Tu vecina sin papeles y otras vidas expulsadas a los márgenes

Tu vecina sin papeles y otras vidas expulsadas a los márgenes

La campaña Esenciales, impulsada por más de medio millar de organizaciones, tiene como objetivo presentar una Iniciativa Legislativa Popular para llevar a cabo una regularización extraordinaria de personas migrantes sin papeles. Las razones para hacerlo sobran, por ahora lo que faltan son firmas, 500.000 para ser exactas.

30/03/2022

Presentación de la campaña Esenciales el pasado 15 de marzo frente al Congreso de los Diputados a cargo de los portavoces de la campaña: Ximena Zambrana y Lamine Sarr. / Foto: cedida por Esenciales.

En el Estado español hay al menos 500.000 personas migrantes en situación irregular. Son 500.000 personas sin acceso a derechos fundamentales, ni reconocimiento legal o social. 500.000 personas que a pesar de no tener papeles forman parte activa de la sociedad: trabajan, se relacionan, estudian o consumen como cualquier otra. La mayoría de ellas son mujeres y uno de cada cuatro es menor de 25 años. Más de la mitad trabaja en sectores considerados “esenciales”.

¿Quién cuida a tu abuela? ¿Quién te entrega la comida que pediste a casa? ¿Quién recoge las verduras que compras o te sirve la caña en el bar? Los datos nos dicen que el perfil mayoritario que daría respuesta a estas preguntas encaja en la descripción de persona migrante en situación administrativa irregular. Los sectores donde se concentran las tasas más altas de trabajadoras y trabajadores sin papeles son los cuidados, la hostelería y las actividades manufactureras, concentrando los dos primeros a aproximadamente la mitad del total. Además, seguramente es una persona de origen latinoamericano, siete de cada diez vienen de esta región; es mujer, el 59 por ciento lo son y es joven, el 74 por ciento tiene entre 20 y 40 años. Estos son algunos de los datos recogidos en el informe ‘Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles’, publicado recientemente por la Fundación porCausa en el marco de la campaña Esenciales. Esta campaña —que aglutina a más de medio millar de organizaciones del Estado español— tiene como objetivo presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso para llevar a cabo una regularización extraordinaria de personas migrantes sin papeles. Las razones para hacerlo sobran, por ahora lo que faltan son firmas, 500.000 para ser exactas.

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Marina*(nombre ficticio para proteger su identidad) es una de esas 500.000 personas. Llegó desde Honduras hace nueve años y todavía se encuentra en situación irregular. Sin embargo, no ha parado de trabajar desde su llegada, limpiando casas y cuidando a personas dependientes. Su situación siempre ha sido complicada, pero ha empeorado tras la pandemia. “Nadie me quiere hacer un contrato, siempre me dicen ‘uf, qué follón eso, muy complicado’ y bueno ahora aún más porque tras la pandemia he tenido que cambiar las casas donde trabajaba —muchos murieron o se les cambió la situación— y claro es más difícil pedir algo así cuando hay menos confianza y no te conocen tanto”, explica.

En el caso de Marina, y en otros muchos, la precariedad y la incertidumbre se alían en un sistema que se sostiene a costa de la indefensión en la que una persona sin papeles vive. Además de la desprotección y la precariedad económica, se vive el día a día con miedo. El miedo es la razón por la que Marina pide no usar su nombre real. Tiene miedo a que cualquier día todo lo que ha construido durante estos nueve años desaparezca porque la policía la identifique aleatoriamente y la deporten. Un miedo que no solo le afecta a ella, le afecta también a su hija de nueve años, que llegó siendo apenas un bebé y para la cual no existe otra realidad que la que ha construido en Barcelona, donde ambas viven. La realidad de Heidi*, la hija de Marina, es la misma que las de sus compañeras de clase y vecinas: va al colegio, hace los deberes, juega en el parque…Solo hay una diferencia: Heidi como su madre no tiene documentos. Para Heidi esos papeles son algo abstracto, sin más sentido que el que tiene un cuaderno; para su madre, sin embargo, no tenerlos la hace vivir con miedo a que ambas lo pierdan todo. El mismo miedo con el que más de medio millón de personas conviven a diario en España mientras sostienen con su trabajo un sistema para el que no existen.

Los cuidados: abusos y precariedad avalados por la irregularidad

Las mujeres sin papeles son el colectivo más castigado por los abusos y por lo tanto las que más sufren la desprotección. Seis de cada diez migrantes sin papeles en el Estado español son mujeres. Trabajadoras que están sobrerrepresentadas en algunos sectores como el de los cuidados y el trabajo del hogar, donde la explotación laboral o el acoso sexual están a la orden del día. Muchas están sometidas a horarios de hasta 16 horas, sin apenas días de descanso y con salarios muy alejados del mínimo legal establecido. Una de cada tres vivía bajo el umbral de la pobreza en 2019. Este sector, junto al agrario, no forma parte del mismo régimen general de trabajo que ampara al resto de trabajadoras y trabajadores en España y que las excluye, entre otros, de su derecho a paro en caso de desempleo.

