Misa alternativa de la Mercè por el derecho a decicir, organizada por Feministes indignades./ Bárbara Boyero

El  28-S, día internacional por la despenalización del aborto, llega en un contexto difícil e incierto para el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo en el Estado español. Tras anunciar la reforma de la ley de aborto actualmente vigente y su sustitución por la ley de supuestos de 1985, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, amenaza con prohibir incluso el supuesto de aborto por malformación fetal. Una involución que contentaría a los grupos ultracatólicos antielección que orquestaron la ofensiva contra las clínicas de aborto en 2007 y la estrategia de injerencia en las leyes cuya meta  es ‘aborto cero’.  Frente al fundamentalismo de  la jerarquía eclesiástica  y del nacionalcatolicismo minoritario,  organizaciones cristianas de base y feministas defienden la autonomía de las mujeres y su libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos .

El 14 de septiembre comenzó en Barcelona el juicio contra Carlos Morin, director de las clínicas de abortos Ginemedex, TCB y CBMedical, acusado de practicar abortos ilegales, intrusismo profesional y falsificación de documentos tras la emisión de un reportaje grabado con cámara oculta en la televisión danesa en octubre de 2006. La denuncia del  grupo ultracatólico E-Cristians , fundado en 2001 por Josep Miró i Ardèvol, ex consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Jordi Pujol de  1984 al 1989 y profesor de la Universidad privada y católica Abat Olida,  motivó el procesamiento de Morín y  el cierre de sus clínicas en noviembre de 2007,  y la imputación de 99 mujeres por la titular del juzgado 33 de instrucción de Barcelona,  Elisabet Castelló.

El movimiento feminista respondió con una campaña de autoinculpaciones por haber abortado o ayudado a abortar a una mujer, que llegó a sumar más de 5.000 firmas en todo el Estado, y Castelló decretó el archivo provisional, aunque no libre, de las diligencias. Hoy esas mujeres podrían volver a ser imputadas al declarar como testigas en el juicio oral.

Alianza estatal de ultras y nacionalcatolicistas

El proceso contra Morín dio el pistoletazo de salida de una auténtica ofensiva estatal de los grupos antiderechos (mal llamados provida)  contra las clínicas de abortos.  A la acusación particular se sumaron la Fundación Tomás Moro, el Colegio de Médicos de Barcelona y el partido fascista Alternativa Española (AES), procedente de Fuerza Nueva (FN), organización liderada por el conocido exmiembro del Movimiento Nacional Franquista Blas Piñar.

El 28 de diciembre de 2007, con motivo de la celebración del ‘día de los inocentes’ por los grupos antielección, AES convocaba a  concentrarse ante cinco clínicas de abortos en Madrid por la derogación de la ley de aborto de 1985 entonces vigente. El mismo día, los centros madrileños de la Asociación  de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Isadora, Dator, El Bosque, Callao y Pacífico,  hacían huelga para denunciar la “pasividad institucional” ante los ataques que estaban sufriendo: dos días antes, unos desconocidos habían apedreado el centro Dator; la clínica Isadora había sido atacada con piedras y señalada con la pintada “asesinos” el día de los inocentes del año anterior, y el 26 de noviembre de 2007, poco después de hacerse públicos los registros en las clínicas del doctor Morin, unos adolescentes hicieron detonar un gran petardo en el vestíbulo de la clínica.

En Madrid, los grupos antielección recibieron 600.000 euros en 2006 y 2007 de la Consejería de Educación y 700.000 de Familia y Asuntos Sociales.

AES también se movilizó  en 2007 con la plataforma antielección HazteOir.Org (HO) para pedir el cierre de la clínica Isadora de Madrid, apoyando una denuncia de HO por infracción de la ley de gestión de residuos sanitarios que aseguraba que tiraban los fetos a la basura. La acusación fue apoyada por altos cargos de la  Dirección de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), desestimada por el juzgado 6 de instrucción de Madrid y presentada de nuevo al 47 en un claro fraude de ley, hasta que fue archivada.

Durante el proceso,  el periódico ABC  publicó una noticia que citaba textualmente un párrafo del acta de inspección de 2007 y  la clínica se querelló contra el inspector de Sanidad Mortuoria de la Dirección de Salud Pública de la CAM, Juan Raúl Sanz, por filtración de documentos confidenciales. También en  2007, la Clínica El Bosque fue acusada de practicar abortos ilegales en un vídeo grabado con cámara oculta por el canal Intereconomía. Poco después, el sindicato Manos Limpias, también vinculado a FN y Blas Piñar, denunció a El Bosque por abortos ilegales. Los centros Isadora y El Bosque se querellaron por calumnias contra los citados medios de comunicación y ACAI ejerció la acusación particular en el proceso.

Además, la Consejería de Salud de la CAM clausuró temporalmente las clínicas madrileñas Mayrit y CBMedical  debido a irregularidades administrativas que luego se subsanaron.

Estrategia mundial de injerencia católica en las leyes

La ofensiva  contra las clínicas se saldó con la promulgación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010 (en cumplimiento del programa electoral del PSOE). En 2009, la Red Madre del Foro Español de la Familia (FEF) impulsó la aprobación de tres iniciativas legislativas populares (ILP) “en defensa de la maternidad” en la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia. En el primer caso, la ley incluye la “protección de la vida humana desde la concepción”. En 2012 el FEF promovió otra ILP en la CAM  que desembocó en la ley madrileña de Apoyo a la Mujer Embarazada.

