La primera vez que María Lucila Esquivel ofreció un servicio sexual tenía 21 años. Empezó trabajando en la Plaza Uruguaya de Asunción, capital de Paraguay, con 40 trabajadoras sexuales de distintos distritos del país y estuvo junto a ellas por 17 años. Es la misma plaza en la que años después organizaría una protesta de trabajadoras sexuales y activistas de la mano de la Asociación Unidas por las Esperanza, en la cual se desempeña como directora, para reclamar por la creación de una ley sobre el trabajo sexual que las ampare laboralmente y las proteja de la discriminación y la violencia de la sociedad.

Esquivel es la primera trabajadora sexual en hablar frente a la OEA (Organización de los Estados Americanos), y aunque su historia no es lineal, y su labor como activista toca muchos aspectos fundamentales de distintos movimientos feministas —como la inclusión de las mujeres indígenas, los derechos laborales de las mujeres, el acceso al sistema sanitario y una vida libre de violencia—. Su primera aproximación a los derechos humanos solo fue posible gracias a Elena Reynaga, la presidenta de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex), que este mes cumple 25 años.

La RedTraSex nace en el año 1997 a partir de un encuentro en Costa Rica donde se reunieron por primera vez mujeres trabajadoras sexuales de la región en el marco de una conferencia de capacitación en torno al VIH. “Allí nos conocimos y descubrimos que teníamos las mismas necesidades, compartimos los mismos miedos y padecemos las mismas injusticias a pesar de vivir en diferentes países. Esto fue fundamental porque nos ayudó a entender la magnitud del problema a nivel regional”, explica Reynaga. Dos años más tarde crearon la Secretaría Ejecutiva Regional de RedTraSex, que actualmente se encuentra en Argentina. La RedTraSex trabaja desde hace 25 años en lo que fácilmente pueden ser las nociones más complejas del feminismo comunitario y ayuda a canalizar la relación entre el trabajo sexual y los derechos humanos.

La Red nace de mano de Reynaga, una activista que no solo creó y presidió la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), sino que es la primera trabajadora sexual en la historia en exponer en una sesión plenaria de la Conferencia Internacional de Sida, en México en 2008. Su estrategia para plantear la estructura interna de la RedTraSex se enfocó en la necesidad de garantizar la representación nacional a lo largo de la región: “En la red no aceptamos a trabajadoras independientes, solo trabajamos junto a organizaciones ya establecidas en cada país”, dice Reynaga, “¿Cuál fue el primer reto? Al principio, casi ningún país tenía asociaciones enfocadas en los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Mi trabajo fue recorrer los países e ir generando organizaciones desde cero: con capacitación, asesorías y apoyo logístico. Es así cómo realmente, muy poco a poco, logramos articular un movimiento regional fortalecido institucionalmente con oficina, personería jurídica, abogados, etcétera”.

La RedTraSex está integrada por organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales y/o ex trabajadoras sexuales de 14 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y México.

Una larga historia de protesta, muchas voces contra la violencia policial

Reynaga empezó su carrera de activismo en Argentina en 1994: “Veníamos de una dictadura militar que hizo estragos en nuestros cuerpos, veníamos muy castigadas. Acá, si bien el trabajo sexual no está penalizado, había códigos contravencionales que nos criminalizaban. Esos códigos siguen vigentes en 17 provincias, que no hemos podido derogar. Quisimos empezar mostrando al mundo la violencia y el chantaje policial. Los policías que nos detenían y nos violentaban eran los mismos que nos cobraban dinero para mirar para otro lado mientras trabajamos”.

En 1995 se unieron con la comunidad homosexual y transgénero de la Argentina, y se adjuntaron a la central de derechos humanos del país para trabajar en la derogacion de delitos de la ciudad de Buenos Aires, argumentando que la detención de trabajadoras transgénero y empobrecidas era era anticonstitucional: “En Argentina en ese momento ni siquiera nos asumíamos como trabajadoras, nos asumíamos como prostitutas, y supimos que ninguna organizacion iba a hacer nada por nosotras. Pronto empezamos a trabajar con la agenda del VIH. Pero el inicio real de nuestra organización era que no queríamos ir más presas ni que nos violaran los patrulleros. Queríamos volver a casa vivas. En un año llegué a pasar casi ocho meses presa, simplemente por estar parada en una esquina”, cuenta Reynaga.

Pronto, en marzo de 1998, tuvieron su primer triunfo: lograron derogar los edictos policiales en la Ciudad de Buenos Aires y los artículos de los códigos contravencionales que criminalizaban el trabajo sexual en las provincias de Entre Ríos y Santa Fé, así como la modificación de dos artículos del Código de Faltas en Santiago del Estero, donde entre otras cosas, se reemplazó la palabra prostitución por trabajo sexual. “Nos quedamos paralizadas, porque era el único objetivo que teníamos. Y era tan intenso el trabajo que hacíamos, que no teníamos otra meta. Ahí nos dimos cuenta que lo mismo que pasaba en la capital pasaba en la provincia, así que fuimos para allá a través de un proyecto para prevención del VIH”.

