Todos violaron, nadie lo asume y la justicia mira para otro lado

Todos violaron, nadie lo asume y la justicia mira para otro lado

En Colombia, las víctimas exigen la apertura de un macrocaso que asuma la violencia sexual, extremo que ignora la justicia transicional creada tras los Acuerdos de Paz.

Imagen: J. Marcos
08/06/2022

Una mujer de Buenaventura, en un acto con la JEP.

Soy mujer negra, fueron los paramilitares. Soy mujer indígena, fueron los paramilitares. Soy mujer negra, duré 12 años de esclavitud sexual. Soy mujer transgénero, durante 13 años fui víctima de abuso sexual por la fuerza pública. Mujer negra, por guerrillas de las FARC. Soy mujer líder social, Autodefensas del Magdalena Medio.

A unas se les ve la cara, a otras no. A todas se las escucha. Todas dicen el lugar y el cuándo; algunas los cuándos. Más de 25.000 víctimas, el 91 por ciento mujeres, de violencia sexual ha dejado el conflicto colombiano entre 1985 y 2016, año de la firma de los Acuerdos de Paz, según los datos del Registro Único de Víctimas.

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Los testimonios y la cifra están extraídos de un vídeo que la Comisión de la Verdad emitió en el encuentro Mi Cuerpo Dice la Verdad, celebrado en 2019 para dignificar a mujeres y personas LGBTI víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado colombiano. “El horror que han vivido se ha prolongado por el silencio de la sociedad y por la respuesta ausente o tardía de la institucionalidad”, recoge también la grabación.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no está investigando estos hechos, al menos por ahora. “En este país todos los grupos armados que han hecho la guerra, legales e ilegales, han violado a mujeres y niñas, todos. Los cuerpos de las mujeres en las guerras son cuerpos a disposición de los varones y de un patriarcado armado. Y la JEP realmente es un abrazo entre patriarcas, es un abrazo entre guerreros donde ninguno quiere responder por la violencia sexual”, critica con dureza Adriana Benjumea, abogada feminista y directora de la Corporación Humanas Colombia, quien también participó en las negociaciones de La Habana.

Los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) crearon un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del que forma parte la JEP, la instancia que, con una duración máxima de 20 años, se encarga de la justicia transicional. “Las FARC han aceptado retención, lo que se conoce como secuestro, y el Ejército ha aceptado las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos. Esos dos procesos han avanzado, pero en violencia sexual ninguno de los dos la ha aceptado. Las víctimas de violencia sexual van a ser las últimas”, añade la abogada en su oficina de Bogotá.

“Hoy, por nuestra dignidad y nuestros derechos, las víctimas de violencia sexual reiteramos nuestro pedido a la JEP para que, sin más demoras, se abra el macrocaso de violencia sexual”, pide la coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Ángela María Escobar, en una nota recogida precisamente por la JEP. “Es hora de que la JEP honre la confianza de las víctimas y de las organizaciones que hasta la fecha hemos entregado más de 30 informes”, añade Escobar. De momento, la Jurisdicción Especial para la Paz ha abierto siete macrocasos.

La colectiva 5 Claves, que integra a varias organizaciones de mujeres como Humanas Colombia y Sisma Mujer, ha presentado un informe en el que insiste en que “un macrocaso especializado en estas violencias permitirá desarrollar y materializar la perspectiva de género en la justicia transicional y superar los obstáculos de acceso a la justicia para las víctimas de estos crímenes”.

Los testimonios no faltan.

Soy mujer trans y no conozco a mi victimizante. Soy mujer campesina, fueron los paramilitares. Soy mujer campesina, fueron las FARC. Soy hombre gay, grupos paramilitares. Era mujer joven, madre soltera, paramilitares. Soy mujer negra, lesbiana y líder, paramilitares. Soy mujer indígena nasa, por la policía.

En algunos de los macrocasos de la JEP, entre ellos los territoriales, se integra la violencia sexual, pero los acusados no reconocen estos delitos, como sí hacen con otros, como los asesinatos y los secuestros. Algunas víctimas han hablado en el tribunal, cuenta en una entrevista en El Espectador Valeria Silva Fonseca, autora de la investigación ‘Ni transición ni reparación’, de Sisma Mujer: “Simbólicamente, para algunas mujeres ir a ser escuchadas en este tribunal es importante. Ahora, esto no soluciona el problema de esclarecimiento y sanción de los hechos de violencia sexual”.

