El naufragio de los derechos humanos en Europa Planeta, Reportaje

Las crecientes políticas securitarias y de lucha contra la inmigración implementadas en los últimos años en Europa están poniendo en peligro los derechos y las libertades fundamentales de sus habitantes.

en un primer plano se ven zapatos y zapatillas colocados sobre la línea blanca de un paso de cebra, al fondo hay varios policías antidisturbios

Unos 22000 pares de zapatos formaron una corriente de tres kilómetros en París para simbolizar que, pese a la prohibición de manifestación, ‘nuestros zapatos marchan por nosotros’. / Foto: Luna Gámez

En 2018, el Estado español no permite legalmente grabar a un agente de policía ni en el uso ni en el abuso de sus funciones: lo dice la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada hace tres años; un tuit o una canción pueden conducir a la cárcel conforme a la misma normativa. Bajo el paraguas del estado de emergencia decretado en Francia en 2015 e instaurado de forma permanente en la legislación en 2017, la policía puede interpelar a cualquier persona de apariencia física sospechosa (lo que incluye llevar una capucha o tener un tono de piel oscuro). En Reino Unido, la ciudadanía ve espiadas sus comunicaciones sin necesidad de que la Justicia apruebe una autorización previa. Señoras jubiladas esperan sentencia por haber acompañado a un grupo de niñas y niños refugiadas que pretendían solicitar asilo en la frontera de Italia con Francia. Un padre de familia sirio, que se manifestó por el trato denigrante a las personas en busca de asilo en la frontera húngara, cumple una condena de 10 años en prisión acusado de actos terroristas, cuando las únicas armas que portaba eran un megáfono y su voz desesperada.

Escudándose en la amenaza terrorista y en la llamada “presión migratoria”, los Gobiernos de los países de la Unión Europea (UE) incorporan en sus legislaciones medidas para “proteger” a su ciudadanía de lo que tildan como “amenazas exteriores”, en detrimento de derechos y libertades. Europa se enroca y se blinda, pero ¿a qué precio?

“La idea de que el papel de los Gobiernos es garantizar la seguridad para que la población pueda disfrutar de sus derechos ha dado paso a la idea de que los Gobiernos deben restringir esos derechos para preservar la seguridad” de la población, alertaba Amnistía Internacional en el informe ‘Medidas desproporcionadas’, donde aborda el aumento de políticas securitarias que ejecutan los países comunitarios y sus peligrosas consecuencias. Para Dominique Curis, responsable de la división de Defensa de Libertades Públicas de Amnistía Francia, “hace años que venimos observando una tendencia de fortalecimiento de los poderes ejecutivos en nombre de la prevención, con restricciones de ciertos derechos y libertades, y sin pruebas de la eficacia de tales medidas”.

Estados de excepción contra derechos

La declaración del estado de emergencia en Francia tras los sangrientos atentados de noviembre de 2015 en París, que dejaron más de 130 muertos, marcó el pistoletazo de salida de una serie de normativas de excepción que empezaron en ese país y se fueron extendiendo a otros muchos Estados europeos: de Polonia a Bélgica, de España a Holanda, de Hungría a Alemania. Registros indiscriminados, vigilancia masiva, restricciones de movimiento o detenciones prolongadas sin cargos han pasado a formar parte del día a día de la ciudadanía europea. Es decir, la excepcionalidad comienza a enquistarse de forma normalizada a costa de libertades suspendidas en nombre de la seguridad.

Europa se enroca y se blinda, pero ¿a qué precio? Clic para tuitear

“Como resultado de una vaga definición de lo que es terrorismo, desde que se instauró el estado de emergencia en Francia muchas personas pasaron a ser consideradas una amenaza”, señala Curis. La estigmatización se ha centrado en la comunidad musulmana y migrante, pero también ha salpicado al movimiento sindical o al ecologista. La experta de Amnistía Internacional pone como ejemplo los arrestos domiciliarios que ordenaron las autoridades francesas contra los numerosos activistas medioambientales durante la cumbre climática COP 21 celebrada a finales de 2015 en París. “En ningún momento fueron considerados como sospechosos terroristas, pero se les aplicaron ese tipo de leyes”, denuncia.

