Violencia machista, también en la acción política

Violencia machista, también en la acción política

El nuevo ataque a la ministra Irene Montero, personificado en su antigua responsable de gabinete, muestra la dificultad de una participación pública igualitaria y cómo no se permiten los cuidados en los lugares de trabajo.

20/04/2022

Irene Montero en una comparecencia de 2020. / Foto: Ministerio de Igualdad

El nuevo ataque a la ministra Irene Montero, personificado en su antigua responsable de gabinete, muestra la dificultad de una participación pública igualitaria y cómo no se permiten los cuidados en los lugares de trabajo.

Hace unas semanas, una compañera jurista me comentaba sorprendida que, dando una sesión en un máster sobre violencia de género, un alumno intervino para afirmar de forma tajante que el problema de la violencia contra las mujeres en España es Irene Montero. Este comentario, aparentemente anecdótico y sin duda fuera de lugar en un espacio académico, es un buen ejemplo de cómo en la persona de la actual ministra de Igualdad -algo semejante a lo que pasó hace más de una década con Bibiana Aído y no hace tanto tiempo con Ada Colau o Manuela Carmena– se concentra un grado de hostilidad desproporcionado. Una animadversión provocada en gran medida por el hostigamiento que recibe su figura desde la derecha mediática y política, y que desde el marco de los derechos humanos podría nombrarse como violencia política de género.

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El último de los ejemplos de estos ataques ha ocurrido hace unos días y es lo que medios como Okdiario, The Objetive, El Mundo, La Razón o Antena 3, entre otros, han bautizado como el caso de “la segunda niñera de Irene Montero”. Solo poniendo el entrecomillado en un buscador de internet se encuentran los enlaces que dan buena cuenta del patrón de la narración periodística, que se hace eco de la investigación que un juzgado de instrucción lleva a cabo a instancia de Vox, que actúa como acusación particular. En esta ocasión, para la campaña de desprestigio contra Irene Montero, se pone en el foco a una joven periodista que formó parte de su equipo de comunicación en la anterior legislatura cuando la ministra era diputada. Lo que llama la atención son los hechos que han dado lugar a que se la llame a declarar como investigada por un posible delito de malversación. Al igual que ya pasó en el caso de otra mujer miembro del equipo de Montero, también investigada por el mismo juzgado, el origen del presunto delito sería ayudar en el cuidado de sus criaturas. Es decir, si la periodista y coordinadora de su gabinete “ejerció de niñera” en espacios compartidos de trabajo.

La situación, en sí, no debería dar lugar a los ríos de tinta ni los caudales de odio desatados si se entendiesen las relaciones laborales desde los cuidados, la sororidad y el compañerismo, si se naturalizase que los lugares de trabajo también son espacios donde la vida ha de tener hueco. De hecho, no sería la primera vez, ni tampoco será la última, en la que en un espacio profesionalizado de mujeres unas y otras se apoyan mientras concilian crianza y trabajo, mientras sostienen la vida y su carrera profesional. De ahí que la argumentación de base para abrir una causa judicial contiene varios mensajes del patriarcado a las mujeres que resultan cuando menos inquietantes. Uno dirigido a las que se metan en política: “Elige bien el partido en el que militar”. Otro, dirigido a las trabajadoras: “Productividad es incompatible con cuidados en el lugar de trabajo”. Y otro al feminismo: “Lo personal no puede ser político”.

Por qué es necesario hablar de violencia política de género

A pesar de los avances legales en la participación de las mujeres en la vida política y pública, siguen existiendo barreras y obstáculos marcados por el género, la clase, la raza, las capacidades, la identidad de género, la situación administrativa… que dificultan su participación igualitaria. Es un hecho que hay una representación de mujeres que no tienen peso en las instituciones ni en los espacios de toma de decisiones políticas, y cuando lo tiene suele aparecer un hombre sobrevolando para usurpar el protagonismo a la mujer o tutelarla. En consecuencia, muchos de los intereses, necesidades y deseos de las mujeres en la acción política suelen quedar fuera de las agendas, no se abordan seriamente en las contiendas electorales y mucho menos influyen de forma determinante en las líneas de gobierno. Cuando las mujeres hacen escuchar sus voces en la vida pública para defender esos intereses encuentran que sus adversarios se convierten en enemigos y sus cuerpos y los de su gente cercana sirven de diana para ataques cargados de machismo y clasismo.

La violencia política por razón de género tiene la misma lógica que la violencia de género en cualquier esfera de la vida privada o pública. Es decir, es un mecanismo de control y de ejercicio de poder sobre la libertad y autonomía de las mujeres. La violencia política de género busca disciplinar a las mujeres que desafían el orden de las cosas y disuadir a las que encentren inspiración en ellas. En el Estado español, la violencia política de género es un tema insuficientemente abordado. Sin embargo, en el escenario actual de continuo ascenso electoral de la extrema derecha y aumento del negacionismo de derechos humanos entre la opinión pública, es necesario que desde los feminismos y movimientos sociales se tome conciencia de que esta manifestación de la violencia machista está rompiendo demasiados diques de contención contra la retórica fascista. Hay una parte de crítica descarnada hacia Irene Montero y de persecución mediática hacia su persona que no forma parte de la disputa política ni del debate de ideas, y mucho menos de la investigación periodística.

La violencia machista en la acción política (institucional, profesional o activista) nunca tiene un efecto únicamente individual, su mensaje aleccionador va más allá de sus destinatarias concretas para hablar de las consecuencias negativas que tiene para las mujeres la participación política que no asumen las reglas culturales que garantizan a los hombres el papel protagónico en el debate y la toma de decisiones. Ministras, diputadas, alcaldesas o cargos públicos no son las únicas que sufren violencia en el ejercicio de sus derechos políticos, de su derecho al sufragio pasivo. También mujeres periodistas, escritoras, cantantes, actrices, artistas que se posicionan a favor de la igualdad y la universalidad de los derechos en clave colectiva son perseguidas, insultadas y amenazadas en los espacios de debate público, especialmente en las redes sociales. Y, desde luego, las defensoras de derechos humanos, activistas medioambientales y representantes de movimientos sociales, de mujeres y disidencias sexuales son acosadas por defender públicamente su derecho a gozar de sus derechos de ciudadanía de forma plena y libre, e incluso por acceder a los derechos que ya tienen reconocidos como es el caso de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Nos urge generar conciencia sobre la problemática y el impacto de la violencia política de género.

Por una cultura política feminista

Paradójicamente, la cultura política que se promueve y quiere desde los feminismos tiene que ver con la democratización también de esos cuidados que ahora se tratan de criminalizar con la narrativa de los casos despectivamente llamados de “las niñeras de Irene Montero”. Precisamente, es esa propuesta de cultura política feminista la que busca eliminar la violencia política de género cuando llega a los espacios públicos para (re)conquistarlos y contrarrestar los relatos dominantes. Frente a un modelo cultural político androcéntrico, la cultura política feminista fuera y dentro de las instituciones es capaz formular alternativas al neoliberalismo individualista.

No se trata solo de integrar a mujeres en los hemiciclos, pues ya todas sabemos que también hay mujeres políticas que caen en el mismo razonamiento patriarcal dominante que jerarquiza las relaciones y debilita las luchas. La cultura política feminista es mucho más, es –como dice la frase de la chilena Julieta Kirkwood que se convirtió en el lema del movimiento de mujeres chilenas en la lucha contra la dictadura de Pinochet–: “Democracia en la calle, en la casa y en la cama”.


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