Maite Asensio Lozano /Berria*- Traducción de Maialen Berasategi

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No se ha hecho nunca, pero no es imposible. Según las expertas, la opción de poner vigilancia continua a los agresores en vez de aplicársela a las víctimas es completamente factible, al menos jurídicamente. Sin embargo, esa idea no se ha planteado nunca y, por consiguiente, no hay modo de implantar ninguna medida parecida en la actualidad; a pesar de todo,  poner la “carga” de la seguridad sobre los agresores es más que una hipótesis. No obstante, aún queda un largo camino para que se convierta en realidad, tanto por motivos técnicos como sociales.

En 2006 el Gobierno vasco comenzó a ofrecer el servicio de escolta a las víctimas de la violencia machista, pero ha sido este año cuando ha reforzado esa apuesta, al mismo tiempo que ETA ha ido disminuyendo su actividad armada. El Departamento del Interior comunicó a finales de agosto que colocaría a 150 ertzainas al cuidado de las mujeres, realizando una labor de escolta y de contravigilancia a la vez. En la actualidad, hay alrededor de 135 mujeres que disponen de dicha medida de protección.

El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres no han aplaudido la medida, ya que opinan que, además de limitar la libertad de las mujeres, refuerza su condición de víctimas. “Es una carga muy pesada”, admite la abogada Juana Balmaseda. “En el tema de la violencia de género, casi todo el trabajo se realiza en torno a las mujeres: denuncias, exámenes psicológicos, medidas de protección… El agresor queda así en un segundo plano, al menos en cuando a intervención”.

Por eso, las agrupaciones de mujeres hablan de trasladar dicha carga de la espalda de quienes reciben malos tratos, a la de los que los provocan. En concreto, proponen que se controle a los agresores. Miren Aranguren, integrante de Bilgune Feminista, resume las inquietudes de su colectivo: “¿Por qué nunca se ha hablado de poner escolta al agresor? ¿Por qué resulta siempre más sencillo condicionar la libertad de la mujer? ¿Por qué tienden las instituciones a caer en el rol de salvadores de la víctima?”

“Es cierto que llevar escolta no es plato de buen gusto para nadie, pero mientras las mujeres necesiten protección, les ofreceremos el servicio de escolta”, responde Mariola Serrano, directora de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Gobierno vasco. Dice comprender la preocupación de las asociaciones de mujeres y de las feministas, pero añade que las mujeres que han recibido malos tratos han aceptado la opción de llevar escolta: “Se sienten seguras, y son ellas las que nos piden esta medida. No nos podemos olvidar de la voz de las mujeres”.

El estigma de las mujeres

La directora de Emakunde, María Silvestre, subraya que es necesario promover el empoderamiento de las mujeres mediante medidas de protección: “Más allá de protegerlas, debemos empoderar a las mujeres, y facilitar su reinserción en la sociedad. Deberíamos tratar de emplear dichas medidas para disminuir su estigmatización”. Para ello, según Serrano, es necesario optimizar el sistema de protección de las mujeres, pero, al mismo tiempo, se debería evitar su victimización en medida de lo posible; Serrano piensa que es necesario reflexionar sobre este tema: “La discusión no reside en poner o no poner escolta, sino en la manera en la que vamos a proteger a las mujeres. ¿Acaso les hemos preguntado a ellas si preferirían dejar de estar protegidas?”.

La Ertzaintza trabaja directamente con las mujeres, por lo que no necesita ninguna orden judicial para poner en marcha las medidas de protección pertinentes. “Si tenemos la impresión de que se encuentran en peligro, nosotros las protegemos, sea cual sea la decisión del juez”, explica Serrano. Por lo tanto, puede ocurrir que la Ertzaintza aplique alguna medida de protección si lo cree necesario, aún y cuando el juicio esté en espera y no haya ninguna orden de alejamiento para el presunto agresor. “Podemos hacer eso con las mujeres, siempre que ellas lo acepten”, explica Serrano.

Trabajar con los hombres es más complicado, ya que cambia la base misma de la intervención: cuando el escolta está con la víctima, su objetivo es la protección; cuando está con el agresor, por el contrario, se trata de controlarlo. “Para limitar los derechos de una persona en contra de su voluntad, es necesaria una decisión judicial”, aclara Nekane San Miguel, magistrada de la sección penal de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

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Representantes de las administraciones no tienen muy claro dónde está el límite jurídico. Serrano pide un “estudio en profundidad” para saber “hasta dónde puede llegar”. Silvestre, por su parte, añade que sería “razonable” aumentar el control sobre los hombres, pero admite que le cuesta imaginar “cómo se podría llevar eso a cabo”.

Existe la opción de establecer una vigilancia continua sobre los agresores, pero Silvestre ve en ella un peligro de quebrantar la presunción de inocencia. Nekane San Miguel explica que la judicatura dispone de la potestad de tomar decisiones de este tipo, incluso como medida preventiva. “Entre todas las medidas de cautela, la más complicada y grave es la prisión preventiva: le arrebatas su libertad a una persona, a pesar de que aún no ha sido juzgada y disponga de la presunción de inocencia”.

