“La defensa del medio ambiente es antipatriarcal”

“La defensa del medio ambiente es antipatriarcal”

Berta Cáceres es una de las lideresas y defensoras de derechos humanos que despierta mayor respeto entre la resistencia hondureña en un contexto de los más altos niveles de represión, asesinatos a periodistas y femicidios de la región. En la semana de las elecciones presidenciales, a fines de noviembre de 2013, la activista ofreció su mirada sobre un país que vive un golpe de Estado virtual desde 2009 y cuyas últimas votaciones presidenciales aún siguen bajo sospecha de fraude.

22/01/2014

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En un lugar sin ubicación precisa y a la sombra de la luna Berta Cáceres señala: “Venimos de una lucha que se ha definido como una disputa anticapitalista contra todo lo que significa el capitalismo depredador. Damos un paso más que es abrir un debate para empujar un proceso antipatriarcal y descolonizador”. “La comunidad lenca ha sido marginada históricamente pero también venimos de un pueblo que ha sido muy rebelde desde la época de la invasión a causa de la discriminación”, recuerda.

Berta Cáceres es una de las lideresas más combativas de la resistencia desde el golpe de Estado en Honduras, ocurrido en junio de 2009 y apoyado por los Estados Unidos, representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). “Hasta antes del surgimiento del COPINH muchas de las prácticas espirituales del pueblo lenca, como la compostura de la tierra, estaban prohibidas. La población indígena las hacía a escondidas, de noche. Después del surgimiento de nuestra organización empieza un resurgimiento de estas prácticas en la luz del día y públicamente. Eso para nosotros es un logro muy importante”.

El ataque cuando una persona es dirigente no es lo mismo cuando es hombre que cuando es mujer

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Su relato, sin embargo, se despliega en una noche luminosa pero sellada. Las periodistas del Observatorio de Derechos Humanos y Resistencias que entrevistamos a la lideresa no pudimos brindar su ubicación exacta ni difundir el momento de la entrevista, ya que sobre ella pesan dos importantes causas judiciales por parte del Estado hondureño y de una empresa extractiva multinacional (por esta última a mediados del mes de enero Cáceres y sus compañeros del COPINH obtuvieron el sobreseimiento provisional, a raíz de la presión de la comunidad internacional y de la población lenca en Honduras). También ha sufrido amenazas de muerte realzadas por agravios sexuales a causa de ser una mujer activista. Cáceres relató su búsqueda de justicia en una Honduras que asesina a las voces disidentes.

Mientras los informes oficiales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea aplaudían las elecciones de ese país del último 25 de noviembre, considerándolas justas y “transparentes”, muchos ciudadanos y ciudadanas aún están lejos de considerar el proceso como noble. Los derechos sobre la tierra fueron una de las principales problemáticas en la agenda electoral que el próximo presidente, Juan Orlando Hernández, deberá defender (o entregar) ante la voracidad de las empresas trasnacionales y las corporaciones extractivas que avanzan sobre la región.

La problemática remite al desempeño del presidente Porfirio Lobo, electo en condiciones de dudosa institucionalidad, quien vetó poco tiempo después del golpe un paquete de leyes que abrió el camino a la privatización de ríos y habilitó las concesiones para el inicio de más de cuarenta proyectos hidroeléctricos, muchos de los cuales amenazan la vida cotidiana de comunidades rurales e indígenas.

Cáceres se presenta como parte de una lucha que se remonta a la tradición familiar y al trabajo en organismos de derechos humanos y comités en la Centroamérica encendida y riesgosa de los años 80. “De esa lucha vengo junto con las compañeras indígenas. Con una presencia de mujeres muy fuerte ligada a la lucha por la tierra, por la salud, por las medicinas naturales y por enfrentar la represión patriarcal, la violencia.

Más toda la historia del COPINH que son más de veinte años una organización mixta en la lucha por los derechos del pueblo lenca, por mejorar sus condiciones de vida. Luego va ampliando su alcance social indígena en relación con la defensa del territorio, de la cultura, de la espiritualidad, de los derechos de las mujeres”, explica.

¿Qué rol toma el COPINH en el contexto posgolpe?

