“El sistema judicial es un infierno para las mujeres” Crónica, En red

Dos años desde la gran marcha estatal que se celebró en Madrid en 2015, la Plataforma 7N ha organizado un Tribunal de Mujeres para conmemorar aquella manifestación. Se han juzgado las violencias machistas; el resultado: el Estado condenado por no proteger a las mujeres.

Silvia Fernández de Cañete

El Tribunal de Mujeres se celebró en el Congreso. / Foto: Silvia Fernández de Cañete

El Tribunal de Mujeres se celebró en el Congreso. / Foto: Silvia Fernández de Cañete

“Queremos que se condene al Estado como responsable directo, por acción u omisión, de no haber protegido los Derechos Humanos de las mujeres. Queremos que se condene al Estado por no haber sabido proteger el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres”. Ese ha sido el veredicto del jurado, expresado por su portavoz, Marta Cárdaba. Un jurado compuesto por ocho mujeres de diferentes organizaciones del movimiento feminista.

La Plataforma 7N que organizó hace dos años la gran marcha estatal contra las violencias machistas sigue su labor de denuncia: ahora a través de un Tribunal de las Mujeres, que acogió el Congreso a principios de noviembre. Evento público, simbólico, educativo, de denuncia son algunos de los términos que usa el colectivo. En estos tribunales, dicen, “se visibilizan tanto las violencias o sufrimientos experimentados como la impunidad y la falta de justicia, denunciando así al Estado por el incumplimiento de sus obligaciones como garante de los derechos de toda la ciudadanía. Además, constituyen una forma de participación y construcción política de las mujeres, tradicionalmente excluidas tanto de la toma de decisiones políticas como del ámbito de la justicia”.

Más de 200 mujeres (y entorno a la decena de hombres) acudieron al Tribunal que juzgaba las violencias machistas y que estaba presidido por Cristina Almeida. Las expertas presentaban los casos a juzgar, otras prestaban testimonio y las mujeres justas dictaron veredicto. En definitiva, una sala llena de mujeres fuertes y feministas dispuestas a defender sus derechos y denunciar los fallos del sistema que debería protegerlas. Y también a crear “un espacio de empoderamiento para las mujeres. Una acción política que suponga un acto de reparación simbólica. Exponer que la mala praxis de jueces y juezas, muchas veces, cuesta la vida de mujeres, niñas y niños”, ha explicado Alba Pérez, portavoz del 7N.

Un Tribunal, sin poder judicial ni legislativo pero, como ha asegurado su presidenta, “con mucho poderío”. Y con la fuerza que “el movimiento feminista tiene cuando se organiza para vapulear a la sociedad”, ha destacado Pilar Cancela, diputada del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso.

Juzgando la custodia compartida impuesta

El movimiento feminista no está en contra de la guarda y custodia compartida siempre que exista mutuo acuerdo por parte de los progenitores. El problema surge cuando se impone desde el sistema judicial, sin atender al bienestar de los hijos e hijas ni a la existencia de acuerdo entre las partes. La situación empeora cuando se pone sobre la mesa el anteproyecto de ley de custodia compartida impuesta, apoyado por PP y Ciudadanos. Un proyecto que no protege a las criaturas sino que contribuye a elevar el nivel de conflicto y a poner en peligro su bienestar emocional. Además, como explicó la abogada especialista Consuelo Abril, quien presentó la acusación, “la guarda y custodia compartida es un arma de violencia psicológica contra las mujeres. Se utiliza como amenaza hacia la mujer en el proceso de separación, utilizando a los hijos e hijas como un elemento más de negociación”.

La dureza de la violencia patriarcal desde el Estado y las instituciones se recrudece en los casos en que se permiten e imponen regímenes de visitas no vigiladas a padres condenados por violencia de género. Así se ejemplificó con el duro testimonio, en vídeo, de Ángela González. La Justicia no la protegió ni a ella ni a su hija. A pesar de las denuncias interpuestas por Ángela, en 2003 su maltratador asesinó a la hija de ambos, Andrea. En 2014 la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU) responsabilizó al Estado por el asesinato de la niña. La Justicia española ha desoído las recomendaciones de la CEDAW en relación a las visitas y custodia en los casos de padres condenados por violencia de género, desprotegiendo una vez más a las y los menores.

El estrado, el jurado y las presentes también escucharon el relato de uno de los casos más “paradigmáticos por la clara animadversión de la Justicia y los múltiples errores del caso”, como señaló Begoña San José, destacada feminista española e impulsora de organismos por la promoción de la igualdad real tanto en la Administración local como regional. El caso de Juana Rivas. “Con la seguridad de que aquí se me va a escuchar seguro”, comenzó el relato. Un relato realizado por Paqui Fullerat porque, aunque la protagonista se encontraba en la sala, así evitaba posibles problemas con la Justicia. “Una Justicia que necesita ser y sentirse cuestionada en actos como este”, recordó San José. Y es que en el caso de Rivas, son múltiples los errores que la Justicia ha cometido, empezando por el retraso en la traducción y envío a Italia de la denuncia por violencia de género que Juana Rivas interpuso contra su expareja en julio de 2016.
Para ejemplificar la violencia institucional, en este y en otros muchos casos, Paqui Granados ofreció su testimonio. Su caso ha derivado en la criminalización de los organismos de ayuda y empoderamiento de las mujeres. Granados era directora del área de Igualdad de Maracena (Granada) cuando Rivas acudió buscando ayuda. Ahora se encuentra investigada, junto a más miembros del servicio y familiares de Juana Rivas, por haber “inducido o cooperado en la comisión de un delito”.

