“El Estado ha amparado a un pederasta y ha desprotegido a una niña” Crónica, En red

Susana Guerrero lleva adelante una incansable lucha para evitar que su hija Nayara termine custodiada por el padre, un hombre al que ha denunciado por abusar de su criatura y de ella misma cuando era una niña.

Susana Guerrero, en Madrid. / Foto: Esmeralda R. Vaquero

Susana Guerrero, en Madrid. / Foto: Esmeralda R. Vaquero

La vida de Susana Guerrero está en una pequeña maleta negra que a veces, cuando tiene alguna entrevista, lleva consigo. Ella la llama así, la maleta de su vida, porque dentro almacena un sinfín de documentación judicial que la acompaña desde hace más de una década. “Toda mi lucha está aquí”, explica. El enrevesado viaje de la vida de Susana ha sido solitario durante muchos años, hasta que tuvo claro hacia dónde quería dirigirse y comenzó a reunir el apoyo de diversos colectivos feministas, asociaciones y personas particulares. El viaje de Susana, el de su existencia, empezó en su infancia y se fue transformando en una odisea que la ha llevado hasta la actual lucha que enfrenta para no perder a su hija Nayara y garantizar su bienestar psicológico.

Maltratos, centros de menores, denuncias, sentencias judiciales, informes psicológicos y una ristra interminable de burocracia ha rodeado y rodea su vida actual. Pero para situarnos en el presente, hay que girar hacia su pasado. A los 12 años, era maltratada en su casa. Vivía en Talavera de la Reina y fue allí donde conoció a un matrimonio heterosexual que se interesó por ella y en cuya vivienda, que ella comenzó a visitar con mucha frecuencia, se darían situaciones que hoy, desde la experiencia, califica como “abusos sexuales”. Comenzaban así una serie de vivencias que, como cuenta, la llevarían por unos caminos duros.

“Este señor empezó a abusar sexualmente de mí, algo que yo en ese momento no veía como un abuso, para mí ese señor era mi padre y se supone que me estaba protegiendo”, explica. Estas situaciones siguieron repitiéndose hasta que, pasado cierto tiempo, la Policía intentó que ella contase lo que le estaba ocurriendo. De hecho, Susana solicita que dejen declarar a los policías que abrieron esa investigación, para que puedan contrarrestar otras opiniones. “Es muy denigrante escuchar a un policía decir que yo cometí el error de caer en sus garras; es muy denigrante que se culpe a la víctima y dejen al pederasta campar a sus anchas”.

Susana cuenta que en cierto momento se atrevió a denunciar lo que estaba viviendo y el ginecólogo acreditó las agresiones sexuales. A él lo llevaron a la cárcel y a ella a un centro de menores. “Aquí empecé a formar parte del sistema, que es muy, muy duro”, explica. De su etapa en este primer centro recuerda que apenas podía salir a la calle y que cuando lo hacía estaba acompañada de un policía. Esta situación se prolongó durante meses y, en ese tiempo, él quedó en libertad provisional. “Al enterarme de que estaba libre tuve un intento de suicidio y me metieron en el Psiquiátrico de Talavera de la Reina, atada y totalmente dopada; a él le pusieron en libertad y a mí me encerraron dos semanas”. Susana relata cómo pasó por varios de estos centros de menores de la provincia de Toledo y cómo él rondaba estos lugares y terminaba encontrándola. A través del “secuestro emocional”, como ella lo califica, en ciertas ocasiones ella se marchaba con él y desaparecía durante un tiempo. “Yo no entendía cómo un hombre acusado de agresión sexual se sentía con tanta libertad. ¿Por qué siempre me encontraba, estuviera en el lugar que estuviera? ¿Por qué no estaba preso?”

Por estas ‘huidas’, Susana era derivada de un centro a otro, “cada vez con un régimen más cerrado”. De su paso por el Cigarral rescata que le daban 15 pastillas diarias. “Este centro recibía cerca de 5.000 euros mensuales por mí, como menor tutelada que era; estos lugares son un negocio privado subvencionado por el Estado”. Casa Joven, un centro que cerró en 2009, fue el siguiente destino de la toledana. En el juicio relativo a los abusos, la Audiencia Provincial de Toledo determinó que era una niña ‘celotípica’, que tenía celos de su esposa y que sus cicatrizaciones eran antiguas. Él quedó en libertad definitiva. Explica que en ese juicio, debido a las presiones, a la incertidumbre y a ese “secuestro emocional y sexual” que la rodeaba, negó los abusos.