El COPINH se ha visto en luchas muy fuertes que van desde la expulsión de empresas madereras a la exigencia de títulos comunitarios para el pueblo lenca: enfrentar más de quince proyectos hidroeléctricos que privatizan los ríos, la ratificación del Convenio 169 de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OIT) sobre derechos de pueblos indígenas lograda tras una concentración histórica en el congreso nacional.

También lucha por las necesidades básicas de las comunidades: educación, salud. Empujamos todo un proceso con las poblaciones indígena y negra en varios esfuerzos en la defensa del agua, y siempre tuvimos cercanía con movimientos de mujeres y feministas. También impulsamos desde antes del golpe de Estado un proceso refundacional demandando una reforma constitucional originaria, pluricultural, diversa, incluyente, democratizadora. Pensamos la soberanía desde otras lógicas, no desde las lógicas imperialistas o neoliberales de ocupación militar en Honduras como la estamos padeciendo hoy.

¿Cómo se explican las acusaciones del Gobierno que pesan sobre tu persona?

Como parte de la lucha que hemos dado desde el COPINH por más de veinte años, se produce en la parte norte del departamento de Intibucá un levantamiento por la defensa del río Gualcarque, que es territorio ancestral. El 1 de abril de 2013 la población indígena de esa zona decide hacer ejercicio de su derecho a la autonomía y de su control territorial ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto que se presenta como hondureño, bajo el paraguas de la empresa DESA, a su vez ha contratado a la trasnacional estatal china Synohidro, la más grande del mundo en construcción de represas, y también a la alemana Voith Hidro, apoyadas con fondos del Banco Mundial a través de la corporación financiera internacional, fondos en préstamo que el pueblo hondureño tiene que pagar. Esto tiene que ver con un caso típico de agresión trasnacional, de ocupación, de invasión y usurpación que empieza a instalar en el territorio la ocupación militar. El plantel de DESA es una base militar de una operación combinada que han llamado ‘Operación Libertad’. Está el Ejército, la policía, guardias privados, hay agentes de seguridad de inteligencia de la policía, hay sicarios. Han ocupado las comunidades, hostigan, han reprimido, la comunidad ha resistido siete desalojos, con una orden judicial para eso, y toda esa lucha ha implicado que se nos acuse de varias cosas, y varios montajes peligrosos.

¿A qué te refieres con montaje?

Me refiero a que cuando me desplazaba en el carro del COPINH con otro compañero el último 24 de mayo, fuimos interceptados por dos retenes del Ejército y ahí se hizo el montaje en el que, según ellos, apareció un arma en posesión de la organización. Entonces se me acusa de posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras. Es ridículo, ¿verdad? Al mismo tiempo demuestra la intención del Ejército y del Gobierno de acusarnos y criminalizarnos. En la primera acusación hasta ahora en ese caso no se ha probado absolutamente nada.

¿En qué estado se encuentra este proceso?

Nos alarma que no se ha hecho si quiera un peritaje, aunque lo hemos pedido formalmente en la fiscalía y el juzgado nunca han querido hacerlo, así como tampoco hay un acta de registro del vehículo. A mí no me detuvieron los policías si no el Ejército. La policía llegó hasta una hora después y presencié la discusión entre oficiales de policía y del Ejército por si yo podía seguir camino hacia donde tenía una reunión en Río Blanco [al norte del país], pero la orden de ‘arriba’ era llevarme detenida. Ha habido conjeturas peligrosas también sobre esto: presentarnos como una organización violenta que anda armada y, por supuesto, un ensañamiento por ser mujer. Incluso se ha acusado a uno de los compañeros que más cerca está de mí de que él me puso el arma en una campaña de desprestigio. Es una campaña muy perversa. En este país ser luchadora es muy peligroso. Esta acusación viene por parte de la Procuraduría Pública y el Ministerio Público.

¿De qué se trata la otra acusación?

En la otra acusación que nos presenta la empresa DESA estoy junto a los compañeros Aureliano Molina y Tomás Gómez, acusada de usurpación, coacción y daños continuados. La empresa nos acusa de que en tres meses perdieron más de tres millones de dólares. Ahí se demuestra en esas audiencias algo histórico que en La Esperanza [cabecera del departamento de Intibucá] nunca se había visto: una audiencia inicial de dos días completos, y toda una instancia judicial departamental dedicada sólo a eso. Las acusaciones sólo para señalar la carga de desprecio y discriminación. Los argumentos que dan los testigos, el jefe de seguridad y los ingenieros de la empresa son controvertidos. Por ejemplo nos acusan de que incitamos la agresión y la prueba es que “en las manifestaciones por la defensa del territorio hay mantas con el nombre de la organización”.

