“Entró el bicho acá adentro y no hicieron nada para evitarlo”

“Entró el bicho acá adentro y no hicieron nada para evitarlo”

La población reclusa de Devoto, la única prisión que permanece abierta en la ciudad de Buenos Aires, ha tomado varios de los módulos para exigir medidas de seguridad e higiene ante el agravamiento de la crisis sociosanitaria de la Covid-19

13/05/2020
Fotógrafo: Cristian Provano

Foto: Cristian Provano

Son las 16.51 y se escuchan tiros, ruido de cristales y gritos desde el interior de la cárcel de Devoto, la única que permanece abierta en la ciudad de Buenos Aires. Las personas reclusas han tomado desde primera hora de la mañana del 24 de abril varios de los módulos, llegando a los tejados de los edificios del centro penitenciario para exigir medidas de seguridad e higiene ante el agravamiento de la crisis carcelaria argentina, por la pandemia de coronavirus.

En el cruce de las calles Indio y Laureles Argentinos, sus familias intentan conseguir información y denuncian la situación de vulneración de derechos humanos que sufren los internos, mientras algunas hablan con ellos por teléfono. Desde que el Gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pasado 20 de marzo, no han podido ver a sus familiares.

suscribete al periodismo feminista

“Nunca protegieron a los presos. Nunca”, grita una de las componentes del grupo, mayoritariamente formado por mujeres, frente a un cordón policial de diez agentes que corta el acceso por la calle Laureles Argentinos. Uno de ellos sonríe desafiante. Horas más tarde, tres miembros del servicio penitenciario vestidos de paisano intentan acercarse. Uno lleva una gorra azul con las siglas “HDP” en blanco. En el cuidado de los presos, las mujeres siempre han tenido un papel protagónico y son conscientes de las provocaciones a las que están sometidas.

El motín en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se denomina actualmente a la cárcel de Villa Devoto, se une a otras protestas en prisiones de todo el país. Las personas en situación de reclusión de Melchor Romero en La Plata; Corrientes y Florencio Varela también se amotinaron esa semana. En esta última, veinte resultaron heridas y Federico Rey fue asesinado por una bala de plomo, según comunicó la Comisión Provincial por la Memoria, disparado presuntamente por los agentes del penal en la Unidad Penitenciaria nº23.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional recomendó el pasado 23 de abril reducir la población en las cárceles, dada la “situación de emergencia inédita en la que el Estado es garante de la salud de los internos en un contexto de sobrepoblación carcelaria y covid-19”. Desde entonces, 1700 personas podrían haber sido derivadas a prisión domiciliaria, según los cálculos de la Procuración, lo que ha provocado al menos dos cacerolazos –el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo-, el último sumado a la protesta por el aumento salarial de los trabajadores del Congreso.

Sobrepoblación y hacinamiento

La Cámara Nacional no ha sido la única que se ha posicionado en esta línea. La Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que definiese los criterios de actuación frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria, citando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Es probable que las personas privadas de libertad, como las personas en las cárceles y otros lugares de detención, sean más vulnerables al brote de la enfermedad por coronavirus que la población general, debido a las condiciones limitadas en las que viven juntos durante un periodo prolongado”, alertaba la OMS.

Verónica Zapolini no deja de mirar el móvil, ya sea caminando entre el grupo de familiares que esperan tener más información o sentada en el bordillo de piedra de la calle Indio. Su marido está en la planta 1, módulo 2, donde comenzó la revuelta el viernes de madrugada en la prisión de Devoto. Ha explicado tantas veces lo ocurrido, que el cansancio casi la supera. “Todos sabíamos que esto iba a pasar”, afirma mientras señala en su móvil la publicación que hizo en una red social hace unos días:

“Dentro de los establecimientos penitenciarios si se contagia uno caen todos, por la sobrepoblación y las condiciones sanitarias, edilicias y de higiene, sin contar con que se exponen todos los días, ya que el personal del servicio penitenciario posee tres turnos, así es que cualquiera de ellos hoy puede ser un portador asintomático y contagiar a toda la población carcelaria”, explicaba en el post.

Precisamente la confirmación por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF), del que depende el centro inaugurado en 1927, del primer caso de coronavirus de un agente hizo saltar todas las alarmas en la cárcel de Devoto. La cooperativa Esquina Libertad denunció la falta de política de control sanitaria y acompañó la denuncia de los casos de médicos y enfermeros que, presentando síntomas de la covid-19, no habían generado medidas de prevención con las personas con las que tenían relación.

Ayelen Stroker, miembro de la cooperativa, es tajante: “Hace un mes y medio, desde que estalló la pandemia, que se viene pidiendo la aplicación del arresto domiciliario para personas con problemas de salud o delitos menores de tres años y desde Devoto salían informes negativos”, argumentaba.

