Vía Hetaira

En agosto de 1970 se aprobó en España la “Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social” (LPRS). En esta ley se recogía como uno de los fines (en concreto, en el quinto) “establecer las nuevas categorías de estados de peligrosidad que las actuales circunstancias sociales demandan por ofrecerse ciertamente como reveladoras de futuras y probables actividades delictivas o de presentes y efectivas perturbaciones sociales con grave daño o riesgo para la comunidad. Tales como las referencias al ejercicio habitual de la prostitución (…)”. Y en el artículo segundo se especificaba que serían declarados “en estado peligroso” y les serían aplicadas las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación a quienes (entre otros) “habitualmente ejerzan la prostitución”.

Han pasado cuarenta años, y España es definida como un Estado democrático social y de derecho, pero apenas ha cambiado nada. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó una ordenanza municipal que, en un intento de ordenar el espacio público invadido por prostitutas, ha sobrepasado sus competencias porque afecta a derechos y deberes fundamentales, y éstos han de ser regulados mediante normas con rango de Ley como los decretos.

Estas ordenanzas son un ejemplo de políticas públicas ineficaces. No sólo no se consiguen sus fines sino que las personas a las que van dirigidas terminan estando en situación de mayor vulnerabilidad

En dicha ordenanza se prohíbe “ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público”. Aclaro que la prohibición tiene como finalidad “preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en la calle, mantener la convivencia y evitar problemas de viabilidad y prevenir la explotación de determinados colectivos”. Las multas por infracción son de hasta 750 euros. Desde entonces diferentes municipios de todo el Estado español han copiado esta ordenanza para intentar eliminar la prostitución de las calles.

Sin ningún género de dudas, esta ordenanza sigue criminalizando a las prostitutas que intentan captar a sus clientes en la calle. No se tienen en cuentas las circunstancias por las que estas, normalmente mujeres y transexuales, están en la calle –pueden estar en situación de trata.  Y no sólo las criminalizan porque se las trata como delincuentes si no que generan xenofobia.

Y ya en el colmo de de la incoherencia,  me gustaría saber cómo se puede prevenir la” explotación de determinados colectivos” cuando las multas se las ponen a las prostitutas y no a los presuntos proxenetas o rufianes, y no hay un trabajo paralelo para ver quién o quienes las están controlando. Además, no han conseguido que desaparezca la prostitución de las calles, no hay suficientes efectivos policiales para estar controlando 24 horas a todas las personas y lo único que pasa es que se van desplazando, como ha pasado estos últimos días en Barcelona y en otras ciudades.

Todo esto sin contar con la posible inconstitucionalidad de este tipo de ordenanza; considero que el Defensor del Pueblo debería impugnarla. También las fundaciones y asociaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos deberían implicarse más, denunciando públicamente estas medidas de los gobiernos locales.

Estas ordenanzas son un ejemplo de políticas públicas ineficaces. No sólo no se consiguen sus fines sino que las personas a las que van dirigidas terminan estando en situación de mayor vulnerabilidad. Así, por ejemplo, las trabajadoras del sexo no pueden negociar con tranquilidad, lo que hace que tengan que aceptar condiciones mucho más duras (como son tarifas más bajas, prácticas de riesgo…) para poder compensar la pérdida de ingresos.
Asimismo, van acumulando el importe de las multas y no pueden hacer frente al pago. ¿Cuántos servicios tienen que hacer para hacer frente al importe de estas multas? A 20 o 30 euros el servicio ofertado calculen. Por otro lado no hay recursos suficientes, ni de formación, ni de empleo, desde las diferentes ONG, para ofrecer alternativas que ayuden a progresar a estas personas, que son en su mayoría inmigrantes y con escasos recursos propios para poder salir adelante y dejar la prostitución. En las cárceles hay delincuentes que tienen más oportunidades, en cuanto a formación, por ejemplo, que las prostitutas de la calle.

A mi modo de ver, una posible solución sería el modelo de Amberes ( “Villa Tinto”) que es el paradigma de cómo el ayuntamiento regeneró un barrio degradado. Hay convivencia vecinal con las prostitutas. Se han eliminado delitos asociados a la prostitución como robos y tráfico de drogas, y en la actualidad es un barrio en el que la gente se siente segura. Las mujeres, por su parte, tienen sus apartamentos por los que pagan su alquiler, y hay una comisaría y un centro médico donde son atendidas cuando lo necesitan.