“Los tiempos de la justicia no son los tiempos de las víctimas”

“Los tiempos de la justicia no son los tiempos de las víctimas”

Hace diez años, 28 mujeres de Uruguay denunciaron a un centenar agentes de Estado (oficiales, médicos, psicólogos y personal de tropa) por violencia sexual cometida en más de 20 centros de reclusión de todo el país durante la dictadura. Ante la impunidad y la ausencia de condenas, han elevado la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya las ha escuchado. Entrevistamos a dos de las abogadas.

09/06/2021
un grupo de mujeres posa detrás de una mesa de una sala de un tribunal

Varias expresas políticas uruguayas en la audiencia. / Foto cedida

Entre 1973 y 1985 Uruguay atravesó la última dictadura cívico-militar, uno de los períodos más sangrientos de la historia reciente del país. Tras el golpe de estado del 27 de junio de 1973, miles de personas pasaron a vivir en la clandestinidad y otras miles a ser secuestradas, torturadas, desaparecidas y asesinadas. El terrorismo de Estado también ocurrió en los países de la región que trabajaron en conjunto y recibieron el apoyo económico, logístico e ideológico de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Aunque aún no existen cifras exactas, la dictadura uruguaya fue la que contó con más presos políticos en proporción a su población en la región, aproximadamente 31 presos por cada 10.000 habitantes. A lo que se le suman las personas desaparecidas y el exilio masivo de esos años, unas 380.000 personas se fueron del país. Dentro de las cárceles la tortura física y psicológica fue la forma más común de hostigamiento y humillación por parte de las Fuerzas Armadas contra quienes tenían presos de libertad de forma ilegal y en condiciones penosas. Quienes pasaron por eso detallan plantones, colgamientos de extremidades, picana eléctrica, ahogamientos, golpizas brutales y reiteradas, simulacros de fusilamiento, humillaciones, vejámenes y violencia sexual.

suscribete al periodismo feminista

Un día más sin justicia

“El cuerpo de las mujeres fue botín de guerra”, siguen repitiendo las mujeres expresas políticas a 36 años de la vuelta a la democracia en Uruguay. Porque al igual que la tortura física y psicológica, la tortura sexual que se ejerció sobre sus cuerpos, muchas de ellas jóvenes y adolescentes, se hizo de forma sistemática y organizada durante todo el periodo dictatorial. No fueron casos aislados e individuales, lo hicieron de forma generalizada, como una herramienta de tortura para denigrar a las mujeres, una que tiene aspecto de género. Si hay algo que han aprendido las mujeres expresas a lo largo de estos años es que “ellos sabían lo que más le dolía a una mujer”.

La violencia sexual que sufrieron las sobrevivientes tiene que ver con la desnudez forzada, la humillación con connotación sexual, la violación, la amenaza de abuso sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, el acoso sexual, los embarazos y abortos forzados, y el forzamiento de exhibicionismo, entre otras formas. Fueron mujeres que se salieron del deber impuesto de ser mujer: no solo no se adecuaban al rol de mujer de la época como amas de casa y madres, sino que fueron militantes políticas.

Estas mujeres han relatado en muchas oportunidades que fueron violadas por las tropas, pero también por altos mandos de las Fuerzas Armadas; que eran asediadas cuando les “robaban las bombachas [ropa interior] como trofeo” o les levantaban las frazadas mientras dormían; que luego de la violación las sentaban junto a sus parejas; que se masturbaban sobre ellas; y que podían abusarlas hasta dejarla inconscientes.

