Fotografías: Jess Insfrán Pérez

Era sábado por la mañana cuando el teléfono de María sonó.

           – Entre las dos y las tres de la tarde voy a llamar a la policía para que vayan a hacer sarambí por ustedes, para que les quiten de ese lugar donde ustedes están- escuchó que le decían.

María Máxima Segovia, lideresa campesina del asentamiento de San Juan de Puente Kyjha, próximo a la frontera entre Paraguay y Brasil, viajaba en auto. Era el sábado 10 de marzo de 2018. María, que tiene 43 años y seis hijos, había salido de su casa rumbo a la ciudad de Curuguaty, a un par de horas de viaje en coche. Allí tendría una reunión con un grupo de senadores para hablar de la situación de las tierras donde vivía. Pero las palabras que acababa de escuchar resonaron despacio en su cabeza.

“Sarambí” es una palabra guaraní que significa “desorden, caos”. A veces se emplea con una connotación festiva, pero María ya sabía que en esta ocasión se traducía en amenaza. Reconoció la voz de la mujer que la llamaba por tercer día consecutivo. Era Adelina Blanco, la suegra del intendente (alcalde) de la ciudad de Puente Kyjha, Néstor Ariel Araújo.

        – Quiero ver la cara del policía que viene a hacer su trabajo sin orden, porque ningún policía puede venir a actuar sin documentos – respondió María.

A las dos de la tarde, su teléfono volvió a sonar.

        – Ña María, ¿vos estás en tu casa? Hay un motoqueiro rondando tu casa. Es desconocido, y parece sospechoso- la alertó uno de sus vecinos.

María comenzó a inquietarse, y llamó a un amigo. Le pidió que fuese a chequear que no hubiera ningún extraño cerca de su casa. Dieciséis minutos más tarde, el teléfono de María sonó una vez más.

         – Vine junto a tu prima, y llegó el motoqueiro. Dos palabras dijo, y ya le tiró tres tiros a tu prima. Está acá, tirada en el suelo.

María le pidió a su amigo que auxiliara a su prima, que la llevara al hospital, que hiciera lo que pudiera por ella. Pero al final, no pudo hacer nada.

María Ester Riveros, prima de María, fue asesinada de tres balazos mientras tomaba tereré frente a la puerta de su casa, un sábado a la hora de la siesta. Tenía 51 años y trabajaba vendiendo los sillones que su hijo fabricaba en San Lorenzo (Gran Asunción). María la recuerda como una señora muy alegre, “muy calidad”, según la describe. Ambas se visitaban con frecuencia: lo que una no tenía, la otra se lo daba. Vivían a menos de mil metros de distancia la una de la otra.

       -Siempre voy a vivir esperando que en cualquier momento ella llegue otra vez. Porque no era el caso -dice María.

María Máxima Segovia no se quiebra, pero de vez en cuando usa sus manos anchas para espantar de su cara alguna lágrima impertinente, alguna gota de sudor intempestiva. Cuando se refiere al crimen, dice siempre “lo ocurrido”. Conjuga los verbos en presente, como si una parte de ella se negara todavía a situar a su prima a la altura de los recuerdos. Habla con la convicción de quien cree que la razón está de su lado. Sin miedo, sin culpa, y sin tono lastimero. Con la misma determinación con la que los árboles del patio de su casa, ahora deshabitada, penetran la tierra y la surcan de raíces.

Mujeres defensoras

El asentamiento de San Juan de Puente Kyjha, donde fue asesinada María Ester Riveros, tiene una historia atravesada por la violencia. En 1993, integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), una de las principales organizaciones campesinas del país, decidieron ocupar un latifundio improductivo de 20.000 hectáreas, que estaba en manos de un brasileño sin domicilio en Paraguay¹. Sufrieron desalojos, detenciones, torturas. A raíz de este conflicto, Rafael Pérez Roa, de 45 años, y Gregorio González Villalba, de 19 años, fueron asesinados en el asentamiento, en 1994 y 1996.

