El grito de auxilio de Irune Costumero y de su hija contra la aplicación del SAP

El grito de auxilio de Irune Costumero y de su hija contra la aplicación del SAP

Cuatro funcionarias y funcionarios de la Diputación Foral de Bizkaia serán juzgados por quitar a una mujer la tutela de su hija y dársela al padre alegando Síndrome de Alienación Parental. Naciones Unidas ha responsabilizado al Estado español de permitir esta situación. Este es el testimonio de una madre volcada en una interminable batalla judicial para recuperar a una niña que siente que nadie la cree.

09/12/2020
Irune Costumero Larrabetzun elkarrizketa egin ondoren./ June Fernández

Irune Costumero./ Foto: June Fernández

Jatorrizko bertsioa, euskaraz, irakur dezakezu.

Irune Costumero lleva siete años inmersa en una batalla judicial para proteger a su hija. La niña lleva desde que tenía apenas dos años denunciando que su padre la maltrata. Y, sin embargo, hace tres años, cuatro altos funcionarios y funcionarias de la Diputación Foral de Bizkaia (entre ellos el actual diputado de Acción Social, Sergio Murillo) decidieron retirar la tutela a Costumero y cedérsela al padre acusándola del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP).

La relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres ha expresado su “profunda preocupación por la integridad física y mental” de Costumero y de su hija en un duro informe. El Estado ya fue condenado por el Tribunal Supremo por su responsabilidad en el asesinato de la hija de Ángela González Carreño por parte de su padre, después de que esta mujer interpusiera 50 denuncias pidiendo que se suspendiera el régimen de visitas con su maltratador.

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Entrevisté a Irune Costumero en persona el pasado 3 de noviembre. Vino con una carpeta bajo el brazo pero no necesitó abrirla. Es capaz de repetir de memoria frases de los distintos expedientes y autos que dan cuenta de un laberinto judicial que ha ocasionado una violencia tan intensa y dolorosa como la ejercida por el agresor. Costumero tiene una fortaleza que apenas se quiebra cuando rememora el día en que el personal de servicios sociales y la policía le arrancaron a su hija. Está dispuesta a contar su historia todas las veces que haga falta, en todas las instituciones y audiencias que la quieran escuchar, por ellas y por todas las mujeres que están viviendo lo mismo. La niña tiene ya ocho años y está cada vez más cansada, desesperada y resignada. “Total, nadie me va a creer”, dice. El pasado 3 de diciembre se celebró, después de un año de espera, el juicio para resolver las medidas cautelares urgentes que Costumero reclama para que no se repita la historia de Ángela González Carreño.

Después de escucharla durante hora y media (en euskera), he decidido reproducir su testimonio sin filtros. Recomiendo la cobertura de su caso que ha hecho Marisa Kohan para Público y también la noticia de Gessamí Forner para El Salto sobre el juicio contra las y los responsables de la Diputación Foral de Bizkaia.


El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es bastante desconocido. Fue inventado por un pedófilo [Richard Gardner], para ocultar los malos tratos y abusos sexuales. Las asociaciones de custodia compartida recomiendan esta estrategia: cuando el niño o la niña dice que no quiere ir con su padre, el padre denuncia a la madre diciendo que le ha manipulado. Estas asociaciones están formadas por padres maltratadores con el apoyo de sus familiares y sus nuevas parejas.

Los niños y las niñas son muy valientes. Pero cuando hablan, la justicia carga contra las madres. En los juzgados están muy arraigados los estereotipos: las mujeres somos manipuladoras, queremos quedarnos con la casa, con el coche y con las criaturas. Las niñas y los niños son unos mentirosos.

“¡No, con aita no!”

Mi hija nació en 2012. Al año siguiente, denuncié a mi expareja por violencia de género. La justicia archivó la denuncia. Como quedó impune, no han reconocido que mi hija es víctima de violencia de género. Después de separarnos, el padre veía a la niña cuando quería, no teníamos nada escrito. Una vez secuestró a la niña y estuve tres meses sin verla. Lo denuncié y en el juicio dijo que estaban de vacaciones. La jueza, una misógina, impuso la custodia compartida.

