En España deberíamos empezar a llamar a las cosas por su nombre. La muerte de más de 1000 mujeres en los últimos diez años supera con creces a las utilizadas políticamente víctimas de ETA en un periodo de actuación bastante más amplio. También es necesario recalcar que el concepto de violencia de género se queda corto en relación a una realidad pasmosa y que además, parece que en este país no pasa nada. Cero actuaciones políticas, cero actuaciones institucionales y lo que es más grave, cero movimiento social en torno a esto salvo los de los movimientos feministas.

En España tenemos un grave problema de violencia contra las mujeres. La realidad es que nos enfrentamos a una sociedad feminicida que se calla, oculta, legitima y promueve la violencia contra la mujer como elemento natural de un contexto patriarcal y sexista con el beneplácito del gobierno de turno. El feminicidio como concepto es necesario para politizar y visibilizar la muerte de las mujeres por el simple hecho de serlo superando de una vez por todas el carácter privado y ambiguo que históricamente se le ha otorgado a la violencia de género asimilándolo exclusivamente con la violencia doméstica entendida como aquella que se da dentro de un núcleo familiar o sentimental. El concepto de feminicidio es un concepto amplio, e interpretable dependiendo del contexto en el que nos encontremos ya que si bien refleja unos elementos claves a la hora de hablar de la violencia extrema contra las mujeres podemos poner en cuestión el patrón heteronormativo de dicho concepto por ejemplo en relación a la violencia contra el colectivo trans.

Independientemente de la discusión teórica del concepto y su aplicación en diversos contextos quiero centrarme en el concepto de feminicidio como acción contra las mujeres no por ello olvidando el posible debate del concepto frente a otras realidades. Para ello y remontando al origen del concepto elaborado por Marcela Lagarde quiero centrarme en los elementos claves del mismo para contextualizar la situación en este país. Por un lado el concepto de feminicidio encaja perfectamente con la realidad social ya que se trata de una violencia extrema por el simple hecho de ser mujeres y que además, cuenta con el beneplácito del estado ya sea por actuación directa o por omisión de actuaciones para evitar, frenar, impedir o proteger a las víctimas. En España y especialmente con el gobierno del Partido

Popular la violencia contra las mujeres es palpable en muchas dimensiones del sistema legal y social.

En lo que va de año han sido ASESINADAS once mujeres cuyos nombres se suman a la larga lista de víctimas del terrorismo machista. Una lista oficial sesgada dicho de paso porque determinadas víctimas no cumplían con los baremos necesarios para ser consideradas víctimas de violencia de género y han acabado en las listas de homicidios eliminando así cualquier ápice de violencia relacionada con el género . Y a ello debemos sumar el resto de las víctimas de la violencia de género como son los hijos e hijas de las víctimas que terminan sufriendo graves consecuencias que los/as acompañaran el resto de sus vidas y que para colmo siguen sujetos/as en muchos casos, a los agresores debido a los regímenes de custodias de este país.

Y todo esto sucede justo después de la primera gran marcha feminista en la historia de este país denunciando la necesidad de considerar la violencia contra las mujeres como una cuestión de Estado. Una reivindicación imprescindible que parte del espectro político parece ser que no comparte. Es inadmisible que teniendo en cuenta la realidad con la que nos enfrentamos en materia de género haya partidos políticos que no acudan a dicha manifestación o se abstengan en las votaciones de una moción contra la violencia machista porque consideren que los términos “violencia patriarcal” o “terrorismo machista” criminalizan a los hombres. Es inconcebible que un país que respete a sus mujeres consienta y no sancione estas actuaciones de ciertos sectores políticos a los que luego se les llena la boca con las políticas de igualdad. Es vergonzoso que nuestro presidente del gobierno se reúna de urgencia con el resto de partidos políticos por una “supuesta amenaza independentista” y no le veamos hacer mención alguna a lo sucedido este último fin de semana.

Como mujer me da vergüenza. Y me da más vergüenza que las mujeres voten a estos sinvergüenzas. No comprendo como una mujer puede votar un partido político que recorta sus libertades y sus derechos. No comprendo que haya mujeres que cuestionen a las víctimas de violencia o que sigan defendiendo la subordinación al hombre. Como mujer es un insulto.

Y mientras, la prensa se hace eco de las noticias con titulares rimbombantes como “muere una mujer” como si nos estuviésemos muriendo solas. El papel que están jugando los medios de comunicación – salvando siempre las excepciones- ante esta realidad es vergonzoso empezando por el tratamiento superficial y sexista de las noticias acerca del terrorismo machista y terminando por la poca seriedad y formación que demuestran en materia de género. El amarillismo y la típica imagen de los vecinos diciendo que era un hombre normal tienen que erradicarse a favor de la visibilizacion de esas mujeres. Tenemos que saber sus nombres, y debemos ponerles cara. Debemos dejar de cosificarlas como simples cifras y comenzar a verlas como seres humanos completos con una familia, una vida y probablemente un gran futuro. Reducirlas simplemente a una cifra elimina la realidad humana que hay detrás de cada mujer asesinada en este país.

A nivel legal la necesidad de conceptualizar y judicializar el concepto de feminicidio en este país debe ser uno de los objetivos principales en cuanto a materia de género para dejar atrás la poca e ineficiente legislación existente actualmente al respecto en el marco jurídico español. Difícilmente podemos hacer frente a un problema de semejante magnitud con herramientas como la presente ley 1/2004, de 28 de diciembre cuyo planteamiento es erróneo de entrada ya que como indica en su Art.1 se ciñe estrictamente a vínculos de afectividad o convivencia. Debemos superar ese carácter íntimo, privado y familiar de la violencia contra las mujeres y entender que es un problema público, político y de salud que nos afecta – o nos debería afectar- a todos y a todas.

La violencia contra las mujeres debe de asumirse de una vez por todas como terrorismo y considerarse una cuestión de Estado. Debe asumirse el gasto en los presupuestos en materia de igualdad empezando por la educación y terminando por el sistema judicial y de medidas de protección. Debe asumirse como violencia contra las mujeres el recorte en políticas de igualdad, las custodias compartidas con maltratadores o la prohibición del aborto entre otros. Y mientras tanto las mujeres debemos tejer redes de sororidad y solidaridad que nos protejan de un sistema que nos maltrata constantemente y de un gobierno que permite que se nos mate sin consecuencia alguna. Y pelear. Y luchar. Y ser violentas si lo tenemos que ser. Y defendernos como sea, frente a quien sea y donde sea. Basta de que nos inculquen la culpabilidad, la domesticidad y la no violencia mientras nos están asesinando.