La lavadora se traga a una persona. / 

El 1 de junio a medianoche entraron en vigor los nuevos peajes de la factura eléctrica que, como característica más importante, suponen la inclusión de tres tramos horarios con precios diferentes para la parte variable del consumo. Desde entonces, los cambios han hecho correr ríos de tinta alrededor de su posible impacto en los hogares de todo el Estado. ¿Qué hay de cierto en todo lo que ha aparecido en los medios? ¿Cómo va a afectar a las familias, especialmente a las vulnerabilizadas? Para conocer el alcance de la medida, debemos explicar brevemente sus aspectos clave y algunas confusiones al respecto.

Debemos preguntarnos a qué responden estos cambios, si estos serán beneficiosos para la ciudadanía y los colectivos vulnerabilizados y cuáles son los posibles efectos de los mismos. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se ha tratado de penalizar el consumo doméstico en las horas con más demanda y distribuir más equilibradamente el consumo a lo largo de las 24 horas del día, con el objetivo de intentar desplazar la demanda a periodos donde la saturación de la red es menor, para evitar aumentar las inversiones, ya que las redes de transporte y distribución se diseñan para poder atender la máxima demanda de los consumidores en un momento determinado.

Además, desde una perspectiva bastante paternalista, se intenta incentivar un consumo más consciente por parte de la ciudadanía que, sabiendo que existen precios diferentes para cada tramo, debería intentar hacer un uso más responsable de la energía y acabar ahorrando si concentra gran parte del consumo en las horas valle. Unos consejos que las personas o familias con poder adquisitivo pueden decidir si seguir o no, ya que mientras puedas pagar el aumento en las facturas, la medida te puede traer sin cuidado. Dicho de otra forma, para bajar la demanda en esos períodos la propuesta se apoya en la práctica en quienes más difícil lo tienen, mientras quien lo puede pagar se puede mantener en los mismos hábitos de siempre.

Así pues, ¿cuál es la realidad y lo que creemos que nos espera? Sabemos que la ciudadanía, por la opacidad del modelo y del sector eléctrico, tiene un gran desconocimiento sobre sus particularidades. Así, por ejemplo, según la CNMC, tres de cada cuatro hogares del Estado desconocían hace medio año la diferencia entre mercado regulado y mercado libre. Con este contexto y ante los cambios de calado que se han introducido, sin ninguna preparación previa para la ciudadanía, prevemos un incremento exponencial de las primeras facturas que lleguen a partir del mes de julio. Un contexto perfecto para que aparezcan campañas agresivas de marketing ofreciéndonos tarifas fijas que no necesitamos y que son más caras.

En el caso de familias vulnerabilizadas, el incremento en las facturas puede ser definitivo para que muchas de ellas, aún protegidas por la moratoria de cortes estatal -vigente hasta el 9 de agosto- aumenten considerablemente sus deudas y queden aún más desprotegidas una vez se supere esa fecha. También se abre la posibilidad de que muchas familias que han ido pagando sus facturas con apuros no puedan hacer frente a las próximas, así que deberemos estar muy atentas a un posible aumento del número de impagos.

Por otro lado, la actual estructura de periodos sitúa gran parte de la responsabilidad en el precio final de las facturas en las familias y no en el modelo energético y sus deficiencias y los periodos horarios no tienen en cuenta la realidad social de la ciudadanía. La CNMC pide a las familias que desplacen al máximo su consumo fuera de punta. Algunos cálculos aparecidos en los últimos días indican que para poder rebajar nuestra factura, debemos concentrar entre el 40 y el 50 por ciento de nuestro consumo en valle. O sea, por la noche o los fines de semana. Por contra, el Estado español es el segundo país de toda la Unión Europea, tras Letonia, en porcentaje de población que reside en pisos (un 64,6 por ciento). En conclusión, le estamos diciendo a una familia que para ahorrar debe poner la lavadora o el lavaplatos por la noche o los fines de semana sin tener en cuenta la convivencia con el vecindario del bloque y los problemas asociados a los ruidos, pared con pared, suelo con techo. Se trata de la clásica medida tomada en los grandes despachos sin conocer la realidad de los barrios.

En otras palabras, empezar la casa por el tejado. Como cortina de humo, el Gobierno ha anunciado la tramitación de un anteproyecto de ley que tiene como objetivo acabar con los llamados beneficios caídos del cielo (que afectan principalmente a hidroeléctricas y nucleares). El cálculo que se maneja desde la Moncloa es que esta medida permitiría reducir los precios finales de la factura eléctrica alrededor de un 4,8 por ciento para los consumidores domésticos. A su vez, el Ministerio de Teresa Ribera también está trabajando en el Anteproyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretende sacar de la factura eléctrica 7.000 millones de los 17.000 millones de euros de costes regulados, para repartirlos entre todos los consumidores energéticos.

En este monográfico hablamos de poder, pero también de resistencias, de grandes empresas, de cooperativas autogestionadas, de cifras de negocios. De decrecimiento, todoterrenos y bicicletas. De feminismos, en definitiva.

Quizás el Gobierno debería haber trabajado desde el principio en estas dos reformas y preparar otras de calado antes de situar toda la responsabilidad en la ciudadanía de a pie, que a duras penas va a adentrarse en una nueva crisis socioeconómica a raíz de la pandemia. Quizás la ministra Ribera debería explicarnos por qué, tras más de una década desde la liberalización del sector eléctrico, tres compañías acaparan el 83 por ciento de todos los clientes (Endesa, con el 34,7 por ciento; Iberdrola, con el 34,1; y Naturgy, con el 14,2), frente al 8,6 por ciento de los abonados de comercializadoras independientes. O por qué el precio de la electricidad en el mercado mayorista cerró mayo en 67,12 euros a la hora, un 3,12 por ciento más alto que en abril y un 70 por ciento superior a la media de este mes en los últimos cinco años, tras alcanzar la cifra más alta de mayo desde que hay registros. O por qué Iberdrola y Endesa, en plena pandemia, obtuvieron unos beneficios en 2020 de 3.611 millones y 1.394 millones de euros respectivamente.

Quizás, y solo quizás, en las respuestas a estas preguntas se encuentra el motivo por el que el Gobierno le pide a la ciudadanía que ponga sus lavadoras por la noche. Más allá de hacer frente a la emergencia y garantizar que toda familia vulnerabilizada tenga asegurado su suministro y no deba sufrir por un corte, desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también estamos al lado de las que luchan por un modelo energético más justo, más social y ecológicamente responsable y que esté participado y controlado por la ciudadanía. ¡NI SED, NI FRÍO, NI OSCURIDAD!

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