Dos años del caso Infancia Libre: más unidad entre afectadas pero más dureza institucional

Dos años del caso Infancia Libre: más unidad entre afectadas pero más dureza institucional

A través del testimonio de María Sevilla, que fue presidenta de dicha asociación, y de otros, analizamos lo que fue el punto de inflexión en la visibilización de la violencia institucional que sufren muchas madres y sus criaturas inmersas en procesos judiciales con el padre por casos de violencia de género y abusos a menores.

una mujer habla entre micros de prensa

María Sevilla en una imagen de archivo.

Hace dos años del montaje policial de Infancia Libre, una supuesta trama criminal que según la Policía Nacional trataba de generar falsas denuncias con la finalidad de quitar custodias a los padres. En el informe policial se detallaron los casos de 20 madres y sus criaturas, aparte de involucrar también a profesionales de la sanidad pública y una abogada. A pesar de que esa denuncia se archivó, a efectos prácticos consiguió poner en duda a todas las madres que denuncian posibles abusos y maltratos a menores por parte del padre, dentro de un contexto de violencia de género y de procesos de divorcio conflictivos.

Cronología del caso

Infancia Libre era una asociación de madres iniciada en 2015 que compartían una misma afectación: ser madres que han denunciado maltratos y abusos en sus hijos e hijas por parte de padres y que a la hora de denunciar, en vez de encontrar una protección de las instituciones, se encontraron con un cuestionamiento constante que les comportó repercusiones graves hasta el punto de perder la custodia en el peor de los casos. En la mayoría de casos la justificación viene marcada por el constructo del síndrome de alienación parental (sap). “Nosotras lo que queríamos era denunciar y evitar los arrancamientos, porque la tendencia que estábamos viendo era que las criaturas que denuncian acaban viviendo con sus agresores y las madres que denuncian, imputadas por proteger”, expresa María Sevilla, quien fue la presidenta de Infancia Libre. Y esa tendencia se agrava si los denunciados pertenecen a círculos sociales de alto rango, ya sea por tener las mejores defensas legales como por la posible influencia política que se pueda ejercer. “La criatura de una de las madres que acude a Infancia Libre es familia directa de uno de los exministros y si a eso le añades los círculos dónde se movían el padre de mi hijo y algunos de los padres más… ya sabías perfectamente cómo iba a acabar”, detalla María.

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El aviso de que algo grave iba a pasar se materializó en las detenciones en cadena de marzo y mayo de 2019. Sevilla fue detenida la madrugada del 30 de marzo, a modo “operación antiterrorista”, según describe la misma afectada: “¿Qué necesidad y sentido tenía entrar a las 2:20 de la madrugada rompiendo ventanas y puerta, con las armas en mano, con dos criaturas en casa?”. María había perdido la custodia de su hijo en 2017 y su detención se produjo a raíz de huir con el niño en vez de entregarlo a su padre, que había sido denunciado por abusos por un juzgado de oficio, aunque finalmente la denuncia se archivó por tener solo indicios.

En mayo detuvieron a Patricia González por haber incumplido órdenes de visita de su hija con su padre, el cual fue denunciado por abusos sexuales hacia la menor sin que prosperara la denuncia, y a Ana M. Bayo, que fue detenida a la llegada de su trabajo en el Hospital de la Paz, acusada también de sustracción de menores, a pesar de que en aquel momento el padre de su hija tenía una orden de alejamiento por violencia de género y denuncias por abusos sexuales a la niña, que no tiraron adelante a pesar de tener grabaciones contundentes. Y finalmente a Rocío de la Osa, vicepresidenta de la asociación, que fue citada al juzgado bajo la acusación de sustracción.

En julio de 2019 la unidad adscrita de la Policía Nacional en los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) entregó un informe a la Fiscalía dónde se consideraba a la asociación Infancia Libre una organización criminal con la supuesta finalidad de generar, a través de determinadas pediatras y una abogada, denuncias falsas contra los padres.