Por lo tanto, si jueces y juezas pueden decidir sobre la libertad de una persona hasta el punto de llegar a limitar completamente dicha libertad, a pesar de no saber si la persona en cuestión es culpable o no, San Miguel argumenta que también es posible tomar medidas menos drásticas. También recuerda que hace algunos años las órdenes de alejamiento no eran nada habituales, y que algunos ponían en duda su utilidad: “Yo impuse una orden de alejamiento a un hombre por primera vez en 1996 y, por aquel entonces, este tipo de medidas no estaban previstas. Sin embargo, yo lo razoné de la siguiente manera: si yo tengo la potestad de enviar a este hombre a la cárcel, ¿por qué no puedo sacarlo de prisión e imponerle la prohibición de acercarse a la mujer? Si tengo derecho a privar a este hombre de su libertad, también tengo derecho a limitársela”.

San Miguel opina que, según esta lógica, es posible aplicarles medidas de vigilancia a los agresores: “Si puedo enviar a un hombre a prisión, ¿por qué no voy a poder ponerle bajo vigilancia? El problema reside en otros asuntos”.

Para Juana Balmaseda, la posibilidad de tomar este tipo de medidas preventivas resulta “casi impensable”, pero defiende otra opción relacionada con el ámbito penal: “Ya que la mayoría de los agresores no están en prisión, se debería aumentar el control sobre los mismos”. Según explica la abogada, se prueban muy pocos casos de malos tratos habituales: “Los malos tratos recibidos durante años se denuncian en muy pocos casos, y, cuando se hace, las mujeres no consiguen probarlos”.

Esta afirmación evidencia las características de los procesos judiciales. “No es lo mismo ser una víctima en el ámbito social que serlo en el ámbito judicial”, declara Balmaseda, y añade que los tribunales se rigen por unas reglas precisas: “El juez no puede ponerse del lado de la víctima. La acusación tiene la carga de probar los hechos, y, si no se consigue presentar pruebas fiables, el denunciado será el vencedor. Se necesita una causa justificada para limitar los derechos del acusado”. San Miguel también lo dice claro: “Sin pruebas, no hay delito”. Sin embargo, en su opinión, gran parte del problema reside en la instrucción de los juicios: “Los malos tratos habituales no se investigan como es debido, y nos conformamos con una respuesta penal inmediata”.

Según Balmaseda, en los casos en los que resulta difícil probar este tipo de violencia, se suelen juzgar “delitos de entidad menor”. En consecuencia, las peticiones de condena suelen ser reducidas y, por lo tanto, si la condena es inferior a dos años y no hay antecedentes, los agresores no acaban en prisión, a pesar de ser considerados culpables. En estos casos, se les suele aplicar una orden de alejamiento, que suele durar el doble que la condena de prisión. Balmaseda opina que es posible aplicar una vigilancia continua sobre el agresor para asegurarse de que se cumple dicho alejamiento: “Sí; siempre que la sentencia sea firme, existe esa posibilidad”.

De todos modos, a la abogada le parece complicado que se puedan llevar a cabo este tipo de medidas. “En la actualidad no existen fórmulas para ello, y tendría que estudiarse la manera de hacerlo: habría que ver cuántos agresores hay y a cuántos habría que poner bajo vigilancia, cuál sería el coste, habría que comprobar si dicha vigilancia sería efectiva, etc”.
Nekane San Miguel también admite que “nunca se ha planteado” nada parecido entre la judicatura, pero no cree que resulte imposible de cara al futuro. No obstante, la principal duda que se plantea es si la medida sería eficaz en cuanto a la libertad de las mujeres. Para explicarlo, San Miguel habla del principio de proporcionalidad: “Es necesario obtener un equilibrio entre las medidas restrictivas y los objetivos que se pretenden alcanzar mediante las mismas”.

Por este motivo, la jueza considera que, más que una discusión jurídica, se trata de una discusión “filosófica”: “Conceptualmente, ¿lapolicía está para vigilar a los agresores? ¿Esa vigilancia no exigiría que la mujer también estuviese controlada? El hecho de poner escolta a la mujer limita su libertad y su intimidad; pero, ¿acaso evita todo eso el hecho de poner escolta al hombre? ¿Hace eso más libre a la mujer?”.

La necesidad de cambios estructurales

En opinión de Bilgune Feminista, imponer vigilancia a los agresores no sería una solución al problema, ya que “la seguridad no es fruto del control, si no de la garantía de todos los derechos”. Miren Aranguren recuerda que la violencia sexista es un problema estructural, y que se debe actuar de acuerdo a esa dimensión: “Relacionamos la seguridad con el control policial; las únicas medidas que se plantean para hacer frente a las opresiones estructurales son represivas, pero la mejor manera de hacerlo es cambiar dichas estructuras”.

Aranguren menciona la autodefensa como medida para empoderar a las mujeres; Balmaseda, por su parte, propone otro camino: “En mi opinión, es necesario trabajar con los agresores”. Asimismo, añade que necesitan un tratamiento serio, “ya que deben asimilar y aceptar que los hombres y las mujeres somos iguales”.

Mariola Serrano está de acuerdo con que hay que trabajar con vistas al largo plazo, pero también considera esencial seguir trabajando a corto plazo: “Mientras perdure la violencia de género en la sociedad, hay que seguir mejorando las medidas de protección”

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