La niña tenía 23 meses y pronto noté que no estaba bien. En el punto de encuentro me abrazaba a modo de koala. No quería ir con su padre, los trabajadores tenían que llevarla a tirones. Le costaba conciliar el sueño, no quería dormir sola y tenía pesadillas: “¡Con aita no! ¡No!”, gritaba. La llevé a una psicóloga infantil, que concluyó que tenía angustia de separación de la madre. Una vez le propuso un juego para que representara sus emociones. La figura que representaba a la madre se le cayó y quedó bajo el sofá. La psicóloga dijo: “Tendremos que dejarla ahí y luego moveré el sofá”. Mi hija se puso mala de la ansiedad, gritó “¡no, no, no!”, hasta que la psicóloga movió el sofá. Cada semana me contaba más cosas, como que una vez su padre la había encerrado en una habitación a oscuras y por eso le daba miedo la oscuridad.

Una vez, a los cuatro años, volvió muy triste de la visita de su padre y noté que había llorado. “¿Qué te ha pasado, cariño?”. “Aita me ha pegado”, me contestó. Llamé a la trabajadora del punto de encuentro: “¿Has oído?”. “Sí”. Me mostró los cardenales que tenía en la parte interior de las piernas. Dijo que su padre se había enfadado porque pintó fuera del folio y manchó la mesa, y que reaccionó pellizcándole. La llevé al Hospital de Cruces y la pediatra de urgencia abrió el protocolo de malos tratos. El forense de urgencia midió los moratones con una regla y dictaminó que su relato era consistente. Sin embargo, la jueza de guardia dijo que las lesiones no eran tan graves y que volviera con su padre. Tuve que explicarle a mi hija que tenía que volver con él. Le pareció incomprensible, se echó a llorar, enganchada a mí. Son pequeñas pero valientes, dicen la verdad y ¿cómo responde la justicia? Obligándoles a volver con la persona que les ha hecho daño. Cuando la pediatra vio la actitud arrogante del padre, me dijo: “Lucha por tu hija”.

Una semana después fuimos al juicio rápido. La sala de juicios era como la de las películas. Al padre y a mí nos metieron juntos en una habitación junto con ambos abogados, la secretaria judicial y el juez, imagínate el miedo que yo tenía en el cuerpo. Al otro lado de un espejo, veíamos a mi hija con la psicóloga del juzgado. Al principio la niña dijo que no tenía padre, luego que sí pero que no quería estar con él: “Mi padre me pega y dice cosas malas de mi madre”. El abogado del acusado le preguntó: “¿Alguien te ha dicho que digas esas cosas?”. Yo entonces no sabía que los abogados utilizan el SAP. En el juicio posterior que le hicieron al padre la jueza le preguntó: “¿Tiene mala relación con su exmujer? ¿La niña es fantasiosa?”. No la creyó.

Esta dinámica se repitió en otras dos ocasiones: Osakidetza [el Servicio Vasco de Salud] abrió el protocolo de maltrato y la justicia lo cerró. Osakidetza funciona muy bien, su personal está preparado para identificar los malos tratos. Pero el trabajo que realizan se desvanece en el juzgado. Los juzgados son el patriarcado.

La niña es muy luchadora. Relataba una y otra vez la violencia que vivía. Cuando tenía que ir con su padre, vomitaba en el punto de encuentro, se hacía pis y caca encima. Más de una vez le ha entrado tal crisis de ansiedad que he estado a punto de llamar a una ambulancia. Las trabajadoras sociales me decían: “Así no se puede quedar, Irune, tiene que ir tranquila con su padre. Tú verás lo que haces”. Como si la pelota estuviera en mi tejado. Mi prioridad es proteger a mi hija, así que muchas veces me la llevé de vuelta a casa. Pedía un justificante para que quedara claro por qué nos marchábamos, pero no me daban nada. Sin embargo, a su padre le comunicaban: “La madre abandona las inmediaciones con la hija”. Así que el padre acudía a la comisaría y me denunciaba por romper la sentencia de custodia compartida.