en primer plano una pareja baila agarrada, el hombre de espaldas lleva un sombrero de paja, a la chica, con gafas se la ve la cara. Al fondo, policias antidisturbios

El día previo a la COP 21 en París y, ante la prohibición de manifestación, una pareja de activistas baila frente al cordón policial que rodea la plaza de la República. / Foto: Luna Gámez

El Reino Unido lleva más de una década experimentando con políticas securitarias en nombre de la lucha antiterrorista, aunque en los últimos años ha subido la apuesta. En la actualidad, la legislación británica permite un periodo de detención provisional sin cargos de hasta 28 días para los sospechosos de terrorismo (el más largo, con diferencia, de toda la UE), y su ley de vigilancia masiva, aprobada en 2014 y ampliada en 2016, la Data Retention and Investigatory Powers Act, otorgó al Ejecutivo poderes para acceder y recopilar en masa toda la información privada de la población que existe en línea, desde sus conversaciones telefónicas hasta su historial de búsquedas en internet, con la excusa de evitar ataques. Desestimada a principios de este año por la Justicia nacional por contravenir las leyes comunitarias —aunque la inminente salida del Reino Unido de la UE podría dejar la sentencia en papel mojado—, esta normativa se suma a otros controvertidos programas en aras de la seguridad británica. La iniciativa Prevent, entre otras, se creó para la detección temprana de radicalización en niñas y niños musulmanes y exige que colegios, centros de atención primaria e, incluso, las propias familias de menores que muestren cualquier comportamiento sospechoso informen a las autoridades. “De repente, hacerse practicante o incluso interesarse por la política exterior convertían a un crío en alguien peligroso”, critica Yasha Maccanico, periodista e investigador del observatorio de derechos civiles Statewatch, con sede en Londres. “Como tantos otros, este programa ha mostrado ser contraproducente y ha dejado muchas vidas rotas”, opina.

Registros, vigilancia, restricciones de movimiento o detenciones son parte del día a día en muchos países de Europa Clic para tuitear

La libertad de expresión también convalece por los efectos colaterales de la lucha antiterrorista en Europa. Varios Estados han aprobado leyes que convierten en delito toda declaración considerada como apología, glorificación, apoyo o defensa de actos considerados “terrorismo” en sus jurisdicciones. El ejemplo más cercano y flagrante: el Estado español. Raperos o marionetistas han sido condenados a prisión por publicar tuits con críticas a la monarquía o con referencias al desaparecido grupo terrorista ETA. Otros países, como Francia, no le van a la zaga: sólo en 2015 la Justicia gala decretó 385 penas por supuesta apología del extremismo islamista. Más al este, en Polonia, el partido gobernante, Justicia y Libertad, ha emprendido una reforma judicial que compromete seriamente la separación de poderes y su draconiana ley antiterrorista le da vía libre para silenciar toda opinión disidente, sobre todo a los colectivos de mujeres, que están en la diana del Ejecutivo conservador. “Tras las Black Protests [masivas manifestaciones a favor de mantener la actual y restrictiva normativa sobre el aborto, que el Gobierno quiere limitar aún más], las sedes de varias asociaciones feministas fueron registradas”, señala Inga Hajdarowicz, socióloga de la Universidad Jagellionian de Cracovia. Hajdarowicz advierte de que tanto estas como muchas otras organizaciones de la sociedad civil han visto muy recortados sus fondos “por razones políticas”, incluidos los colectivos a favor de la población migrante. Hajdarowicz advierte al mismo tiempo de la progresiva criminalización de las personas extranjeras en su país: “Existe un extendido discurso racista y xenófobo, alentado y legitimado por el Estado. Incluso migrantes que han vivido y trabajado en Polonia durante muchos años y tienen la nacionalidad polaca se sienten más amenazados que nunca en su vida diaria”.

