Acción de Brigada Callejera. / Foto: Cedida

“Si no vas sangrando no te hacen caso”, dice Christina con voz rotunda enfrente de un café americano y un pedazo de pan. La mañana está soleada, una cascada artificial cae contra las plantas a nuestro lado. “Cuando me golpeaba mi ex, que me pegaba unas palizas de miedo, -continúa- fui varias veces al juzgado cívico y me decían que no era para tanto. Como no iba yo con los ojos fuera me decían que no era tanta la violencia y al cuate no más lo detenían 72 horas. Si no vas de víctima, si no llegas arrastrándote, si no lloras, si no haces un drama, no te hacen caso. Y lo mismo pasa con la trata. Pareciera que hay que fingir y exagerar un poco las cosas para que se haga justicia”.

Christina Valadez es una de las tres mujeres que, después de siete años, sostiene la denuncia contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fuera presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México y regentara una red de trata de mujeres bajo la fachada de un servicio de azafatas. A pesar de que este caso fue muy sonado mediáticamente, tanto él como sus colaboradores siguen impunes, como tantos otros que germinan a la sombra de las instituciones.

Mientras las autoridades mexicanas enfatizan en los grandes operativos para demostrar ante la comunidad internacional resultados exitosos contra la trata de personas y reportar el cumplimiento de la Convención de Palermo, la violencia estructural contra las mujeres y la persecución de la migración alimentan la trata y el tráfico de personas, que se conectan con una densa trama de complicidades. Y la impunidad rodea a los grandes beneficiarios de estos “mercados nocivos” en los que los cuerpos, a diferencia de otras “mercancías”, como la droga, son reutilizables y por tanto inmensamente lucrativos.

En el escenario criminal que vive hoy México las discusiones entre abolicionistas y regulacionistas cobran un trágico vuelo. Tal y como reportan organizaciones como Brigada Callejera, a partir de la aprobación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de 2012, en el centro de la Ciudad de México comenzó una cruzada puritana contra trabajadoras sexuales, a quienes se comenzó a considerar, de manera violenta y simplista, víctimas o tratantes. Para Elvira Madrid, su presidenta y fundadora, “los recursos económicos para combatir este asunto de la trata han crecido y el Gobierno quiere demostrar ante la sociedad y las financiadoras que está haciendo un buen trabajo, pero hay casos y expedientes de chicas que están injustamente detenidas”. Por su parte, otras organizaciones, como la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), consideran que la prostitución y la trata son parte de la misma violencia patriarcal y que las sanciones para delitos de trata han de incrementarse.

Los mecanismos

“Los sonideros (eventos bailables), la terminal de autobuses o el metro Observatorio son lugares donde checan a las chicas que llegan de provincia. A la que ven angustiada le ofrecen empleo y, si acepta, ya se chingó. También es común que se suban a las micro(buses) que van al estado de México, a Toluca, a Ecatepec, a San Pedro, les ofrezcan trabajo y se las bajen de la micro”, cuenta Jaime Montejo, de Brigada Callejera, mientras saca y pliega camisetas de unos fardos para unas jornadas en Tapachula. “Este es el caso de una chica de Chiapas que llegó a la Ciudad de México y a la que la encontraron llorando en la esquina. Ella cuenta que se subió al camión y alguien le ofreció un refresco. Ya cuando amaneció, estaba en La Merced, con un cliente bajándose encima de ella. No, de aquí no te puedes ir, aquí te tenemos. Tenemos fotos y avisaremos a tu familia de que eres una puta”, cuenta.

Operativo contra la prostitución en la frontera Sur de México. / Foto: Jorge Dan López

En el descansillo de un edificio de techos altos y paredes cuarteadas del centro de la ciudad donde Brigada Callejera regenta el local de economía social ‘Condones El Encanto’, Jaime y Elvira hablan de los servicios de detección y prevención de VIH, sífilis, papanicolaou, diabetes, colposcopia y electrocirugías que ofrecen en consultorios médicos y unidades de atención móviles; también hablan de la necesidad económica extrema y de la doble moral. Celebran con orgullo que, cuando comenzaron a trabajar hace 28 años, muchos de los hijos de las compañeras ni siquiera estaban registrados en la escuela, y ahora ya consiguieron una beca y van a la universidad.

