Datos oficiales y guía sobre el aborto voluntario en España

Datos oficiales y guía sobre el aborto voluntario en España

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) continúa siendo un tema tabú en algunos territorios del Estado español. Abordamos la legislación vigente y la gestión del aborto una década después de la aprobación de la legislación vigente.

17/02/2021

El aborto es legal en 36 países de Europa, aunque solo en 29 está permitido por cualquier motivo (cuando se escribió este texto, la legislación en Polonia todavía permitía el aborto voluntario. Ya no. Recuperamos este reportaje de 2018, que vuelve a estar vigente). En los otro siete países es legal únicamente bajo el cumplimiento de uno de estos tres supuestos: ser víctima de una violación, que haya malformaciones en el feto o que se trate de un embarazo con riesgo físico o psíquico para las mujeres. La International Planned Parenthood Federation (IPPF) y la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) indican que el término “aborto” resulta amplio y ambiguo, ya que puede hacer referencia a los abortos espontáneos o a los incompatibles con la vida de la persona embarazada. En cambio, interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se refiere específicamente a un tipo de aborto, el que corresponde a la decisión que toma de forma libre y voluntaria una persona que no desea gestar. En el Estado español, en teoría, puedes interrumpir tu embarazo de forma voluntaria y por cualquier motivo, aunque todavía existen algunas restricciones como la edad y no es posible en todos los territorios.

La despenalización del aborto en España está regulada por la Ley Orgánica 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue promulgada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010. Esta ley reconoce “el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo, y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”. Incluye además el acceso a métodos anticonceptivos y su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, la supresión de la pena privativa de libertad por practicar un aborto fuera de los casos permitidos por la ley, y la aplicación de la normativa a todo el territorio español.

A pesar de las cifras oficiales y de lo que marca la ley y se explica en este artículo, la organización internacional Women’s Link Worldwide ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional por el bloqueo de su página web desde inicios del año 2020, en la que ofrece información sobre los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto seguro en España. Además, ha alertado de que el Estado español no cumple con sus obligaciones de informar correctamente sobre los derechos sexuales y reproductivos.

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El número de interrupciones contabilizadas en 2019 fueron 99.149 en todo el Estado, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.  Esto supone un descenso respecto a 2009, un año antes de que se aprobara la legislación vigente, cuando se contabilizaron 111.482. El pico de abortos voluntarios se dio en el año 2011 con una tasa del 12,47 por ciento (por 1000 mujeres), cuando se realizaron un total de 118.211 interrupciones voluntarias. Es probable que este pico se deba a las consecuencias que tuvo la crisis económica global de 2008, que afectó al nivel de calidad de vida de la mayoría de las familias en España. Gemma Castro, coordinadora del CJAS de Madrid perteneciente al Centro de Planificación Familiar Estatal, afirma que la económica es una de las principales causas de las mujeres para interrumpir el embarazo, pero destaca que cada mujer tiene unas circunstancias personales que le llevan a tomar la decisión.

En 2018, el número de interrupciones fue un total de 95.917 en todo el país, una tasa del 11, 12 por ciento o lo que es lo mismo, una tasa del 1,1 por ciento. Es decir, un uno por ciento de mujeres en edad fértil (15-49 años) interrumpieron su embarazo de forma voluntaria ese año.

Los datos muestran que el rango de edad en el que más IVE se realizan es entre los 20 y 24 años. Jennifer López Castillejo, psicóloga del Centro Joven de Atención a la Sexualidad (CJAS) de Madrid, aclara que, aunque suelan ser las jóvenes las que más acuden al centro, reciben consultas de mujeres de todas las edades y perfiles. La psicóloga Gemma Castro explica que se tiende a pensar que existe un “tipo de mujer” que interrumpe su embarazo, “la mujer que sale y no se cuida, de perfil socioeconómico bajo, inmigrante… pero, en realidad, no es así. A veces, los anticonceptivos fallan, puedes usar preservativo y que se rompa, o tomar la píldora del día después y que no funcione. Puede pasarte una noche de fiesta o una tarde en tu casa”, aclara Castro.

Los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad recogen que el 86 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2019 se dieron en clínicas privadas, frente al 14 por ciento que se realizan en hospitales públicos. La presidenta de ACAI, Francisca García, cree que aún resulta muy lejana la posibilidad de que las IVE se realicen mayoritariamente en hospitales públicos. “Existe una falta de formación a todos los niveles, tanto en las profesiones sanitarias de médicas y enfermeros como en psicólogos, trabajadoras sociales… No conozco acerca de ninguna formación universitaria que incluya de forma específica lo relativo a las técnicas, al acompañamiento… al proceso completo de una IVE”.

Cómo tomar la decisión

En primer lugar, lo más recomendable para comprobar si estás embarazada es acudir a un centro de salud o de planificación familiar donde realizan la prueba mediante orina o sangre. De esta manera, te aseguras de que el resultado sea fiable y ya puedes pensar qué decisión quieres tomar.

Desde el Centro Joven de Atención a la Sexualidad (CJAS) de Madrid, el proceso cuando una mujer acude al centro: “El protocolo interno varía dependiendo de si la mujer necesita realizarse la prueba de embarazo, la cual se le proporciona en el centro, o si ya se la ha hecho y lo que quiere es información o asesoramiento”, explica Gemma Castro, coordinadora del centro.

