Ganaderas a pesar de la ley

Ganaderas a pesar de la ley

La Ley de Titularidad Compartida, que crea los trámites para que las mujeres puedan ser titulares de las explotaciones agrarias que comparten con sus maridos, no ha logrado los objetivos planteados tras más de dos años de vigencia. Tan sólo 101 mujeres se han acogido a esta normativa en todo el Estado español, a pesar de que más del 70 por ciento de los negocios agrarios están en manos de hombres

14/10/2014
Nieves Gutiérrez. / Foto cedida

Nieves Gutiérrez. / Foto cedida

“¿Dónde está el jefe?”, pregunta de manera habitual alguien cuando acude a la explotación ganadera de Nieves Gutiérrez y su marido. “Aquí no hay jefes ni obreros, somos todos iguales”, responde ella marcando el terreno. Todo un entramado legal sostiene el machismo y la masculinización a los que está asociado el mundo rural. “Aquí trabajamos tanto mi marido como yo, es de los dos, pero yo no puedo firmar ningún papel”. Ganadera y con una carga de trabajo equivalente a la de su pareja, Nieves está subordinada a él a la hora de lidiar con la burocracia porque únicamente figura como colaboradora, no como titular de una explotación que le pertenece.

La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, una larga reivindicación de las mujeres del campo, busca desabrochar la desigualdad de género estructural del mundo rural, reconocida hasta por el Ministerio de Agricultura: “La actividad de las mujeres en la agricultura siempre ha sido intensa; sin embargo, su trabajo se ha caracterizado por estar invisibilizado al no gozar del suficiente reconocimiento jurídico, económico y social”.

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Según los datos oficiales, en el Estado español el 71,19 por ciento de los titulares de explotación agraria son hombres, frente al 28,81 por ciento de mujeres. “Profesionalmente nuestro trabajo no goza de un estatuto de reconocimiento jurídico en la explotación familiar. Y eso deriva en la falta de reconocimiento, de ingresos y de derechos laborales”, explica la secretaria general del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba. Eran y son muchas las trabajadoras sin contrato, sin derechos.

En el Estado español el 71,19 por ciento de los titulares de explotación agraria son hombres, frente al 28,81 por ciento de mujeres

El único camino para que las mujeres vean reconocida su labor y su trabajo de manera legal es romper con la figura de la titularidad única. Se lograría así una cotización a la Seguridad Social acorde a la realidad y la posibilidad de pedir subvenciones, como por ejemplo las ayudas europeas asociadas a la Política Agraria Común (PAC). En definitiva, que las mujeres también tengan acceso al control y a la gestión de la explotación.

“Aunque siempre soy la encargada de realizar los papeles, no podía solicitar la PAC, tenía que ir mi marido”, explica Nieves, que pertenece a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Cantabria. “Los ingresos agrarios son de dos personas, provienen del trabajo de dos personas, pero se atribuyen al titular, así como la capacidad de gestión o representación. Las mujeres aportan su trabajo, pero no hay traducción lineal de derechos”, corrobora Vilalba. Según datos de la oenegé Mundubat, del 82 por ciento de las mujeres que trabaja en fincas agrarias dirigidas por hombres, el 59 por ciento no cotizan a la Seguridad Social por el desempeño de una actividad económica.

Una ley con sombras
Tras muchos borradores, reivindicaciones, leyes a medias tintas y lucha jurídica, el 5 de enero de 2012 entró en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Entre los objetivos: la profesionalización del trabajo de las mujeres, caminar hacia la igualdad, el reconocimiento implícito de sus derechos económicos; sin obviar todo lo que implica ser propietaria desde el punto de vista legal, social y económico. Después de los intentos legislativos en 2007 y 2009, que “no significaron nada”, en palabras de Vilalba, la nueva ley ha arrojado un poco de luz a un terreno en el que oficialmente sólo luce el trabajo de un parte. “Yo estaba en el Congreso el día de la aprobación. Se nos saltaban las lágrimas”, rememora la ganadera cántabra.

“Nuestro trabajo no goza de un estatuto de reconocimiento jurídico en la explotación familiar. Y eso deriva en la falta de reconocimiento, de ingresos y de derechos laborales”

Pero aún sigue habiendo sombras. La secretaria general del Sindicato Labrego Galego hace una valoración positiva del avance, aunque con muchos matices: “Tal como está planteada, tiene el peligro de no solucionar el problema de fondo porque es algo voluntario, la decisión es de la explotación y es necesaria la firma del marido”.