“Si yo no tengo falda, si yo no salgo a talonear, si yo no mamo verga, si no doy culo, si yo no tengo sexo con nadie, si yo no trabajo en lo que ellas trabajan, ¿quién chingados soy para decirles qué tienen o no tienen que hacer?”, dice Jaime, quien replica una idea también expresada por Marta Lamas, en El fulgor de la noche, cuando destaca que el trabajo desempeñado libremente requiere una normativa que prevenga y sancione abusos contra los trabajadores y trabajadoras y les otorgue prestaciones y deberes; mientras que la trata de personas es un crimen aberrante. Aunque enfatiza que ninguna decisión se toma al margen de las circunstancias, también apunta que es fundamental distinguir el fenómeno de la trata y el de la prostitución, ya que “la prohibición del trabajo sexual coloca a las trabajadoras sexuales en la clandestinidad y la ilegalidad, lo que las expone a la situación más propicia para ser extorsionadas o víctimas de otros abusos”.

Ante la aparente porosidad que puede existir entre voluntad y coacción, Elvira Madrid apela al trabajo de calle donde se conocen las historias de vida de las mujeres. Allí también se ven los mecanismos punitivos que se están empleando en la lucha contra la trata, algo conectado con la criminalización y persecución la migración: México realiza el trabajo sucio a Estados Unidos, deteniendo y deportando a decenas de miles de personas centroamericanas cada año. “Llega un operativo a un bar –cuenta– y detienen a las meseras, a las cocineras, a la gente que vende productos de belleza, a una encargada… Ellas no son tratantes, pero como no hay nadie que las ayude, no tienen familia aquí o dinero para pagar un abogado se quedan en prisión tres, cuatro y cinco años hasta que termine el proceso, mientras que los verdaderos tratantes quedan libres”, explica.

La situación, salvando las distancias, recuerda a las políticas punitivas en torno a microtráfico en las que las mujeres, en los eslabones más débiles de la cadena, enfrentan condenas de prisión, mientras prevalece la impunidad en torno a los jefazos. A esto se refiere Sofía de Robina, colaboradora del Centro Agustín Prodh Juárez, quien integra una investigación sobre las detenciones arbitrarias en los operativos antitrata y las irregularidades procesales que enfrentan mujeres, muchas de ellas migrantes indígenas, en situaciones de vulnerabilidad y discriminación múltiple; son estas mujeres víctimas de un continuum de violencias desde su expulsión en sus países de origen a su tránsito y destino por México, en donde a menudo viven en una situación de clandestinidad que las aboca a trabajar en empleos irregulares.

Cuenta Sofía que el delito de trata es la principal causa de detención de mujeres migrantes en el estado de Chiapas, tal y como se veía en el informe Migrantes en Prisión. La incriminación de migrantes en México (2014). Luego relata que en los análisis de los expedientes que han podido revisar en este estado han detectado la existencia de un patrón de criminalización desde la detención de las mujeres hasta el seguimiento que dan a su caso y cómo se está utilizando erróneamente el derecho penal para castigar. “En la mayoría de los casos no hay suficientes elementos para sostener las detenciones y la carga de la prueba del proceso reside en el parte informativo de los policías, que sostienen haber encontrado a las acusadas en fragrante delito y que a menudo obligan a las supuestas víctimas, bajo coacción y amenazas, a declarar”, añade.

Este fue el caso de Guadalupe, una mujer maya mam de 52 años que trabajaba de mesera en un bar de la frontera. Estaba vendiendo cerveza cuando llegó un operativo. En el bar había una menor de edad de 17 años tomando cerveza, así que se la llevaron sin ni siquiera saber de qué la acusaban. Guadalupe no tuvo traducción oficial ni asistencia consular y pasó dos años en prisión preventiva en Tapachula, lejos de donde había sido apresada, y lejos de sus cuatro hijos. El único elemento de prueba en su caso fue el reporte de los policías. Las presuntas víctimas se retractaron de su testimonio inicial en su declaración oficial ante el juez, indicando que habían sido forzadas a testificar contra Guadalupe y manifestándose tristes y preocupadas porque esta mujer estaba acusada sin haber hecho nada malo.

“Casos como éstos son ejemplo de cómo se están fabricando delitos sin atender los procesos adecuados que deberían llevarse a cabo para realmente luchar contra la trata. Y es que el actual Gobierno de Chiapas ha hecho mucho alarde del número de sentencias en este tema: le interesan números, resultados, pero podría estar utilizándose a esta población vulnerable para inflar los números”, concluye Sofía, indicando que el Prodh está intentando fortalecer los procesos penales para evitar que sean utilizadas arbitrariamente. Tras examinar los expedientes, son varias las recomendaciones que el centro hace: que los jueces sean más exigentes a la hora de analizar y controlar las detenciones, que los operativos sean más cautos, evitar la aplicación de coacciones o amenazas para obligar a las víctimas a declarar, equilibrar las pruebas de descargo con las de cargo, garantizar asistencia consular y traducción y llevar a cabo una reparación de las víctimas cuando los derechos de las detenidas han sido violados.