No fueron los únicos. Desde que en 1989 un golpe de Estado pusiera fin a la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, un total de 122 campesinos paraguayos en lucha por sus tierras también fueron asesinados en circunstancias parecidas. Un informe elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) y publicado en 2014, habla incluso de “un plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino” en el país.

Son crímenes que se repiten en todo el mundo. Sólo en 2017 fueron asesinados un total de 312 defensores de derechos humanos en 27 países, según la organización internacional Front Line Defenders. De ellos, 212 fueron matados en las Américas, y el 67 por ciento defendía su derecho a la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, a menudo en el contexto de la oposición a megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas.

Otro informe, de la organización Global Witness, cifra en 197 las personas defensoras del medio ambiente asesinadas en 2017: aproximadamente cuatro cada semana. El reporte documenta casos de varias mujeres asesinadas en este contexto, en países como Colombia, Nicaragua, Guatemala o Brasil, el país del mundo que más asesinatos de activistas medioambientales registró ese año.

En toda América Latina, las mujeres que defienden sus derechos a la tierra, al agua, al territorio o a los recursos están enfrentando amenazas, hostigamiento judicial, persecución, ataques violentos y asesinatos, según insisten en denunciar organizaciones como Amnistía Internacional. Ejemplos no faltan. En 2016, la lideresa indígena Berta Cáceres fue asesinada en Honduras mientras luchaba contra la construcción de una presa hidroeléctrica. Ese mismo año, la activista Nilce de Souza Magalhâes fue hallada muerta en Brasil, también mientras se oponía a la construcción de una presa. En 2017, una activista por la paz en Colombia, Emilsen Manyoma, fue asesinada tras haber criticado a grupos paramilitares, empresas mineras y corporaciones agrícolas en la región de Bajo Calima. Y en abril de 2018, mataron a la lideresa indígena Olivia Arévalo en la Amazonia peruana, en una zona próxima a las plantaciones de aceite de palma.

Pero el crimen de María Ester Riveros, en el marco de la lucha por el acceso a la tierra en Paraguay, tuvo una particularidad: era la primera vez que mataban a una mujer.

Organizadas por la tierra y contra los desalojos

María dice que su prima fue una pionera:

       -Ella fue la primera mujer con la que entramos en el primer lote que recuperamos acá.

Los lotes recuperados de los que habla María son una extensión de cuatro grandes terrenos, que María asegura que son del Estado paraguayo. Dice también que los terrenos no tienen nombre ni título de propiedad. Están en los límites de la comunidad de San Juan Puente Kyjha, cerca del asentamiento que fundó la FNC en 1993.

María cuenta que, en 2010, Adelina Blanco, la suegra del intendente, la mujer que la telefoneó horas antes del asesinato de María Ester, ocupó estas fincas y se proclamó su dueña. En un terreno plantó soja; otro permanece improductivo; en otro están instalados miembros de la FNC.

Y en el otro terreno se estableció, en 2014, un grupo de doce familias, en su mayoría formadas por madres solteras con sus hijos e hijas. María Máxima Segovia era su líder.

      – Empezamos a trabajar en la recuperación de la tierra entre 2014 y 2015. Se iba a cerrar una escuela porque no había alumnos… y lo que pasaba era que estaba todo lleno de colonos brasileños que plantaban soja. La escuela la conseguimos recuperar con varias manifestaciones. Y decidimos recuperar también los lotes vacíos al lado de la escuela. Investigamos en el Indert y las tierras no tenían títulos, ni solicitud, ni nada- explica María.

El Indert, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra de Paraguay, es el ente estatal que gestiona las tierras públicas, y el encargado de ejecutar una reforma agraria a través de la redistribución de estas tierras. Aunque la Constitución paraguaya de 1992 no reconoce de manera explícita el derecho a la tierra, sí habla del derecho a la vivienda, de la reforma agraria para adoptar “sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de tierras” y de la eliminación de los latifundios improductivos. Apelando a esas normas, María y sus compañeras reclamaron al Indert un título de propiedad sobre las tierras que ocupaban en San Juan.

