Ocupar desde la necesidad

Ocupar desde la necesidad

Tres mujeres con trayectorias vitales distintas, pero una misma necesidad común, comparten ocupación desde 2014 en el barrio de Vallecas de Madrid.

19/02/2020
De izquierda a derecha, Lotta, Susana y Victoria

De izquierda a derecha, Lotta, Susana y Victoria

Si no estás familiarizada con la ocupación, el lenguaje que utilizan la finesa Lotta Tenhunen, la dominicana Victoria Ogando de Oleo y la gitana Susana Jiménez puede resultar extraño. Son tres mujeres con pocas cosas en común, aparentemente, unidas por la necesidad de una vivienda. Esa necesidad les llevó a participar en la Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas y a ser vecinas en un bloque de este barrio de Madrid.

Las ocupaciones de 2020 poco tienen que ver con las okupas con k de los noventa y principio de los dosmiles, aquellas casas que tenían más de antro guay berlinés que de hogar. Hubo un momento en Barcelona en que la agenda social alternativa la marcaban las cenas veganas y los conciertos ska de los centros sociales de la ciudad, hasta que fueron desalojados. En 2008, llegó la crisis económica. El boom inmobiliario explotó, el paro alcanzó máximos históricos, pero nada bajó el precio de los alquileres, que sigue aumentando en paralelo a los procesos de gentrificación. Y la ocupación dejó de ser política y se volvió necesidad, si es que la necesidad no es política.

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El derecho a la vivienda, supuestamente garantizado por la Constitución Española, no halló comisión parlamentaria que lo cuidara. Y desde aquí, desde esta perspectiva, nacen los verbos que usan Lotta, Victoria y Susana cuando hablan de “recuperar un piso”, al referirse a una ocupación de una vivienda cuya propiedad es de un banco, y de proponer un “alquiler social”, cuando tratan de gestionar con ese banco pagar lo que la PAH considera un alquiler justo por la vivienda que habitan, y conseguir así gestionar sus vidas desde la tranquilidad que ofrece la legalidad.

El comienzo de su historia se remonta a 2014, cuando un grupo de la PAH de Vallecas, compuesto por quince familias, buscaba dos edificios enteros para recuperarlos. Encontraron dos: uno del Banco Sabadell y otro de Bankia. Ambos eran promociones fallidas de un promotor inmobiliario quebrado. Como trabajo previo a la entrada en las viviendas, las familias hicieron “un ejercicio de preparación logística y mental”, recuerdan, que les exponía, a través de juegos de rol, a situaciones de estrés como, por ejemplo, un desalojo con presencia policial. “Desapareció ese miedo hacia algo que no te has enfrentado antes. El taller me ayudó a relajarme y ahora sé qué tengo que hacer si me tocan la puerta fuerte”, asegura Susana, quien recuerda que la primera vez que les cortaron el suministro de agua, cogió a su hija y salió a buscar al operario de la compañía para revertir la situación. Lo consiguió.

Desde la recuperación, casi han pasado siete años y mantienen intacto su objetivo: “Que el banco ceda los pisos en alquileres sociales”. Poco a poco, esa necesidad de vivienda también ha ido construyendo un discurso político en las más alejadas de la política. “El precio de la vivienda supera los sueldos. Así que, o suben mucho los sueldos, o baja la vivienda para compensar, porque sino, no llegamos”, resume Susana en una lección de economía aplicada.

Susana es madre de dos niñas y reconoce que llegó a la PAH sin casa y con pocos recursos. “Aterricé en la PAH desde la necesidad. Vivía con mi suegra y estábamos muy apretados”. Antes de la crisis, Victoria vivía de alquiler, tenía trabajo y una niña en Madrid. Cuando llegó la crisis, se quedó sin trabajo y sin poder pagar el alquiler, hasta que la echaron del piso. Fue así como conoció la plataforma. “No tenía red, el padre se había desentendido y andaba de casa en casa. La plataforma me ayudó y me paró seis veces el desahucio. Pero no vives, no duermes, estás siempre angustiada. Me vino la enfermedad y me operaron a corazón abierto”, recuerda. Ella ostenta el récord de desahucios parados por la PAH de Vallecas: seis en total. Cuando finalmente fue desahuciada, se unió a este edificio en 2017 y desde entonces se encuentra más tranquila, aunque los juicios la desvelan por las noches.

Estamos bien porque tenemos un techo, pero seguimos luchando por tener una buena vivienda. Un piso sin humedad, sin cortes de agua y luz”, explican. A veces, cuando llueve les entra el agua en casa. Por eso reivindican al actual dueño de los pisos, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como el banco malo, una responsabilidad sobre el edificio y un alquiler social para las viviendas, “de acuerdo a los ingresos que cada una tiene”.

Lotta explica que en la PAH usan el criterio de Naciones Unidas de que el alquiler no debe superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

La situación de Lotta antes de entrar en este edificio de Vallecas era de pisos de alquiler irregular por habitaciones. “El último piso en el que estuve pertenecía a una señora muy mayor y sus hijos lo gestionaban malamente. Cuando vi que no iban a renovarme la beca de investigación, opté por ocupar con la PAH, porque el desarraigo que vivía con cada mudanza era bestial y, a veces, me sentía insegura. Pensé que era mejor formar una comunidad”. Desde entonces, permanece en el mismo piso y ha creado lazos con sus vecinas. Se turnan para poner la lavadora para que el diferencial de la electricidad no salte por sobrecarga (solo disponen de la potencia más baja), toman cafés juntas, se ayudan cuando lo necesitan, están ahí unas para las otras. Pero, sobre todo, les une la presión de la incertidumbre.

