de su país. Les defensores de los derechos humanos nicaragüenses que han iniciado el proceso de solicitud de asilo ya no podrán salir del país, ni siquiera para llevar a cabo acciones de sensibilización y solidaridad en el extranjero, a pesar de que estos viajes son estratégica y humanamente cruciales.

Si nosotras, que participamos en el Encuentro Feminista Centroamericano sin ser originarias de la región, o que hemos participado en jornadas regionales anteriores, firmamos hoy esta tribuna, es por la urgencia de visibilizar estos giros hacia el autoritarismo, por la necesidad de llamar la atención sobre sus efectos en cuanto a la intensificación de la violencia contra las mujeres y contra nuestras compañeras feministas, en medio de una situación geopolítica muy diferente a la que nos tocó vivir a algunas de nosotras -nacidas a mediados del siglo XX- cuando fuimos a la región, llevadas por los ideales revolucionarios y, en particular, por la ilusión de contribuir a la revolución sandinista de los años 80, que nos había entusiasmado. Queríamos no solo participar en esas luchas revolucionarias, sino también, junto a nuestras compañeras, intentar que fueran verdaderamente emancipadoras para las mujeres. En aquella época, Centroamérica, escenario de la Guerra Fría y crisol de verdaderas esperanzas para fundar sociedades más justas, estaba en el corazón del mundo.

Nosotras, las firmantes “más jóvenes”, nacidas después de los años 70, asistimos junto a nuestras amigas mayores al desencanto revolucionario, a los estragos del neoliberalismo, a la rápida degradación de los procesos pro democráticos, a las inmensas dificultades para hacer efectiva la búsqueda de justicia y reparación tras las matanzas masivas y etnocidas durante los conflictos armados, a la legitimación de los pactos patriarcales como medio de reconciliación entre antiguos enemigos beligerantes. Pero esta degradación tuvo lugar cuando Centroamérica era menos fascinante para los y las utopistas nostálgicas de las revoluciones armadas. Como resultado, hubo en los últimos años menos grupos de solidaridad internacionalista en la región.

Consideramos que es urgente reactivar y ampliar la solidaridad internacionalista en nombre del feminismo. Sabemos que estas regresiones autoritarias no son sólo el resultado de causas específicas de cada Estado, sino de una dinámica más general, a escala mundial. Las crisis ecológica y migratoria, intensificadas por los regímenes dictatoriales, implican en primer lugar a los antiguos Estados coloniales e imperialistas, pero también a los Estados latinoamericanos más poderosos. Nuestra solidaridad con la resistencia contra el autoritarismo en América Central incluye la exigencia de políticas reales de acogida de migrantes, el respeto de los derechos humanos, el fin de la explotación de las personas más precarias, en particular las mujeres y las niñas, así como la lucha contra la depredación de los recursos, por nuestra libertad reproductiva y por la libertad de disidencia sexual. También requiere luchar contra los autoritarismos o por la profundización democrática en nuestros propios países de origen.

Nuestras amigas recuerdan, en la declaración final del Encuentro Feminista Centroamericano, que seguirán luchando contra viento y marea, desde su tierra de exilio o en la clandestinidad impuesta por la censura, a favor de la emancipación de las mujeres, desde su diversidad de clase, raza, edad y condición física.

Nos comprometemos a seguir dando a conocer sus luchas, a interpelar a las autoridades políticas de nuestros países de origen o donde nos toca vivir para exigir la liberación de las y los presos de conciencia. Las luchas actuales de nuestras compañeras son nuestras, como lo han sido en el pasado.

¡Florecerás Centroamérica, libre y feminista!

Firmantes:

Cristina Arévalo, socióloga, México
Kathy Bourgher, docente, Estados Unidos
Lilian Celiberti, activista feminista, Montevideo, Uruguay
Natalia De Marinis, antropóloga, México
Helen Dixon, activista feminista, United Kingdom
June Fernández, periodista, País Vasco, España
Colette Fine, diseñadora gráfica, Francia
Lucy Garrido, periodista, Uruguay
Véronique Giraud, profesora, Saint-Denis, Francia
Geni Gómez, activista feminista, Madrid
Delphine Lacombe, socióloga, México-Francia
Clara Murguialday, economista, País Vasco España
Mariana Sánchez, periodista, Francia
Rita Laura Segato, Universidad de Brasilia, Universidad Nacional de San Martín 
Camila Selser, México
Gabriela Selser, periodista, México
Diana Silva, socióloga, México
Virginia Vargas, activista feminista, Perú
Norma Vázquez, psicóloga, México – País Vasco España

 

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