        – Nosotras optamos por estas tierras porque no teníamos otra salida. Muchas somos madres solteras que teníamos que trabajar para mantener a nuestros hijos, y el alquiler en la ciudad es caro. Y por eso luchamos: porque aquí hay más vida, vos criás animales, plantás mandioca, llevás y vendés, tenés gallinas… de todo se dispone. Pero no vivimos tranquilas, porque siempre hay rumores de que va a venir un desalojo (de parte) de los que no son sujetos a la reforma agraria, y (de) que en cualquier momento van a conseguir documentos para echarnos a todas a la calle otra vez– dice María.

Al comienzo, mientras iniciaban los trámites, todas las mujeres vivieron juntas bajo una gran carpa de plástico. Dividieron la finca en 30 parcelas de 10 hectáreas cada una, la extensión que el Estatuto Agrario de Paraguay contempla como “unidad básica de economía familiar” campesina. Poco a poco, las mujeres del asentamiento iban levantando sus casas. Pero el 17 de agosto de 2016, un vendaval en forma de desalojo derribó y quemó sus viviendas. Llegaron agentes de varios cuerpos policiales, y colonos brasileños que arrasaron con la comunidad.

     – Todo el mundo empezó a llorar: sus casas estaban quemadas, sus hijos en la calle, y no sabíamos qué hacer. La Fiscalía imputó a quince de nosotros, acusándonos sin motivos de estar en una tierra que ya tenía un título de propiedad. Al final, logramos llegar a un acuerdo, demostrar que estábamos en tierras del Estado – recuerda María.

Las mujeres regresaron a la carpa, y a la pelea por los títulos de sus terrenos. En 2016, conformaron la comisión Mujer Paraguaya San Juan Poty, que integran 27 familias, muchas de ellas encabezadas por madres solteras con criaturas. Y María Segovia fue elegida presidenta de la comisión.

En marzo de 2017, por fin, una resolución del Indert estableció la adjudicación de ocho de los 30 lotes. En los lotes adjudicados, las campesinas irán pagando por los terrenos, hasta conseguir los títulos que las acrediten como propietarias. Pero la propiedad de los restantes 22 lotes aún no se ha resuelto, y sus habitantes no viven tranquilas.

       – Quiero que el Indert haga su trabajo- dice María.- Que entre y releve la totalidad de la colonia, para no estar en espera, en zozobra. Porque, ¿de qué sirve luchar por algo que al final se entrega  a los brasileños? Vos estás ahí esperando por un documento, sin pensar que va a salir un título a nombre de otra persona.

Presión política, presión empresarial

María cree que la titulación de las tierras que ocupa junto a sus compañeras no se resuelve por la presión que ejerce la familia del intendente. Araújo pertenece al partido en el Gobierno, el Partido Colorado, y es el gobernador del municipio de General Francisco Caballero Álvarez, conocido como Puente Kyjha, desde 2015. Ese año, cuando aún era candidato a intendente en las elecciones municipales, Araújo fue acusado de un presunto delito de estafa. En 2016, una comitiva de policías y fiscales allanó su vivienda como parte de la investigación por el asesinato de un prestamista en la ciudad de Katueté, próxima a Puente Kyjha. La víctima de ese crimen murió en circunstancias similares a las de María Ester Riveros: dos sicarios le acribillaron un sábado al mediodía, en pleno centro de la ciudad. A pesar de estas acusaciones, Araújo continúa en el cargo, y en la zona es considerado un político influyente.

Según el relato de María y de sus vecinas, la familia del intendente se dedica a cultivar soja en la zona que ocupa dentro del asentamiento. Es la misma actividad que mantienen los colonos brasileños de la zona, que también pugnan por controlar esas tierras. Los empresarios brasileños rodean la comunidad de San Juan, y la mayor parte de ellos se dedica al cultivo de granos para exportar a su país. Sus enormes campos de soja y de maíz son los dueños del paisaje, en el camino que conduce al asentamiento. Hectáreas y hectáreas de plantas verdes, y el horizonte roto por las cúpulas metálicas de algún silo para procesar los granos.

