Como muchas otras noches de 2018, Anouk Van Gestel (Amberes, 1956) repartía comida y agua a las personas en movimiento que se concentraban en los parques de Bruselas, esperando su momento para continuar su camino hacia Reino Unido. Van Gelsen formaba parte de un grupo de personas voluntarias de forma activa, hasta su criminalización.

Las personas con quienes pasaban las noches eran, en su mayoría, jóvenes subsaharianos, cansados de un viaje demasiado largo. Habían atravesado África y entrado en Europa dejando atrás Túnez, Argelia o Libia, llegando a Italia y después a Francia, donde su situación había empeorado con el cierre del campamento provisional de Calais en 2016 y, viéndose obligados a modificar su recorrido, habían terminado en un frío parque belga: el Parc Maximilien.

Este pulmón verde era el punto de encuentro y parada para las personas migradas en situación de calle. Había que continuar, llegar al destino, pero la falta de recursos y el aumento de trabas en las políticas migratorias dejaba en situación de desamparo a miles de personas en movimiento. Una paradoja. Un parque donde, además de esperar apoyo, encontraron detenciones y deportaciones.

La ciudadanía bruselense se organizó para promover una respuesta, directa y contundente. La plataforma ciudadana de apoyo a los refugiados, que se que se organiza a través de la página de Facebook con 45.000 seguidores Hébergement Plateforme Citoyenne, satisfizo tanto las necesidades básicas con alimentos, agua y medicinas, como la más importante: el afecto.

Desde la puesta de sol hasta el amanecer, decenas de voluntarios y voluntarias belgas recorrían las inmediaciones de los parques vestidos de blanco, para que se les identificase con facilidad, hablando con las personas migrantes, promoviendo lazos de solidaridad y hospedando en sus casas entre 400 y 500 migrantes por noche. Por esta razón, 11 personas fueron acusadas de tráfico de seres humanos en 2018: cuatro eran voluntarias y nueve personas en movimiento.

Anouk Van Gestel era simplemente un eslabón más de esta cadena de apoyo mutuo entre la población civil belga y la población migrante y refugiada en el Maximilien. “No iba al parque todos los días, sino solo cuando se necesitaba y había que acoger en nuestras casas a las personas que estaban allí”, declara la periodista, quien conoce bien el flujo migratorio y las consecuencias del abandono de las instituciones.

“Esos chicos vienen de Calais a Bruselas sin nada, por lo que nos organizamos para ayudarles”, reconoce con una sonrisa orgullosa que le ilumina toda la cara. “Queríamos hacerles ver que no todos los belgas somos racistas y xenófobos”, argumenta. Las noches que hacía mucho frío, como esa en la que pasó todo, Van Gestel y otras personas ofrecían sus casas a los migrantes movimiento para que no durmiesen a la intemperie.

Un error que lo cambió todo

“Cometí solo un error”, reconoce la periodista belga. En otoño de 2017, Anouk Van Gestel se ofreció a hospedar a Moha, un joven subsahariano que conoció en el Parque Maximilien. Él deseaba una vida mejor junto con su familia y amigos en Reino Unido por lo que, tras varias conversaciones, decidió llamar a su amiga Miriam Berghe, también periodista y que fue acusada de los mismos delitos. El teléfono de la también periodista estaba pinchado por la policía. Tras esa llamada, los hechos se desencadenaron la madrugada del 20 de octubre de 2017 como una película de acción. O como una pesadilla.

A las seis de la mañana, siete policías armados y equipados con chalecos antibalas, irrumpieron en su casa y la llevaron a la comisaría de Dendermonde, según recuerda, aún con el susto en el cuerpo, Van Gestel.

Han pasado más de cuatro años, pero su cara se ensombrece al recordar el episodio con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Preocupada tras este episodio, la defensora de derechos humanos acudió a Alexis Deswaef, uno de los abogados belgas más conocidos, vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos.

Junto con ella, otras tres personas anfitrionas fueron acusadas de tráfico de personas por el simple hecho de hospedar a migrantes en situación administrativa irregular, sufriendo un proceso de cuatro años de judicialización que llevó a dos de ellas a estar en prisión.

Cinco horas con la policía

Van Gestel no tenía nada que ocultar, pero se enfrentaba a una condena que podía ascender hasta los 10 años de cárcel. Se personó ante la policía belga en Dendermonde, una pequeña localidad ubicada en la provincia del Flandes Oriental. “Nunca me imaginé lo que iba a pasar”, recuerda la periodista. En las cinco horas que duró el interrogatorio, fue consciente de la gravedad de las acusaciones de tráfico de personas, con el agravante de haber puesto en peligro sus vidas.

Auxiliar a una persona inmigrante por causas humanitarias está contemplado en la legislación belga. “En Bélgica puedes ayudar a mayores de edad sin ningún problema, pero todo se complica al ser menores”, reconoce la defensora, quien no sabía que la persona a la que había acogido en su casa tenía menos de 18 años. “Me estaban acusando de tráfico de personas, al haber llamado a Miriam preguntando por las posibilidades de que Moha accediese a Reino Unido, no me lo podía creer”, explica.

