Escrache feminista: hacia la desobediencia civil ante la contrarreforma de la ley de aborto
El movimiento feminista se manifestó en 28 ciudades como primera acción unánime y contundente ante la amenaza de volver a los abortos clandestinos e inseguros
“El setze, setge! [¡El dieciséis, asedio!]. Asedio a los recortes, a la represión sexual, a la maternidad obligatoria, a la no prevención de enfermedades de transmisión sexual, a la falta de educación sexual y afectiva, al control sobre el cuerpo de las mujeres. Porque yo, tú, nosotras, TODAS decidimos, y no Gallardón ni la conferencia episcopal”. El 16 de mayo, el escrache feminista convocado por la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït contra la anunciada “contrarreforma” de la ley de Aborto y Salud Sexual y Reproductiva de 2010 reunió a miles de personas ante las sedes del Partido Popular de 28 ciudades* del Estado español, en defensa del derecho a decidir de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.
El escrache feminista visibilizó un rechazo unánime y contundente por parte del movimiento a una contrarreforma que genera división hasta en las filas del PP
Miles de mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales, hombres, personas transgénero y transexuales participaron en una acción que marca el inicio de la desobediencia activa del movimiento feminista a la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de 2010, actualmente vigente, y la “contrarreforma” que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anuncia desde hace más de un año y que amenaza con hacernos retroceder a la época en que morían 3.000 mujeres al año en abortos clandestinos e inseguros: además de volver a la ley de despenalización parcial del aborto de 1985 y reimponer el consentimiento de madres, padres o tutores para las menores de edad, Gallardón ha amenazado con endurecer aún más la ley de supuestos eliminando el que permite abortar por malformación y anomalía fetal e incorporar mecanismos para que “se cumpla y acredite” el supuesto del peligro para la salud física o psíquica de la mujer, de forma que deje de ser “un pretexto para abortar”. Aunque la contrarreforma genera división hasta en las filas del PP y no parece que Gallardón vaya a acometerla en esta legislatura, el escrache feminista visibilizó un rechazo unánime y contundente a esta medida por parte del movimiento, que aunó fuerzas en defensa del derecho a decidir.
“Hoy como ayer, las mujeres decidimos”
“100.000 mujeres abortamos cada año Estado español. Hace falta que se escuchen las voces que hay detrás estos números”, plantea el manifiesto de la Campanya: “El derecho a decidir no puede limitarse por unos supuestos conservadores decididos por gobiernos cambiantes. Si queremos rebajar el número de abortos, no lo penalicemos. Queremos relaciones igualitarias, anticonceptivos gratuitos y al alcance de todo el mundo. Derecho a decidir y aborto libre y gratuito. El aborto es un hecho. La educación sexual y afectiva una necesidad”.
Ahora como en los 70, éstas son las reivindicaciones del movimiento feminista en torno a los derechos sexuales y reproductivos, por lo que la Campanya fue “crítica” con la ley de 2010, “puesto que, a pesar del avance, no responde a las necesidades reales de autonomía y capacidad plena de decisión de las mujeres”. Sin embargo, aclaran, “defenderemos cualquier adelanto en el derecho de las mujeres a decidir” y se niegan a dar “ni un paso atrás” en el ejercicio de unos derechos “recogidos y protegidos por las convenciones internacionales de NNUU del Cairo 1994 y Beijing 1996”.
La violencia e intimidación policial se repitió en ciudades como Madrid, Valladolid y Alacant, incluidos comentarios como “deberías estar fregando”
Como de costumbre, la protesta feminista combinó reivindicación con humor y creatividad, consignas políticas y oraciones paganas, akelarres y conjuros y argumentos de peso encarnados en la propia vivencia: durante el escrache organizado por la Campaya ante la sede del PP de Barcelona, varias mujeres explicaron su experiencia de abortar o acompañar a amigas en la actualidad y en los setenta, bajo la clandestinidad, viajando a París o Londres sin conocimiento del idioma y con precarios recursos de apoyo; integrantes de Dones per l’Autoconeixement i l’Anticoncepció (DAIA), uno de los nodos de la red feminista de la que surgieron los primeros centros de planificación familiar, autogestionados por las mujeres, se declararon preparadas para seguir garantizando el derecho a decidir y participantes de la Xarxa de Dones per la Salut denunciaron el apartheid sanitario contra las migradas sinpapeles, que tienen que pagar tanto por los abortos como por las cesáreas si deciden parir.
