Derecho a moverse, derecho a quedarse

Derecho a moverse, derecho a quedarse

Cada vez va cobrando más fuerza en el movimiento feminista la necesidad de hacer que la lucha sea interseccional que mujeres migradas y racializadas organizadas llevan años reivindicando. Ponemos el foco en las leyes de extranjería y de asilo para situar en el centro del debate feminista las violencias racistas que sufren miles de compañeras en el Estado español.

Texto: Andrea Liba
Imagen: J. Marcos

Portada del monográfico de violencias machistas con un pasaporte. / Foto: J. Marcos

07/07/2021
Portada del monográfico de violencias machistas con un pasaporte.

Portada del monográfico de violencias machistas con un pasaporte. 

Desde los movimientos feministas, más y menos institucionales, más y menos autogestionados y autónomos, existe una lucha constante por la mejora, la adecuación y la actualización de la legislación en materia de violencias machistas. Las leyes españolas de violencia de género son insuficientes, tienen carencias que hay que resolver cuanto antes y algunas podrían considerarse directamente obsoletas. Colectivos de mujeres racializadas y migradas denuncian toda una serie de violencias que particularmente les atraviesan y advierten de la necesidad de poner el foco en otras leyes que también son fuente de violencia hacia las mujeres y de vulneración de derechos. “No podemos caer en el error de presuponer la homogeneidad y de dar por hecho que la situación de las mujeres blancas, autóctonas, profesionales y de clase media es la universal”, escribe Carmen Juares en el libro Feminismos. Miradas desde la diversidad. “No tiene sentido que destinemos toda la energía a promulgar solo leyes de violencia machista cuando hay muchas otras leyes que tienen incidencia directa en los derechos de las mujeres y son fuente directa de violencia, como la ley de extranjería o las leyes mordaza”, ha dicho por su parte en alguna ocasión la abogada penalista Laia Serra.

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La ley de extranjería vigente en el Estado español nació en 1985 y fue modificada por última vez en 2009. Ya entonces, Amecopress contaba que, según organizaciones como CEAR, Cáritas y Red Acoge, la ley “mantiene los recortes en el derecho a la reagrupación y somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género, así como el incremento de las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, que pueden llevar a su detención, internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días”. Pilar Luque, abogada de la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC), decía en eldiario.es que la ley “parte de la idea de la necesidad de regular los flujos migratorios ante el cambio social que se estaba produciendo en España” y que, desde 2004, “los cambios introducidos lo que han hecho es limitar y restringir, aún más, los derechos de los inmigrantes. Hoy por hoy, no podemos hablar de personas migrantes como ciudadanos de pleno derecho”. “Las políticas migratorias no pueden estar al margen de los derechos humanos, hay que asegurar su universalidad. Todas las personas que llegan a un nuevo país deben tener todos los derechos que son inherentes a la condición de ciudadano sin vincularse a la nacionalidad”, concluía la abogada.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que impulsará un “cambio de modelo” de la ley de extranjería para “fortalecer las vías de acceso legal” a España, con el objetivo de flexibilizar las vías de entrada a través del mercado laboral. Según cuenta eldiario.es, con este enfoque, Escrivá reconocía que, “actualmente, la vía de regularización considerada ‘extraordinaria’, aquella que permite obtener la residencia demostrando el arraigo tras permanecer tres años en el país de manera irregular, se ha convertido en ‘la ordinaria’ y propone la flexibilización de los criterios en la concesión de las autorizaciones de extranjería”. Pero el movimiento feminista es mucho más contundente.

La Comisión 8M de Madrid ha publicado un documento de reivindicaciones y razones que expone con detalle, a través de varios ejes, qué es lo que quiere el movimiento feminista. Escriben que “existen fronteras interiores construidas a través del colonialismo, el racismo, la islamofobia, el antigitanismo, la aporofobia y el capitalismo, que con una interpretación excluyente de la ciudadanía, nos discriminan impunemente mediante la ley de extranjería, sin respetar los derechos humanos ni la libre circulación”. También hablan de las fronteras exteriores, que “están construidas sobre el gueto del bienestar eurocéntrico, que se apoya en el expolio de los pueblos del Sur Global produciendo situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales insostenibles que generan los muchos motivos que nos obligan a migrar”. Y, frente a ello, exigen, entre otras cosas, la “derogación inmediata de la Directiva Europea de Retorno, la ley de extranjería y todos los instrumentos jurídicos que impiden el derecho legítimo a migrar y a encontrar refugio en un territorio seguro”; terminar con la “impunidad y la violencia policial a la que están sometidas las mujeres porteadoras en Ceuta y Melilla”; que se ponga fin a las devoluciones en caliente y los vuelos de deportación, que se haga efectiva la ley de asilo “dotándola de presupuesto para garantizar protocolos de atención especialmente a menores, mujeres embarazadas, lactantes, mujeres víctimas de violencias machistas y de trata y personas LGTBI”; garantizar los derechos de los menores no acompañados; y que se cierren inmediatamente todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).