Jaque a ONG, activistas e inmigrantes

Las asociaciones defensoras de derechos humanos denuncian una creciente persecución a activistas que trabajan con migrantes en Europa, como el juicio “esperpéntico” a los bomberos españoles de Proem Aid en Grecia, los procesos contra activistas franceses en la frontera francoitaliana, o las órdenes de expulsión de militantes italianos de Ventimiglia —una ciudad a escasos 10 kilómetros de Francia— para evitar que puedan auxiliar a los migrantes en su paso por la frontera. En Hungría, la legislación que regula la llegada de demandantes de asilo ha pasado a enmarcarse dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de Seguridad Interna; es decir, “se considera a los migrantes una amenaza para el país”, explica Neil Clarke, director general y responsable de los programas para Europa y Asia Central de la ONG Minority Rights Group. “El Gobierno húngaro emplea el término ‘invasión’ pese a que no refleja en absoluto la realidad: muy pocos entran y muchos menos se quedan, debido al bloqueo de fronteras y al maltrato que sufren”, asegura. La ley, apodada “StopSoros” (en alusión a las fundaciones y organizaciones financiadas por el multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros y enfocadas principalmente en la inmigración y el derecho de asilo), que el Ejecutivo aprobó a finales de junio de 2018 es, según Clarke, “una ley contra todas las ONG, que verán seriamente comprometida su operatividad”.

En una línea parecida van medidas como la confiscación de barcos de ONG que prestan socorro en el Mediterráneo, como la española Proactiva Open Arms en Italia y, un paso más allá, la aplicación de leyes antiterroristas, como en el caso del juicio a varios integrantes de una ONG británica que detuvieron un avión en el aeropuerto londinense de Stansted para impedir la deportación de migrantes a África y por lo que enfrentan a duras penas, acusados de poner en peligro la seguridad nacional.

Por tierra y mar, la Unión Europea y los Estados miembros están haciendo todo lo posible para impedir la llegada de migrantes y personas refugiadas. En el Mediterráneo, la operación de rescate del Gobierno italiano Mare Nostrum fue cancelada en 2014 y reemplazada por Tritón, operativo de la UE que incluyó en su misión la supervisión de pasos fronterizos. El creciente protagonismo de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, está reduciendo mucho las llegadas de migrantes por vía marítima a las costas europeas: el año pasado descendieron a más de la mitad respecto al año precedente, de 363.500 en 2016 a 171.635 en 2017, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«La Agenda Europea de Migraciones se está modificando para convertirse en una caza al migrante» Clic para tuitear

A esto se suma el endurecimiento de la postura contra la inmigración de países clave para la llegada de migrantes, como Italia, que se niega a recibir en sus puertos barcos dedicados al auxilio de personas que atraviesan el Mediterráneo. Las políticas comunitarias apuntan en la misma dirección: la operación de la UE que sustituyó a Tritón —(Themis, lanzada a principios de 2018— ha abandonado cualquier objetivo de salvamento y, en la última reunión de ministros de la UE celebrada a mediados de julio de 2018 en Innsbruck (Austria), se acordó reforzar la política antiinmigración, con medidas como la ampliación del mandato de Frontex y la agilización de la repatriación de migrantes, al mejorar la cooperación existente con terceros países.

se ven cabezas de manifestantes con carteles en alemán que dicen nazis fuera y bienvenidos refugiados y la parte inferior derecha se ven cascos de policías antidisturbios

Un grupo de manifestantes, en apoyo a la población refugiada, choca con la policía, en Hauptbahnhof, Berlín. / Foto: J. Marcos

“La correcta aplicación del derecho al asilo se ha vuelto un problema para la Comisión. La Agenda Europea de Migraciones se está modificando para convertirse en una caza al migrante”, asevera Yasha Maccanico. Al actual sistema de Dublín (la norma que establece que sólo en el primer país europeo donde las autoridades recogen las huellas dactilares de un inmigrante éste puede tramitar su solicitud de asilo), se sumará pronto la reforma que prepara la Unión para dificultar aún más la obtención del estatuto de refugiado y diferenciar así entre el migrante bueno y el malo.