Otras se expresaron con consignas y pancartas: “Fuera los rosarios de nuestros ovarios”; “Abortamos porque nos sale del coño”; “Fuera el aborto del Código Penal”; “ Mi vida, mi cuerpo, mi forma de follar no se arrodilla ante el sistema pariarcal”; “Vale por un aborto para cuando lo decidas, porque tu cuerpo es tuyo y de nadie más”; “Las ricas pagan y las pobres mueren”….
La noticia, la brutalidad policial
Para la mayoría de medios, que invisibilizaron el grueso de protestas, el titular del día siguiente fueron las palizas y detenciones policiales del escrache de Madrid, que acabó en la puerta del domicilio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Tras desconvocarse la protesta, la policía nacional agredió y detuvo a dos hombres e intentó colocar una navaja en el pantalón a uno de ellos, para después acusarles de atentado a la autoridad.
Antes, la policía había identificado y golpeado a diversas personas que participaban en el escrache, que se inició ante la sede del PP; había insultado a varias mujeres con comentarios como “guarra” o “vete a tu casa a fregar” y había partido en dos la concentración, rodeado a parte de la gente concentrada e intentado inmovilizarla sin éxito: las participantes rompieron el cordón policial y el escrache se trasladó a la casa de Gallardón, fuertemente custodiado por un operativo policial.
La violencia e intimidación policial se repitió en Valladolid, donde la policía disolvió a las y los participantes al inicio del escrache, amenazándolas con detenerlas si no se marchaban, además de insultar a las mujeres con comentarios como “donde tendrías que estar es fregando”. En Alacant, las 50 personas participantes fueron identificadas y amenazadas con multas de 3.000 euros, según recoge La Directa. El escrache se había convocado con un protocolo inspirado en el que usa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que rechaza las agresiones tanto a participantes en la protesta, como a profesionales de comunicación y fuerzas policiales.
Un día después del 15M, que este año llamaba al escrache al sistema y cuyas movilizaciones en Catalunya incluían el derecho a decidir sobre el propio cuerpo entre sus reivindicaciones, el movimiento feminista acogió esta forma de denuncia y señalamiento de la injusticia institucional y las leyes y políticas ilegítimas para plantar cara a la ofensiva misógina y ultracatólica del PP.
La convocatoria de la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, inicialmente planteada en Catalunya, se convirtió en estatal tras ser difundida por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, organización histórica del movimiento feminista desde 1975, y amplificada viralmente por asambleas feministas vinculadas al 15M como Feministes Indignades, Feminismos Sol, Febrero Feminista en Zaragoza, Setas Feministas, Feministas Murcia, Feminismos Galiza y espacios como Gila Grupo Intervención, que invitaba a “tocarle el pito a Gallardón”. También se sumaron plataformas feministas estatales como Nosotras Decidimos, creada en 2012 , y su homóloga catalana Nosaltres Decidim, así como Mujeres ante el Congreso, creada durante las consultas previas a la promulgación de la ley de IVE y SSR de 2010 para aportar las propuestas de organizaciones feministas.
Salir del debate trampa sobre el aborto
El escrache feminista estatal fue la materialización de un clamor que, boca a boca o vía y vía Twitter o Facebook, llamaba a realizar acciones contundentes tras las declaraciones de Gallardón del pasado 15 de abril en un foro de La Razón, asegurando que, con la vuelta a la ley de 1985, se endurecería la aplicación del supuesto del peligro para la salud física o psíquica de la madre, al que se acogían la mayoría de mujeres que abortaban en el Estado español durante la vigencia de la ley. De hecho, el 30 de abril se hizo un primer escrache feminista en Vigo.
Desde 2011, la escalada discursiva de Gallardón y del Gobierno socava los principios de los derechos sexuales y reproductivos: tras anunciar su intención de derogar la ley de 2010 y retornar a la 1985, reinstaurando el permiso de padres, madres o tutores legales para que las menores de 18 años puedan abortar, el 8 de marzo de 2012, el Ministro de Justicia definió la maternidad como “derecho reproductivo por excelencia” de las mujeres. En julio de 2012 avanzó que reformaría la ley del 85 eliminando el supuesto para abortar en caso de malformación o anomalía del feto, y lo equiparó con el aborto eugenésico por discapacidad. Así, presentaba la medida como un mecanismo de apoyo a las personas con diversidad funcional, utilizando el argumentario que los lobbies antielección (mal llamados provida) despliegan desde hace años a escala europea e internacional para ganar adhesiones en su cruzada contra el aborto. Cientos de profesionales de la ginecología y obstetricia han rechazado la eliminación de este supuesto, al que se acogen un 3% de las mujeres que abortan y que se da en embarazos deseados, además de puntualizar que la ley actual no habla en ningún caso de aborto por discapacidad.