Las consecuencias de la violencia sexual para las mujeres han sido muy duras. Muchas sienten culpa por lo que vivieron; la imposibilidad de hablarlo con sus familias o parejas por años o, en algunos casos, de llevar una vida sexual plena. Una vez fuera de la cárcel y ya en democracia, fue un mecanismo de sobreviviencia dejar esta etapa de sus vidas de lado y rehacer sus familias y cotidianidades. Hasta que llegó el año 2011 y un grupo de 28 expresas políticas presentó una denuncia ante el Poder Judicial por violencia sexual. Fue la primera denuncia por delitos de lesa humanidad cometidos durante el periodo dictatorial en el país con perspectiva de género, así como la primera en ser presentada por un grupo de mujeres. Algo muy significativo para un contexto histórico con una narrativa fuertemente masculina; desde el final de la dictadura las historias más visibles fueron la de los hombres rehenes.

Más de 60 mujeres se reunieron durante los dos años previos a presentar la denuncia para redactarla. Denunciaron a 100 agentes de Estado (oficiales, médicos, psicólogos y personal de tropa) por violencia sexual cometida en más de 20 centros de reclusión de todo el país. Ya pasaron 10 años desde que presentaron la denuncia y ninguno de los denunciados ha sido condenado (solo el capitán Asencio Lucero, pero por otros delitos, quien admitió su participación en las torturas y ya falleció). Esta causa aún sigue en etapa inicial de presumario, al igual que más del 70 por ciento de las 200 causas activas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Uruguay. La impunidad persiste, es “como si hubiéramos presentado la denuncia anteayer”, han dicho las denunciantes.

Este año elevaron la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la audiencia del 18 de marzo de 2021 relataron que los obstáculos de la Justicia uruguaya son múltiples: “No se impulsan de oficio las investigaciones, se descarta el carácter imprescriptible y de crimen de lesa humanidad de los delitos, y se permiten maniobras dilatorias por parte de los acusados”. Además, durante el proceso las expresas sufrieron estigmatización y revictimización cuando tuvieron que relatar varias veces lo sufrido; fueron sometidas a pericias psiquiátricas en las que debían dar detalles sobre las torturas sexuales; y hasta han sido llevadas por la fuerza a declarar. “La falta de justicia nos llevó a vivir en la misma sociedad que nuestros abusadores”, dijeron. Luz Menéndez, una de las supervivientes, agregó: “En estos años han fallecido tres compañeras que denunciaron con nosotras. El tiempo trascurrido solo agrava el impacto de las violaciones que vivimos y la impunidad. Cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada”.

Flor de María Meza es la abogada que acompaña desde hace once años al grupo de mujeres expresas políticas en la denuncia por violencia sexual contra los agentes del Estado durante la dictadura. Junto con María Noel Leoni, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), fueron sus defensoras en la audiencia ante la CIDH. Pikara Magazine ha conversado con ellas.

¿Cuándo decidieron llevar a la CIDH la denuncia por violencia sexual?

María Noel Leoni (MNL): La denuncia se llevó al nivel internacional cuando no hubo respuesta integral del Estado uruguayo a los reclamos de memoria, verdad y justicia. El Estado tiene la obligación con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a prevenir esas violaciones, y cuando se cometen, a garantizar la reparación y la justicia. Eso es algo que Uruguay no ha logrado en este caso, porque la demora en acceder a la justicia es en sí misma una violación de derechos.

Flor de María Meza (FMM): En 2016 ya habíamos presentado un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. El Comité observó con preocupación la ausencia de mecanismos específicos en el sistema de justicia uruguayo para ofrecer reparaciones y compensaciones a las mujeres víctimas de violencia sexual y otras violaciones de los derechos humanos durante el régimen de facto. Ninguna autoridad tomó cartas en el asunto. Hace diez años que presentamos esta denuncia y no se ha pasado del primer pasito que es el presumario. El tiempo de la justicia no es el tiempo de las víctimas. Tampoco han visto cómo reparar simbólicamente a las denunciantes, ellas siempre reivindican que la reparación tiene que venir de un pedido de perdón del Estado, ni siquiera eso fue tomado en cuenta.

Es la primera denuncia con perspectiva de género para delitos perpetrados en la dictadura y que un grupo de mujeres se presenta ante la justicia para denunciar delitos de lesa humanidad, ¿Cómo impactó en la lucha por la justicia en Uruguay y el continente?