Patricia Bárcena es directora de CEAR-Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado, donde trabajan con las personas solicitantes de protección desde que llegan. Procesos que pueden durar entre 12 y 18 meses. ¿Qué pasa cuando el Ministerio del Interior dice finalmente que no concede el asilo? “Que la persona ya no es solicitante internacional de asilo sino una persona extranjera en situación irregular, al margen de que se pueda recurrir esa resolución. Y entonces le sería de aplicación la ley de extranjería”, expone Bárcena. En CEAR-Euskadi no están de acuerdo con la ley: “Es restrictiva porque impide el acceso de determinado colectivos y en general no promueve la igualdad”. o que dicen desde esta organización es que “sigue habiendo espacios en la legislación que dan lugar a la impunidad, a que se puedan vulnerar los derechos de algunas personas o a que se les coloque permanentemente en una situación de inferioridad y de subordinación jurídica que les convierte en no ciudadanos o en ciudadanos de segunda”.

Tras un trabajo conjunto con grupos políticos, CEAR propició que se aprobara la ley de asilo de 2009 en España que “recogía, además de los supuestos de la Convención de Ginebra de 1951, el género y la orientación sexual como causa de persecución”. Pero una cosa es que se recoja en la legislación que “las mujeres pueden ser perseguidas y sufrir violencias específicas y otra es que le reconozcas la protección. Hay que pasar de la ley a la práctica y queda mucho por hacer. Por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual todavía está siendo poco reconocida, quizá porque tiene más matices”, destaca Patricia Bárcena.

Para quien migra, cárcel

Un CIE es un “centro público donde se retiene de manera cautelar a personas extranjeras que están a la espera de que se resuelva su expediente de expulsión del territorio nacional”. Así lo explica la abogada y activista por los derechos humanos Pastora Filigrana en CTXT. No es una cárcel, en teoría, aunque curiosamente muchos de los centros han sido habilitados en antiguas prisiones. Patricia Bárcena explica lo que puede parecer una obviedad: “Los CIEs son centros de internamiento e internamiento implica que estás privado de libertad”. No se trata de centros dedicados a facilitar la regularización, sino que “el objetivo es la expulsión -cuenta Bárcena-. En los CIEs entran quienes son encontrados en situación irregular en algún sitio del territorio español y quienes son arrestados en las fronteras de Ceuta y Melilla y que no se les ha podido hacer una devolución en caliente”. Explica FIligrana que “su función es sembrar el miedo y precarizar aún más las condiciones de vida de la población inmigrante irregular”. “Son muchos los criterios jurídicos que sostienen la inconstitucionalidad de estos centros pues nuestro ordenamiento jurídico no permite la privación de libertad por meras sanciones administrativas como lo es el hecho de ‘no tener papeles’”, escribía también.

En 2018 se produjeron 63.054 entradas irregulares al Estado español, según datos del Defensor del Pueblo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Se expulsó a 8.286 personas, se llevaron a cabo 11.384 repatriaciones y 50.263 devoluciones, y se encerró en CIEs a 7.855 personas. De las 63.054 entradas, solo 1.776 lograron presentar solicitud de asilo o de protección y solo 543 fueron admitidas a trámite, independientemente de que luego la resolución fuera positiva o negativa. La mayoría de estas personas fueron internadas a partir de la detención en la frontera; el segundo motivo de de detención fue por petición de documentación en espacios públicos. En el Estado español hay abiertos y activos siete CIEs, según confirman fuentes de Ministerio del Interior.

Vulneración de derechos

Celdas, abuso y tortura policial, hacinamiento, malas condiciones de salubridad, ausencia regular de atención médica, visitas bajo vigilancia extrema, separación de madres y padres de sus criaturas, maltrato y vejaciones, indefensión judicial y un largo etcétera de situaciones se han dado dentro de los CIEs gracias a la opacidad que rodea a la gestión de los mismos. A partir de visitas realizadas a CIEs entre 2014 y 2017, SOS Racismo Madrid elaboró un informe recogiendo estos sucesos dentro de los centros. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) también reflejó en un informe que en algunos CIEs las personas internas denunciaban vulneraciones de derechos: incomunicación, deficiencias en los servicios de interpretación, intimidación, maltrato verbal y físico, atención médica deficiente, falta de información jurídica. También el MNP 2018 señalaba que, en los cinco CIEs visitados no se remitían los partes de lesiones al juzgado por servicio médico; no había material de ocio, lectura y deporte; no estaba garantizado el derecho a la intimidad; no se proporcionaba información sobre violencias machistas o derechos humanos, la ropa y el calzado a quienes no disponían de ello no estaba del todo garantizado y los servicios de asistencia social eran deficientes, entre otras cosas.