En las horas previas a la protesta, al menos cuatro presos habrían sido trasladados para hacerles el test, lo que aumentó la angustia de los reclusos de un centro penitenciario con una capacidad real de 1.694 personas, en el que actualmente se encuentran hacinadas 2.200.

“Yo, como mamá, mi hijo me dice: quédate tranquila, pero ¿sabé qué te da bronca? Que nosotros lo estamos cuidando: no vinimos a visitas para que no se contagien y lo hacen por medio de ellos –los funcionarios penitenciarios–”, afirma Paula, madre de un recluso de 24 años. Consciente de la situación de su hijo, que lleva ocho encarcelado por una condena del doble de duración que aún no es firme, prefiere no dar su nombre real.

Según la Procuración, la población carcelaria ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años y, si bien el SPF reconoce que actualmente la sobrepoblación es del 5%, la Procuración Penitenciaria de la Nación considera que esta cifra es más alta. Debido a esta situación, el Ministerio de Justicia tuvo que declarar en marzo de 2019 la emergencia penitenciaria por tres años.

Población en riesgo

Si bien el hacinamiento es un caldo de cultivo para propagar el virus dentro y fuera de las prisiones, la sobrepoblación incrementa la dificultad de acceso a los derechos básicos y esenciales como, por ejemplo, la adecuada alimentación y la atención de la salud.

Por ello, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recomendó la reevaluación de los casos de prisión preventiva (…), dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud”, mientras la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, instó a los gobiernos “a que procedan con rapidez a fin de reducir el número de reclusos”, añadiendo que se debería examinar “la manera de poner en libertad a individuos especialmente vulnerables, así como a los detenidos menos peligrosos”.

Píkara Magazine ha tenido acceso a un informe médico de una de las personas que se encuentran en la cárcel de Villa Devoto, en el que se reconocía sus antecedentes de asma, explicitando que esta persona formaba parte del grupo de riesgo vulnerable frente a la pandemia. Sin embargo, el tribunal el pasado 2 de abril y la Sala II de la Cámara Federal de Casación el 4 de mayo denegaron su arresto domiciliario ya que, “si bien ello no impide considerar un posible contagio de coronavirus, es muestra de que no se encuentra a la fecha con un estado de salud endeble que amerite una medida tan especial como la que pretende”, exponía el fallo de la segunda instancia.

Su mujer explica que las personas en situación de reclusión no quieren escapar, sino que se conteste a sus peticiones: “Mi marido tiene 44 años, asma, el 40% de la capacidad pulmonar disminuida, ya lleva más de la mitad de la condena, no está por un delito violento, le falta nada para salir y se la negaron –la prisión domiciliaria-. Esto es lo que están reclamando, no se quieren morir allí dentro”, argumenta entre lágrimas.

Esta situación contraviene las recomendaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que ya afirmaba el 19 de marzo que se tenían que tomar medidas con tres objetivos claros: “Disminuir la sobrepoblación y proteger a las personas retenidas, prevenir el contagio y evitar el ingreso de personas enfermas o pertenecientes a los grupos de riesgo”.

Sin barbijos, comida, agua o luz

“A mí me dieron mil barbijos donados por la hinchada de San Lorenzo para los muchachos y no me los dejaron ingresar”, comenta Paula, “no te dejan entrar alcohol en gel porque dicen que se van a emborrachar. Déjate de joder, no me digas eso”, explica indignada, antes de pormenorizar los problemas que la trombosis le causa en la pierna izquierda.

A pesar de su estado de salud, todos los viernes se desplaza hasta la cárcel para llevarle lavandina o lejía a su hijo. El día del motín, llegó a las siete de la mañana y a las 9.30h. le avisaron de la situación: “Nosotras ya lo sabíamos desde anoche, que estaba pasando, pero yo vine igual”, asevera.

Verónica comenta con una amiga por teléfono y después lo vuelve a repetir en voz alta: “Entró el bicho acá adentro y no hicieron nada para evitarlo”. La mañana del viernes se enteró del amotinamiento y fue a las inmediaciones del centro penitenciario lo más rápido que pudo. “De más está decir que en los pabellones difícilmente se puede tener la distancia requerida para evitar los contagios”, exponía. Madre de tres hijos, dos estudian en la universidad y el tercero trabaja en el poder judicial.

Ante esta emergencia penitenciaria, agravada por la pandemia, la directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, Paola García Rey, explicaba a Pikara Magazine que la organización presentó dos pedidos de acceso a la información pública ante la Secretaría de Derechos Humanos y también a la Justicia para conocer los criterios de intervención de ambos órganos en el contexto de coronavirus y el impacto en las cárceles del país.

