Los fondos de Europa ignoran la agenda feminista

Los fondos de Europa ignoran la agenda feminista

El rescate NextGenerationEU pretende reconstruir las secuelas que deja la Covid-19. Europa dispone, los Estados y las comunidades autónomas proponen mientras las alianzas público-privadas ejecutan. Una revisión del encaje que tienen las propuestas feministas en este esquema multinivel de recuperación económica.

Texto: J. Marcos
07/07/2021

La ciudadanía superó aquella crisis a base de apretarse el cinturón. Avanzaba la primera década del siglo XXI cuando, (con)vencida por insistencia de haber vivido por encima de sus posibilidades, la población tuvo que asumir los recortes y la austeridad impuestos por la troika. Para solventar la emergencia social surgida tras el estallido mundial de la burbuja inmobiliaria en 2008, el entonces afamado tridente formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional aprobó en 2011 una inyección de hasta 100.000 millones de euros en la banca española. El Ejecutivo del PP se negó a llamar ‘rescate’ a lo que, dijeron, era un “préstamo en condiciones muy favorables”. Pero con el paso de los meses, el Estado se hizo otoño y comenzaron a caérsele las hojas: congelación de las pensiones, reducciones de plantilla, recortes en las prestaciones, merma de salarios, suspensión de pagos, aumento masivo del desempleo… “Las mujeres salimos más pobres, más precarias y más desiguales”, recuerda la politóloga Laura Gómez.

La ciudadanía todavía no sabe ni cómo superar esta crisis. Avanza la segunda década del siglo XXI cuando, mermada y precarizada por las secuelas de la sindemia, la población mira de reojo los fondos europeos de recuperación. Para solventar la emergencia social surgida tras el coronavirus desde finales de 2019, la Comisión Europea primero suspendió temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, permitiendo a los Estados poder endeudarse sin límites y, semanas después, puso en marcha la reconstrucción NextGenerationEU (NGEU), a razón de 750.000 millones de euros. Ahora sí se habla abiertamente de ‘rescate’ y el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos aspira a conseguir el 20 por ciento del pastel total europeo que le corresponde a España, es decir, hasta 140.000 millones de euros, 72.000 a fondo perdido y 68.000 como préstamos reembolsables, si bien la idea inicial es recurrir únicamente a los primeros. Con el paso de los meses, el Estado abonará un determinado tipo de terreno. “¿Se va a apostar por una aplicación de estos fondos en la misma línea que la vez anterior? Porque entonces estamos listos”, se pregunta de forma retórica la feminista Justa Montero.

La troika ya no aparece en las crónicas y el vocabulario también se ha renovado bajo un relato construido con eslóganes ecológicos y de sostenibilidad. Más allá de su formulación, ¿servirán estos fondos para introducir cambios transformadores?, ¿son una oportunidad para tejer caminos hacia otro modelo, concretamente para respaldar y aplicar las reivindicaciones feministas? “Es un poco difícil dar mucho detalle porque hasta ahora el rol de la sociedad civil y su participación ha sido nula. De hecho, una de las principales críticas es la falta de transparencia y de espacios de participación o consulta”, anticipa desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid Isabel Iparraguirre, que participa en el grupo de género del Consejo de Cooperación al Desarrollo, un órgano consultivo de la Administración estatal desde el que se está siguiendo el tema.

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El marco general de la UE: sin condicionalidad de género

Lo que se sabe es que la NGEU está oficialmente formulada para reparar los daños económicos inmediatos causados por la Covid-19. Se trata de eurobonos emitidos directamente por la Unión Europea o, dicho de otra forma, de una deuda pública respaldada directamente por los presupuestos comunitarios e indirectamente por la solvencia de los Estados miembros, un extremo hasta ahora imposible por la resistencia que habían mostrado países como Alemania frente a esa responsabilidad colectiva. La Comisión Europea es por tanto la institución que ha propuesto los criterios y la que controlará el reparto final. El objetivo declarado pasa por la bautizada como “modernización verde y digital de la economía productiva”. Formalmente, la Comisión exige “no causar daños significativos” al medio ambiente y obliga además a que un mínimo del 37 por ciento de las inversiones y reformas contribuyan a la neutralidad climática, el 20 por ciento a la transición digital y el 10 por ciento a la biodiversidad.

