¿Qué pasó en Yby Ya’u?, ¿qué pasa en Paraguay?

¿Qué pasó en Yby Ya’u?, ¿qué pasa en Paraguay?

El Ejército asesinó a dos niñas argentinas en Paraguay, pero la justicia persigue a las activistas feministas que se manifestaron para pedir esclarecer el crimen .

07/10/2020
Una mujer se asoma a la venta de su puesto de venta

Mabel Candia de la casa cultural feminista Casafem, denunció que policías rondaron su vivienda con arma en mano por varias horas después de la manifestación. / Foto: Mayeli. (Instagram:@yelialba)

Dos agentes de la Policía Nacional con uniforme azul llaman al timbre de una bonita casa de un barrio residencial de Asunción, la capital de Paraguay, un domingo por la mañana. Una señora de 68 años camina hasta la puerta exterior gris de la casa y saluda a los policías.

– Buen día ¿qué desean?
– Buen día, señora. ¿Alguien de la familia es de izquierda?

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La escena no es de una dictadura militar de los 70, sino del 6 de septiembre de 2020.

Cuatro días antes el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, anunciaba que había concluido un “operativo exitoso” contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo paramilitar al que el Gobierno persigue desde hace una década. “Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”.

Así lo publicó Abdo en su Twitter tras volar inmediatamente 300 kilómetros al norte, hasta el supuesto campamento central del EPP, para felicitar al Ejército ante las cámaras. Solo unas horas más tarde sabríamos que, en realidad, el “operativo exitoso” de los militares había consistido en el asesinato a tiros de dos niñas de once años y de nacionalidad argentina que fueron enterradas ese mismo día sin practicarles la autopsia.

Liliana y María del Carmen Villalba vivían con su abuela, Mariana de Jesús Ayala López, en Misiones, Argentina, y, según ella, habían ido a pasar las vacaciones estivales junto a sus padres, paraguayos y presuntos miembros del EPP; una recibió seis disparos, la otra dos. Ocurrió muy cerca de una pequeña localidad campestre llamada Yby Ya’u, departamento de Concepción, a unos 100 kilómetros de la frontera con Brasil.

“El presidente Abdo Benítez acudió inmediatamente hasta el lugar de los hechos, donde se suponía lo esperaban las poses de gloria para la posteridad sobre los cadáveres frescos de dos niñas”, denuncia la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas de Paraguay (Conamuri) que exige al Estado una investigación imparcial.

Macabros portavoces del Gobierno dijeron que las niñas eran integrantes del grupo, que tenían 13 y 17 años, que eran “niñas guerrilleras”. Nada de esto era cierto.

“Hablar hoy de niñas guerrilleras constituye una falta de ética en la que no pueden permitirse caer los medios masivos de comunicación, que también deben actuar como formadores ante una sociedad anestesiada por los estragos de un sistema educativo gestado en dictadura”, sostiene Conamuri.

Tras el escándalo en este país sin mar rodeado por Argentina, Bolivia y Brasil, el Gobierno argentino y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la ONU pidieron al Ejecutivo paraguayo que esclarezca lo ocurrido. Las redes sociales en Argentina y Paraguay sumaban comentarios de incredulidad, indignación y rabia contra el Gobierno de Abdo, pero las calles, con medidas de cuarentena por la Covid-19, permanecían tranquilas.

Hasta el sábado 5 de septiembre, cuando el céntrico Panteón de los Héroes de Asunción fue el punto de encuentro de un centenar de personas para protestar pidiendo justicia de forma pacífica por los hechos. “¿Qué pasó en Yby Ya’u?”, gritaban entre sus consignas a favor de los derechos de la niñez y pancartas contra la militarización del norte de Paraguay; algunas hicieron pintadas en el monumento que alberga a expresidentes próceres del país, y una quemó una tela con los colores de la bandera.