Y la situación es todavía más compleja. En muchos casos las mujeres mercadeadas bajo coacción viven situaciones que les impiden hablar libremente, como es el secuestro de sus hijos e hijas. Es habitual que las mujeres sean incorporadas a las redes de trata por parte de sus parejas, que, “como ‘buenos mexicanos’, tienen lo que llaman la catedral y las capillitas”, explica Elvira. “La catedral es la señora de plena confianza y la que cuida a los niños de la joven que se está prostituyendo. Los hijos retenidos en casa de la esposa, o en cualquier otro lugar de Puebla, Tlaxcala o Ciudad Neza, son el salvoconducto y garantía para que ellas sigan puteando y den dinero, así que, cuando llegan los operativos y les preguntan ‘¿eres víctima de trata?’, las jóvenes dicen que no”.

Además, los operativos realizan un uso desmedido de la fuerza, lo que inhibe todavía más la posibilidad de que las víctimas declaren. “Si llegaran sin violencia, tranquilos, –prosigue– muchas jóvenes dirían lo que pasa, pero el operativo llega cortando cartucho, pinches putas, a la chingada; llegan a madrazos, robando, tocando a las chicas, buscando sexo… y poniendo cosas donde no son, fírmame aquí, fírmame acá para que ya salgas rápido, ya te vas a ir mamita. Ellas firman pero no saben lo que firmaron y están incriminando a otra persona o a sí mismas”, añade. Por si fuera poco, estos operativos desalientan el uso de preservativos, ya que estos están siendo utilizados como un presunto medio de identificación donde presuntamente se ejerce la trata por parte de las autoridades.

Para Elvira Madrid, este modo de actuar también habitual en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala y una de las zonas ‘rojas’ del país, tiene todavía más consecuencias: el cierre de locales donde había un trabajo sexual consentido y la expulsión de las y los jóvenes a terrenos más inseguros donde nadie los rescata. “A los lugares del narco”, susurra Elvira, antes de relatar el caso en que unas muchachas fueron quemadas vivas en Cancún, algo que sucedió mientras tenía lugar en Bangkok (Tailandia) el congreso de 2014 de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés) y sin que fuera posible articular las acciones urgentes necesarias para evitar que esto sucediera. Por ello, recalca, es necesario generar espacios seguros para que las más de 800.000 trabajadoras sexuales que calcularon en 2010 que existen en todo México, puedan ejercer su trabajo con seguridad y dignidad. Este cálculo lo hicieron, apuntan Jaime y Elvira, utilizando la metodología que Lin Lean Lim, experta en trabajo sexual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la balanza contraria a la regulación, está Teresa Ulloa, directora CATWLAC, quien lleva varias décadas luchando contra la trata y la prostitución y atiende una llamada de skype entre viajes a Panamá y a Estados Unidos. Para ella, la solución pasa por incrementar las penas y acabar con la impunidad. Cancún, Acapulco, la Ciudad de México, Tijuana, Mexicali, los Cabos, Ensenada, Nogales o la ruta de Chontalpa son los espacios que su organización ha monitoreado como focos rojos de trata. Muchos de ellos son resorts turísticos, en donde los rasgos étnicos de las muchachas y la edad establecen su precio. Para Teresa es preciso atacar este mal de raíz, pues “muchas de las jóvenes están bajo coacción y amenazas, y a muchas las vuelven adictas a drogas y golpes”. “Todo empieza –señala– con un periodo de ablandamiento donde las golpean, las violan colectivamente, hasta que las jóvenes adquieren el síndrome de indefensión aprendida, que a menudo identificamos en las jóvenes rescatadas, o el síndrome de Estocolmo, porque generan una relación con sus captores”.

En este contexto es además muy difícil que las niñas y mujeres denuncien, por el miedo y la falta de garantías de protección. Además, cuando hay juicios, prevalece la impunidad de los verdaderos responsables, la corrupción y las bajas condenas, que no se comparan con las condenas por delitos de secuestro, donde las penas se sitúan de 25 a 45 años de cárcel. Las razones, apunta Teresa, hay que buscarlas en la diferencia habitual entre las víctimas de secuestro, que a menudo tienen dinero e influencias, y las de trata, que suelen entrar en las redes por necesidad económica.

Pobreza, fragmentación social y violencia económica

La falta de registro civil y papeles, las dificultades geográficas y lingüísticas, el desconocimiento de los derechos, la desidia de las autoridades, la violencia sistémica contra las mujeres y, sobre todo, la extrema pobreza y falta de oportunidades de empleo, son fermento y acicate de la explotación laboral y sexual en esta región.