“Nuestro peor enemigo es la clandestinidad”

Marta, una trabajadora sexual de Venezuela que usa nombre ficticio en mientras trabaja y durante esta entrevista para resguardar su identidad, uno de los países en los que no hay organizaciones que aboguen por los derechos de las trabajadoras, detalla su día a día, muchos de ellos llenos de violencia: “Sí, he vivido violencia de parte de clientes en contadas ocasiones. Pero la violencia que de verdad me preocupa es la de la Policía Bolivariana y la Guardia Nacional. Me han golpeado, me han quitado mi dinero del día, han abusado sexualmente de mí. El psicoterror es constante. El problema de la clandestinidad es que vivimos todo eso de parte de quienes deben protegernos, y no tenemos opción sino quedarnos calladas. La clandestinidad es como la sombra, es muy difícil que algo hermoso crezca allí”. Marta es madre de tres hijos, y nunca le ha interesado ejercer en ningún otro oficio: “Creo que soy buena en lo que hago. Lo disfruto y se acopla a lo que quiero y necesito de un trabajo, a mis capacidades y a la flexibilidad que necesito, especialmente en una situación como la venezolana. Lo que no me gusta es tener que lidiar con violencia solo porque la policía cree que es divertido maltratarnos mientras trabajamos”.

En la ReTraSex hay una premisa fundamental para la promoción y el ejercicio de los derechos de las trabajadoras sexuales: la clandestinidad vulnera. “Mientras más clandestino esté el trabajo sexual, la trata prospera y hay más traficantes en situación de poder. Ahora estamos trabajando con el Centro de Investigaciones Nacionales de Argentina para demostrarle al Gobierno el daño que hace la clandestinidad, y ya hemos publicado varias investigaciones en torno a la importancia de ver el trabajo sexual en el marco de las economías nacionales, procesos migratorios, derechos de las mujeres”, detalla Elena, refiriéndose a los 78 informes que ha hecho la ReTraSex para analizar la situación del trabajo sexual en la región. “Es fundamental salirnos de lo testimonial, hay data e información que debe ser analizada de forma científica y sociológica, que respalden las mejores políticas públicas para nosotras. Hay una negación brutal en el abolicionismo, y las violaciones que sufrimos se deben a él”.

Al señalar la clandestinidad como el origen de una serie de problemas, Reynaga no solo se refiere al tráfico y lo explotación sexual, sino a la construcción cultural de que el trabajo sexual debería avergonzar, y quienes lo ejerzan deben ser estigmatizadas por su oficio: “Hay muchos casos de chantaje a las trabajadoras, muchas de parte de familiares que pueden hasta quitarles a sus hijos. Ahora estamos ayudando a cuatro chicas que son estudiantes y trabajan en el Ministerio de Educación de Argentina, las amenazan con exponerlas. Esto es algo que afecta sus vidas, más allá de su oficio de trabajadoras sexuales, afecta su educación, su salud mental. Cuánto daño hace la clandestinidad a todas”.

El impacto de la organización social

El debate es enorme y se extiende a través de las visiones caleidoscópicas de los movimientos feministas. ¿Cuál es la mejor manera de proteger a las trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe? Depende de a quién le preguntes pero, en principio, habría que escuchar a las muchas asociaciones de trabajadoras que se han organizado a lo largo del continente americano para establecer redes de capacitación, protección y defensa de los derechos de las trabajadoras con un profundo entendimiento de su propio contexto. Son ellas las que mejor conocen sus necesidades, y las que a través de un arduo trabajo de organización han podido mejorar tangiblemente las vidas de estas trabajadoras: “Las trabajadoras sexuales debemos contar nuestra propia historia, hablar de nuestras propias necesidades en un contexto que conocemos”, explica Esquivel: “Creo que esta necesidad de control sobre el cuerpo de las mujeres es puramente patriarcal, decirnos cómo vestirnos, cómo comportarnos, cómo coger. No vale seguir hablando del trabajo sexual a partir de un imaginario, nuestras historias son reales”.

La ReTraSex logró la organización en asociaciones en quince países de América Latina, y continúan trabajando para llegar a los países restantes. Pero, ¿cómo ha cambiado la vida de las trabajadoras sexuales la existencia de un movimiento organizado enfocado en los derechos laborales de las trabajadoras sexuales?

María Elena Dávila, la directora de la Asociación Girasoles de Nicaragua y miembro de ReTraSex, detalla que fue a través de la capacitación que recibió a través de la ReTraSex en 2006 que empezaron a trabajar idea de que las trabajadoras sexuales son mujeres autónomas, con desiciones propias: “Habíamos estado antes en contacto con muchas organizaciones que se nos acercaban con una idea en mente: sacarnos del oficio del trabajo sexual. Ni siquiera nos identificaban como trabajadoras sexuales, sino como mujeres en riesgo de prostitución. La meta era que dejáramos el trabajo sexual y asumiéramos oficios técnicos. Pero una organización no puede pretender limitarnos y ofrecernos opciones encaminándonos a otros oficios. Considero que eso es violencia contra nuestra libertad”.

