Juana Ruiz, durante su visita a Bilbao en julio. 

Lleva la sonrisa puesta. Como una prenda más, imprescindible, de su indumentaria. Se la nota cansada, el calor asfixiante de este verano, incluso por tierras vascas, pesa; también, el estrés postraumático tras su detención y sus 10 meses en una prisión israelí, durante los que pasó varias semanas aislada y sin ver el sol.

La cautela la acompaña. Juana Ruiz ha venido a pasar el verano a España, junto con su marido, pero tiene que regresar a Cisjordania, aunque no a su trabajo en Health Work Committees (HWC, Comités de Trabajo para la Salud) porque el Estado de Israel la condenó a 13 meses de prisión, a 14.000 euros de multa y a una inhabilitación durante cinco años. Tampoco puede pisar suelo israelí.

Acusada de pertenecer a una organización ilegal y de desviar fondos de la cooperación internacional a un supuesto grupo palestino terrorista, tuvo que admitir el delito de introducción de dinero ilegalmente en Cisjordania para poder lograr la libertad condicional. “Me he tenido que declarar culpable, porque si no tardaría años en salir de la cárcel”, explica. Frente a un estado colonizador, la estrategia de defensa de la española ha sido asumir algunos cargos, la opción menos mala. “Yo sé que soy inocente, pero cómo lo demuestro”, lamenta.

El descanso estival lo compagina con encuentros con grupos de solidaridad y de apoyo a Palestina, que se volcaron para denunciar su detención, exigir su libertad y apoyar a su familia. En julio estuvo en Bilbao, y en la sede de Ezker Anitza-IU, donde se reunió con integrantes de este partido político y de otras formaciones. “Si es terrorismo poner vacunas y dar salud…”. Juana Ruiz, que lleva más de 30 años afincada en Cisjordania, no elude las preguntas que surgen en una tranquila y colectiva conversación, aunque no alarga las respuestas.

“He sido el chivo expiatorio, por ser española y palestina y porque he llevado muchos fondos”, continúa. Su labor principal en HWC, donde estuvo más de 30 años como empleada, eran tareas administrativas, por lo que a través de organizaciones españolas presentaba proyectos a fondos de cooperación de diferentes entidades del Estado español. “Con lo que han hecho están acusando al Gobierno de España de financiar terrorismo. No cabe en la cabeza. Y el Gobierno no ha dicho nada”, comenta aún sorprendida. Reconoce el trabajo y acompañamiento recibido por el Consulado, especialmente por Paloma Serra, cónsul adjunta en Jerusalén, que se hacía largos viajes para poder visitarla cada 15 días.

Una veintena de soldados detuvieron a Juana Ruiz el 13 de abril de 2021 en su casa de Beit Sahour, población de Cisjordania prácticamente anexa a Belén, y salió de prisión, el 7 de febrero de 2022. Con su tímida sonrisa, Ruiz se toma como aprendizaje el haber conocido las cárceles de Israel “por fuera y por dentro”, algo que “duele”, afirma y calla a la vez. Y traga saliva: “Es brutal, he visto cosas muy fuertes”.

Un tribunal militar

Primero estuvo en una cárcel próxima a Tel Aviv y luego en Damon, una zona montañosa cercana a Haifa y, por supuesto, lejos de su casa. Algunas de las vistas fueron en el tribunal militar de la prisión de Ofer. Todo un periplo que no ayudaba en la dureza del proceso. Le cambia el rostro cuando recuerda que para los interrogatorios la llevaban lejos, a más de dos horas de camino, y la tenían todo el día sin comer, sin beber y sin poder ir al baño.

Juana Ruiz posa para la foto tras su encuentro en Bilbao. /

Ofer es un fortín, al menos lo era en junio de 2018. Cercana al muro que construyó Israel y que tiene atrapado a Cisjordania, la prisión parece una continuación de la jaula de hormigón. Un fortín de rejas por todos lados y de barracones, porque las salas de los tribunales militares donde se juzga a población palestina son cajones de algo así como aluminio. Un lugar asfixiante en el que las personas presas van con un traje marrón oscuro y grilletes en manos y a veces en los pies que suenan cuando se mueven. No falta nada en la escena. Presenciar lo que llaman juicio parece un teatro que no se quiere mirar. El espectáculo agobia, hiere. La parafernalia militar intimida y el trato de a los acusados y acusadas, a veces por publicaciones en las redes sociales, otras por trabajar en una organización sanitaria, es aberrante. Indigno. Las voces se suceden y apenas se escuchan los murmullos de los traductores, porque eso que llaman juicio se desarrolla en hebreo, aunque no sea la lengua de los detenidos y detenidas. Qué más da si no se enteran, las condenas están echadas. Como mucho se logran rebajas si se declaran culpables.

Ahora Juana Ruiz ríe cuando recuerda que solo podía acercarse a ella su abogado en las audiencias y que tenía que hablar a voces para poder oírle. “Decían que era un juicio justo, pero era un tribunal militar y no tenían pruebas”, apunta.

La trabajadora humanitaria pasó la mayor parte de su detención en Damon, una cárcel de mujeres donde compartió espacio con 40 presas palestinas que sufrían diferentes condenas: “Mis compañeras han sido lo mejor de mi paso por la cárcel”. Ella, cuenta, era la mayor, la única extranjera y la única cristiana, también la consejera de muchas de ellas y su profesora de español. “Lo mejor era la solidaridad y el cuidado entre nosotras. Éramos una familia”, recuerda. “Nos tenían que mandar dinero y cosas para cocinar, pero allí nadie se quedaba sin comer, lo repartíamos entre todas”, explica. Y se queda con lo bueno: “Ha sido una riqueza conocer ese mundo y conocerlas a ellas, a mis chicas; a pesar de lo terrible”.

Sus compañeras la ayudaron a salir de la depresión en la que cayó al inicio de su detención, incluso la acompañaron en la celebración de Navidad, aunque eran musulmanas, algo que meses después sigue agradeciendo inmensamente.

Ahora la lleva puesta, pero le costó sacar una sonrisa: “Tardé en reír tres o cuatro meses”. De hecho, no vio a su marido hasta los cuatro meses de estar detenida, y tan solo durante unos 45 minutos. Ahora él la escucha durante toda la conversación, pero prefiere no intervenir.

“Desmantelamiento de la sociedad civil”

La detención y las acusaciones contra Juana Ruiz se enmarcan dentro de un proceso por el que el Gobierno de Israel ha declarado como terroristas a seis de las principales organizaciones sociales palestinas, entre ellas HWC, Addameer, que da asistencia legal a personas presas de Palestina en cárceles israelíes, o Al-Haq, consultora de Naciones Unidas. “Israel busca el desmantelamiento de la sociedad civil palestina y de sus organizaciones”, contaba una trabajadora humanitaria española a raíz de la detención de Ruiz.

Con su condena cumplida y tratando aún de recuperarse emocionalmente, Juana Ruiz espera centrarse para escribir lo que ha vivido “por sus chicas”. Reconoce que sigue queriendo vivir en Cisjordania, con matices: “Agobia estar allí con tantos problemas y sufrimientos”. Y continúa: “Todos los Gobiernos [de Israel] son iguales con nosotros. A los palestinos les están quitando la alegría y las ganas de vivir”.