En enero de 2020 la Fiscalía descarta la acusación hecha por la Policía Nacional y archiva el caso por no encontrar pruebas de todo aquello relatado en el informe. No obstante, en muchas causas judiciales abiertas se señaló el caso de Infancia Libre para desacreditar las denuncias e incluso utilizar el informe en sedes judiciales. Este es el caso de dos mujeres de Granada cuyos datos (tanto de ellas como de sus hijos) salían en el informe policial, algo que fue utilizado por las exparejas en sus causas. Estas dos mujeres presentaron en enero de 2021 una denuncia en el juzgado de Instrucción 15 de Madrid, el cual ha abierto diligencias contra el que fue inspector jefe que firmó el informe de Infancia Libre –ahora comisario y que aparece en la transcripción de las escuchas de la trama Kitchen, según informan medios de comunicación– por “denuncia falsa, falsear documentación y revelación de secretos”, cosa que les provocó un “daño irreparable” a las madres.

Actualmente aún hay causas pendientes abiertas, como la de Patricia González, que a pesar de tener la custodia de su hija, lleva dos años sin verla. Se acaba de celebrar el juicio por el que el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión y seis de retirada de la patria potestad. En este juicio, seis profesionales ratificaron la veracidad de los hechos narrados por su hija sobre los abusos denunciados, según informa la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género (CNMRVG).

Un caso más positivo es el de Rocío de la Osa, que pudo recuperar a finales de 2020 la custodia de su hija después de estar seis meses en régimen de visitas semanales en un punto de encuentro familiar.

El caso de María Sevilla, que perdió la custodia de su hijo, que actualmente está viviendo con su padre, está a la espera del recurso aceptado por el Supremo a principio de año contra la sentencia que la condena a dos años y cuatro meses por sustracción de menores y a cuatro años de retirada de la patria potestad. Organizaciones de afectadas y colectivos feministas han impulsado una campaña para pedir el indulto de María en caso de que sea ratificada la sentencia. A finales de de abril, la abuela materna del hijo de María ha reclamado su custodia ante la Fiscalía de menores a raíz de los últimos informes médicos que alertan del riesgo del niño, porque hubo una demora de acudir al hospital para la atención de una fractura en la mano. El niño parece que se cayó de una silla a finales de año y ahora la rotura ya está consolidada y solo se puede corregir con medios ortopédicos.

El lema se invierte: “La policía apunta, la prensa dispara”

Después de la construcción policial de la trama criminal de Infancia Libre, muchos medios de comunicación se hicieron eco de ello. Sobre todo en aquellos programas televisivos más sensacionalistas en los cuales se construyó un funesto y sórdido ambiente: “Criaturas sin escolarizar”, “asalvajadas”, “malnutridas”… Fueron muchos los discursos criminalizadores y estigmatizadores sobre las madres de Infancia Libre: “Madres secuestradoras”, “madres vengativas”, “red criminal que utilizaba a las criaturas para ir contra el padre”, “madres fanáticas”… De poco sirvió que Fiscalía archivara la denuncia, la sentencia pública ya estaba hecha e impregnó, también, de forma notable a diferentes profesionales que se posicionaron claramente en este discurso de criminalización.

“No había forma de frenar la presión mediática. Nos sentíamos como apestadas, solas, incluso en un inicio con las organizaciones de mujeres y feministas. Pocos son los medios que se interesaron en nuestra versión y todo eso con el dolor de un arrancamiento”, explica María Sevilla recordando los momentos más duros. Y es que paralelamente a las imputaciones por sustracción de menores, se habían practicado los arrancamientos de las criaturas.
Los medios no hablaron del tratamiento que tuvieron las encausadas, ya sea en las detenciones como de la presión social. “El maltrato fue brutal, de insultos, de vulneraciones de nuestros derechos, amenazas… Lo pusimos en conocimiento de Fiscalía, pedimos reunión con el ministro de Interior… y todo quedó en nada”, denuncia Sevilla.

El relato mediático se centró en el “secuestro” de hijos y en el discurso de las “falsas denuncias”. “Se quiso enviar un aviso importante a todas las mujeres que se encuentran en casos similares, ‘mirad al final lo que ocurre: sin hijos y con penas de prisión'”, como bien describe Ester Ruiz Martín, coordinadora de la Plataforma Luna contra el (I)SAP.