De la protesta pacífica a la persecución política

Y aunque la Fiscalía o el Gobierno no han esclarecido aún ni el nombre de los oficiales que dispararon a las niñas, la Fiscalía corrió a investigar a 25 personas que asistieron a esa manifestación, con la excusa de haber violado la cuarentena. Seis estudiantes y activistas han sido procesadas por la Fiscalía por acudir a la protesta, una artesana encarcelada que se juega entre tres y 10 años de prisión por “menoscabo contra un monumento nacional”, y dos mujeres jóvenes más han tenido que huir del país porque están en busca y captura. La policía visitó domicilios de la capital buscando “izquierdistas y feministas”, según testimonios recabados para este reportaje.

Los principales medios de comunicación de Paraguay difundieron las imágenes de la protesta tildándola de vandalismo. Amenazas a “las feministas” y “los zurdos” fueron exhibidas en redes y medios por militantes del gobernante Partido Colorado (lleva en el poder desde 1954 con una sola excepción entre 2008 y 2012, cuando hubo un Gobierno progresista que terminó su mandato abruptamente por un juicio parlamentario exprés promovido por los mismos colorados).

La cantidad de mensajes de ofendidos en redes y en medios de difusión por la quema de una supuesta bandera desplazó rápidamente la atención de los asesinatos. Y así fue que los medios dejaron de hablar de las niñas ejecutadas por el Estado y comenzaron a dedicar sus principales espacios a desacreditar una protesta feminista y dar voz a discursos nacionalistas enfervorecidos.

Al día siguiente de la concentración, exalumnos de uno de los colegios más elitistas del país, el San José, enviaron roscas mortuorias al Panteón de los Héroes, pero no por la muerte de las niñas, si no por las pintadas en el monumento. Los medios los trataban como héroes, a ellas como delincuentes.

Otras tres roscas mortuorias fueron enviadas anónimamente a la sede del partido gobernante y con alusiones al infanticidio: “Vándalos de la Patria”; “Q.E.P.D. Paraguay 1954”, en referencia a la fecha en la que comenzó la dictadura más larga de América del Sur, la de Alfredo Stroessner, también colorado; y “FTC 14 millones de dólares, 2 niñas muertas”, este último aludiendo al presupuesto anual destinado por Defensa para supuestamente combatir al EPP.

La Fiscalía y la policía investigaron hasta al florista que hizo el envío. Dispararon órdenes de captura por doquier: una de las manifestantes imputadas es Paloma Chaparro, de 25 años, artesana, sin antecedentes. Pasó dos semanas encarcelada en una comisaría antes de serle concedido el arresto domiciliario. Ella quemó la tela de tres franjas de color azul, blanca y roja e hizo una pintada en la pared del Panteón: una frase del artículo del código de la niñez donde dice que el Estado, la sociedad y la familia son los responsables de proteger a la niñez y la adolescencia.

Primerismo plano de dos mujeres con los labios y ojos pintados de amarillo

Activistas de Casa Fem posan para un retrato. / Foto: Mayeli. (Instagram:@yelialba)

La policía preguntó puerta a puerta en los vecindarios de las familias de las manifestantes y montaron guardia frente a la casa cultural feminista Casafem arma en mano por varias horas tras la manifestación. Cuando dos mujeres fueron a preguntar el motivo, un agente las recibió apuntándoles con la cámara del teléfono, según denunciaron a Amnistía Internacional. Mabel Candia, integrante de Casafem, denunció a Amnistía Internacional que policías rondaron su vivienda con arma en mano por varias horas después de la manifestación.

“Están criminalizando a mujeres jóvenes que hicieron uso de su derecho a la manifestación ciudadana. Existe jurisprudencia internacional que dice que prima la libertad de expresión y no puede ser criminalizada la persona. En otros países no es delito quemar la bandera nacional, corresponde al ámbito de la expresión política, no puede ser objeto de proceso penal”, resume a Pikara Magazine Natalia Rodríguez, abogada defensora de Chaparro.

Desde la Secretaría de Género del mayor partido de izquierda de Paraguay, el Frente Guasú (Frente Amplio en lengua guaraní, la más hablada del país y oficial junto al castellano) rechazan “la criminalización de las personas que participaron pacíficamente del acto de pedido de justicia para las dos niñas asesinadas en Yby Ya’u”.