En Bélgica, donde no existe ningún tipo penal relacionado con la solidaridad hacia la población migrante, esta criminalización podría sentar un precedente al demandar a la ciudadanía por haber ayudado y protegido a la población migrante, frente a políticas represivas y violentas.

Un juicio político y cuatro años judicializada

Mientras explica la judicialización de su clienta, Alexis Deswaef coloca su mano derecha sobre el dossier de Anouk Van Gestel, que ha sacado previamente de una pila de informes que yacen sobre el escritorio de su despacho, junto a la conocida estación de metro de Madou en Bruselas. El despacho del abogado está pintado de granate y el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos destaca en blanco sobre el fondo colorado:

“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits” (“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”)
(Naciones Unidas, 1948)

La entrada en el país de Moha por vía terrestre desde Francia suponía que el juicio contra las once personas (siete migrantes y cuatro voluntarias) se desarrollaría en la parte valona de Bélgica. Además de la periodista, otros tres integrantes de la plataforma ciudadana criminalizadas: Myriam Berghe, la periodista de Femmes d’Aujourd’hui (Mujeres de hoy); la trabajadora social con doble nacionalidad belga y marroquí Zakia S.; y Wahlid, tunecina residente en Bélgica desde los 17 años (estas dos últimas han preferido que no se publique su apellido).

“Era fundamental que el juicio se trasladase a Bruselas, donde la mentalidad es más abierta”, detalla el abogado, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con el tribunal durante el proceso. “Puede que la gente que no sea belga no entienda lo que significaba que el proceso se produjese en la parte valona: ha habido un fuerte proceso de derechización de esa parte del país y las migraciones han sido utilizadas como parte de la agenda política”, argumenta el defensor de Van Gestel.

“Anouk es muy conocida por el público belga, por lo que temíamos que su caso fuese utilizado como un ejemplo para el resto de personas defensoras de derechos humanos de la población migrante”, según el letrado. La instrumentalización del juicio con fines políticos, socavando el principio democrático de la separación de poderes, ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, al igual que el tratamiento desigual de los expedientes de las personas imputadas, lo que demostraría el oportunismo político de criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Bélgica.

Desde su nombramiento en 2014, el ministro ultraderechista Theo Francken, perteneciente a la Nueva Alianza Flamenca (NVA por siglas en holandés), ha promovido tanto un discurso antiinmigración como de estigmatización de las organizaciones y colectivos de solidaridad con las personas en movimiento, incumpliendo sus obligaciones legales tanto a escala internacional como nacional. Como signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, el Estado belga tiene la obligación de garantizar el derecho a migrar y proteger a las personas en movimiento.

Sesgos racistas en el proceso judicial

Las primeras audiencias se produjeron en noviembre de 2018. Si bien las cuatro anfitrionas, entre las que se encontraba Anouk Van Gestel, fueron absueltas y las personas migrantes detenidas fueron condenadas y sus penas de prisión suspendidas, ya que habían estado sujetas a prisión preventiva; un octavo migrante tuvo una condena en firme. La alegría no duró ni tres meses.

En enero de 2019, el Ministerio Público belga decidió recurrir la sentencia, judicializando de nuevo la solidaridad hacia la población migrante y postergando la decisión judicial definitiva hasta el 26 de mayo de 2021, cuando una nueva sentencia confirmó la absolución y ratificó que alojar a población migrante no es un delito en Bélgica.

Durante el proceso, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron un tratamiento discriminatorio en el trato judicial a las personas involucradas, en función de su origen y nacionalidad.

Consecuencias de la criminalización

Si bien el 26 de mayo de 2021 el Tribunal de Apelaciones de Bruselas absolvió a las cuatro defensoras de derechos humanos y dictó sentencias reducidas para las personas migrantes, acusadas de trata de seres humanos, la vida de Anouk Van Gestel ha cambiado radicalmente desde 2018.

“Decidí dejar Marie Claire”, reconoce con la cabeza alta la que fuera la redactora jefa de la edición belga. “No sufrí ningún tipo de presión, pero era consciente de que el proceso de criminalización afectaba a mi reputación y a la del medio, por lo que preferí irme”, afirma la periodista en el comedor de su restaurante.

Antes de la pandemia, Van Gestel decidió abrir Al&Greta, un pequeño establecimiento en la Avenida del Hipódromo, en el barrio de bruselense de Ixelles. En él, dos o tres personas solicitantes de asilo comenzaron a trabajar como camareros y cocineros, continuando con esa solidaridad que la llevó al parque Maximilien aquella noche de 2018.

Ahora, el restaurante está en venta. La pandemia de la Covid-19 ha arrasado con su economía. Mientras tanto, Hamada, uno de los trabajadores y solicitante de asilo tras huir de Siria, pasando por Calais, prepara “el mejor cappuccino de Bruselas”, bromea Anouk Van Gestel.

 

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