Reforma del empleo del hogar y de cuidado: ¿al régimen general o a la economía sumergida?

Reforma del empleo del hogar y de cuidado: ¿al régimen general o a la economía sumergida?

Un año después del acuerdo para la entrada del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, las asociaciones de empleadas y cuidadoras domésticas aseguran que la medida ha empeorado las condiciones del sector.

20/07/2012
Trabajadoras del hogar./ Bárbara Boyero

Las trabajadoras del hogar se manifestaron el 30 de junio en Barcelona./ Bárbara Boyero

Joana García Grenzner

A finales de junio se cumplió un año del acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la entrada del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, y medio de la promulgación del Real Decreto 1620/2011, que hacía efectivo el cambio normativo y daba seis meses a los hogares empleadores para adaptarse al mismo. Las asociaciones de empleadas y cuidadoras domésticas aseguran que la plena equiparación de derechos con el resto de empleos está aún muy lejos y que la medida ha empeorado las condiciones del sector.

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Según el Sindicato de Trabajadoras del Hogar (Sindihogar/Sindillar) y Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), además de negarles el derecho al paro y a hacer huelga, la nueva legislación favorece los despidos, la reducción de salario y la economía sumergida, y dificulta que las trabajadoras puedan ejercer plenamente el derecho a baja y cobren horas y pagas extras. El 30 de junio, en una concentración por la igualdad de derechos en Barcelona, Margarita Flores de Sindihogar anunció que la nueva normativa “excluirá a 45.000 trabajadoras domésticas discontinuas”, empleadas por horas que hasta ahora asumían sus propias cotizaciones, de la Seguridad Social y las retornará a la economía sumergida, ya que sólo permite trabajar con contrato a cargo de los hogares empleadores. Sindihogar reclama la inclusión de estas trabajadoras en la Seguridad Social, así como “una prórroga del período de implantación de la nueva normativa”.

Una equiparación acelerada e incompleta

Desde hace meses Sindihogar viene reclamando al Ministerio de Trabajo e Inmigración “una campaña de sensibilización para las familias que contratan trabajadoras domésticas”, ya que “no han implementado ningún tipo de política para que dén de alta a las empleadas del sector ni se ha informado a la ciudadanía de estos cambios de forma sencilla, lo que “genera confusión y miedo y provoca el despido masivo de trabajadoras”. Graciela Gallego de SEDOAC coincide en que “el año pasado empezaron a llegar cartas a las familias explicándoles que de un día para otro se convertían en empresas. ‘Tú me has denunciado’, le decían a la trabajadora doméstica. No lo saben interpretar porque la información llegó mal y a destiempo. Incluso había gente que iba a preguntar a la Seguridad Social y el propio funcionariado estaba desinformado”. Así, difícilmente se asegura que los hogares empleadores paguen la cotización de las empleadas domésticas según lo estipulado: el Gobierno fija una cotización mínima desde 20 horas semanales que subirá 0.90 puntos anuales hasta la plena equiparación en 2019, pero, como explica Gallego, “todo depende del hogar empleador”. Sindihogar propone estimular la contratación con exenciones fiscales a las personas que contraten empleadas domésticas. Según Gallego, “el Gobierno se ha llenado la boca hablando de equiparación general, pero ésta sólo se ha dado en el contrato, la inscripción en la Seguridad Social, el descanso de doce horas entre jornada y jornada, el semanal de 36 horas seguidas y el mes de vacaciones, continuo o discontinuo. Tampoco se contempla fondo de garantía salarial o cobertura en caso de despidos por desestimiento, por ejemplo, si la abuela que yo cuido decide que ya no me quiere”. Sindihogar reclama que se elimine este tipo de despido, ya que, “si se nos puede despedir sin alegar causa ninguna, por mucho que se legisle quedará en manos de la empleadora cumplir o no la ley”.

Obstáculos a la defensa ante abusos

La adaptación al Régimen General se ha hecho sin tener en cuenta las particularidades del trabajo doméstico y de cuidado de personas mayores o con necesidades especiales: por ejemplo, la equiparación salarial, explica Gallego, “se basa en el sueldo mínimo de 641 € por ocho horas de trabajo. Se han olvidado de las que trabajan internas o cuidando de personas que tienen un 80 o 90% de dependencia. Por cuidar a una persona con alzheimer no puedes cobrar € 650 mensuales, pero el Real Decreto lo permite”. Además, la nueva norma “obliga a las mujeres que trabajan más de ocho horas a negociar las horas extras con el empleador. ¿Una abuela puede pagar horas extras, con las pensiones que tienen?”, se pregunta Gallego. También dificulta cobrar las pagas extras de navidad y verano: “si gano 800 € al mes me dan la paga extra correspondiente a un salario de 641. El cobro de las pagas extras depende de la familia empleadora.