Experta en políticas de igualdad y participación ciudadana, Gómez se detiene en este punto y aparte para analizar tres aspectos que evidencian que “se ha perdido la oportunidad para impulsar una agenda feminista”. Primero, porque los fondos no establecen como condición de acceso la incorporación de la perspectiva de género. Esta ausencia de condicionalidad deja la puerta abierta a que “gobiernos iliberales” [forma de gobierno a caballo entre la democracia liberal conservadora y un régimen autoritario con políticas misóginas y contra las personas LGTBI] desplieguen en Europa “una agenda antifeminista que atropella los derechos de las mujeres y colectivos LGTBI”. Si eso pasa, “les estaremos financiando con dinero público europeo su agenda misógina y homófoba”, indica la politóloga, poniendo como ejemplo a Polonia y a Hungría. En tercer lugar, denuncia que, al enfocar las inversiones en la transición verde y digital, “se obvia que las mujeres están infrarrepresentadas en las llamadas ‘economía medioambiental’ y ‘economía digital’ y que, por tanto, se les está sentenciando a una exclusión que agravará su precariedad vital y aumentará las desigualdades de género”.

 

El plan estatal: de las buenas intenciones a la escasa profundidad

Una vez establecido el árbitro y la institución responsable de repartir estas ayudas, los Gobiernos se tuvieron que dirigir a la Comisión para justificar sus respectivas propuestas. Así que, perdida la oportunidad de haber establecido un marco europeo feminista, la pelota quedó en manos de los respectivos Estados miembros.

El planteamiento que llevó el presidente Pedro Sánchez a Bruselas fue el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España puede’, que sí reconoce la igualdad de género y la igualdad de oportunidades como “dos ejes centrales, con el fin de compensar el impacto diferencial de la pandemia y lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible desde el punto de vista social”. En concreto, la “nueva economía de los cuidados y políticas de empleo” es una de las diez políticas palanca sobre las que se aúpa la iniciativa; tiene asignado el siete por ciento del presupuesto y consta de dos componentes (de un total de 30) para su articulación: un plan de choque para la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión (2.492 millones de euros) y nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo (2.363 millones). Además, la lucha para reducir la brecha de género parece de forma transversal a lo largo del texto.

Revisados los titulares, las negritas, las gráficas y los colores que nutren las más de 200 páginas del ‘España puede’, llega el momento de sumergirse en su letra pequeña. Y ahí las reivindicaciones feministas parecen ser ignoradas. Así lo explica Iparraguirre: “Para empezar, no utiliza el lenguaje inclusivo, hay grandes ausentes de la agenda feminista y el enfoque de género no está bien transversalizado. Es cierto que sí recoge cuestiones y reivindicaciones como la educación de 0 a 3 años, la de los cuidados, la pobreza energética y el alquiler social, pero no incorpora medidas y políticas con la suficiente profundidad y con el suficiente potencial transformador, dejando fuera muchas cuestiones clave. Hay muchos temas que ni se mencionan: violencia contra las mujeres, salud, derechos sexuales y reproductivos, servicios públicos, etcétera”.

Los proyectos autonómicos: opacidad y ausencia de debate

Con estas directrices europeas y estatales sobre la mesa, fueron los gobiernos autonómicos y los ministerios los encargados a principios de año de proponer las acciones concretas que pretendían financiar. ¿Cuáles? “La falta de participación ciudadana ha sido absoluta y, en muchos casos, la desinformación también. Salvo algunos casos en los que se han publicado planes (siempre una vez presentados), en el resto se conocen algunas informaciones parciales o de proyectos únicamente por la prensa”, se lee en la ‘Guía NextGenerationEU: más sombras que luces’, elaborada por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción. Este documento hace un paneo de todas esas migajas que se han ido conociendo: “La mayoría son de infraestructuras y de reforma, promueven el hidrógeno, la digitalización de las redes eléctricas, los parques eólicos y fotovoltaicos, el AVE, la extensión del 5G, la digitalización de las empresas, las gigafactorías de baterías y la movilidad inteligente”.

La opacidad con la que hasta ahora se han manejado los fondos europeos de rescate es una de las claves en la que coinciden las expertas y los documentos consultados para este análisis. “Hay mucha retórica, pero muy poca transparencia y la información no es clara. Así es muy difícil intervenir”, lamenta Montero, integrante de la Asamblea feminista de Madrid, donde quieren establecer una línea de trabajo al respecto.

Experta en políticas de igualdad y participación ciudadana, Laura Gómez traslada estas carencias a la posterior gestión de los fondos: “Es un enorme desafío para unos Estados adelgazados por los recortes, con profundos e históricos sesgos de género, clase y raza, y escasos mecanismos de participación ciudadana no tradicionales. Los cambios sociales que quieran transitar en claves emancipadoras no pueden hacerse para la gente sin la gente. Y para eso, el diseño y la gestión debería haberse hecho y hacerse con un mayor esfuerzo participativo”. Con las comunidades autónomas jugando un papel fundamental en la gestión de la recuperación NGEU, entiende que “esto exige un esfuerzo de coordinación interinstitucional ingente”, si bien confía en que se vayan desarrollando dichos mecanismos, como la existente mesa de diálogo social con los sindicatos y las patronales.

