Vulneración de la dignidad de personas psiquiatrizadas en residencias

Vulneración de la dignidad de personas psiquiatrizadas en residencias

Nos organizamos con el propósito de que no haya uno, sino multitud de espacios donde acogernos y acompañarnos en mitad de nuestras crisis; sin vernos abocadas a todas estas injusticias. A veces son visibles, a veces no, pero siempre duelen, desgastan y dañan.

24/02/2021
En València, la plataforma Activistas en Acción, ha convocado una serie de concentraciones en pro de los derechos de les encerrades.- Fotógrafa: Pau Herreros Castelló

En València, la plataforma Activistas en Acción, ha convocado una serie de concentraciones en pro de los derechos de les encerrades./ Foto: Pau Herreros Castelló

Nunca podremos decir que estemos acostumbradas a la opresión institucional contra nuestra comunidad psiquiatrizada. Nos negamos a acostumbrarnos a esta injusticia, a este dolor. A diario, nuestro colectivo es diana de violencias sistemáticas en los espacios donde se recibe un supuesto cuidado. En València, la plataforma Activistas en Acción, de la que formamos parte, ha convocado una serie de concentraciones en pro de los derechos de les encerrades. Entre las instituciones que vulneran nuestra dignidad se encuentran los mal llamados CEEM: Centros Especializados en Enfermedades Mentales.

En diciembre de 2020, nos concentramos frente a uno de los diecisiete CEEM de la provincia de València, Mentalia Puerto, para continuar la lucha por unos derechos que no solo ya están reconocidos de manera legal, sino que, fundamentalmente, deberían regir las vidas de las personas que caen en manos del sistema psiquiátrico. El centro pertenece al gigante DomusVi. El poder de esta entidad se reparte en decenas y decenas de residencias diseminadas por todo el Estado; cuatro viviendas tuteladas y una Unidad de Farmacia Especializada en la gestión y dispensación de metadona.

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Nos hemos concentrado también en el Centro Sociosanitario San Ramón, en Picassent, que comprende la residencia de personas mayores y el Centro Especializado en Enfermedades Mentales. Están perimetrados juntos, pero en edificios separados. La propiedad titular de este centro es privada, con un concierto con la Generalitat Valenciana.

Contamos con dos testimonios anónimos en primera persona, que nos narran su paso por el CEEM San Ramón. Hablamos, primero, con una persona que estuvo ingresada durante más de un año en el recurso residencial, a quien le hemos puesto el pseudónimo Alonso. Nos cuenta que uno de los problemas actuales con el CEEM es que “no se puede llamar porque te cortan la llamada. No nos permiten hablar con los compañeros de dentro por teléfono”. Además, “si una de las personas ingresadas quiere hablar con un familiar, no puede hacerlo con privacidad porque un monitor está delante, escuchando toda la conversación.”

Nos lo corrobora un segundo testimonio, bajo pseudónimo Juan Carlos: “Cuando entré en San Ramón, me dejaban llamar, pero, a las dos semanas de estar allí, me cortaron las llamadas directamente. Me decían que me llamaría mi tía, pero mi tía no me llamaba ningún día. Tampoco nos dejaban ninguna privacidad para llamar. Siempre estaban las dos monitoras delante. Y, si tenías que discutir con tu familia por algo, ya te ponían en el ResiPlus [Red social que tenía el equipo de trabajo de San Ramón para anotar el seguimiento de los residentes] que no podías recibir más llamadas porque ‘habías insultado a tu familiar’”.

Esto nos llama la atención, por la imposibilidad de resolver cualquier conflicto familiar si te castigan sin recibir más llamadas. Este hecho nos demuestra que el auténtico propósito de estos centros no es en absoluto el bienestar de les residentes.

Las limitaciones estrictas se extienden también perjudicando los lazos familiares y las relaciones afectivas en general. Alonso nos narra: “También te chantajeaban con que, si no hacías algo, te quitarían días de vacaciones del fin de semana con tu familia. Nos chantajearon para hacer un taller en Navidades. Como estábamos en desacuerdo con dirección, nos dijeron que, a quien no acudiera a la fiesta navideña con los mayores de la Residencia San Ramón Sénior, le quitarían días de vacaciones familiares o le sancionarían”.