En Honduras se va a imponer con fuerza una dictadura trasnacional

Otra prueba presentada por ellos es que gritamos consignas como “los ríos no se venden, los ríos se cuidan y se defienden” y que eso es incitar a la violencia. La otra apunta a que “los indígenas no saben pensar, que necesitan de alguien que les esté diciendo”. Entonces aparece el racismo. Cuando las compañeras indígenas fueron a dar testimonio a nuestro favor, y relataban la importancia espiritual del río, que en el río Gualcarque viven espíritus y esos espíritus son niñas, y que las empresas agreden a los espíritus, ahí pudimos ver cómo ellos se reían y despreciaban con gran racismo la situación.

¿Hallas una mayor intencionalidad por ser una mujer liderando un movimiento?

Sí. El ataque cuando una persona es dirigente no es lo mismo cuando es hombre que cuando es mujer. Primero en la historia del COPINH hay un fraccionamiento interno y un grupo de compañeros se deslindan y comienzan por enfocar la agresión en que es una mujer la que está conduciendo el movimiento. La violencia aumenta porque es una mujer la que está conduciendo el proceso contra las trasnacionales en río Blanco [que fluye hacia el norte y desemboca sus aguas en el Golfo del Caribe], porque es una mujer la que logra sacar a la trasnacional Syno Hidro, la más grande del mundo en construcción de represas. Es algo mayúsculo, hecho con las comunidades y en una organización dirigida por mujeres sobre todo. He recibido, claro, muchos mensajes con contenido de hostigamiento sexual por parte del jefe de seguridad de DESA.

¿Qué implica la victoria electoral del candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández?

Lo mismo que demuestra con cada acto [desde 2010 es presidente del Congreso Nacional de Honduras] como la aprobación de la ley de minería, la ley de inteligencia, la ley de intervención pública/privada, la policía militar, o sea más represión, hay más bases militares gringas en este país. Tanta violencia política, significa el incremento de toda esta situación de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos y la entrega mayor de este país a las empresas trasnacionales. O sea: aquí se va a imponer con fuerza una dictadura trasnacional. Por eso fue que dieron el golpe de Estado, porque no van a renunciar a los privilegios que tienen ni van a ceder ese poder. Por eso decimos: el golpe es un proyecto de dominación mayor. Su victoria se traduce en más agresión a los derechos sexuales y reproductivos, a nuestras libertades como seres humanos, como actoras políticas, sociales, culturales. Hay que recordar que ellos le apuestan a la militarización y ésta significa más violencia, más agresión y denigración a la vida de las mujeres. En términos económicos equivale a más explotación, porque ellos no están dispuestos a aceptar los desafíos con las trasnacionales que en Honduras significa el trabajo en las maquilas, que es trabajo en situación de esclavitud. Para las mujeres entonces hay más fundamentalismo, más imposición de esa cultura patriarcal y golpista.

Antes hablabas de los espíritus femeninos del río… ¿nos podrías contar más?

El río Gualcar, que cruza la cordillera de Puca Opalaca, una cordillera muy importante en la parte alta de Intibucá, tanto desde el punto de vista histórico como cultural, así como por su biodiversidad. Pero también tiene una importancia para la rebeldía del pueblo lenca, una importancia increíble para la producción de agua, la riqueza hídrica que hay de minerales, de plantas medicinales… Esta cordillera tiene una relación fuerte con la población lenca, hay bosques vivos, montañas vivas. Este es un río vivo que está amenazado por la construcción de seis represas, incluyendo cinco en San Francisco de Opalaca, que está cruzado por la cordillera, y en ningún lugar se ha permitido la construcción de represas [sin respetar la soberanía y decisión del pueblo indígena, el Gobierno dio luz verde a las empresas]. Desde la cosmovisión del pueblo lenca el agua es un elemento fundamental, así como la tierra es parte del equilibrio y la creación, así como en el agua viven los espíritus. Por eso el agua hay que cuidarla y respetarla como un ser igual a nosotras. Eso explica que una comunidad tenga tanta fuerza para defender un río. Y estos espíritus son, desde la cosmovisión del pueblo lenca, niñas que viven en el río.

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