Trabajadoras del hogar./ Bárbara Boyero

La equiparación salarial se olvida de la situación de las internas y pretende que las trabajadoras negocien las horas extra

Sindihogar plantea que “desde siempre este trabajo ha estado escondido tras la puerta del empleador y su privacidad” y se pregunta“cómo se puede diferenciar el trabajo de una interna-fija en un domicilio, trabajando de 8 a 18 horas, si la familia también le exige sus servicios por la noche”. La baja por enfermedad, explica Gallego, es difícil de defender: “tienes que tener una incapacidad muy severa. Una amiga se rompió los dos dedos, y la obligaron a trabajar con la baja”. Y si el ejercicio de derechos es difícil como empleada, si la mujer es despedida la situación empeora: por ejemplo, el despido no es efectivo fuera del horario laboral, pero, explica Gallego, “la mayoría de mujeres no lo saben si no estan empoderadas. Están internas, las echan de las 17h a las 8 de la mañana del día siguiente y quedan directamente en la calle”. Por eso, SEDOAC propuso “que existiera un teléfono de apoyo al que puedan llamar las mujeres que han sido despedidas a horas impropias”.

Pero, explica Sindihogar, la capacidad de los inspectores de trabajo frente a denuncias de las trabajadoras del hogar es inexistente. “Cuando denuncias estás en la calle”. SEDOAC y Sindihogar consideran que en la práctica la legislación está fomentando la economía sumergida en un contexto de crisis: Gallego explica que “a las domésticas y cuidadoras migradas que deben renovar la tarjeta de residencia, hay familias que las despiden para no tener que hacer los papeles. Y la retirada de la tarjeta sanitaria a los y las migrantes sin papeles también les perjudica”. Sindihogar reivindica que los contratos verbales tengan validez como uno escrito, y crtitica el papel de las ETT y empresas de colocación de trabajadoras del hogar, que se están beneficiando del cambio normativo: “Pese a que no asumen el contrato por escrito ni el pago de la Seguridad Social, cobran por presentación de currículo, por entrevistas y un determinado porcentaje una vez ubicada la trabajadora. Son las que han reducido el valor de la hora de trabajo de 10 a 5 euros la hora. La precarización laboral es evidente”.

Invisibilizadas pero imprescindibles

“Eh, eh, eh, no me digas que no me ves”, gritaban las empleadas domésticas concentradas en Barcelona el 30 de junio. Las trabajadoras del hogar y del cuidado limpian los hogares de millones de trabajadoras y trabajadoras activas en el mercado laboral, educan a sus hijos e hijas, cuidan de las personas mayores, pero su actividad sigue siendo invisibilizada e infravalorada en remuneración, condiciones y valoración social. Se calcula que en el Estado español hay unas 700.000 personas empleadas en el trabajo doméstico: un 90% son mujeres, el 80% de ellas migrantes, y la mayoría trabajan en la economía sumergida. En 2011, el INE registraba sólo 293.100 personas contratadas en el Régimen Especial del Empleo del Hogar, un 93,14% de las cuales eran mujeres.

Trabajadoras del hogar./ Bárbara Boyero

Las empleadoras protestaron contra la invisibilidad y el desprestigio que pesa sobre su trabajo./ Bárbara Boyero

Según la ONG Pueblos Unidos, un 60% de las trabajadoras y cuidadoras domésticas trabajan sin contrato. El Régimen Especial del Empleo de Hogar, vigente desde 1985, hacía del empleo domeśtico y de cuidados un sector desregulado y extremamente precarizado, lo que ha favorecido los abusos de familias empleadoras y agencias intermediarias y la proliferación de situaciones de semiesclavitud e incluso de trata con fines de explotación laboral y/o sexual. El acuerdo entre Gobierno y los sindicatos mayoritarios para la entrada en el Régimen General se firmó 13 días después de que la Organización Internacional del Trabajo promulgara el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente de las y los Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo, que establece disposiciones para que el empleo doméstico y de cuidados genere los mismos derechos que el resto de empleos y medidas específicas para la protección de derechos de los y las trabajadoras domésticas migrantes. Un año después, el Gobierno español no lo ha ratificado.

La reforma no ha servido para sacar el empleo doméstico de la economía sumergida

Ana Requena Aguilar

El 30 de junio, día en el que terminó el plazo para que las familias dieran de alta a las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, 213.797 trabajadoras habían pasado a formar parte del mismo. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, admitió hace unas semanas que estos seis meses de integración no han servido para aflorar el empleo sumergido del sector, que era uno de los objetivos de la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General.

Según la Encuesta de Población Activa, unas 400.000 trabajadoras domésticas trabajan en negro. Además, la Seguridad Social ha detectado que unas 28.000 empleadas discontinuas (que trabajan pocas horas en varios domicilios y que a partir de ahora necesitan que sus empleadores coticen por ellas), dejaron de cotizar el 1 de julio debido a que ninguno de los hogares para los que trabajan regularizó su situación.

Burgos descartó ampliar el plazo de integración, pero anunció que el ministerio de Empleo elaborará un informe que remitirá al Parlamento para analizar el proceso de integración y posibles medidas de futuro.

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