Finalmente, la jueza de familia de Barakaldo desvió el caso a la Diputación Foral de Bizkaia para que los servicios sociales valoraran la situación. Por un lado, estaban los informes de pediatría. Pero del otro lado, había informes en mi contra por llevarme a la niña del punto de encuentro. Los servicios sociales de la Diputación utilizan la herramienta Balora del Gobierno vasco para valorar el maltrato infantil. Pues bien, lo que ha hecho este instrumento ha sido precisamente desproteger a mi hija. En la columna de medición del maltrato psíquico aparece un ítem llamado ‘Instrumentalización en conflictos’, es decir, otra forma de decir SAP.

Una vez, fue mi madre la que la acompañó al punto de encuentro. La niña mordió la mano a su abuela y huyó, cual caballo desbocado, directa a la carretera, hasta que un desconocido la interceptó. La psicóloga de Bizgarri [la asociación subcontratada por el Servicio de Infancia de la Diputación] me llamó y me dijo: “No sé si hace esto porque lo piensa o porque lo piensas tú”. Es incomprensible: ¿acaso tengo un mando a distancia para apretar el botón y ordenar a mi hija que se mee encima o que se escape? El siguiente paso fue arrancármela.

Tres patrullas policiales

Ocurrió el 4 de agosto de 2017. Era miércoles. Había mucha gente en el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia. Esperaron una hora para que no quedaran testigos. Entraron más de una decena de personas, incluidos ertzainas y personal de seguridad, con las armas a la vista. Ni mi hija ni yo conocíamos a esa gente. Uno me dijo: “¿Irune Costumero?”. “Sí, soy yo, y ella es mi madre”. “Pues tú y tú os vais a esa sala. La niña se viene conmigo”. No nos dijo quién era ni qué iba a ocurrir. La niña se puso fatal y me miraba suplicante. Menos mal que no le dije “ahora mismo vengo”, porque yo no la miento. No la volví a ver.

Una trabajadora y un trabajador de la Diputación me metieron en un cuarto y me leyeron la orden foral. De repente, mi madre gritó: “¡Irune, se la llevan!”. Me levanté a toda velocidad y el hombre se colocó delante de la puerta para impedirme el paso. No sé cómo, pero conseguí salir. Cada vez apareció más policía. Enviaron tres patrullas para separar a una niña de cinco años de su madre. Terminé llena de moratones. Mi madre gritaba: “¡No la hagáis daño!”. Después, la trabajadora social me dijo, con tono paternalista, “Irune, puedes estar tranquila. Fue perderte de vista y se fue corriendo con su padre a abrazarlo”. Era agosto, un mes inhábil, el juzgado estaba cerrado y era difícil encontrar un abogado disponible. En septiembre, la Fiscalía resolvió: “El ente foral no está autorizado para quitar custodias, entréguesela a la madre”. Pero no cumplieron esa orden.

El inventor del síndrome SAP también propuso como tratamiento lo que llamó “la terapia de la amenaza”. Según él, la forma de curar a las madres es cortar nuestro contacto con la criatura y que la terapia se centre en revincular a esta con el padre. La Diputación actuó así. Pasé tres meses sin tener contacto con mi hija. Después me concedieron llamadas vigiladas, luego visitas vigiladas. “A ver lo que le dices que no la vuelves a ver”, me decían las trabajadoras. Me han dicho a la cara que en el juicio defenderán que le den la custodia al padre.

Han pasado tres años y mi hija sigue viviendo con él, yo la puedo ver dos veces por semana, durante cuatro horas. La psicóloga de la Diputación le ha dicho a la niña: “Si no quieres ir con tu padre, no volverás a ver a tu madre”. En los juegos que le propone yo no existo. El pasado mes de agosto, la niña estuvo de vacaciones en el pueblo y lanzó una llamada de auxilio: dijo a sus amistades que su aita la tiene secuestrada. Les contó que tiene miedo de que si la justicia me da la razón, él me mate. Una niña no dice eso si no lo ha oído en casa.

Ahora tiene ocho años. Cada vez la veo peor: débil, delgada, ojerosa. Ya ha sufrido bastante en estos tres años. Al menos, sabe que su madre está luchando. Sabe que ella no ha hecho nada mal, todo lo contrario, que es muy valiente y luchadora. Y que falta menos para que estemos juntas.

