“Ellos ponen las normas, nosotras ponemos los cuerpos”. Performance de la campaña ‘Hacelos valer’ por los derechos sexuales y reproductivos.

Marta González/Paula Vilella

Uruguay despenalizó la semana pasada la interrupción voluntaria del embarazo convirtiéndose así en el quinto país en América Latina y Caribe en poseer una ley de este tipo. Sin embargo grupos feministas se sienten defraudadas con un resultado que infantiliza a las mujeres.

Todas aquellas que quieran abortar tendrán que escuchar a un comité interdisciplinario de profesionales, conformado por un “médico ginecólogo, un especialista en el área de salud psíquica y otro del área social”, según el texto de la ley. Después se  dará un plazo obligatorio de cinco días para ratificar su decisión, considerando que dicho comité ayudaría a dar información “para la toma de una decisión consciente y responsable”.

“El equipo tiene el cometido expreso de tratar de disuadir a la mujer. Subyace la idea de que las mujeres son seres tutelables, que necesitan del Estado, del padre, del marido, de hombres o de alguna entidad superior que les ayude a tomar decisiones”

Mauricio de los Santos, responsable de comunicación de la organización  Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que ha lidera la Campaña Aborto Legal en Uruguay ‘¡Son tus derechos, hacelos valer!’ considera que “el equipo tiene el cometido expreso de tratar de disuadir a la mujer, de convencerla de que no lo haga porque el aborto está mal. Detrás de este proyecto subyace la idea de que las mujeres son seres tutelables, que no pueden tomar decisiones por su propia cuenta y necesitan del Estado, del padre, del marido, de hombres o de alguna entidad superior que les ayude a tomar decisiones”.

Para justificar la creación de esta especie de tribunal, el texto de la comisión parlamentaria alega que “el presente proyecto de ley apunta a preservar, siempre que sea posible, todos los derechos y valores en juego: el derecho a nacer del concebido, los derechos de la mujer, y los derechos de la sociedad de construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos”.

Esta ley deroga una norma de 1938 que penalizaba con entre tres y nueve meses de prisión a las mujeres que abortaban y entre seis meses y dos años a quienes lo practicaban. En 2008, hubo un intento de regular de otra forma la cuestión pero el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó los artículos referidos a la legalización del aborto que contenía  la Ley por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Fue el primer gobierno del Frente Amplio, coalición de partidos de izquierda a la que pertenece también el actual mandatario, José Mujica.

Surgida de pactos y consensos, la nueva ley no parece haber contentado a ninguna de las partes, si bien se está leyendo en el contexto regional e internacional como una medida progresista que aumenta las libertades de las mujeres. Sin embargo, el propio presidente señaló en declaraciones a un periódico mexicano antes de firmar la ley que “si a la mujer la dejamos sola, si no la atendemos, si no le damos apoyo, sobre todo si son gurisas (chicas jóvenes), la cosa va mal. Mejor pongámoslas arriba de la mesa y tratemos de que recule y apoyémoslas. Me parece que esto es mucho más inteligente que prohibir”. Con estas palabras, Mújica muestra el paternalismo que está detrás del texto de la nueva ley, pues afirma y reitera la necesidad de que desde el Estado se den las condiciones para influir en la decisión de la mujer.

La Ley permite a las instituciones realizar objeción de conciencia, como ya han dicho que harán el Círculo Católico de Uruguay y el Hospital Evangélico

La ley no deroga el delito de aborto sino que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas de gestación y siempre y cuando se realice bajo la tutela del Estado y con la figura de este comité y del periodo de reflexión obligatoria. Sin embargo, permite que las instituciones realizar objeción de conciencia, como ya han dicho que harán el Círculo Católico de Uruguay y el Hospital Evangélico, con lo que no tendrán  que brindar este servicio si es en contra de su ideario.

“Queríamos una ley donde se consagre el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero esto ni siquiera es una ley de despenalización. Esto está muy lejos de ser la ley por la que se lleva luchando desde hace 25 años”, lamenta De los Santos, ya que el aborto se mantiene vigente como delito en los artículos 325 y 325bis del código penal.

El día que el Parlamento aprobó la ley, la activista Lilián Abracinskas, también de Mysu, comentaba en Facebook por qué se sentían defraudadas con el resultado: “Uruguay tuvo la oportunidad de despenalizar el aborto y reconocer y garantizar a las mujeres y sus parejas el derecho de decidir de forma libre y autónoma sobre cuándo ejercer su maternidades y paternidades definiendo el número de hijos que quieren o pueden tener, pero no lo hizo. Optó por aprobar una ley confusa, mezquina y retrógrada que mantiene el delito y, por lo tanto, la sanción jurídica y moral sobre las mujeres que abortan. Sólo suspende la aplicación de la pena si la mujer que quiere abortar cumple con una serie de requisitos. La ley opta por seguir y consolidar el paradigma de tutelaje del poder médico sobre las mujeres reconociendo en el éste poder mayor capacidad de decidir sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, que ellas mismas. Una ley que sigue exponiendo a las mujeres a la clandestinidad del aborto dado que interpone muchos obstáculos para acceder a los servicios que habilita. Deja por fuera a múltiples instituciones de salud que no forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. No estipula sanciones a las instituciones que no cumplan con los servicios y sólo seguirán siendo las mujeres las penalizadas por el delito de abortar. Gracias a los saludos, pero en realidad poco tenemos para festejar en función de lo que nos merecíamos como país, como movimiento social y como mujeres”.