El 90%

En Argentina, 1.700 presos podrían haber obtenido la prisión domiciliaria por ser considerados población de riesgo, aunque no existe un registro unificado en el país. En este grupo se incluía a detenidos por delitos leves o no violentos, mujeres embarazadas o con niños, a los que estén a punto de tener salida transitorias y a los mayores de 60 años o con patologías que pudieran agravarse por el coronavirus, lo que supondría algo más del 15% de los presos de la cárcel de Villa Devoto.

Dentro de este grupo de riesgo, algunas personas estarían relacionadas con delitos graves y, por tanto, no podrían beneficiarse de esta medida, según la Cámara Federal. Entre estos delitos graves, que necesitarían extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo en la aplicabilidad, estarían los que atentan contra la vida –como los delitos de lesa humanidad o los homicidios-, violencia de género, el abuso sexual o los cometidos con violencia.

“Es importante no correr el eje de discusión: se trata de una cuestión de política sanitaria y, por tanto, es un reclamo legítimo que trasciende la lógica del sistema judicial patriarcal y clasista, los intereses políticos determinados o a los medios hegemónicos”, exhortaba Stroker. “Recordemos que el 90% de la población carcelaria no está relacionada con delitos graves, sino con atentados contra la propiedad y narcomenudeo”, afirma mientras muestra el último manifiesto firmado por diversas organizaciones feministas contra el punitivismo.

Detenidas por pedir justicia

15. 35 horas del viernes de la revuelta en la cárcel de Villa Devoto. Detienen a tres mujeres y agreden a otras familiares que demandan información junto al camión de traslados. “Yo por mí, yo ya estoy hecha, yo ya viví. Pero mi hijo no, mi hijo está queriendo hacer las cosas bien”, afirma Paula cuando explica que está estudiando Abogacía desde que lo encarcelaron. “El problema es que están buscando la reacción. Nos pegaron a nosotras y ellos lo vieron desde allá”, dice señalando al tejado de la prisión donde se agrupaban algunos internos.

Los traslados son otra de las preocupaciones de las madres y compañeras de las personas recluidas en la cárcel de Devoto. Este motín es de particular importancia puesto que se realiza en el contexto de demolición inminente del complejo penitenciario, según la promesa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, del partido PRO, mismo signo político del ex presidente de la República, Mauricio Macri.

Tres horas después, las familiares rodean a Claudia Cesaroni, abogada querellante en la causa de la conocida como “la masacre en el pabellón séptimo”, en la que al menos 65 personas murieron el 14 de marzo de 1978 en esta zona de la prisión, durante la dictadura militar. La abogada les informa que se había conformado una mesa de negociación en la cárcel con distintas autoridades del gobierno, funcionarios judiciales, una asociación de familiares de detenidos y con representantes de los módulos y los pabellones que se reunió el día siguiente, de 10 a 15.40 horas.

Solo cinco familiares se congregaron en las inmediaciones de la cárcel de Villa Devoto al mismo tiempo que la mesa debatía los acuerdos. Todas mujeres. Verónica era una de ellas. “Me morí de frío y me volví cuando ya habían firmado todo”, afirma satisfecha. “Estoy conforme porque se terminó el lío, porque se logró algo y porque van a empezar a mirar un poco más. Por más que hayan cometido el delito que hayan cometido lo están pagando, pero acá no hay pena de muerte, ni torturas. No pueden vivir como animales”, concluía en una conversación desde su casa.

Entre los acuerdos de esa mesa de negociación estaban que no habría traslados, el aumento de las medidas de higiene en el centro penitenciario y el estudio de las prisiones domiciliarias, según la abogada Cesaroni, quien también participó en la mesa. La cooperativista Ayelen Stroker cree que es positivo el acuerdo, pero entiende que hay cuestiones pendientes. “El conflicto para nosotras no es solamente en Devoto, sino en todas las cárceles federales y bonaerenses y esperamos que este acuerdo sea aplicado a nivel nacional”, explica.

La mesa de diálogo entre las autoridades y los detenidos se volverá a reunir, por cuarta vez, el 20 de mayo. Sin embargo, el contexto político ha cambiado. Tras las divisiones internas y el ruido de los cacerolazos, el Gobierno nacional ha modificado su estrategia de política penitenciaria en el contexto de la pandemia.

El silencio denso de la espera se rompe por los aplausos el viernes de la revuelta por la tarde. “Dale, que están acá sus familias”, grita una veinteañera, que agarra de la mano a otra y le da ánimos. El sonido solo se acaba por tosidos y lagrimeo. Los gases pimienta que han vuelto a lanzar en el interior de la cárcel de Devoto, el último centro penitenciario de la ciudad de Buenos Aires, llega hasta esta parte de las inmediaciones por un cambio en la dirección del viento.


Sigue leyendo sobre prisiones:

 

Download PDF
master violencia de género universidad de valencia

Artículos relacionados

Últimas publicaciones

ayuda a Gaza
Download PDF

Título

Ir a Arriba