Esta no es cualquier comunidad de vecinos. Te enfrentas a muchas cosas juntas, y son cosas que no son bonitas: un juicio, un posible desahucio, cortes de electricidad. Podríamos decir que nuestro portal nos pone a prueba. Y nos cabreamos, claro, igual que cualquiera, pero nos llevamos bien y nos apoyamos las unas a las otras”, resume Susana.

Sí, así es. Yo a veces le digo Lotti que no llego a fin de mes y Lotti me ayuda en lo que puede”, explica agradecida Victoria. Lotta es la más activista de las tres. Llegó a la PAH desde el movimiento del 15M y lucha por “cambiar las leyes de vivienda”, mientras que Susana se muestra más cauta: “Con los políticos, mucha cosa no se puede esperar”, a lo que Victoria asiente y añade que “van a lo que van”.

El pasado 4 de diciembre, las tres vecinas tuvieron el juicio contra Sareb, cuya sentencia les fue comunicada el 7 de febrero. Como ya esperaban, aunque tenían cierta esperanza de que no fuera así, el juzgado de primera instancia número 100 de Madrid otorgó la razón al banco malo, pudiendo este solicitar ya un desalojo, que prevén en primavera.

La abogada de la PAH, Alejandra Jacinto, argumentaba en su escrito que si la entidad ejecutante —Sareb—, desde que se convirtió en propietaria de la finca de Bankia en subasta judicial dejó transcurrir más de un año para instar al desalojo de las personas que allí vivían, Sareb ya no podía atenerse a este procedimiento, y debía optar por desahucio por la vía precaria, un procedimiento también por la vía civil, pero que dilataría el proceso de desalojo y ofrecería a las inquilinas más tiempo para intentar regular su situación.

Desde que se instalaron en el edificio, mis clientas intentaron regularizar su situación a través de alquileres sociales. Para ello se dirigieron a los propietarios, que ya era Sareb, tanto en persona como por correo electrónico, y se les solicitó documentación, a veces Sareb, a veces empresas mediadoras. Desde que recuperaron el edificio, han tenido varios interlocutores, pero con el tiempo, lejos de regularizar, Sareb instó al desalojo de esas viviendas”, resume la letrada sobre el proceder habitual de la sociedad bancaria para alargar, por su parte, el proceso de intentar llegar a un acuerdo de regularización.

A pesar de que Sareb está participado por un 45% de capital público, y el 55% por los cuatro bancos rescatados por el Estado —Bankia, Catalunya Banc, Banco Gallego y Banco Valencia—, la última acción pública ha sido poner en venta 1000 pisos en alquiler el pasado 7 de enero. Es decir, facilitar la compra de pisos para especular con el alquiler o, en palabras de Sareb, una campaña destinada “hacia los ahorradores particulares que estén interesados en invertir en el mercado residencial del alquiler, compren un piso para arrendarlo”, según el comunicado de prensa.

Lotta, que es periodista y socióloga y vino a Madrid desde Finlandia con una beca de investigación, se pone su vestido de activista cuando habla del parque de vivienda en el Estado español, el país que más desahucia en Europa, el que más vivienda vacía tiene y el que menos vivienda social ofrece, y remite a la nota de prensa que la PAH publicó en enero con motivo del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos: “Desde los inicios de la crisis en 2008, España se convirtió en una anomalía europea donde se han producido más de 600.000 desahucios en todo el Estado. Una situación de emergencia que, lejos de solucionarse, augura una proyección a final de 2019 similar a 2018, que alcanzó la cifra de 59.671 (más de 160 desahucios diarios), semejante a los peores años de la crisis, lo que reafirma que muy pocas medidas sociales se han hecho en España para frenar esta dramática vulneración de derechos”.

Lotta también participó en aquel juego de rol para aprender a gestionar los nervios ante una situación policial complicada. Recuerda que en las concentraciones y manifestaciones del 15M, siempre había ido con su cámara de fotos, “que me salvaba, de alguna manera, de mí misma y mis miedos”. “Pero el día de la recuperación del edificio, iba sin la cámara, solo yo, y tenía adjudicado el papel de mediar con la Policía, así que no podía salir corriendo. Ese fue mi punto de inflexión: sentí que formaba parte de algo y ya no sentí las ganas de salir corriendo”. Desde entonces, esta finesa ha hecho piña con sus vecinas con las que comparte la señal de internet, la lavadora y la lucha por un parque público de viviendas con alquiler social. “Compartimos la necesidad de ocupar, y en la PAH aprendimos a ocuparnos de ella juntas”, concluye.

Especial #PikaraLab
Este contenido se enmarca en ‘Feminismo desde mi piel’, una colaboración con Mujeres con Voz y Calala Fondo de Mujeres. Financiado por el Gobierno Vasco
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