Dos niveles económicos, dos formas de abortar, dos decisiones maduras

Otra escena de la performance ‘Hacelos valer’

Detrás de cada uno de los abortos que se realizan de forma clandestina están las mujeres que de forma consciente y madura han tomado decisiones propias y que han tenido que buscar, por diferentes vías y en función de los recursos económicos disponibles, la forma de lograr interrumpir el embarazo de forma voluntaria. Carmen y Romina no son nombres reales pero sus historias narran situaciones de desamparo institucional viendo mermado su derecho a decidir y elegir su propio camino.

Romina tenía 23 años cuando quedó embarazada. Tenía pareja desde los 14 años aunque no vivían juntos. Utilizaba las pastillas anticonceptivas desde hacía varios meses y olvidó tomar una de las dosis. Recurrió a la pastilla del día después pero no la administró adecuadamente y, tras varias consultas médicas por dolores de ovarios, un médico le dijo que estaba embarazada.

En aquel momento estudiaba la carrera de Psicología y tenía varios proyectos en mente. Después de un periodo de reflexión y tras consultar con su pareja y su madre, que se negó a que se realizara el aborto, decidió hacerlo. “No quería un hijo así, estaba en la facultad, iba a sentir frustración. No era un bebé deseado ni planificado. No estaba en mi proyecto de vida ni en mi momento personal”. Romina no tenía problemas económicos por lo que finalmente, y tras una búsqueda intensiva, encontró un lugar en el que se lo practicarían por 500 dólares. “Me llevaron a una calle con mi madre y mi pareja. Allí me esperaba la partera, que me llevó caminando hasta la casa. Era una casa de familia; en seguida me metieron en un cuarto, me hicieron algunas preguntas de tipo médico y sin más me dieron anestesia general. Recuerdo que dos mujeres me sujetaron los brazos, y que yo lloraba mientras ellas comentaban que también se habían realizado abortos”.  El método utilizado fue la absorción del feto y en poco más de media hora el médico la llevó al baño para que se lavara y la partera la acompañó al lugar donde estaban su madre y su pareja. A día de hoy, Romina mantiene que no se arrepiente de la decisión tomada, que no era el momento, y que ahora, sin pareja pero con una vida estructurada en otros parámetros, seguramente tomaría otra decisión.

Carmen tenía 21 años cuando se enteró de que había quedado embarazada de su pareja. No usó preservativo pensando que no estaba en la fecha de ovulación y que no corría riesgo. “No tenía nada estable. No tenía una carrera, no había terminado el liceo y había empezado a estudiar de nuevo… Vengo de una familia poco constituida y decidí que no quería eso para mí. Tenía problemas psicológicos, ataques de pánico, estaba en tratamiento psiquiátrico. Me veía con demasiada inestabilidad como para poder formar una familia”. Carmen pasaba por un momento de crisis económica importante, vivía en un rancho con su madre y otros miembros de su familia y argumenta que fue una decisión muy marcada por la situación social. No quería traer al mundo a un hijo en esa circunstancias.

Su madre conocía a un médico que en aquel momento practicaba abortos con Misoprostol, unas pastillas para el estómago que provocan el desprendimiento del útero, Además, podía lograrlas a mitad de precio (unos 100 dólares) a través de la farmacia que regentaba.  “Me llevaron a la clínica del médico, mi madre me acompañó y él me aplicó dos pastillas en el útero y otras dos por vía oral”. Tuvo algunas complicaciones, empezó a sangrar y a tener vómitos y diarrea y la llevaron de urgencia al hospital público Pereira Rosell, donde esperó más de cuatro horas en emergencia. “Los médicos llevaron un practicante. Esa fue la situación más espantosa que viví, me sentí manipulada, me utilizaron como objeto de estudio en un momento muy malo para mí”. Después la llevaron a otro lugar y le hicieron una ecografía donde le dijeron que el feto aún tenía latidos. “Yo empecé a llorar, tenía claro que no quería tenerlo, no entendía por qué no había hecho efecto. Ahí me dieron un número de teléfono para ver cómo continuar esa parte del embarazo”. Al día siguiente fue al hospital para explicar lo ocurrido. Le querían dar cita para varios meses, pero exigió una fecha más temprana pues ya estaba en los dos meses de gestación. “La médico me dijo que había sido una inconsciente, que no tenía que haber hecho eso. Después de aquello me fui de vuelta a emergencia, les conté lo ocurrido de nuevo, y me volvieron a decir que yo sabía lo que había hecho y que me tenía que aguantar. Finalmente le hicieron una nueva ecografía me internaron y me hicieron un legrado [que interrumpió el embarazo], y ya me dieron el alta”.