Cuando la denuncia cambia de lado En red, Reportaje

Acusados de violencia de género utilizan la contradenuncia como estrategia para que se retiren o archiven las causas abiertas contra ellos. Los prejuicios, la falta de formación y de recursos especializados propician que el maltrato habitual se juzgue como una riña ocasional y que cientos de víctimas terminen con antecedentes penales.

Ilustración: Susanna Martín

Ilustración: Susanna Martín

Después de la enésima paliza, en la que su marido intentó estrangularla, Elisa dio el paso de acudir a comisaría. Contaba con testigos y pruebas de las lesiones. Varios informes de profesionales confirmaban que era víctima de violencia de género en la pareja y que su hija sufría daños psicológicos por haber presenciado agresiones durante años. Confiaba en la justicia, pero se encontró con un imprevisto: su marido también la había denunciado a ella, señalando como prueba los arañazos que le había hecho mientras se defendía de la paliza. La jueza les impuso una orden de alejamiento mutuo.

De estas denuncias falsas no se habla tanto. Mientras machistas organizados y políticos conservadores propagan el mito de que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas, la estrategia de la contradenuncia pasa desapercibida. La respuesta del sistema judicial tiende a ser salomónica: se sobresee por falta de pruebas o se condena a las dos partes.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial no cuenta con estadísticas judiciales que corroboren esta tendencia. Pero en su Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género confirma que en los juzgados especializados se ha detectado el incremento de esta práctica y recomienda a jueces y juezas “actuar con especial cautela para evitar que las víctimas puedan verse imputadas por delitos de violencia doméstica ante cualquier manifestación meramente defensiva por su parte”. Entre sus recomendaciones, destaca observar si las lesiones son claramente desproporcionadas, si alguna de las partes ha empleado armas, si existen antecedentes de maltrato, si fue ella quien llamó a la policía y “cualquier otro dato revelador de que la mujer no hizo sino defenderse como pudo de su agresor, sin más ánimo que el de preservar su propia integridad”. Además, esta guía establece que se requerirán más elementos que la declaración del denunciado para imputar también a su pareja o expareja denunciante.

Amnistía Internacional ya alertaba en su informe sobre la violencia de género en España de 2012 de que el año anterior 509 mujeres fueron condenadas en procedimientos de denuncias cruzadas. El objetivo de la contradenuncia, añadía, es “lograr una negociación que busca la no comparecencia de la mujer en el juicio”.

Rosa es una de esas mujeres que retiró su denuncia por miedo a terminar condenada. Había dejado a su marido después de años de violencia psicológica y económica. Él reaccionó ante la separación con más agresividad: cuando se veían, le gritaba, la zarandeaba, le rompía el móvil. En uno de esos encuentros, llamó a emergencias y comunicó que quería denunciar la agresión. El ex dijo que él también quería reportar maltrato doméstico. El abogado de oficio de Rosa la convenció de que llegase a un acuerdo: “Me dijo que, si seguía adelante, yo también podía terminar con antecedentes penales, a pesar de que yo tenía pruebas de lesiones y mi exmarido, no. Me asesoró mal”.

¿Mala praxis?

Elisa y Rosa afirman que sus agresores actuaron guiados por sus abogados. Juana Balmaseda, letrada especializada en violencia de género en Bizkaia, ve muy difícil que los colegios de abogados reprueben esta práctica: “No diría que es habitual que se aconseje la contradenuncia. Y siempre que sean legales, todas las estrategias caben”. ¿Cuál es esa frontera legal? Incitar a mentir, a atribuir a otra persona un delito que no ha cometido. Pero normalmente algunos abogados proceden de una manera más sutil: si el hombre presenta algún rasguño o la mujer le ha insultado, sugerirá que reporte esos hechos. En todo caso, a Balmaseda le preocupan los efectos de esta estrategia de defensa: “Si el agresor sale victorioso, incrementará la violencia sobre la víctima utilizando sofisticados procesos judiciales. La víctima, lejos de sentirse reparada, se preguntará qué sentido tiene denunciar si acaba imputada”.