Este protocolo interno que siguen todos los centros de planificación familiares es el mismo, estipulado por la Federación de Planificación Familiar Española. La sexóloga López Castillejo explica que se evalúan los conocimientos sobre el tema y experiencias previas de quien acude, se desmitifican posibles mitos e ideas irracionales que pueda tener y se analizan las reflexiones previas de la persona respecto a la decisión, “sin intervenir en ningún momento en su decisión con opiniones personales o juicios”.

Dónde se aborta

Las clínicas acreditadas son los centros especializados donde se realizan las interrupciones del embarazo. Actualmente existen 211 en toda España. Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas de Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), destacan que todas las interrupciones realizadas en España son prestaciones sanitarias reconocidas por el Sistema Nacional de Salud y financiadas por este. Es decir, en teoría no hay que pagar para llevar a cabo una IVE. Las clínicas son concertadas, tienen un convenio con la Seguridad Social por el que se debería garantizar el acceso gratuito y público de cualquier mujer a esta prestación.

Gemma Castro, coordinadora del Centro Joven de Atención a la Sexualidad, asegura que hay varios hospitales que son objetores de conciencia, a pesar de que, por ley, la objeción de conciencia solo puede ser individual. “Aunque haya médicos en ese hospital que puedan practicar la IVE, si los jefes son objetores, finalmente ese hospital no ofrecerá el servicio. Esto implica tener que derivar a la embarazada y es necesario agilizar el proceso. Trabajamos con un plazo establecido, no podemos perder tiempo con derivaciones y otros trámites que complican o ralentizan el proceso para llevar a cabo la IVE”.

La organización médica colegial de España asegura en su código deontológico que, aunque “el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional, no es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional”. En este mismo código oficial, pero en otro apartado, se aclara que en todo caso y aunque el personal médico se declare objetor de conciencia, “debe proporcionar a la mujer gestante información adecuada, fidedigna y completa sobre la evolución del embarazo y el desarrollo fetal. No es conforme a la ética médica negar, ocultar o manipular información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad de su embarazo”.

Los días de reflexión

Existen dos requisitos fundamentales que establece la ley para llevar a cabo la interrupción en una clínica acreditada. La primera es la entrega de información a la solicitante de la IVE sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y en segundo lugar, el cumplimiento de al menos tres días entre la entrega de información y la intervención.  Estos “tres días de reflexión” son obligatorios por ley.

¿Cómo es la intervención? ¿Quedan secuelas?

La intervención puede ser farmacológica o instrumental, dependiendo del número de semana de gestación en que te encuentres. La responsable de comunicación de la Clínica Dator, Sonia Lamas, explica que, si todavía no han pasado siete semanas hay opción de realizar la IVE a través del método farmacológico (“por pastilla”). Si en cambio, ya han pasado más de siete semanas, se emplea el método quirúrgico o instrumental, el legrado, que puede ser por raspado o absorción.

Las secuelas son otro de los mitos que existen acerca de la interrupción del embarazo. La realidad es que cada mujer lo vive de una manera, cada historia es única y personal. Respecto a las psicológicas, Lamas opina que “es necesario realizar investigaciones serias y científicas para determinar si el aborto produce secuelas psicológicas, con el fin de trabajar en la desestigmatización de este. El aborto de un embarazo no deseado no suele tener secuelas”, afirma.

Derechos laborales

Desde la clínica Dator, la primera clínica acreditada de IVE en España en 1986, explican que se trata de una intervención médica ambulatoria que no suele requerir la baja médica. En general, solo es necesario disponer de un día para la intervención porque no se suele necesitar reposo. Aun así, en caso de que se requiera baja laboral, ya sea por motivos físicos o psicológicos, el procedimiento es el mismo que correspondería al de una baja o incapacidad temporal (IT) por enfermedad común, como un constipado. Es decir, la pauta general después de la intervención es hacer vida normal, evitar levantar pesos y no mantener relaciones sexuales con penetración hasta pasadas unas semanas. En todo caso, si solicitas unos días de baja, tu empresa no tiene por qué saber el motivo si no quieres.

El plazo en el que se puede recurrir a la interrupción voluntaria del aborto es de 14 semanas, “en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros”. Se puede ampliar hasta las 22 semanas siempre “que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada” o “ riesgo de graves anomalías en el feto”, que tendrán que ser comprobadas por profesionales médicos.

Los centros que presten la interrupción voluntaria del embarazo asegurarán la intimidad de las mujeres y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter personal.

Quién está en contra del aborto

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de febrero de 2019, el 67,5 por ciento de la población del Estado español se definió como católica. La Conferencia Episcopal Española declaró en 2009 que no entendía cómo el aborto no constituía un delito, ya que era “un gravísimo pecado”. En 2010, esta institución recurrió ante el Tribunal Constitucional para que se eliminara la ley de salud reproductiva tras haber sido ya promulgada por el Gobierno.

La Iglesia Católica ha comparado las interrupciones voluntarias del embarazo con asesinatos, el holocausto nazi, prácticas “más atroces que la pederastia” y otros actos de violencia extrema. Ha sido el mayor oponente, junto a los partidos más conservadores, a que la interrupción voluntaria del embarazo se convirtiera en un derecho.

El Partido Popular y Vox se posicionan también en contra de las IVE. En marzo de 2019 encabezaron una manifestación junto a la Federación Española de Asociaciones Provida (FEAPV) bajo el eslogan “La marcha por la vida”.

El presidente y el secretario general del Partido Popular actuales, Pablo Casado y Teodoro García Egea, se han declarado contrarios varias veces a la ley de salud reproductiva.  Vox opina que “hay que poner fin a la cultura de la muerte”.

 

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