“La huida como la última opción para proteger”

Se calcula que siete de cada diez casos de violencia sexual infantil acaban archivándose por ausencia de pruebas y dificultad para poder probar los abusos sexuales en contexto intrafamiliar (que representan más del 60 por ciento de los casos), Según la organización Save the Children en su informe ‘Ojos que no quieren ver’, Este hecho no calma a las madres que sienten y buscan protección para sus hijas e hijos

Las madres que insisten en probar los abusos o maltratos a sus criaturas por parte de su progenitor, o incluso protegerlos cuando la violencia se centró en ellas, en muchos casos son sancionadas por las instituciones al aplicar la ideología del falso sap (interferencias, gatekeeping, alienación, conductas sugestionadas…). Es entonces cuando se contempla la desobediencia a las visitas, con lo cual el sistema, junto con el progenitor, empiezan a amonestar a esas madres, ya sea con procedimientos para retirar la custodia como con la imposición de planes de coordinación parental.

La pérdida de la custodia se traduce en un arrancamiento, que es una separación muy violenta que dejará a la criatura en manos del progenitor o de instituciones públicas. Muchas organizaciones como la Plataforma Luna o el Consejo Estatal de Mujeres Resilientes de Violencia de Género han alertado sobre la utilización del arrancamiento como forma de castigo a la madre, causando un dolor enorme a las criaturas.

Llegadas a este punto y bajo la amenaza del arrancamiento, se hace latente la desesperada opción de la huida. “Cuando estás en esta situación sabes que el riesgo que va a tener que vivir tu criatura es insostenible… En mi cuerpo, en mi cerebro y en mi corazón no cabe más idea que la de proteger. No te planteas otra cosa”, explica María cuando recuerda la necesidad de huir con su hijo.

Pero la huida no es una opción fácil. “¿Qué madre no entrega su vida para salvar a la de su hija? Pero se tiene que tener capacidad, hay muchas que no tienen esa posibilidad”, continúa. Las repercusiones penales que recaen por el delito de sustracción, la gran capacidad económica que se debe tener para dejar una vida y empezar otra o la presión y el estigma social son tres ejemplos de las complicaciones que hay en esa opción, que al final siempre acaba con un arrancamiento.

El antes y el después de Infancia Libre

Hay datos que nos indican que algunas cosas han cambiado en estos últimos años. La primera de ellas es que el tema de los arrancamientos y del falso SAP ya no es tan desconocido a escala social. Ahora hay mucha más información en los medios y en las redes, además se han visibilizado más organizaciones de afectadas o se ha tratado el tema en sede parlamentaria, entre otros indicadores.

Pero por otro lado, inevitablemente, también hay más consciencia por parte de las madres que denuncian de que el camino será duro. “El miedo a que la justicia no te responda suficientemente cuando denuncias continúa”, expresa Yolanda Bernárdez, presidenta de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. Esta afirmación es ratificada por Chelo Álvarez Sanchís, presidenta del CNMRVG: “Hay miedo a denunciar y hay miedo porque hay consecuencias, porque puedes perder a tus hijos y que vayan a vivir con tu agresor”. Además, María Sevilla, que no ha dejado de estar en organizaciones de apoyo, apunta que el sistema judicial “se ha vuelto más brutal, más rápido y más impune”. “Ahora vemos arrancamientos en un año, y ya no importa si hay órdenes de alejamiento, si hay denuncias por violencia de género o informes psicosociales”, lamenta.

Pero sin duda alguna, uno de los mayores cambios que hubo después del caso de Infancia Libre y su intento de atacar al asociacionismo fue justamente lo contrario: generar más solidaridad entre afectadas con la inclusión de una voz propia dentro del movimiento feminista. “Por supuesto que el feminismo ha estado con las mujeres víctimas de violencia de género, pero a lo mejor no ha habido tanta escucha en visibilizar algunos efectos, de los más graves, que tiene que ver con que les arrebaten a sus hijos e hijas”, reflexiona Yolanda Bernárdez. Esto ahora está cambiando: “Ahora empezamos a coger nuestra propia voz y el feminismo recoge también nuestras demandas”, explica Chelo Álvarez presidenta del consejo y que este año se configuró como una federación de asociaciones. Y es que ahora hay más organizaciones, tal y como cuenta María Sevilla, que no había vivido un momento así en sus diez años de lucha: “Hay mucha más unión, más lucha y más colectividad. Ahora es cuando más protegidas y más luchadoras nos vemos. Como ahora, nunca”.

#Defensoras
Este texto forma parte del #PikaraLab de Defensoras,

realizado con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres  y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.  


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