En un sector tan precarizado como este, aún incluso teniendo papeles, la desprotección es alarmante. Es el caso de Karla, ex trabajadora del hogar y actual vicepresidenta de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo), que, a pesar de contar con sus documentos desde el año 2005, sufrió abusos en la casa donde trabajaba como interna. “No me dejaban salir nunca con el pretexto de que iba a enfermar a los niños y ellos morirían por mi culpa”, cuenta Karla. Así era como su empleadora justificaba no dejarla salir en su día de descanso durante los tres meses que se prolongó el estado de alarma por la crisis sanitaria en 2020. La situación en la casa donde trabajaba Karla ya era dura antes de la pandemia: jornadas de trabajo de más de 12 horas, vejaciones, desconfianza o la falta absoluta de privacidad eran una constante. Karla explica que durante los casi siete años que trabajó allí aguantó porque necesitaba enviar dinero a Honduras por la enfermedad que sufría su madre y, además, había visto crecer a los niños que cuidaba, “¿cómo no te vas a encariñar?”, se pregunta. “Encontré el acompañamiento de otras compañeras en SEDOAC y al final hallé el valor para irme, la señora no se lo creía”, cuenta ahora orgullosa.

En parte, esta situación en el sector se sostiene porque la mayoría de las empleadas son migrantes en situación irregular lo que fomenta la invisibilización de las condiciones en las que trabajan. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2021, en el Estado español hay 518.000 personas que trabajan en el empleo doméstico, de las que el 88 por ciento son mujeres. En contraposición, de ese total apenas 380.000 están afiliadas a la Seguridad Social. Hablamos así, de una actividad esencial que se desarrolla mayoritariamente de manera informal, lo que implica que todas esas trabajadoras son invisibles para el Estado. Karla ya no se dedica al trabajo del hogar: “Como tenía toda mi documentación en regla pude estudiar, dejé el empleo del hogar y ahora trabajo como cocinera profesional en una residencia de ancianos. Antes cuidaba a las reliquias jóvenes de España [los niños y las niñas] y ahora cuido a las reliquias mayores”, cuenta sonriendo. España continúa sin ratificar el convenio 189 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece estándares internacionales de protección y pone a disposición de los países principios básicos, medidas y recomendaciones para la promoción del trabajo decente en el sector de los cuidados y el trabajo del hogar. Miles de empleadas como Karla siguen esperando que su trabajo se reconozca como cualquier otro, sin más.

Infancia en riesgo: la irregularidad como factor de exclusión y pobreza infantil

Elisa* tiene tres hijos: Daniel* de ocho años, Isabel* de seis y Cristina* de tres. Hace cinco años que viven en el Estado español y llevan más de dos esperando sus documentos. Elisa, de origen hondureño, es limpiadora del hogar eventual, sin contrato. No puede trabajar mucho porque su hija Isabel tiene una discapacidad y es dependiente. También cuida a la pequeña Cristina, que comenzó a ir a la guardería, pero cuando les rechazaron la ayuda tuvo que sacarla porque no podían permitirse el pago. “¿Cómo voy a encontrar trabajo si tengo que cuidar a una persona dependiente? No podemos pagar por ese tipo de atención o pagar 300 euros por la guardería”, explica.

Del medio millón de personas que viven sin documentación, casi 150.000 son niñas y niños. Aproximadamente la mitad tiene menos de 10 años y casi un 40 por ciento menos de cinco, unas 55.000. La irregularidad pone en riesgo derechos de protección a la infancia fundamentales, reconocidos por legislación nacional e internacional, como el acceso a educación, salud, vivienda digna o justicia. Sin documentos, por ejemplo, no pueden acceder a realizar exámenes oficiales, obtener certificaciones o becas de estudios. Se complica también participar con normalidad en actividades extraescolares o el acceso al sistema de educación no obligatoria (preinfantil, universidades o formación profesional).

Elisa cree que todo es más complicado por no tener papeles, “con ellos creo que tendría más oportunidad de encontrar un trabajo mejor y poder permitirme la guardería para Cristina o los cuidados que necesita Isabel por su enfermedad”, afirma. Lo sabe además por experiencia. Hace un año los cinco miembros de esta familia vivían en una sola habitación de un piso compartido. El padre, trabajador de la construcción, consiguió regularizar su situación hace unos meses y ahora pueden alquilar una casa que aunque modesta les permite tener un espacio digno donde vivir. Tener sus documentos, permitió al padre obtener un contrato de trabajo y mejorar sus condiciones laborales y, por primera vez desde que llegaron a España, pueden alquilar una vivienda entera y no una habitación. La irregularidad es un factor determinante de vulnerabilidad y exclusión social para las familias en esta situación. El riesgo de pobreza extrema en un hogar migrante con menores a cargo es de un 60 por ciento, mientras que en uno español es del 20 por ciento.