Los beneficiaros: grandes empresas y privatizaciones encubiertas

El dinero de la NextGenerationEU no recalará directamente en las comunidades autónomas, sino que serán los diferentes ministerios los que trabajen con estas y también con las empresas involucradas para su ejecución. Porque, para acceder a los fondos, el Ejecutivo ha abierto unas “ventanillas informales”, como las denominan las consultoras, por las que se han asomado con asiduidad Endesa, Iberdrola, Naturgy, ACS, Inditex, Repsol o El Corte Inglés, entre otras corporaciones. La guía de Ecologistas Acción, el ODG y OMAL denuncia el lavado de cara verde (greenwashing) que esconden “la mayoría” de estas propuestas de “grandes dimensiones. Muchos de ellos son proyectos antiguos que han salido del cajón de los no financiados por la crisis anterior”. Y cita un ejemplo muy visual: solamente las presentadas por Endesa e Iberdrola supondrían uno de cada dos euros del monto total que le corresponde al Estado español. Resalta asimismo la “evidente y enorme asimetría de oportunidades” a la hora de presentar ideas a la que se han enfrentado colectivos sociales como los feministas que, “en muchos casos, son los realmente transformadores, resilientes y con impactos sociales, de género y ecológicos”.

Este desequilibrio no es casual, aclaran desde la Alianza por la Solidaridad-ActionAid, pues el foco del ‘España puede’ está puesto en las alianzas público-privadas. La activista feminista Justa Montero hace un análisis político al respecto: “Cuando se habla de colaboración público-privada, lo que significa es una privatización encubierta de lo público. Y sabemos lo que significa: limitándome al ámbito exclusivo de los trabajos de cuidados, hemos visto el efecto en las vidas de las personas cuando la mayoría de las residencias están privatizadas”. Se confiesa “muy preocupada” por lo que viene establecido en el plan estatal y recuerda que “la apuesta del feminismo sería justo la contraria: reformas estructurales para reforzar todo lo que son los servicios públicos imprescindibles”.

Lo que se espera (recortes) y lo que se reivindica

Los fondos de rescate europeos no terminarán una vez ejecutadas las acciones concretas. La UE tiene que devolver la deuda mutualizada a los mercados financieros. “Por lo tanto, deberá haber percibido ese dinero de los Estados y la vía de recaudación más probable, según lo que pasó tras el crash global de 2008, es la aplicación de reformas y la puesta en marcha de medidas de austeridad. En este sentido, los fondos europeos no son gratuitos, vienen con condiciones”, afirman las entidades que han elaborado la ‘Guía NextGenerationEU: más sombras que luces’.

El segundo párrafo de este análisis había dejado temporalmente suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, autorizando un endeudamiento sin límite de los Estados. La Comisión se ha comprometido a alargar esta situación el tiempo que sea necesario, pero en su mano está reactivarlo en cualquier momento, lo que podría suceder en 2023, según las últimas manifestaciones públicas oficiales. “Con la anterior crisis se benefició fundamentalmente a las grandes empresas, suponiendo recortes sociales y de derechos brutales. Tenemos que estar muy alerta”, avisa Montero, quien lanza una segunda advertencia: “A ver si con estos fondos se cubren cosas que tendrían que incluirse en el presupuesto general. Hay que acometer realmente el cambio que se necesita y que tanto la crisis de 2008 como esta han puesto en evidencia”.

¿Y entonces qué? ¿Hay margen para una enmienda a la totalidad de los fondos? ¿Es suficiente con reformularlos? Isabel Iparraguirre considera “importante” contar con el respaldo europeo, pero pide “revisar y modificar algunos elementos clave”, como los repartos de los cuidados, las relaciones de poder, los distintos modelos de familia y los servicios públicos y los derechos de las trabajadoras del hogar. “Las mujeres, imprescindibles en la recuperación post-Covid”, titula uno de sus comunicados públicos Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

La politóloga Gómez cierra el debate desde una perspectiva práctica: “En este momento los fondos ya no se pueden reformular. Son lo que son y no lo que nos gustaría que fueran. Dado este marco, prefiero mirar la grieta abierta que dejan y el uso más virtuoso que puede hacerse de ellos en algunos gobiernos del espacio progresista”. Se agarra a que temporalmente “permiten el bloqueo de la ortodoxia neoliberal que aparca la regla del gasto” y a que permiten “el retorno tímido al papel protector, regulador y redistribuidor del Estado”. Y considera que su alcance transformador está vinculado a la voluntad real tanto social (“dependerá de la fuerza de las demandas feministas en la calle”) como al grado de compromiso de los respectivos Gobiernos.

Este contenido ha sido publicado originalmente en el monográfico de Economía feminista, que puedes comprar en nuestra tienda online.
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