Por su parte, Women’s Link Worldwide estudió en 2012 la situación específica de las mujeres dentro de los CIEs. Algunas mujeres cuentan que fueron interceptadas por la policía cuando venían en patera huyendo de contextos de guerra, y que se les hizo firmar unos papeles cuyo contenido desconocían. Otras relatan violencia verbal continuada por parte de la policía, o incomprensión de su situación: algunas estaban en centros de acogida, realizando cursos de formación profesional y aprendiendo castellano cuando, de repente, las trasladaron a un CIE. En general, las mujeres entrevistadas cuentan, sobre todo, que no se encuentran bien de salud y que se sienten desprotegidas. Pastora Filigrana reflexiona que “la ley solo otorga derechos de ciudadanía a quienes tienen un contrato de trabajo, condenado a la exclusión al resto” y que, aun trabajando, “muchas personas inmigrantes no son regularizadas por la estrechez de los requisitos administrativos, que parecen buscar más que estas personas se queden trabajando en un limbo jurídico que verdaderamente puedan regular su situación”. Y recuerda los permisos temporales de las trabajadoras marroquíes de la fresa y a las trabajadoras domésticas sin permiso de residencia: “Evidencian que las mujeres inmigrantes están creando riqueza y realizando los trabajos más penosos sin que exista una voluntad política de ser reconocidas como sujetos de derecho”.

 

El movimiento feminista exige la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIEs, el fin de las redadas racistas y de los vuelos de deportación, la regulación del trabajo doméstico, que en muchos casos es realizado por mujeres, la despenalización de la venta ambulante, las penalizaciones a las personas propietarias de viviendas que nieguen el alquiler a personas migrantes, facilidades para el empadronamiento y garantía de acceso a la vivienda. Cada vez se hace más latente la presencia de un discurso y una práctica feminista que reclama una mirada interseccional, que el feminismo sea una lucha contra todas las formas de opresión. En el libro Feminismos. Miradas desde la diversidad, de Pikara Magazine, la integradora social y activista hondureña Carmen Juares escribe sobre su experiencia personal. Recuerda cómo la ley de extranjería “injusta y racista” no le dejó “más alternativa que la de trabajar de cuidadora interna en una casa a cargo de una señora mayor” como única forma viable de mantenerse. Y señala algunos desencuentros con el feminismo blanco: “Entre las que trabajamos como cuidadoras abundan los episodios en los que la mujer blanca que te ha contratado te cuenta lo satisfecha que se siente de ser feminista, de poder tener toda esa libertad, de viajar, relacionarse, realizar trabajos interesantes, de cómo ha evolucionado la sociedad… Y te lo dicen a ti, que trabajas encerrada, que no tienes tiempo libre, que echas de menos a tu familia y que en tu día de descanso no sales ni de tu ciudad por temor a que te pidan los papeles. Mujeres que te contratan en condiciones de explotación y que establecen, de puertas adentro, relaciones de poder basadas en el abuso y en una mirada colonialista. Mujeres que se sienten emancipadas, pero que lo son a costa de tu encierro. Que te hablan sobre feminismo como si fuera algo que no tuviera absolutamente nada que ver contigo”, relata.

Señalando situaciones de explotación laboral a mujeres migradas como las kellys o las mujeres recogedoras de la fresa en Huelva, y denunciando las múltiples violencias que emanan de la legislación racista vigente, Juares anima a avanzar desde la diversidad: no es posible apostar por un feminismo solo para una parte de las mujeres y abstraer el género del origen, de la racialización y de la clase social. Solamente podremos avanzar juntas si asimilamos este principio y planteamos luchas que asuman, partan y se construyan a través de nuestra diversidad. Si profundizamos en espacios de entendimiento, conectamos con otros movimientos de emancipación y apostamos por alianzas insólitas, aunque supongan el salir de nuestra personal zona de confort”, explica. Y, además de garantizar la vida digna de las personas que ya residen en el Estado español, ¿qué habría que hacer con las fronteras? ¿Cómo deberían gestionarse los movimientos migratorios? Eduardo Romero, del Colectivo Cambalache, justamente escribió junto con otros compañeros Qué hacemos con las fronteras, donde se reflexionaba sobre ello. En un contexto en el que lo que se reivindica es la libertad de movilidad de todo el mundo sin restricciones, “la ley de extranjería no tiene lugar”, dice Romero. Aun así, explica que no tienen “especial fascinación por la movilidad humana”, que no “idealizan el éxodo”. “Los niveles actuales de movilidad humana son absolutamente insostenibles, explica, en términos ecológicos, antropológicos, culturales… Que 1.400 millones de personas se paseen en pantalón corto por todo el mundo ejerciendo el turismo colonial es insostenible, así como la migración forzada, y no nos parece deseable. No se puede hablar de migración solo hablando de migración. Cuando defendemos la libre movilidad ilimitada, solemos recordar que el derecho a la movilidad ilimitada incluye el derecho a la permanencia, el derecho a quedarse”, concluye.

Pikara Magazine, periodismo feminista online y en papel
Este contenido ha sido publicado originalmente en el monográfico de Violencias Machistas.
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