Esta coalición de movimientos sociales y campesinos con representación parlamentaria destacó que las personas investigadas pertenecen “en su mayoría al movimiento de mujeres, feministas y de derechos humanos”. El Frente Guasú asegura que estas personas están siendo “injustamente procesadas en este operativo de encubrimiento”.

Evitar la cuarentena para manifestarse, cumpliendo las medidas de seguridad, no es razón para perseguir penalmente a la gente, denuncia la agrupación: “La protesta, el derecho a la reunión, a la manifestación y la libertad de expresión tienen rango constitucional. Son derechos aún en tiempos de Estado de Emergencia Sanitaria, no están suspendidos y siguen vigentes”.

En este proceso, la desigual justicia paraguaya queda retratada como es. Mientras que al hijo de una acaudalada familia local, Patrick Bendley y a Sol Cartes, hija del expresidente y empresario millonario Horacio Cartes, le permitieron casarse en plena cuarentena en la Catedral Metropolitana de Asunción y celebrar una fiesta con decenas de invitados, 25 personas tienen su vida en vilo por haber ejercido su derecho a manifestarse para solidarizarse con dos niñas inocentes que fueron acribilladas por los militares.

dos carteles feministas en una pared blanca

Interior de la Casfem. / Foto: Foto: Mayeli. (Instagram:@yelialba)

El país que prohibió la palabra género

En ningún país de la región es sencilla la militancia feminista, pero en Paraguay es particularmente difícil. Es uno de los países con menor participación y presencia femenina en la vida política, una cuestión sobre la que alertaron las misiones de observación internacionales que estuvieron en Paraguay durante los comicios generales de 2018.

Kuña Pyranda (Huella de mujer, en guaraní) es el primer y único partido político socialista, feminista y ecologista de Paraguay, también el único que llevó en 2013 y 2018 a dos mujeres como candidatas a la presidencia y vicepresidencia del país. Es muy minoritario y no cuenta con representación parlamentaria.

Paraguay es un país ultraconservador y muy desigual, de mayoría católica en el que el sistema educativo tiene prohibido usar materiales que incluyan si quiera la palabra género –por resolución ministerial de 2017-, ni hablar de educación sexual o sobre derechos humanos, que en vez de ser vistos como un acuerdo de mínimos son para la mayoría de políticos propuestas de extrema izquierda.

“En Paraguay siempre se toleró la progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico y social que culminan con la muerte de la mujer”, dijo recientemente la ministra de la Mujer, Nilda Romero, según reportó la Agencia Efe. Romero argumentó que existe en Paraguay una “naturalización” de la violencia de género que se demuestra en que “la mitad de las personas que presenció” algún tipo de maltrato “no hizo absolutamente nada para proteger a la víctima”.

Desde 2016 existe una ley de Protección integral a mujeres contra toda forma de violencia, en la que se tipificó por primera vez como delito el feminicidio. El Código Penal establece penas de entre 10 y 30 años de cárcel para este tipo de crimen. En 2017 se produjeron 53 asesinatos de mujeres por violencia machista y 59 en 2018. Hasta septiembre de 2020, hay 33 feminicidios registrados por el Observatorio de Violencia de Género del Ministerio de la Mujer, en una población total de unos siete millones de habitantes.

La discriminación hacia las mujeres, las personas TLGBI, los pueblos indígenas y afro persiste en Paraguay sin ninguna ley que la persiga, mientras que en el resto de Sudamérica, exceptuando las Guayanas, se han aprobado normas contra el racismo, la segregación o la homofobia. Los políticos de la minoritaria izquierda y las organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos llevan casi veinte años luchando por aprobar un proyecto de ley que persiga y penalice cualquier forma de discriminación. Pero la clase política, en su mayoría perteneciente a dos grandes partidos conservadores, colorados y liberales, y las iglesias católica y evangélica, no parecen estar dispuestas a permitirlo.

 


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