MNL: Es muy importante. La violencia sexual es característica para muchas de las dictaduras en la región, pero en general son los últimos delitos en obtener justicia porque viven en el silencio. Esto muestra lo que significa la violencia sexual en nuestras sociedades, una vulneración muy específica que vivimos las mujeres. Esta denuncia enfrenta, por un lado, los obstáculos al acceso a la justicia y los factores de impunidad que comparte con muchísimas de las denuncias que se han realizado en Uruguay por graves delitos de lesa humanidad, y en este caso se agrega este componente que tiene que ver con la revictimización, la estigmatización y los obstáculos que enfrentan las mujeres para denunciar este tipo de violaciones. No tiene solamente de contraparte a la justicia y al Estado, sino a toda la sociedad. La violencia del pasado es la violencia que enfrentan las mujeres en el presente, que aún tienen obstáculos ante una denuncia por violencia sexual.

FMM: A nivel regional las denunciantes vieron otras experiencias como la argentina, que a mujeres expresas políticas la justicia las escuchó. Argentina tiene 121 sentencias condenatorias sobre casos de violencia sexual durante la dictadura, es el 10 por ciento de las sentencias que tienen condenas. En nuestro país no tenemos ninguna de 150 procesos pendientes de sentencia.

¿Qué opinan sobre la respuesta del Estado uruguayo ante la CIDH?

FMM: Uruguay ha ratificado la gran mayoría, sino todos, de los tratados internacionales de derechos humanos. En el tema judicial tenemos una gran limitante, es uno de los poderes del Estado que nunca rinde cuentas en Uruguay. Eso es importante decirlo, porque todos los poderes del Estado tienen que rendir cuentas, no pueden quedar librados a su parecer para que se manejen sin ningún control. ¿Qué está pasando con la justicia que incumple con sus deberes?

MNL: Creo que es importante que en la audiencia el Estado reconoció la gravedad de las denuncias, y que, en alguna medida, se ha hecho una tarea muy incompleta por parte del Estado. Hasta ahí lo bueno. Luego el Estado se concentró casi exclusivamente en por qué las demoras de la Administración de Justicia. Se excusó diciendo que se deben a maniobras dilatorias de la defensa. La tolerancia del Estado a las demoras es una vulneración de los derechos humanos y la manera que el Estado viola esos derechos por tolerar y no aceptar, eso quedó muy claro en la audiencia. Tampoco se dijo nada sobre la estigmatización y la revictimización que han sufrido las denunciantes en el proceso.

Además de la condena de los agresores, ¿qué reparación buscan las mujeres expresas?

FMM: Las reparaciones en general tienen una primera parte que es la reparación individual a cada una de las sobrevivientes, y otra parte de políticas públicas de prevención, como la garantía de la no repetición. También está la reparación simbólica. Hay que preguntar primero a las víctimas qué es lo que quieren para ser reparadas, pero sin duda tiene que ver con la salud mental, el bienestar, lo que quieren promover y fomentar con la vida que les queda.

MNL: En el derecho internacional, remover los factores estructurales de una sociedad que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, es una forma de reparación. Porque si esos factores no fueran removidos, harían que esa violaciones continuaran. Es una forma de reconocer realmente la responsabilidad que tuvo el Estado en esas violaciones que no tiene solo que ver con el actuar individual de un agente estatal o de un juez o jueza que denegó la justicia. Sino con el hecho de que el Estado tiene la obligación de prevenir, eso se llaman garantías de no repetición.

#Defensoras
Este texto forma parte del #PikaraLab de Defensoras,

realizado con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres  y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.  

 


Sigue leyendo:

Download PDF
master violencia de género universidad de valencia

Artículos relacionados

Últimas publicaciones

ayuda a Gaza
Download PDF

Título

Ir a Arriba