Con idéntica estrategia ideológica y jurídica a la de Gallardón, los lobbies ultracatólicos y antielección lograron imponer legislaciones restrictivas del aborto en América Latina, introduciendo el derecho a la vida del nonato en las constituciones de siete países de la región
Tras décadas de lucha del movimiento feminista para defender la autonomía y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, Gallardón ha relanzado a la palestra mediática el debate envenenado sobre la personalidad jurídica del embrión y la doctrina de los derechos del ‘nasciturus ’-no nacido-, que menosprecia a las mujeres como sujetas de derechos, siguiendo los pasos de su padre, que presentó el recurso de inconstitucionalidad de Alianza Popular contra la ley del 1985, y en el que el Constitucional falló que el embrión no es titular del derecho a la vida.
Con idéntica estrategia ideológica y jurídica, los lobbies ultracatólicos y antielección lograron la imposición de legislaciones restrictivas del aborto y los derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe durante la década de los 80 y 90, e incluso consiguieron introducir el derecho a la vida del nonato en las constituciones de siete países de la región.
Contra la ofensiva misógina y ultracatólica
De hecho, el Ministro de Justicia anunció el endurecimiento del supuesto de peligro para la salud de la mujer después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, le pidiera más beligerancia en la “protección de la vida de los que van a nacer” y “la promoción de la natalidad y la maternidad”. Por su parte, el Ministerio de Sanidad prepara un plan de orientación a la sexualidad que incluye la promoción de la abstinencia y otro de apoyo a la maternidad, además de amenazar con retirar la libre dispensación de la píldora poscoital, un anticonceptivo de emergencia que evita embarazos no deseados. Aunque no se sabe quién asesora a Gallardón en la reforma, es vox populi que el comité de bioética que dictaminará sobre la reforma del aborto en 2013 está trufado de expertos afines a las plataformas y grupos antielección como Derecho a Vivir o Acción Familiar. Así, el túnel del tiempo que propone Gallardón contentaría a los grupos que lanzaron la ofensiva contra las clínicas de abortos iniciada en 2007 con el cierre de la clínica CB Medical, cuyo director fue injustamente acusado de practicar abortos ilegales y absuelto el pasado enero, y la imputación de cientos de mujeres que habían abortado en el centro médico.
De hecho, la Campanya per l’Avortament Lliure i Gratuït se organizó entonces como respuesta a la ofensiva y, junto con la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, recogió más de 5.000 autoinculpaciones de mujeres y hombres por abortar o acompañar a hacerlo para frenar la persecución. El ataque a las clínicas y a las mujeres remitió tras la promulgación de la ley de 2010, que tuvo como efecto inmediato un descenso en el número de abortos. Ahora que la ofensiva neoliberal y misógina dinamita conquistas y derechos ganados a pulso durante siglos, diversas manifestaciones unitarias del pasado 8 de marzo llamaron a la desobediencia “feminista y anticapitalista”.
El escrache feminista no sólo plantó cara a la reforma de la ley del aborto: señaló la involución de derechos y degradación de la posición social de las mujeres que conllevan los recortes en sanidad y educación públicas; servicios sociales; ayudas familiares; presupuestos de igualdad y equidad de género y lucha contra la violencia machista y ayudas a las personas con diversidad funcional, y medidas como la reforma laboral y del sistema de pensiones; denunció la misoginia de políticos y obispos que criminalizan y culpan a las mujeres y recordó una vez más que el control de los cuerpos y facultades reproductoras de las mujeres es un eje central del ajuste estructural que estamos viviendo.
Cinco días después, Gallardón insinuaba que podría mantener el aborto por discapacidad entre los supuestos que permiten abortar. Digan lo que digan y le pese a quien le pese, el movimiento feminista sigue vivo, alerta y en la calle para que sean las mujeres, y nadie más, quienes decidan.
*Según el censo de la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït,Feminicidio.net y el semanario catalán Directa, la convocatoria de escrache se secundó en 28 ciudades del estado: Badalona; Castelldefels; Mataró; Reus; Rubí; Barcelona; Elx; Vic; Palma de Mallorca; València; Alacant; Sabadell; Sant Cugat;Girona; Burgos; Sevilla; Jerez de la Frontera; Murcia; Madrid; Valladolid; Donosti; Gasteiz; Iruñea; Lanzarote; Las Palmas de Gran Canaria; Arrecife; Uviéu yZaragoza.