Lola Escalona, cofundadora de la Red de Grupos de Apoyo Mutuo en salud mental de València, llama y visita a una amiga ingresada en San Ramón y a otra ingresada en Ment, otro CEEM: “Lo primero que no puedo entender es que les castigan con, según ellos, ‘sanciones’. No lo veo nada terapéutico. Y no solo les castigan por no cumplir las normas, también por tener un determinado comportamiento que se da como reflejo de su sintomatología, determinado también por la dificultad de entender y sobrellevar las restricciones. Que yo recuerde han castigado a una durante cuatro semanas sin hacer llamadas, otra vez sin salir. A una compañera suya la han castigado a no pasar el fin de semana con su familia. Y un castigo que me parece lo más marciano: un día a la semana, en las dos residencias les sacan Coca-Cola y algo de picar; pues si estás “sancionada” no puedes tomarlo, delante de todos tus compañeros. Un compañero, que es abogado, dice que esto ya no es castigo, sino trato vejatorio”.

Las limitaciones que dañan los vínculos son anteriores al contexto de la Covid-19, y en cualquier caso, son desproporcionadamente restrictivas. Lo confirma Juan Carlos: “Estuve ingresado en San Ramón durante dos años, de los que pasé 11 meses sin ver a mi familia, y en verano me denegaron el permiso para venirme a mi pueblo con ellos. Pusieron la excusa de los contagios”. Juan Carlos nos habla también en profundidad del funcionamiento de las sanciones en este recurso residencial. Además, nos indigna especialmente oír hablar del carnet del buen loco. Aunque es evidente que en San Ramón no le dan este nombre, nos parece de lo más apropiado, porque su utilidad es medir la bondad, el buen comportamiento, de les residentes: “San Ramón funcionaba mucho por sanciones. Por escaparme en la época de la Covid-19, salimos una noche a dar una vuelta por la urbanización; me tuvieron dos o tres meses sin carnet, castigado, sin llamadas e incomunicado con la familia. Allí se funcionaba mediante un carnet por puntos. Con 65 puntos en el carnet durante tres semanas, podías hacer la salida grupal del mes. Si tenías menos de 65 puntos, tenías carnet verde pero no te daban el premio, la salida grupal del mes. Si les levantabas la voz un poco a las monitoras, que tampoco nos trataban bien, te quitaban puntos y perdías la salida grupal. A mí me lo quitaron, directamente, todo.”

No obstante, existen problemas de otra índole, relacionados directamente con el funcionamiento de las tutelas. Lola Escalona lo asegura: “Hay mucha gente en San Ramón que no está tutelada por ningún familiar, sino por Conselleria. El problema es que Conselleria no habla con la persona tutelada, habla con dirección. Entonces, dirección no les cuenta lo que a esa persona le pasa de verdad. Las personas tuteladas por la administración no conocen a sus tutores ni la manera de contactar con ellos”. Y Alonso lo corrobora.

Esta situación con las tutelas se relaciona en gran medida con que una sola persona empleada en la Administración sea responsable de cientos expedientes. Sin embargo, esta sobrecarga de trabajo, pese a lo que cabría pensar, no es tal. Precisamente porque se nos desliga de nuestros historiales psiquiátricos, de nuestros informes sociales y, en definitiva, de todo aquello que la Administración maneja para institucionalizarnos. El problema, entonces, radica en la deshumanización por parte del sistema. No habría profesionales responsables de esos cientos de expedientes si fuéramos algo más que un papel para el personal administrativo; si nos trataran como a personas a las que escuchar y comprender; si no existieran estos rangos tan desproporcionados que nos separan de quienes deberían atendernos.

Como apoya el testimonio de Alonso, la problemática del trato impersonal y directamente humillante no se limita al pésimo funcionamiento de las tutelas. De hecho, en el propio CEEM San Ramón, la toma de decisiones no solo no implica a las personas afectadas sino que ni siquiera pasa por el equipo multidisciplinar que las atiende. Estas decisiones corresponden al equipo directivo: “Cuando yo estaba, a los trabajadores no les dejaban hacer su trabajo. Simplemente, dirección se reunía y decidía hacer lo que ellos querían. Por ejemplo, si un trabajador veía que estabas mal o que necesitabas salir con tu familia, aunque se expresara en el equipo multidisciplinar, las decisiones las iba a tomar gente que ni te veía, ni te conocía, ni sabía nada de ti.”

Si todo lo que nos cuentan, en general, nos recuerda a una distopía, agarrémonos a los talleres de relajación obligatoria en un contexto de encierro, también obligatorio. Pongámonos en situación. ¿Alguien considera que podría meditar con puertas cerradas a cal y canto, miradas vigilantes, voces grabadas y horarios impuestos? Más allá, por supuesto, de lo indigno que resulta no poder elegir ni proponer alternativas en sí mismo. Nos lo explica Juan Carlos: “Ha habido talleres en San Ramón que a mí me han servido bastante. Me he traído un montón de documentos sobre los trastornos de personalidad y nos ponían vídeos. Pero había otros que no valían para nada. Por ejemplo, el de yoga o el de relajación. En este último, ponían una meditación guiada y tenías que estar sentado en el sofá, obligatoriamente, hasta que pasaran los treinta minutos. Nunca podías elegir qué querías hacer.”