Tal y como denuncia Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala, en la presentación del informe ‘Una mirada desde las organizaciones de la sociedad civil a la trata de personas en México‘, el modelo económico capitalista en que vivimos que pone al centro la mercancía y la ganancia a costa de lo que sea es una de las causas de la trata. “Todo se compra y se vende, aún las personas, y ahí hay testimonios en Tlaxcala, mujeres que son enamoradas y que luego son sometidas a 30, 40 violaciones sexuales por día, a cinco reconstrucciones de vagina”, apunta. Y a continuación se refiere al análisis que hace Óscar Montiel en su tesis ‘El lado obscuro del México profundo’, sobre los vínculos entre la trata y el desarraigo comunitario. “Esto tiene que ver –enfatiza Alejandra- con un desarrollo textil en donde la gente dejó el campo para irse a la industria. Cuando las industrias truenan, la gente se desplaza de nuevo, va a la ciudad, y comienza a ocuparse de albañiles u otros oficios, comienza prostituir a sus propias mujeres”.

A partir de la instalación de corredores industriales después de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno se acentuó: la ruptura del tejido social y de las formas de organización comunitarias, el abandono de los usos y costumbres, la imposición de megaproyectos y el saqueo de recursos obligan a la gente a migrar del campo a la ciudad. No es casualidad que los corredores industriales coincidan con corredores de trata, como tampoco es casual que los municipios con mayor incidencia de feminicidios, desaparición forzada, secuestro y delitos contra población migrante coincidan, por lo general, con los municipios de mayores casos de trata, tal y como también analiza Martín Juárez Guevara, responsable del programa de Trata y Tráfico de personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), de la IBERO Puebla.

Y es que, en efecto, la trata de mujeres, niñas y niños está estrechamente vinculada con la pobreza y la violencia económica. En un país donde el salario mínimo (cuatro dólares y medio al día) es hasta 15 veces menor que en su vecino del Norte y no da para vivir, no es extraño que la población busque cualquier medio para salir adelante. Un ejemplo de precariedad es la situación que viven muchas jóvenes nahuas, na´savi y me’phaa de la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país. Allí, en donde la necesidad económica extrema lleva a jóvenes de 14 y 15 años a bajar a la cabecera municipal, Tlapa de Comonfort, y trabajar en servicio doméstico donde son enganchadas para trabajar en cantinas y eventualmente acaban ejerciendo el trabajo sexual.

Las cifras son negras y el fenómeno complejo, pues el Gobierno municipal cobra una tarifa semanal a cada trabajadora de las cantinas, legitimando de alguna forma la explotación sexual pero sin salvaguardar derechos. Además, en ocasiones, el uso y costumbre de la dote, en los que la familia del novio pagaba una cantidad por la novia, es distorsionado y aprovechado por redes de delincuencia organizada para jalar a jóvenes o argumentar la compra-venta de niñas incluso ante los tribunales. Esto fue lo que pasó, cuenta Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de un caso en Iztlahuarroja (Atixtlac) cuando en 2009, tres niñas fueron compradas y sacadas de la comunidad: un cacique local, en complicidad con dos vecinas, las engañó prometiéndoles un trabajo en una tienda de ropa para después venderlas como esclavas domésticas y en matrimonio forzado. Las niñas fueron localizadas gracias a la inusual perseverancia del papá de una de ellas. Durante los siete años que duró el litigio para hacer justicia, la defensa alegó que la transacción económica que se hizo estaba dentro de los usos y costumbres. Finalmente, el principal responsable fue sentenciado a 16 años de prisión, un caso de relativo éxito en un país donde prevalece la impunidad.

Para ilustrar esta impunidad, Alejandra Méndez, se refiere a las 200 denuncias realizadas en Tlaxcala durante el último Gobierno, de las cuales, tan sólo 13 alcanzaron sentencia, a pesar de que las mujeres dieron datos, nombres y direcciones, un gran esfuerzo aún a costa de su seguridad, su vida y su salud mental. Y lo peor es que esas denuncias, un camino tortuoso, a menudo caen en saco roto porque, como denuncia la directora del Fray Julián Garcés: “La simulación es terrible, porque cuando la sociedad civil logra meter en agenda algún tema, el Gobierno lo usa como una gran pantalla política, pero luego cuando tiene que actuar para proteger derechos no pasa nada. Además, víctimas de trata lo primero que quieren hacer no es denunciar, sino recibir una atención psicosocial que les permita empoderarse, pero el Gobierno dice ‘denuncia y luego te atendemos’”. En este contexto la necesidad de involucrar a autoridades comunitarias en mecanismos de alerta temprana y protección de derechos, correctamente los delitos de trata y exigir el fin de la impunidad se vuelve imprescindible.

Una versión más corta de este reportaje ha sido publicada en el número 2 de El Salto.