La jerarquía eclesiástica y los grupos antiderechos han buscado influir en las leyes desde los años 80, a través de órganos como el Consejo Pontificio de los Laicos, una especie de ministerio vaticano que guía las actuaciones del laicado (creyentes que no son curas ni monjas) en la Iglesia y la sociedad.  Precisamente, en abril de 2008, el Papa Benedicto XVI designó al presidente de E-Cristians, Miró i Ardèvol,  como uno de los 25 miembros del Consejo.  Según el Setmanari La Directa,  la entidad E-Cristians, cuyo presidente fue concejal del Ajuntament de Barcelona por Convergència i Unió del 1992 al 2002, recibió  subvenciones de la Generalitat que suman más de 180.000 euros en el período de 2001 a 2004.

En Madrid, los grupos antielección recibieron 600.000 euros en 2006 y 2007 de la Consejería de Educación y 700.000 de Familia y Asuntos Sociales. En 2012, de los 700.000 euros que ha recibido la Red de Apoyo a la Mujer Embarazada, unos 436.665 euros se destinarán a 18 asociaciones vinculadas a la Iglesia y contrarias al aborto.

Católicas por el derecho a decidir

La derogación del supuesto que permite abortar por malformación fetal hasta las 22 semanas de embarazo de la ley de 1985, anunciada por Gallardón el pasado julio, sería un paso de gigante en la agenda antiderechos, que en los años 80 y 90  logró aprobar leyes altamente restrictivas en países de América Latina y Caribe e incluir la protección del no nacido en algunas  constituciones nacionales.

Organizaciones creyentes de base como Redes Cristianas y feministas vinculadas a la Iglesia como Católicas por el Derecho a Decidir España (CDDE) y  Col·lectiu de Dones en l’Esglèsia ( Colectivo de Mujeres en la Iglesia-CDE-) abogan por  la libre decisión de las mujeres y la despenalización del aborto. La plataforma Redes Cristianas respondió a Gallardón acusándole de practicar una “política partidista” y un “fideísmo oscurantista” hacia el “nacionalcatolicismo minoritario” y le recordó que las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006 “no hablan para nada de malformación del feto. Más que de una nueva regulación regresiva, lo que necesita la sociedad es una mejor educación en la salud sexual y reproductiva y unas políticas eficaces de apoyo a las personas discapacitadas y a sus familias.”

CDDE está integrada en la red de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina, que promueve los derechos sexuales y reproductivos.   Mar Grandal explica a Pikara Magazine que para ellas  la criminalización del aborto es “un tema de salud pública, y es la mujer quien es persona, no el embrión, que ni siquiera tiene personalidad jurídica. Desde la defensa de la vida de las mujeres, sabemos que culparlas y criminalizarlas es conseguir que mueran en manos de personas que les hacen abortos en condiciones insalubres”.   Por su parte, CDE lleva desde el 2009 reclamando que “el aborto no sea objeto de ninguna ley penal, para que las mujeres no sean víctimas  de la intransigencia e hipocresía de la sociedad y una parte de la Iglesia”.  A su juicio, este tema debe abordarse teniendo en cuenta “el derecho a decidir de las mujeres, la responsabilidad de los hombres y el derecho de la infancia a una vida digna” y afirman que “como cristianas, no podemos imponer nuestra moral a un estado laico, plural y democrático”.

Una visión feminista del evangelio

De hecho, explica Grandal de CDDE, el propio derecho canónico  exculpa a la mujer por abortar: “los cánones 1323, publicados por Juan Pablo II en 1983,  dicen que no se la puede excomulgar cuando es menor de 16 años o actúa presionada por miedo; si lo hace por necesidad; para remediar un grave daño o cuando ignoraba que infringía una ley; por violación; por legítima defensa;  carecer de razón o vivir alguna discapacidad”. En términos parecidos se posiciona Juan José Tamayo, teólogo de la liberación y miembro de la Asociación de Teólogos  y Teólogas Juan XXIII.  Según Grandal,  “los movimientos conservadores hacen una interpretación literal de la biblia, ven el dios castigador y sádico del viejo testamento, no les llega el nuevo testamento de la liberación”. La teología feminista considera que “Jesús siempre se posicionó del lado de los más débiles y de las mujeres, las trató con dignidad y misericordia. La Iglesia tiene ceguera de poder y cada día se aleja más de la feligresía”.

Para Maria Dolors Figueras, miembra de CDE, “esto no es la iglesia de Jesús, sino un estado. Y Jesús no formó ningún estado”. Considera que el estamento eclesiástico es “patriarcal total, y el Vaticano no ha suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos porque vulnera el primer artículo: todo hombre y mujer serán iguales ante la ley”. Grandal considera que los antiderechos tratan  de “apropiarse de nuestro cuerpo, determinar lo que tienes que hacer con él, no permitir nuestra autonomía: es patriarcado puro y duro. Estamos hablando de biopoder, de la economía política del cuerpo. No les importa el feto, sino el útero de las mujeres. En el fondo es un problema serio del patriarcado que reacciona con toda su fuerza y vigor contra los derechos de las mujeres, especialmente los sexuales y reproductivos,  ante la crisis que hay. Nosotras somos la moneda de negociación ante los grupos fundamentalistas”.