Detalle del Tribunal de Mujeres. / Foto: Silvia Fernández de Cañete

Detalle del Tribunal de Mujeres. / Foto: Silvia Fernández de Cañete

Además, Paqui Granados denunció que “si tanto el área de la mujer de Maracena como el Instituto de la Mujer de Andalucía, donde fue atendida Juana, acreditaron su condición de víctima de violencia de género, ¿por qué lo cuestionó un tribunal? ¿Por qué no se derivó el caso de Juana a un tribunal específico?”. Así mismo, recalcó que no se tomaron las medidas necesarias de protección para Rivas y sus hijos, con el riesgo que ello supone y que ha desembocado en la situación actual.

La emoción inundó la sala con el relato de Luz Marina Rodríguez, hermana de Guacimara, víctima de violencia de género en 2013. Guacimara fue asesinada por su ex pareja en presencia de sus hijos y su madre. Luz denuncia la violencia institucional y económica que sufre toda la familia, incluidos los hijos e hijas, de una mujer asesinada por un machista. Tras el asesinato de una mujer, la familia debe hacer frente a unos daños tanto psicológicos como económicos. ¿Quién cubre los gastos del proceso judicial: abogada, gastos notariales y procuradores? ¿Qué pasa con la vivienda de la víctima sino está totalmente pagada? ¿Quién atiende las necesidades psicológicas de las criaturas? Al final, ese peso recae en la familia de la mujer asesinada.

Ante lo testimonios expuestos, Consuelo Abril solicitó al jurado “que se considerase culpable al Estado, en algunos casos por omisión y en otros por acción, de la violencia ejercida contra las mujeres”. Por desoír a las niñas y niños, no ofrecer la protección necesaria ni a las mujeres ni a sus hijos e hijas, no actuar con diligencia en los procesos judiciales y abandonar a las víctimas de violencia de género y sus familias.

La violación de San Fermín

“Mi cabeza da vueltas. Camino, pero no tengo fuerzas, ni ganas. Las lágrimas brotan por mis mejillas sin poder controlarlas. Tengo frío, calor, tiemblo, no me controlo. Me tumbo en un banco, me acurruco. Cierro los ojos, que no haya pasado, que no haya pasado, que no haya pasado”. Es parte de la estremecedora recreación de la violación sufrida por una joven durante las fiesta de San Fermín. Las encargadas de encogerles el corazón a las asistentes fueron Carlota Álvarez y Estela Grande.

“Es necesario visibilizar la violencia sexual. Parece que solo se habla de violencia contra las mujeres cuando hay un asesinato, pero la violencia sexual es una violencia mucho más habitual. Nos puede ocurrir en la calle, en nuestro trabajo, en una discoteca, en casa, en el colegio… todas podemos ser víctimas”, subrayó Grande, integrante del 7N. Víctimas que sufren la estigmatización y la doble victimización a las que las enfrenta el sistema policial y judicial: al cursar denuncia las víctimas son cuestionadas, deben demostrar la veracidad de lo ocurrido e incluso, en ocasiones, son culpabilizadas.

“LOS TRIBUNALES SON UNA PUERTA DE ACERO PARA LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”

Razón por la que es necesario que las mujeres se unan para juzgar las violencias contra mujeres. Porque el sistema, juez y parte del patriarcado, no responde ante las mismas. No nos protege. No nos ofrece justicia. “Los tribunales son una puerta de acero para las mujeres, las niñas y niños. El patriarcado, simbólicamente, es como el monstruo de ‘Stranger Things’. Todo el día luchando contra él pero se vuelve a reproducir. El sistema judicial es un infierno para las mujeres”, ha explicado a Pikara Magazine la experta responsable de presentar las acusaciones contra la violencia sexual, Bárbara Tardón. “Es necesario que la violencia sexual sea considera una cuestión de Estado y, para ello, es fundamental una reforma de la Ley Orgánica 1/2004 para reflejar todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, incluida la violencia sexual”, exigió en su alegato final. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género solo recoge la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o ex pareja. Asimismo, se ha solicitado la implementación de los convenios internacionales ratificados por España, como el de la CEDAW y el Convenio de Estambul dirigidos a garantizar los derechos humanos de las mujeres y el estableciendo una tolerancia cero contra las violencias hacia las mismas.
Sin financiación, no hay acción

No podía faltar la alusión al Pacto de Estado, firmado el pasado mes de septiembre. Elena Saura, experta encargada de presentar el bloque, denunció que “no se toman las medidas necesarias para prevenir y erradicar las violencias de género”. También ha señalado la necesidad de adjudicar presupuesto al Pacto para que “no nazca muerto” y ha exigido el aumento de 200 millones de euros para “dar credibilidad y viabilidad a todas las medidas”.

“Tenemos leyes muy buenas y este Tribunal debería servir para que se apliquen y se les dote de recursos”, señaló por su parte una mujer asistente.

El Tribunal de Mujeres creó un espacio seguro donde denunciar las violaciones de derechos de las mujeres y la impunidad imperante. Ha sido un altavoz que le ha dicho al Estado y al sistema que los movimientos feministas y los feminismos estamos atentos y sabemos que sois cómplices y culpables , por eso lo denunciamos y condenamos. Una muestra de la fuerza de la lucha de las mujeres por su derecho a vivir una vida libre de violencias machistas. Por desgracia, este acto simbólico se quedará sin repercusiones reales en la legislación o en los presupuestos. Pero sí tendrá importantes efectos en la participación y construcción política de las mujeres. Un acto de reparación simbólica para miles de mujeres, pero también con un claro mensaje educativo dirigido a toda la sociedad.

 

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