Tras escapar de Eritrea con sólo ocho años y, más tarde, de la guerra en Sudán, donde había vivido de forma irregular durante 10 años, Beshir (nombre ficticio) decidió dar el salto a Europa. Tras las huellas de otras miles de personas migrantes pasó seis meses en Libia, donde trabajó “en condiciones de esclavitud” hasta juntar los 3.000 dólares que cobran las mafias por atravesar el Mediterráneo, llegó a Italia y después a Francia. Planeaba cruzar al Reino Unido, aunque su experiencia en el campamento de Calais le hizo desistir: sufrió maltrato, violencia y represión. Resistió con la esperanza de llegar a un lugar donde pudiese vivir dignamente en paz. “Sólo necesito papeles y seguridad, pero Europa nos lo pone muy difícil”, lamenta este joven eritreo, que milita desde París por el derecho al asilo de la población migrante y contra el sistema de Dublín.

“Desde los años 90, la UE colabora con otros Estados en la externalización de la militarización de las fronteras para contener las rutas migratorias”, explica Elsa Tyszler, socióloga integrante de Migreurop, red de organizaciones africanas y europeas. “Exportamos nuestras guerras contra la inmigración hasta Nigeria”, afirma esta investigadora. Países como Egipto, Turquía o Marruecos reciben jugosas contrapartidas económicas y políticas por defender la frontera europea. No son los únicos beneficiados: la lucha contra la inmigración irregular y el terrorismo se ha convertido en “un negocio colosal, donde las industrias se frotan las manos frente al aumento de fronteras, muros, vallas, cuchillas o cámaras de vigilancia”, señala esta socióloga, que además denuncia el silenciado machismo de las políticas de gestión migratoria.

La presencia de mujeres en rutas migratorias está profundamente invisibilizada o instrumentalizada Clic para tuitear

Tyszler considera que la presencia de mujeres en las rutas migratorias está profundamente invisibilizada y, cuando se considera, es para ser instrumentalizada. “Muchas mujeres, aun con dinero, se ven obligadas a prestar servicios sexuales para atravesar fronteras. La mayoría viajan solas”, recuerda. Y apunta que, en sus años de experiencia de trabajo en la frontera hispanomarroquí, no vio una preocupación real de las autoridades por el bienestar ni de las personas menores, ni de las mujeres o los hombres migrantes. “Las autoridades europeas se preocupan más por justificar sus políticas que por las personas que protagonizan la migración”, afirma.

El control más estricto de fronteras es “una prioridad clave para mejorar la seguridad interna de la Unión Europea”, aseguró en enero de 2018 Juan Ignacio Zoido, el entonces ministro español del Interior. El marco de sus palabras era una reunión de representantes europeos para discutir la reforma del sistema de asilo común que establece, entre otras medidas, la instalación de centros de retención de migrantes en países del norte de África para, supuestamente, combatir redes de tráfico de personas.

Lo que para algunas personas migrantes es una tentativa desesperada de supervivencia, para Europa se presenta como una amenaza, pero el mayor reto al que se enfrenta Europa no es la inmigración o el terrorismo, sino “renunciar a lo que pretendemos defender —asegura Dominique Curis, de Amnistía Internacional—. Se supone que tratamos de preservar una sociedad democrática, justa y abierta, donde los derechos sean respetados”, añade, mientras enfatiza que la opacidad de ciertas políticas actuales abre una brecha para que cualquier persona pueda un día verse encuadrada en las leyes antiterroristas o de seguridad ciudadana. “Las respuestas a la inmigración y al terrorismo deberían reflejar los valores fundamentales de nuestra sociedad”, defiende la organización humanitaria internacional Human Rights Watch, que denuncia que la Unión Europea trate los derechos humanos “como si fuesen una opción”.

 

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El naufragio de los derechos humanos en Europa
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Andrea Olea

Periodista. Feminista. Viajera. Contar historias, hacer que cuenten... ahora en medio de Oriente,

Luna Gámez

Periodista y antropóloga, escribo para sentir y compartir donde estas disciplinas confluyen. Voy y vengo, con un pie en Europa y otro en América Latina.

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