Es una imagen ya característica del este de Paraguay, país que se ha convertido en el tercer mayor exportador de soja del mundo, con una producción de casi diez millones de toneladas de este producto al año. Paraguay es, a la vez, el país con la distribución de la tenencia de tierras más desigual del mundo, donde los latifundios crecen al mismo ritmo que la cifra de campesinos sin tierras, que son entre 150.000 y 300.000 en todo el territorio.

El asentamiento San Juan de Puente Kyjha se sitúa en el departamento de Canindeyú, en el este de Paraguay. En este departamento, casi un millón de hectáreas se dedicaron al agronegocio entre 2015 y 2016, con 648.000 hectáreas dedicadas a cultivar soja. Es también la región donde más campesinos han sido asesinados en defensa de su territorio: un total de 27 personas desde 1989, según la organización Base Investigaciones Sociales.

El asentamiento queda a unos 40 kilómetros al sur de la frontera con Brasil en la localidad de Sete Quedas (Mato Grosso do Sul), y a poco más de 60 kilómetros del límite entre Paraguay y el estado brasileño de Paraná. Desde 2005, la ley paraguaya de seguridad fronteriza establece que los extranjeros nacidos en países limítrofes con Paraguay no podrán ser propietarios de fincas rurales en una franja de 50 kilómetros desde el límite entre ambos países.

A pesar de estas restricciones, cerca del 60 por ciento de las tierras del departamento de Canindeyú están en manos de propietarios brasileños. Brasil necesita espacio para seguir expandiendo sus cultivos, y mantenerse como el segundo mayor productor de soja del mundo. La frontera entre ambos países es movediza. El agronegocio de Brasil la empuja cada día.

Bajo amenaza

El 8 de marzo, dos días antes del asesinato de María Ester, miles de mujeres marcharon por las calles del centro de Asunción y de varias ciudades del país para reclamar la igualdad de derechos, y pedir el fin de la violencia y la discriminación contra ellas. Ese día, el teléfono de María sonó, por primera vez, con un timbre de amenaza.

        – Ña María, ¿tu gente está en ese lote donde se hace dueña la suegra del intendente?- interrogó una voz.

        – Sí, estamos acá, ¿por qué?- respondió María.

        – Por favor, retírense del lugar, porque en este momento ellos están entrando en la colonia con sus capangas y van a ir a quemar la casa. Están armados. Para que no pase a peor, retírense del lugar.

María obedeció la orden y se retiró de la zona junto a sus compañeras. Entonces vio llegar a una comitiva: estaba el intendente Araújo, su suegra, y otros siete hombres armados que no pudo reconocer. En apenas 20 minutos, echaron abajo e incendiaron una de las casas. Antes de salir del lugar, los hombres que acompañaban al intendente y a su suegra realizaron varios disparos al aire.

Al día siguiente, María denunció estos hechos en la comisaría número diez de la comunidad de San Juan, y acusó directamente a Araújo y a su suegra. Poco después, recibió otra llamada:

      – ¿Me grabaste anoche cuando estábamos quemando la casa?

María reconoció la voz de la suegra del intendente. No respondió.

      – Me hago responsable por lo ocurrido anoche, y si es necesario lo vuelvo a hacer otra vez. Y cuidate, cuidate porque esto no se va a quedar así- insistió la voz al otro lado del teléfono.

Durante siete minutos más estuvo hablando. Maldijo a María y le repitió que se cuidara, en tono de amenaza.

      – Amén, amén, señora, por lo que me estás diciendo – fue la única respuesta de María.

La amenaza se cumplió. Al día siguiente, un hombre se bajó de su moto frente a la casa de María Ester. Se sacó el casco, la miró y dijo:

      – Yo vengo acá a hacer dos trabajos: eliminarte a vos, y a ña María.

Apenas María Ester pudo explicarle que era la prima de María. Cayó al suelo después de tres disparos. A plena luz del día, frente a la puerta de su casa.