Del reparto a domicilio al sector sanitario: el peso de la irregularidad está en todas partes

Rayrinne es médica y llegó de República Dominicana en 2014 como estudiante de máster con una beca en la Universidad de Sevilla. No entraba en sus planes iniciales, pero al terminar sus estudios decidió quedarse e intentar abrirse camino vital y profesional aquí. Llevó a cabo el proceso de homologación de su título universitario y se preparó para presentarse al MIR. Es en ese momento cuando se siente por primera vez discriminada por su condición de migrante, “sólo el cuatro por ciento de las plazas se destinan a personas extranjeras lo que reduce muchísimo las posibilidades de obtener una plaza en un examen tan competitivo como este”, explica. Comenzó entonces el proceso para cambiar su estatus migratorio y conseguir un permiso de trabajo que le permita poder presentarse al examen en igualdad de condiciones y trabajar. Mientras la respuesta a su solicitud llegaba, Rayrinne trabajó como profesional sanitaria, alternando permisos de excepción para trabajar como médica de familia en el sistema de salud público. Meses después le denegaron su solicitud sin una causa justificada, “tenía la homologación de mi título y la preparación aquí, pero con el tiempo me di cuenta que no iba a suceder. Había trabajado para el sistema de salud andaluz y tenía una oferta de trabajo en firme de una clínica en el ámbito privado y aún así me denegaron el permiso de trabajo”. Tras años en este proceso, la regularización de su situación llegó por una vía que no esperaba: el matrimonio. Ahora Rayrinne trabaja como médica de familia, aprobó el MIR y espera la asignación de plaza.

 

Samuel, de origen venezolano, es fotógrafo y aunque llegó a España ya en situación regular -tiene pasaporte italiano- trabajó como rider durante casi un año. El reparto a domicilio ha crecido en los últimos años tanto en volumen como en precariedad. Es otro de los sectores con abundante mano de obra migrante y altas tasas de irregularidad. La mayoría de las compañeras y compañeros de Samuel no tenían documentos. “Si no tienes papeles tienes que subalquilar la cuenta a otra persona, ya solo con eso estás perdiendo mínimo un 30 por ciento de tus ingresos, a eso súmale que no tienes seguro y si te pasa algo mientras trabajas estás completamente indefenso, sin cobertura de ningún tipo porque para el sistema no existes, aunque trabajes en él”, explica. “Te sientes muy solo, indefenso, si pierdes el trabajo te quedas sin ingresos, sin paro, no te queda nada”, cuenta Samuel, cuya situación se siente como una rara excepción.

La regularización extraordinaria es una herramienta no es la solución

Una regularización extraordinaria de migrantes en el Estado español permitiría a personas como Karla, Marina o Elisa vivir en las mismas condiciones que cualquiera de sus vecinas y vecinos. Unas condiciones de reconocimiento y protección que no tienen nada de extraordinario. “Tener papeles cambia todo, puedes tener una cuenta bancaria, alquilar una casa, optar a más trabajos o tener un seguro. Suena a poco, porque son cosas que damos por sentado, pero es muchísimo. Sin ello tu vida se vuelve mucho más compleja, a lo que hay que sumar las dificultades que de por sí migrar implica a nivel emocional y vital”, resume Samuel, cuya experiencia le ha llevado a vivir de cerca cómo tener o no papeles marca la diferencia en cosas que la mayoría de la población damos por sentado.

Las razones para una regularización abundan: nos beneficia a todas como sociedad y ya se ha hecho antes. Como explica Karla: “Hasta que todos tengamos nuestros documentos hay medio millón de ideas perdidas en España. Podemos aportar mucho pero cuando no tienes papeles siempre acabas en lo mismo, no te dejan evolucionar”. Son personas, ideas y proyectos que aportan social y económicamente, creando sociedades más prósperas y mejores para todas. Sin embargo, en este proceso no podemos perder de vista que tener que llevar a cabo una regularización extraordinaria es en realidad un fracaso y pone de manifiesto un problema que existe como consecuencia de un sistema y una ley de extranjería que criminaliza y excluye a las personas que que migran según su origen o poder adquisitivo. El objetivo final es cambiar ese sistema, pero mientras llega debemos asegurarnos que nuestras vecinas viven bajo las mismas condiciones que nosotras. Y recuerda, es justicia social, no caridad.


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