Una batalla contra Goliat

La Audiencia Provincial de Bilbao acusa de prevaricación administrativa a cuatro funcionarios y funcionarias de la Diputación Foral de Bizkaia porque esta institución no tiene competencias para quitarme a la niña y revocar la custodia compartida dictada por la justicia. Se les juzgará también por el daño psicológico que nos han provocado. En este momento hay dos vías abiertas, la civil y la penal, y estamos atascadas entre las dos. El recurso contra la orden foral ha quedado paralizado hasta que avance la vía penal. ¡Pero llevamos un año esperando a la fecha del juicio! Mientras tanto, he solicitado la adopción de medidas cautelares urgentes, que me fueron aprobadas en septiembre de 2019, pero aún así mi hija sigue con su padre. La Diputación utiliza el siguiente modus operandi: la víspera del día del juicio, añade un tocho de informe y entonces mi perito no tiene tiempo para examinarlo y hay que retrasar el juicio.

El abogado que tengo ahora es el cuarto, ¡menos mal que es bueno! El mejor. Hemos conseguido tres autos de la Audiencia Provincial reprobando que los funcionarios de la Diputación hayan utilizado el SAP. Ahí metieron la pata, ya que normalmente se utilizan otros eufemismos (interferencias parentales, cariño mórbido), pero en mi expediente escribieron “síndrome de acción marental”, tal cual. Su discurso es que el SAP no existe pero que yo instrumentalizo a la niña.

También estoy volcada en la incidencia política. Las Juntas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba han aprobado por consenso sendos compromisos de revisar las herramientas de valoración que usan los servicios sociales, a fin de garantizar la no utilización del SAP. También me he dirigido al Parlamento Vasco, al Congreso de los Diputados y a la ONU. Izaskun Landaida, directora de Emakunde, me ha expresado su apoyo, pero ahora que el lehendakari la ha relegado a una consejería, tiene menor capacidad de influencia. En la Mancomunidad de Arratia acabamos de celebrar una concentración convocada por el movimiento feminista y en todos los ayuntamientos de la comarca se han aprobado mociones contra el SAP. Mi intención es que todos los ayuntamientos de Bizkaia sigan también ese camino, y para ello he pedido ayuda a los partidos políticos. He dado charlas en Euskal Herria, en el Estado español y también a escala mundial. Estoy en contacto con gente de Argentina, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Esto pasa en todas partes.

No me dejan pasar noches, ni fines de semana, ni vacaciones con mi hija y dedico todas mis horas libres a luchar por recuperarla. Tengo un trabajo estable y las tardes que tengo libres también doy clases particulares, porque este proceso exige mucho dinero. Sé que soy una privilegiada, he pensado mucho en las mujeres que no tienen tantos recursos. ¿Qué posibilidades tienen? Suicidarse o rendirse. Sus hijos e hijas crecerán con la amargura de pensar que sus madres no les quisieron lo suficiente, que no lucharon lo suficiente.

“Algo habrá hecho para que le quiten a su hija”. En la escuela de mi hija sobrevuela esa sospecha. Siento el estigma. Si estuviéramos en el franquismo me habrían rapado la cabeza en la plaza del pueblo. Yo no tengo que justificarme, pero mi expediente está plagado de informes psiquiátricos, psicológicos y sociales que demuestran mi capacidad como madre. Tengo cuatro peritos, todos de fuera del País Vasco. Los de aquí no quieren ir en contra de la Diputación. Me han dicho que soy David luchando contra Goliat y que no voy a conseguir nada. Cuando me quitaron a mi hija tuve que ir a Madrid. Y eso es muy triste, que el pueblo que amas pase de ti, porque la Diputación tiene tentáculos en todas partes.

Es difícil crear alianzas con mujeres en la misma situación. En los puntos de encuentro nos mantienen aisladas, por ejemplo a nosotras nos meten en la cocina para no alterar el gallinero. Pero tenemos que unirnos para luchar contra el lobby machista.

Yo estoy muy amenazada. Recibo llamadas presionándome, pero ahora ya paso. Las trabajadoras de la Diputación me tiran a la cara los artículos de prensa en los que yo hablo. ¡Plaf! “¿Y esto qué es, Irune? ¿Sabes que vas a tener consecuencias, no?”. Yo me hago la tonta.

Sí, voy a tener consecuencias, pero voy a seguir en esta lucha, contra el SAP y denunciando la corrupción de la Diputación. Me lo han quitado todo y no tengo nada que perder.


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