Desde un céntrico piso en la capital colombiana, la abogada Adriana Benjumea aclara que “se reciben casos y nosotras comparecemos a las audiencias y preguntamos por las violencias sexuales, pero no se están aceptando. Hemos presentado informes de distintos lugares del país, de Tumaco, de Montes de María, del Norte de Santander, Catatumbo… Hay víctimas y la versión de las víctimas, pero vamos a un proceso contradictorio que así se llama: si yo digo que sí y tú dices que no, nos vamos a la prueba y, ¿a quién le va a tocar probar? A las víctimas de violencia sexual”. La letrada feminista subraya que “ningún ejército ni ninguna guerrilla quiere aceptar que es violador, eso da mucho desprestigio. Cuando nosotras estuvimos en La Habana, así nos lo dijeron las FARC”. Benjumea recuerda una conversación con un entonces alto dirigente de las FARC, posteriormente acogido a la JEP y hoy senador, quien le confesó que, como comandante, aceptaría “los secuestros que sean, lo que sea”, aunque no lo hubiera ordenado él mismo, pero que no pensaba aceptar “ningún caso de violencia sexual”.

“Lo de las violaciones es una mentira que se cae por su propio peso. ¡Es que teníamos un fusil en permanencia! No puedes armar a una mujer y luego convertirla en objeto sexual”. La frase es de una exguerrillera y forma parte de la exposición ‘Farianas. Más allá del cliché’, que estuvo expuesta en La Casa de la Paz, de Bogotá, un proyecto puesto en marcha por exguerrilleros para vender cerveza artesanal y realizar eventos.

En el encuentro Mi Cuerpo Dice la Verdad varios testimonios acusaron a las FARC. “Soy una mujer excombatiente. En mayo de 1985, a los 12 años de edad, fui secuestrada por la guerrilla de las FARC, porque eso no se puede llamar reclutamiento. Fui violada por esa guerrilla la misma noche de mi secuestro. Las violaciones fueron repetitivas y me provocaron abortos muy dolorosos”, dijo una mujer a través de la voz de uno de los participantes en el encuentro organizado por la Comisión de la Verdad. Este organismo junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A finales de este mes está previsto que la Comisión de la Verdad, después de tres años de investigación y de mandato, presente su informe final en el que sí tendrá cabida la violencia sexual.

Enfoque de género en el papel

Los Acuerdos de Paz de Colombia fueron un ejemplo mundial de la integración de una perspectiva de género. “No es un acuerdo de paz feminista, ojalá, ya quisiéramos nosotras, pero sí tienes temas muy interesantes en enfoque de género, que fue un logro de las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil y LGTBI. Tiene cinco puntos, seis con el tema de la implementación, y todos incluyen medidas de género: víctimas, tierra, participación política, cultivo de uso lícito y fin del conflicto”, explica Benjumea. La directora de la Corporación Humanas Colombia subraya que, de las 122 medidas de género, 20 están en marcha –“las más legales, las que era fácil cumplirlas”-, que se están haciendo seguimiento de las otras 102 y que algunas son complicadas, como la propiedad de la tierra.

Pintada en las calles de Bogotá.

Tal y como recoge el informe de 5 Claves, “las pautas de la perspectiva de género en la investigación y judicialización de estos crímenes [violencia sexual] han quedado en una enunciación formal que no se han materializado”.

El estudio de Sisma Mujer ‘Ni transición ni reparación’, presentado el 25 de noviembre, también critica los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz, institución jurídica que ha sido aplaudida por entidades como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional. Para Sisma Mujer, “el problema no proviene de las víctimas y sus exigencias, sino del modelo, construido bajo un discurso de centralidad de las víctimas que está lejos de ser realidad, en particular, para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Los sistemas de justicia transicional de los que se ha nutrido el modelo colombiano fueron creados bajo una concepción masculina, lejos de explorar y reconocer la experiencia vital de las mujeres y niñas en la guerra y, por lo tanto, de crear un andamiaje que les dé una respuesta adecuada (…). Mientras se niegue una revisión del modelo, de cara a la evidencia de falta de garantía de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, persistirán los déficits de respeto y garantía de sus derechos humanos”.

Adriana Benjumea revela que muchas víctimas temen ir a declarar porque a veces los militares y exguerrilleros tienen relación con las disidencias y las pueden matar. “El modelo está basado en la versión de los comparecientes y se hace sobre su relato, mientras la participación de las víctimas está ahogada”, añade.

Un de las mujeres que sale en el vídeo de la Comisión de la Verdad es una integrante de la asociación Madres por la Vida, de Buenaventura. Este colectivo de mujeres lucha por esclarecer la situación de las personas desaparecidas en un contexto de auténtica violencia y en una zona, el puerto de Buenaventura, al que miran los capitales legales e ilegales. “Somos mujeres, afrodescendientes, hemos sufrido violencia sexual en una zona con grandes intereses económicos. Hablamos de cuerpo-territorio y del territorio nuestro”, explica una integrante de la junta directiva en un acto en Cali en el que pedían a la JEP que se abra un macrocaso de desapariciones forzadas, otra de las grandes violencias olvidadas por la nueva justicia.

Soy mujer afro joven, paramilitares. Soy indígena del Amazonas y fui violada por un enfermero del puesto de salud y también fui violada por un miembro de las FARC. Soy mujer campesina, fueron los militares.

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