Joana Etxano Gandariasbeitia. Mugarik Gabe

Acción teatral en el marco del Tribunal de Derechos de las Mujeres./ Foto: Mugarik Gabe

Estamos en un momento en el que, con la excusa de la crisis, el poder político, económico y religioso aúnan sus fuerzas para imponer una regresión en los derechos de las mujeres, como es el derecho al aborto. Ahora mismo, mientras se celebra el 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto legal, seguro y gratuito, volvemos a vivir la amenaza del PP, con una nueva ley de aborto dentro del Código Penal. Proponen volver a un sistema que sólo admite la interrupción voluntaria del embarazo en algunos supuestos, cuestionando el derecho al aborto como derecho y volviendo a ser un delito con excepciones. Además, la ley será más restrictiva que la de 1985.

El gobierno desconoce o ignora los distintos acuerdos, tratados y convenciones internacionales que ha firmado y que debe garantizar todos los derechos de las mujeres; en vez de promover medidas que los cumplan realizan leyes que los violan

Una vez más se quiere controlar el cuerpo de las mujeres. Estamos abocadas a la maternidad a pesar de que no sea nuestro deseo, nuestro cuerpo pasa a ser un mero instrumento de gestación y no un ser con derechos, éstos se interpretan de tal forma que, en este pensamiento conservador, impera el derecho de un feto frente al de la mujer.

El gobierno desconoce o ignora los distintos acuerdos, tratados y convenciones internacionales que ha firmado y que debe garantizar todos los derechos de las mujeres; en vez de promover medidas que los cumplan realizan leyes que los violan. Se nos niega el derecho a decidir si queremos desarrollar nuestra capacidad reproductiva y tomar las medidas necesarias para llevar a término o no un embarazo; esto es, no tenemos autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. No tenemos derecho a decidir, se subordina nuestra decisión a la valoración de la medicina y la judicatura, dado que se interpreta que no tenemos capacidad para ello, tutelando las decisiones de las mujeres.

Derecho a la autonomía

Como expuso Marta Dolado, quien ejerció como fiscal en el marco del Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres celebrado en junio en Bilbao, “la restricción del derecho al aborto es una violación de los derechos humanos. (…). Cuando un embarazo no es deseado y la ley requiere que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer (…). El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que las restricciones al acceso al aborto legal y seguro pueden llevar a situaciones que constituyen un trato cruel, inhumano o degradante”.

Así ocurre en algunos Estados, como en El Salvador y Nicaragua entre muchos otros, donde los gobiernos no dejan que las mujeres aborten en ninguna circunstancia, agravándose la situación al máximo, vulnerando el derecho a la vida. Relegan la vida de una mujer entendiendo que es un mero instrumento para el feto.

Los autodenominados grupos pro-vida -anti elección- no cuestionan que esta vida la tenemos que “sobrevivir” enfrentando recortes sociales, laborales y económicos avalados, y asumiendo la carga de la reproducción social en las familias

La legislación sobre el aborto es muy diversa según el país y el gobierno que esté al frente, no obstante, en muchísimos Estados, si no la mayoría, continúa estando castigado en el Código Penal. Mientras el aborto esté en el Código Penal, el derecho a decidir será negado y subordinado a la judicatura, mientras abortar sea delito habrá una inseguridad jurídica para las mujeres y profesionales que lo realizan; sólo la despenalización y un aborto libre y gratuito respaldan la libre decisión de las mujeres.

Cuando hablamos del derecho al aborto hablamos también del derecho a la autonomía. Justa Montero explicaba en el Tribunal que este derecho será efectivo cuando podamos practicar las decisiones tomadas y teniendo medios y servicios suficientes para poner en práctica nuestra decisión. Para ello, además de tener leyes que no restrinjan la libre decisión, el Estado debe garantizar medios suficientes para que podamos interrumpir un embarazo en la red sanitaria pública, así como elegir el método para hacerlo y castigar a quienes lo obstaculicen. De lo contrario se estará discriminando a las mujeres.

Asimismo, cada mujer podrá tomar la decisión individual que considere según su moral, credo o circunstancia, pero no debemos admitir que la religión intervenga en la legislación de un Estado laico y aconfesional; se deben promulgar políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, además de respetar las creencias religiosas del ámbito privado. Hay que hacer frente a este pensamiento que considera que el derecho de las mujeres es el de ser madres y no el de decidir, y lo principal a proteger es un embrión y no a la mujer.

Los grupos anti-elección, que se enorgullecen de hacer esa defensa a ultranza sobre la vida, no cuestionan que ésta la tenemos que “sobrevivir” como podamos, porque día a día, hay más recortes sociales, laborales y económicos avalados por el mismo poder que relegan toda la carga de la reproducción social en las familias, que en definitiva recaen en las mujeres. Hay que analizar esta reforma de Gallardón en un contexto más amplio donde no sólo se está recortando el derecho al aborto sino que están imponiendo una serie de medidas que están suponiendo un retroceso en los avances de los derechos de las mujeres, abocando a las mujeres a las posiciones de ama de casa y cuidadora a tiempo completo.
Es más, cuestionamos que realmente lo que se quiere proteger sean vidas ya que las políticas restrictivas sobre aborto conllevan en muchas ocasiones muertes maternas por abortos en clandestinidad de aquellas mujeres sin recursos.

A día de hoy el aborto está criminalizado y estigmatizado, tanto legal como socialmente. Hay que diferenciar entre un debate político y uno moral. La política no puede basarse en la moral de quien legisle, sino en la justicia para todas las personas, incluidas las mujeres. Si bien es un tema que desde el feminismo se lleva reivindicando muchos años, sigue siendo tabú y hay que lograr que se genere una conciencia colectiva de la sociedad sobre esta vulneración del derecho. Tendremos que sumar todas las fuerzas de los colectivos sociales para hacer frente a esta injusticia.

El 28 de septiembre debemos exigir nuestro derecho a decidir, la despenalización del aborto y que éste sea gratuito, en definitiva, que se cumplan los derechos humanos de las mujeres. Llamamos a salir a las calles para movilizarnos y participar en los actos de protesta que se realizarán en contra de la reforma que propondrá Gallardón.

El movimiento feminista lleva años reivindicando los derechos de las mujeres, su reconocimiento y legislación, su defensa y aplicación efectiva. Una expresión de esta denuncia y reivindicación fue el ‘Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres, Viena +20, Euskalherria 2013’, celebrado el 7 y 8 de junio en Bilbao. En él se presentaron diversos casos de distintas partes del mundo, enmarcados en tres ejes: derecho a una vida libre de violencia, derecho a un nivel de vida digno para las mujeres y derecho al aborto. Pikara Magazine publicará también resúmenes de las reflexiones aportadas en los otros dos ejes.