Contra la impunidad

Cuando se enteró de que habían disparado a su prima, María llamó por teléfono a los senadores con los que iba a reunirse en Curuguaty, y les contó lo sucedido. Dio media vuelta con el automóvil en el que viajaba, y fue hasta el hospital de Salto del Guairá, en la frontera con Brasil, donde habían internado a María Ester.

       -No sabía qué hacer. Tenía ganas de ir a la casa del intendente, agarrarle yo misma, y hacerle justicia. Pero en lugar de eso, le dije al fiscal: “Ustedes crearon un juzgado, una Fiscalía, y la investigación queda a manos de ustedes. Espero que hagan justicia, porque bien saben quiénes son los autores. Si ustedes no hacen justicia, yo voy a traer ese lazo que tengo en mi casa, voy a lazarle (al intendente), y así le voy a hacer recorrer Puente Kyjha entero”. Y después, que me lleven presa, no hay problema. Pero voy a hacer justicia, porque demasiado ya nos jugaron. Nos tienen como sus juguetes – dice María.

La lideresa campesina denunció el asesinato de María Ester en la Fiscalía de Salto del Guairá, de la que depende Puente Kyjha. Los hechos están documentados en la carpeta fiscal número 315, y la investigación quedó a cargo del fiscal Christian Bartomeu. El martes 13 de marzo, María acudió a la Fiscalía a prestar declaración, y ratificó su denuncia. Volvió a señalar al intendente de Puente Kyjha y a su suegra como supuestos autores intelectuales del asesinato de María Ester. La Fiscalía emitió además una orden de captura contra el presunto autor de los disparos.

Pero, a cuatro meses del crimen, todavía no hay ninguna persona detenida. Desde la Fiscalía aseguran a María que la investigación sigue su curso, y que el caso no va a quedar así. Pero ella está intranquila. Teme que la influencia del intendente obstruya la investigación e impida que se llegue a esclarecer y juzgar el asesinato de María Ester. Teme que el caso quede en el opareí, como se dice en guaraní cuando una situación queda sin resolver, en un limbo de impunidad.

Huir por miedo

Pero el mayor miedo de María es otro: que el sicario que mató a María Ester, y que la policía dice que está prófugo, la encuentre esta vez a ella, y le dispare con la bala que le tiene reservada.

       -Yo decidí salir de mi casa el mismo día que pasó “lo ocurrido”. Mi hermano y mis hijos fueron a vivir a otro lado, porque yo no puedo poner en riesgo a mis criaturas. Tengo un hijo menor de edad, que aún está en la escuela. En un 99 por ciento, yo estoy corriendo riesgos. Tuve que dejar este lugar. Ni de la sombra de mi párpado puedo ya tener confianza.

Antes del asesinato de María Ester, María vivía en San Juan junto a sus dos hijos menores, y una hija que estaba embarazada. Se dedicaba a criar vacas, chanchos, gallinas. Cuando tuvo que huir, vendió a todos sus animales, que eran su principal fuente de ingresos. Solo se quedó con dos chanchos, que ahora cuida un vecino. Se separó de sus hijos, abandonó su casa y se refugió en la de un pariente, lejos de la comunidad. Vive bajo custodia policial: debe permanecer siempre en la casa, y cada vez que necesita salir, tiene que acompañarla un agente. Es parecido a vivir bajo arresto domiciliario.

      – No es fácil que vos tengas una vida, y que de repente cambie todita tu rutina. No sé ni cómo no me he vuelto loca. Yo manejo mil cosas: acá con la gente, con mis hijos, mis problemas (…). Si era por mí, ya me hubiera ido a otro lado para poder estar con mis hijos. Pero si yo me retiro y me voy, esto se va a quedar en el oparei. Sé que a veces la justicia es lenta, pero a veces también es segura.

Dice que extraña su casa, su vida de antes, a la que se le antoja imposible volver algún día. Pero sabe que, aunque haya tenido que marcharse, las tierras que ocupa le pertenecen. Son tierras del Estado. Corresponden a todos los paraguayos que necesitan vivir de ellas. Son su derecho, afirma, su derecho como campesina paraguaya.

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