Ecuador puede presumir de tener una de las constituciones más avanzadas en la defensa de los derechos de las personas transexuales. La Carta Magna, en vigor desde 2008,  fue la primera de América Latina (le siguió Bolivia un año después) en reconocer la identidad de género como hecho susceptible de provocar discriminación y estipula que no cabe discriminar en base a ella. También garantiza “el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrado y libremente escogido”. Esto significa que una persona con sexo masculino puede adquirir un nombre femenino y viceversa.

Todos estos avances no podrían haberse logrado sin la incansable lucha de Elisabeth Vásquez, abogada y activista transfeminista y una de las grandes promotoras de estas conquistas alcanzadas por Ecuador. Es fundadora del Proyecto Transgénero, co-redactora de la ley anti-discriminación y asesora de la Asamblea Constituyente. Con estos logros en la mano, Vásquez visitó recientemente Bilbao para explicar la lucha del colectivo trans.

El proyecto que ella integra es “una propuesta política sobre el fortalecimiento de la identidad trans estructurado en tres principios: transfeminismo, interculturalidad y subversión desde dentro o uso alternativo del derecho”, explica. También redactó las reformas al Código Penal para sancionar los crímenes de odio por identidad de género, que no sólo castiga las agresiones verbales, físicas y asesinatos inspirados en la intolerancia, sino que, además, pena a quien, motivado por prejuicios, prive a la ciudadanía de servicios y derechos.

Subversión desde dentro

Los y las transexuales ecuatorianos lograron que la nueva Constitución permitiera el cambio de nombre en documento de identidad. Todo un triunfo que Vásquez ha usado para crear “paradojas jurídicas”. “Como resultado puedes tener una persona con un nombre femenino y sexo masculino y viceversa. Esto lo usamos políticamente para generar un matrimonio entre una trans femenina y una mujer, es decir, un matrimonio lésbico real”, explica. “Este matrimonio pone al juez y a las instituciones en una disyuntiva: si acepta casar a la pareja, valida un matrimonio lésbico con un acta de matrimonio que dice que señora de tal está casada con señora de cual. Al revés, si se niega el matrimonio lo tiene que hacer alegando que la chica trans es mujer: entonces valida lo trans. De todas formas la institucionalidad sale perdiendo y nosotras ganando”, concluye. A esta paradoja Vásquez la denomina “subversión desde dentro” del derecho, que “va minando las estructuras patriarcales del Estado”.

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La lucha trans en Ecuador es una lucha por los derechos colectivos y por los derechos callejeros. “No es la visión sólo eurocéntrica de lo trans como una identidad personal, en Ecuador tiene mucho que ver con comunidades colectivas”. Un ejemplo de esta colectividad es la Casa Trans, convertida en un centro de encuentro social, cultural y político. Creada en 2006, fue la primera propuesta de reivindicación del derecho de las personas trans a una vivienda digna. “Tal es la situación de privación del derecho a la vivienda que hay grupos de trabajadoras sexuales que viven cuatro o cinco trans en un cuarto de un hostal. Ahí surgió otra batalla, la del derecho al uso del apellido cultural, que no es otro que el nombre del hotel, que las chicas asumieron como su propio apellido. Es una cosa súper bonita donde se crean familias alternativas”, comenta Vásquez.

Precisamente la actividad del Proyecto Transgénero comenzó con la defensa de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle. Fue en 2002 a través de la Patrulla Legal. Desde entonces, siete patrullas han recorrido las esquinas y madrugadas de Quito para prevenir abusos contra las personas transexuales. Al mismo tiempo se estableció un diálogo con policías. El resultado: una disminución de los abusos policiales y un mayor respeto al trabajo sexual callejero.

Los avances han sido muchos, pero la lucha sigue y no el reto pendiente no es menor: lograr la aceptación social de las personas transexuales, que éstas puedan vivir libremente sin ser discriminadas, amenazadas o agredidas por su identidad.

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