La normativa actual necesita una campaña de difusión y de sensibilización, como reconoce el propio Ministerio, para que las posibles beneficiarias conozcan que tienen una nueva opción sobre la mesa. Los datos indican que las cosas no se han hecho de la manera correcta en este sentido. A 30 de julio de 2014, sólo 101 mujeres se han acogido a la ley de titularidad compartida, es decir, a registrarse como cotitulares de una explotación agraria que era suya desde hace tiempo. Unos datos tan llamativos como que en Andalucía o Extremadura, regiones eminentemente agrarias, no se haya registrado ningún caso; o que en Galicia hay únicamente 12, “cuando en esta Comunidad hay 35.0000 mujeres en esta situación”, lamenta Vilalba.

Datos

Los cálculos del Ministerio también están muy lejos de la realidad: “Se estimaba que de un colectivo máximo de 150.000 mujeres que son el grupo de cónyuges de los titulares, unas 100.000 podrían considerarse como las potenciales beneficiarias, de las cuales finalmente se entiende que entre 30.000 y 60.000 podrían querer acogerse a las distintas medidas establecidas por la Ley 35/2011”, explican a Pikara fuentes gubernamentales.

Falta de información
“La Ley ponía medidas positivas para incentivar el debate y sensibilizar, pero no se ha hecho inversión en ello, no se ha facilitado la tramitación. Obligaba a crear registros autonómicos pero ha habido muchas reticencias, poco interés y no se ha visto como algo prioritario”, apunta la sindicalista gallega. Falta mucha sensibilidad, información y formación al respecto: “Desafortunadamente, se considera normal que la mujer estén en condición de subsidiariedad y que lo acepte”, cierra.

Nieves Gutiérrez reconoce que no muchas mujeres solicitan la nueva titularidad y ofrece dos posibles causas: el papeleo y falta de sensibilización. “Hay que empezar el trabajo en los niños y niñas, y más en el mundo rural. Aquí el hombre es el jefe y los pequeños viven con esa idea y la reproducen”.

Lo tedioso de los trámites burocráticos así como la desinformación hacen que el proceso, una vez iniciado, sea largo. “En el sindicato nos ha costado mucho tramitar los expedientes. Es un camino que hicimos casi en solitario, dimos los primeros pasos en un mundo desconocido. Hemos tenido que empoderarnos y obligar a la administración a ponerse las pilas”, explica Andrea Rico, trabajadora comarcal del Sindicato Labrego y una de las primeras personas en tramitar expedientes. “El problema es más de sensibilidad que de dinero”, sentencia la secretaria general de este colectivo.

La ganadera cántabra Nieves Gutiérrez. / Foto: cedida

La ganadera cántabra Nieves Gutiérrez. / Foto: cedida

La separación del matrimonio o la muerte del hombre pueden llegar a suponer complejos problemas para una mujer que ha trabajado durante años en una explotación ganadera o agrícola que, a ojos legales, no le pertenece. Que tras el divorcio sea la mujer quien se quede con el negocio pero no pueda vender las vacas o la leche por no estar a su nombre, o que tras el fallecimiento del titular los herederos sean otros y no tengan los mismos intereses son casos reales que ratifican lo delirante de la situación.

“En la agricultura y la ganadería no existe la palabra mujer. Hay que nombrar a las mujeres”

En un entorno como el rural, envejecido y masculinizado (con sólo el 20,34 por ciento de población femenina del Estado, según Fademur), los ejemplos de desigualdad son abundantes. Las mujeres los tienen muy presentes: “Algunas cotizan como autónomas y cuando no hay dinero, se prescinde de lo de ella. Se prescinde de los derechos de las mujeres”, ejemplifica Vilalba. Desde el sindicato ENHE-Bizkaia también confirman esta realidad, como se ha visto claramente en Nekasare, su grupo de consumo: “Cuando la pareja se queda sin trabajo en la industria y la agricultura es la principal actividad económica, se produce un absoluto desplazamiento de las mujeres. Con la llegada de la crisis hubo un cambio de roles y gran parte de las mujeres cedieron su espacio en lo público a sus parejas. Hoy, de 80 personas productoras, sólo 35 son mujeres.”, explica Isa Álvarez, técnica del sindicato y coordinadora de la red de consumo.

Volviendo a la anécdota del jefe, Nieves Gutiérrez insiste en la importancia de las palabras: “En las leyes de agricultura y la ganadería no existe la palabra mujer. Hay que nombrar a las mujeres”.

 

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