En el caso de Esquivel, sus primeros años ofreciendo servicios sexuales estuvieron marcados por una severa adicción a las drogas: “En esa época hubo una organización de trabajadoras sociales e intelectuales que se organizaron para apoyar a las mujeres trabajadoras sexuales, pero ninguna de nosotras conectaba, porque era muy rara la misma idea de hablar con organizaciones a favor de nosotras, en parte debido al estigma y la doble moral que persiste en ese momento”.

Esquivel acudía a los talleres de capacitación sin entender mucho de lo que hablaban, como una forma de pasar el tiempo acompañada de otras mujeres en un lugar seguro. Y, aunque las trabajadoras sociales siempre mostraron interés en convertir a Esquivel en una lideresa comunitaria en Paraguay, debido a que hablaba muy bien castellano y guaraní, a ella no le terminaba de interesar la idea: “Pero en 2001 aparece Elena y nos habla de nuestros derechos como trabajadoras sexuales. Nos dejó un video, y yo lo veía una y otra vez. Un día Zunilda Barrios, una de las trabajadoras sociales me dijo: ‘Ves ese video una y otra vez porque las drogas te están borrando los recuerdos. Ayer lo viste tres veces. ¿Segura que lo quieres volver a ver?’ Fue ahí cuando me di cuenta de la situación en la que estaba, y todo cambió”.

Esquivel empezó a hacer talleres de capacitación y trabajo de campo para ir creando una comunidad de trabajadoras sexuales en la Asunción, capital de Paraguay. En 2004 nace la Asociación de Trabajadoras Sexuales Unidas por la Esperanza. Hoy son un equipo de 10 trabajadoras que se desempeñan en ocho estados del país. Se han convertido en una organización querida y respetada que es parte de distintos movimientos feministas y comunidades, entre ellas la indígena, para la cual han creado, junto a ONU Mujeres, material informativo que respete sus lenguas originarias, sus tradiciones y sus contextos específicos. Lograron modificar la ordenanza que obligaba a las trabajadoras sexuales a tener un certificado del policlínico para poder trabajar: “Nuestro trabajo es ayudar a garantizar que el acceso a la salud de las trabajadoras sexuales debe mejorar sus condiciones laborales, no controlarlas. Este logro hizo que las extorsiones hacia nuestra comunidad disminuyeran radicalmente”. La asociación también ha estado presente en mesas nacionales con personas claves de la política. Actualmente trabajan junto a un grupo de senadoras y senadores para garantizar una ley que las proteja como trabajadoras autónomas. En cuanto a sus logros con respecto al acceso a la salud, han logrado a través de talleres de capacitación en centros de salud y entre trabajadoras sexuales que actualmente tengan la prevalencia más baja de la historia, con un 1,3 por ciento.

En el caso de Nicaragua, la organización de las trabajadoras sexuales también cuenta con unos logros relevantes para las vidas de las trabajadoras sexuales a lo largo del país. En 2009 cambiaron la historia con la firma del convenio con la Procuraduría de los DDHH de Nicaragua y quedó en papel que los derechos de las trabajadoras sexuales deben ser respetados y estimulados. Con ello, lograron en 2014 ser parte del Ministerio de Salud, en donde tienen una silla para la representación de las trabajadoras sexuales. También cuentan con una participación en la junta directiva del Mecanismo de Coordinador de País en la junta de Conisida. En el 2015 garantizaron que 18 trabajadoras sexuales tuvieran un puesto como asesoras judiciales: “Esto nos ha llevado a tener mejor relación con la policía, con los juzgados”, explica Dávila., “Estábamos preparadas para asesorar en casos leves de las violaciones de los derechos de las compañeras, y ya hemos asesoramos en más de 1000 casos.  En junio de 2017 también logramos hacer un sindicato con más de 20 compañeras, para acercarnos a que nos incluyan en el código laboral. También hay un proyecto especial con ReTraSex, para darle charlas a la policía nacional y a los funcionarios de salud. También hicimos una película, Girasoles de Nicaragua, donde plasmamos nuestra labor a lo largo de los años”, añade.

Para Reynaga, la organización es esencial para que la percepción sobre el trabajo sexual cambie: “A lo largo de mi carrera en el activismo me he encontrado a tantas mujeres que niegan mi trabajo con el argumento de que es un trabajo patriarcal. Pero yo no vendo mi cuerpo, yo vendo servicios. Hay mucha fantasía con el tema del trabajo sexual. Una fantasía de que uno entra a la habitación y el hombre ya te está pegando. Pero no somos brutas ni masoquistas. Tampoco somos enfermas o trastornadas. Tengo una carrera de más de 20 años en la que he ayudado a organizar a una región entera. Debemos empezar por respetarnos y salirnos de estas narrativas violentas, que sí son patriarcales”.