A los 17 años, Susana Guerrero se quedó embarazada de su hija Nayara. “Cuando se enteró, este señor transformó esa situación que venía ocurriendo desde hacía años en que yo era su pareja, cuando yo seguía siendo menor”. En su cabeza se acumulan muchas preguntas que, de momento, no se han resuelto. “El Estado debería haber intervenido, ¿cómo podían normalizar esa situación? ¿Por qué nadie hacía nada y él actuaba con total impunidad?”. Rememora que durante su embarazo comenzaron los malos tratos físicos: “En un momento determinado me atreví a denunciar y la jueza le condenó por violencia de género porque reconoció haberme pegado”.

Susana tenía la custodia de Nayara pero, al igual que sucede en la mayoría de los casos de violencia machista, no se decretó ninguna medida de protección para su hija. “Le entregaba a mi hija a un pedófilo porque yo hasta los 23 años no fui consciente de que había sido víctima de abusos sexuales y porque la Justicia no te da muchas alternativas”.

Custodia

En el año 2011, cuando Susana se marchó a trabajar fuera de Toledo, el agresor la denunció por no entregarle a la niña y un año después reclamó su custodia. “Yo había realizado el procedimiento establecido, dejar un escrito en el Juzgado de Violencia de Talavera informando de que me marchaba”. A partir de 2012, momento en que Susana Guerrero quiso iniciar su vida en Gran Canaria comenzaron las demandas judiciales por parte del que califican como ‘padre’ de la niña. El Juzgado de Talavera obligó a mantener el régimen de visitas establecido inicialmente y la niña viajaba todos los meses a la Península, con el correspondiente desembolso económico.

Al poco tiempo, Susana detectó que su hija podría estar sufriendo abusos sexuales en sus visitas y maltrato físico por parte de la pareja de éste, e interpuso una demanda solicitando que se suspendieran los encuentros, pero la desestimaron. Requirieron para su hija una breve visita a un psiquiatra y en unos minutos éste determinó que su hija estaba bajo los efectos del conocido Síndrome de Alienación Parental (SAP), un síndrome sin base científica muy utilizado en los litigios por las custodias de hijas e hijos, pese a que el Consejo General del Poder Judicial desaconseja su uso, donde se dictamina que la madre manipula el juicio del menor y el padre se muestra como la víctima.

Un tiempo más tarde, en Canarias, un forense y un psiquiatra hicieron una valoración psiquiátrica de su hija. “La huella psíquica de Nayara es compatible con las situaciones de abuso sexual”, constata el documento. Entre otras indicaciones, se recomienda que la niña asista a terapia y que “no sea expuesta a los agentes agresores referidos sin supervisión por entender que puede ser objeto de nuevas situaciones de abuso”. El documento nunca se ha llegado a aceptar como prueba en los juicios. “Mi hija no podría decir que ha visto películas de hombres y mujeres desnudos y hablarme de sexo si no las hubiera visto. No podría relatar con tanto detalle como lo hizo una situación de abuso que no ha vivido”. En determinado momento, relata esta madre, la niña empezó a manifestar abiertamente que no quería ir con el padre y ella se opuso a seguir cumpliendo el régimen de visitas.

Fue una época muy enrevesada. En 2015, un juzgado de Talavera le dio la guarda y custodia de la niña al padre, basándose en ese informe donde se indicaba que la niña sufría SAP. La Audiencia Provincial de Toledo estimó hace un año el recurso que ella presentó frente a esta sentencia y logró que se revocara. Después de un combate largo y desgastante, Susana ha logrado quedarse con la custodia de Nayara. El Tribunal Supremo acaba de declarar firme la sentencia que confirma la custodia para la madre.

Esa fue una gran victoria para ella, pero la batalla continúa. Actualmente, la Fiscalía de Talavera de la Reina pide para Susana Guerrero dos años de cárcel por presunta denuncia falsa de abusos sexuales a su hija. Solicita, además, que se le abone al denunciado 12.000 euros, y el pago de una multa de 6.000 euros. Piden también 5.000 euros como indemnización a la esposa de Muñoz, porque consideran que no se produjeron los malos tratos hacia su hija que Susana denunció. Por otra parte, solicita un año más de cárcel por desobediencia grave al incumplir el régimen de visitas de la menor. En total, tres años de cárcel y una cuantía impensable para sus posibilidades económicas actuales.