A María Naredo, abogada especializada en derechos humanos y autora del citado informe de Amnistía Internacional, le consta que en las prisiones españolas hay mujeres que habían denunciado violencia de género y han sido condenadas por violencia doméstica, aunque la pena se suele sustituir por cursillos o trabajos en beneficio de la comunidad. “Documenté el caso de una mujer obligada a pedir permiso en el centro de trabajo para acudir al curso para maltratadores”. Naredo destaca que esta estrategia tiene un especial impacto sobre las mujeres extranjeras: si aún no tienen papeles, la sentencia puede traducirse en un expediente de expulsión.

Las juristas atribuyen el auge de las contradenuncias a un rearme de los maltratadores, organizados en foros de internet y en asociaciones de padres separados, que se declaran víctimas de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. Y si funciona es porque el discurso de que la ley discrimina a los varones ha calado también dentro de la abogacía y la judicatura. “Entre quienes aplican el derecho, la falta de concienciación sobre el sentido de la ley ocasiona malas prácticas y perversiones”, reconoce Balmaseda.

La calidad de la defensa

Elisa tuvo que escuchar de la jueza que ella no encajaba en el perfil de mujer maltratada porque es ingeniera superior industrial. Y Rosa, a su vez: “Tú quieres quitarte a tu marido del medio. Quizá te lo estés inventando”. Los órganos especializados no están libres de profesionales que se guían por prejuicios como que las mujeres denuncian en falso a sus exparejas para vengarse o para salir beneficiadas del reparto de bienes y asegurarse la custodia.

La “moda” de las denuncias cruzadas desnuda la ineficaz aplicación de la Ley Integral, que ya evidencian datos como el incremento en un 158% de los sobreseimientos desde la creación de los Juzgados de Violencia en 2005 hasta 2013. En 2015, el 43,2% de las denuncias fueron sobreseídas. Las expertas ponen la mirada en una formación insuficiente: “Seas abogado, fiscal o magistrado, estés en un juzgado especializado o en el turno de oficio, debes haber recibido formación no solo técnica, sino sobre la realidad de la violencia de género como violación de derechos humanos”, argumenta Balmaseda. La formación es fundamental para distinguir entre peleas ocasionales y violencia habitual; entre lesiones de ataque y de defensa, e identificar las violencias psicológica, económica y sexual, que rara vez se tienen en cuenta en los procesos judiciales.

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional recuerdan que tanto la defensa letrada como jueces y juezas las instaron a ceñir su relato a la última agresión. No se tuvo en cuenta el clima de control, miedo y poder que marcaba su relación de pareja, lo que redujo la calificación de los hechos. Las denuncias cruzadas se juzgan “como si fuera la palabra de él contra la palabra de ella, en vez de investigar de oficio y encargar informes periciales con enfoque de género”, añade Naredo.

Otra preocupación de Amnistía Internacional es el poco tiempo del que dispone la denunciante para preparar el caso. “En la vista rápida, iba en shock. La abogada de oficio vino cinco minutos antes, no conocía mi caso, era especialista en mercantil. No se pueden contar tres años de maltrato en cinco minutos. Hay cosas que mi psicóloga aún tiene que sacarme con cucharilla”, ilustra Elisa. Naredo confirma que los acusados suelen ir mejor preparados a los juicios, con abogados de pago que se vuelcan en el caso, mientras que a las víctimas se las carga con la responsabilidad de recabar pruebas suficientes. “Los equipos forenses especializados están sobrecargados, los de guardia hacen informes solo de la punta del iceberg. Cuando los casos se sobreseen por falta de pruebas, las mujeres se sienten frustradas y culpables por hacer uso del sistema sin tener todos los elementos”.

La asociación de juristas Themis reclama que se extiendan las unidades de valoración de la víctima que prevé la Ley Integral, para ayudar a la judicatura a calificar los hechos, determinar el nivel de riesgo y las respuestas adecuadas. “No hace falta cambiar la ley: basta con dotarla de los medios que preveía”, insiste su presidenta, Amelia Fernández Doyague.

La custodia compartida

“Cambio la cerradura todos los meses, me da miedo que entre. Duermo en el sofá porque soy incapaz de acostarme en la cama que él usa cuando yo no estoy. Se ha llevado el horno para que no pueda comer pizza con mis hijos. Pintó ‘Guarra’ en una pared”.