En València, la plataforma Activistas en Acción, ha convocado una serie de concentraciones en pro de los derechos de les encerrades.- Fotógrafa: Pau Herreros Castelló

En València, la plataforma Activistas en Acción, ha convocado una serie de concentraciones en pro de los derechos de les encerrades.- Fotógrafa: Pau Herreros Castelló

Estas situaciones tan indignas en los recursos residenciales empeoran, como se puede imaginar, con la crisis sociosanitaria de la Covid-19. Por un lado, se alarga el confinamiento tras realizarse la prueba, más allá de los diez días establecidos por el Ministerio de Sanidad. Por otro lado, no se trata de un confinamiento al uso. Hablamos de que las personas encerradas en San Ramón se ven obligadas a pasar dos semanas recluidas en sus habitaciones, con un límite diario de llamadas de una saliente y otra entrante. El mismo que se establecía antes de la pandemia. Además, el trato que reciben en el CEEM responde a las violencias que ya hemos nombrado, como asegura Alonso: “Cuando una persona vuelve a San Ramón después de hacerse la prueba de la Covid-19 en el hospital, sin saber todavía si ha dado positivo o negativo, la confinan dos semanas sin salir de la habitación. Ha habido intentos de suicidio en este contexto.”

Tal y como hemos visto antes, en este tipo de centros no existe el libre albedrío para quienes los habitan. A estas alturas, ya podemos dar por hecho la dificultad que supone que se respete la decisión individual de abandonar el CEEM. Además, no conformándose con la retención, el equipo directivo de San Ramón jugaba con la falta de claridad a la hora de eludir las demandas de Alonso: “Le preguntaba a la coordinadora jefa cuándo podría salir. Me contestaba: ‘No te preocupes, poco a poco, lo vamos viendo’. Pasaba el tiempo y no movían nada.”

Al acabar nuestra conversación, el propio Alonso quiso transmitirnos su desesperanza. Esta frustración la compartimos muchísimas personas que vemos cómo pasan los meses, incluso los años, y los encierros en estos recursos residenciales se cronifican sin que haya una justificación de peso. Nos agota esta inercia que lleva a integrantes de nuestro colectivo a perder su vida entre las paredes y los talleres de estos centros: “Quiero ayudar a los compañeros que siguen allí y me siento impotente, porque no puedo ni ir, ni llamarles. No hay forma posible de que esta gente haga su trabajo bien, ni de que mis compañeros estén bien, según entiendo. Por mucho que yo quiera ayudarles, no sé de qué manera puedo hacerlo.”

Sin embargo, gracias al esfuerzo de nuestras propias comunidades, hay algo de esperanza. Cuando no existe una red de apoyo, ya sea pasando por la familia o tejida en otros vínculos, no cedemos y construimos alternativas. Es en otros estados donde se crean las primeras casas de crisis. Como su propio nombre indica, estos lugares están destinados a resguardar y acompañar a las personas en crisis, tratando de evitar los ingresos psiquiátricos y con libertad de movimiento. En València, la única opción de este tipo de la que disponemos hasta el momento es una habitación de crisis, situada en la sede de Activistas en Acción, como nos cuenta Sergio Pelijero: “La habitación de crisis es un recurso que hay en el lugar donde se establece la dirección postal de la asociación y casa de algunos de los fundadores de Activistas en Acción. Ofrecemos una habitación en la que poder pasar unos días en caso de recaída, junto a personas que hemos pasado por lo mismo, en primera persona, por lo que la empatía es máxima. La idea es evitar de este modo los ingresos involuntarios y posibles institucionalizaciones.”

Nos organizamos con el propósito de que no haya uno, sino multitud de espacios donde acogernos y acompañarnos en mitad de nuestras crisis; sin vernos abocadas a todas estas injusticias. A veces son visibles, a veces no, pero siempre duelen, desgastan y dañan. Además, no se trata simplemente de aumentar el número de recursos; hablamos de la necesidad de que sean en primera persona, adecuados y específicos. Destinados a mujeres, a la comunidad trans, a personas migradas; y, en definitiva, a grupos sociales para los que la salud mental intersecciona con otras opresiones.


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