“Irregularidades”

Lo que, a juicio de Susana Guerrero, explica que la situación haya llegado hasta el punto en el que se encuentra hoy son las “irregularidades” del Partido Judicial de Talavera de la Reina: “Intentan esconder lo que ha pasado conmigo cuando era menor porque me he rebelado, y la forma de ocultar lo mal que lo hicieron es esa; por supuesto, si yo hubiera cumplido el régimen de visitas, hubiera sido sumisa y dejado que mi hija se fuera con él nada habría pasado”. Considera que es la única forma con la que pueden “salvar” esa desprotección del pasado. “Cómo van a explicar que si en su día, siendo yo menor de edad, le pusieron en libertad habiendo un informe que acreditaba las agresiones sexuales, yo me quedase embarazada siete meses después”. Para Susana, en su caso confluyen la violencia machista con la violencia institucional: “El Estado amparó a un pederasta y desprotegió a una niña”. Ella lo tiene muy claro: “El detonante de que este señor haya abusado de mi hija es la falta de protección del Estado hacia mí”.

Esa desatención a la que hace referencia la ha vivido en muchas ocasiones, entre otras, en el momento, cuando tenía 19 años, en el que firmó el convenio regulador de las visitas que tendría que repartirse con Francisco Muñoz. “En ese momento tan reciente de violencia no entiendes de leyes, no sabes lo que está pasando, nadie te ayuda y firmas un documento que es tu sentencia”.

Impunidad de los abusos

Tuvieron que pasar varios años para que Susana Guerrero le pusiera nombre a lo que había vivido. “Yo acepté que había sido una niña abusada cuando un psicólogo me grabó en vídeo y vi la película de mi vida; no es normal que un hombre de 34 años tenga relaciones con una niña de 13, no sé si identificarlo como un pedófilo, un pederasta o un depredador sexual”.

“Es más fácil culpar a la niña y decir que la niña accede a ver a un abusador en lugar de pensar que es una niña que está sola, desprotegida y sometida psicológicamente; no entiendo qué me cuestionan a mí”. Cree que si en el Juzgado se resolviese un procedimiento a su favor, se confirmaría la negligencia o falta de implicación con la que los distintos órganos actuaron durante su infancia: “Le protegieron a él y me desprotegieron a mí, así que ahora no me pueden dar la razón porque sería decir que la culpable no soy yo”.

Por eso, para intentar evitar que la historia se repitiese, cuando tuvo los primeros indicios de que su hija Nayara podría estar sufriendo algo parecido, no tuvo dudas en enfrentarlo, aunque sabía los riesgos que conllevaba y uno de ellos era el que finalmente tomó importancia: que el Tribunal de Talavera aceptase el Síndrome de Alienación Parental en su causa. “Si denuncias los abusos de tu hija te van a acusar de manipuladora y si no los denuncias eres cómplice de lo que le está ocurriendo, ¿qué haces entonces?”.

La supervivencia

En medio de este complicado entramado judicial, Susana Guerrero tiene que compaginar la burocracia habitual para la que es reclamada (citaciones, vistas, declaraciones o juicios, entre otras) con la subsistencia diaria. El trabajo es un ámbito difícil de combinar con la lucha en los juzgados. “Para trabajar lo tienes muy difícil porque estás metida en todo esto, y a eso se suma que soy una persona mediática. Me han llegado a echar de varios puestos de trabajo por la persecución judicial”. Cuenta que en uno de sus últimos empleos le preguntaron si era ella la misma persona que aparecía en internet con una historia judicial detrás. A los dos días la despidieron alegando que había bajado la producción: “Desde que empecé con la lucha, he perdido siete veces mi trabajo”.

La vida diaria de Susana Guerrero transcurre entre la lucha por un trabajo digno, la atención y los cuidados a su hija, los trámites con la Justicia y el activismo. Tiene 29 años y la odisea, aunque a veces le permite algo de aire, la mayor parte del tiempo es convulsa. Y sabe que todavía le quedan duras etapas que recorrer.

En cuanto a cómo se proyecta en el futuro, no es muy optimista. “De aquí a un año me veo presa por algo que no he cometido, porque van acumulando cada vez más acusaciones contra mí”, explica. “Si no me condenan, estarían reconociendo que Nayara ha sufrido abusos”. Cuenta con muchos apoyos pero también es consciente de que se ha enfrentado al sistema “de una manera muy agresiva”. Lo único que sabe con certeza es que va a seguir luchando por su hija y por ella, porque es lo que siempre ha hecho, porque no concibe la impunidad en historias de vida como la suya y porque, independientemente de que gane o pierda, la batalla por la justicia es su bandera.

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