Rosa confiaba en que el infierno terminara con la separación, pero el juez concedió la custodia compartida a su exmarido, en la modalidad por la que los hijos permanecen en una misma casa y el padre y la madre se turnan, en este caso, mensualmente. “La pidió para hacerme daño. Si pensase en el bien de sus hijos, no se habría llevado el mando del aire acondicionado. Ahora he presentado un recurso para demostrar que no puedo compartir vivienda con él”. 

Ciertos agresores solicitan la custodia compartida para seguir controlando y desgastando a sus exparejas. “La vía civil es el medio para prolongar el maltrato a las ex”, confirma Naredo. Cuando hay acreditada violencia de género no cabe la custodia compartida, pero en casos como el de Rosa, que retiró su denuncia por miedo a la contradenuncia, el maltrato silenciado no se sopesa.

Los juicios para conseguir la custodia compartida constituyen un uso rebuscado de los procesos judiciales que mencionaba Juana Balmaseda. “Los agresores acusan a las mujeres de maltratar a sus hijos para que parezcan las malas de la película. Desgraciadamente, en los juzgados de familia no se hace el esfuerzo de deslindar claramente los conflictos de pareja de la violencia de género”, expone la abogada.

El ex de Rosa sigue escribiéndole correos electrónicos en los que le dice que sabe cosas de su vida privada. Pero en los juicios por la custodia no se ha tenido en cuenta esa actitud de acoso. “Cualquier nuevo acto de coacción debe ser denunciado”, emplaza Fernández Doyague, de la asociación Themis. Rosa, en cambio, no ve viable volver a denunciar. Recuerda el consejo de una amiga policía: “Si vuelve a ponerte la mano encima y hay sangre, sí se puede hacer algo. Hasta entonces, nada”.

‘No te calles, denuncia’

Cuando era ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato pronunció una frase que con la que se marcó un lavado de manos memorable: “No podemos ayudarlas, no podemos apostar, y no digo el Gobierno, digo toda la sociedad, si esas mujeres no denuncian”. Mientras el discurso institucional y mediático sigue insistiendo en la denuncia penal como única vía para salir del maltrato, el sistema judicial defrauda a las mujeres que dan el paso.

Juana Balmaseda valora que las campañas al estilo “Mujer, denuncia” sirvieron para visibilizar la violencia machista como un problema social. Pero, a día de hoy, reclama un mensaje más responsable: “No se puede incidir en la importancia de la denuncia si no se garantiza protección, apoyo psicológico y un acompañamiento en la preparación del caso; de lo contrario se revictimiza a las mujeres y estas pierden la confianza en la justicia”.

Naredo señala otro efecto de este mensaje: “Si no denuncias en el minuto cero, te cuestionan por haber tardado. Después de la agresión, estás echa unos zorros, desorientada, en una situación emocional devastadora. Las mujeres sienten que, si hubieran esperado a estar recuperadas psicológicamente, se habrían desenvuelto mejor en el procedimiento judicial. Pero si esperan, se dan de bruces con el prejuicio”.

“Si pudiera dar marcha atrás, no denunciaría: me fugaría con mis niñas”, lamenta Elisa. A la violencia machista de su marido le siguió la violencia institucional de un juicio en el que se la señaló como sospechosa. “No hay mayor vulneración de tu dignidad que al pedir ayuda, en vez de darte protección, te machaquen”, Vivida la experiencia, Elisa recomienda a las mujeres en situación de violencia que preparen muy bien el caso antes de poner la denuncia o que busquen otra vía de escape para ponerse a salvo. Mientras espera la resolución del Consejo General del Poder Judicial contra la jueza que la equiparó a su agresor, impulsa una asociación de víctimas contra el maltrato institucional: “Al sistema le choca muchísimo que pasemos de víctimas a activistas, pero cuando empecemos a ser más, la tortilla va a dar la vuelta”.

Este reportaje se publicó inicialmente en el número 4 de #PikaraEnPapel, disponible en la tienda online.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Print this page
Cuando la denuncia cambia de lado
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Periodista. Madre orgullosa de Pikara. Colaboro con eldiario.es, Diagonal y Argia. Me gusta contar historias de personas libres y rebeldes. También me gusta romper tabúes y provocar cortocircuitos contra los sectarismos (el mío incluido).

Comentarios recientes

  1. Pingback: Cuando la denuncia cambia de lado

Los comentarios están cerrados

Uso de cookies

Nosotras también hemos sucumbido a las cookies y eso que no son de chocolate. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR