La condena de Reina Maraz: mujer, quechua, pobre Crónica, Planeta

Una migrante boliviana es sentenciada a cadena perpetua en Argentina por el supuesto asesinato de su marido. El juicio fue una constante vulneración de derechos

Maraz -vestida de azul - con su abogado defensor y la intérprete en la tribunal, en noviembre 2014 / Foto: Agencia ANDAR

Maraz -vestida de azul – con su abogado defensor y la intérprete en la tribunal, en noviembre 2014 / Foto: Agencia ANDAR

Sian Cowman*

Reina Maraz Bejarano fue la última persona en la sala del tribunal que entendió la condena: cadena perpetua por el presunto asesinato de su marido. El día que fue procesada por la Justicia argentina, una intérprete le traducía las palabras de las juezas. Natural de una comunidad indígena en Bolivia, Maraz fue criada en su lengua materna, el quechua, como otras muchas mujeres de comunidades rurales bolivianas.

Casada a los 17 años de edad, madre al poco tiempo y sujeta a un matrimonio violento, Maraz tenía 22 años cuando fue detenida por el asesinato de su marido. Cuatro años después su futuro fue dictaminado por tres juezas argentinas. Corría noviembre de 2014 y ya llevaba presa cuatro años; el primero de ellos sin saber, por no entender español, que se le acusaba de ser la responsable de la muerte de su marido, Limber Santos.

El caso de Reina Maraz es emblemático porque demuestra las formas en que la cultura dominante y el sistema judicial tratan a las mujeres; especialmente a las mujeres indígenas. Para Maraz, esto significa ser una sobreviviente de la violencia física y psicológica. Luego vino la doble injusticia al ser revictimizada por parte del Estado argentino, porque ahora es víctima de un sistema judicial injusto.

Un largo camino de migración y violencia

Para contar la historia de cómo Reina Maraz fue condenada a pasar su vida en una cárcel Argentina, tenemos que retroceder a 2009, año en que llegó a Argentina con su marido y sus dos hijos pequeños, nombres que no se revelan por solicitud de su madre.

Hay más personas inmigrantes bolivianas indocumentadas en Argentina que la población de cualquiera de las principales ciudades de Bolivia. A menudo familias enteras se mudan. En el caso de Maraz no tenía elección: su marido la amenazaba con quitarle a sus hijos si ella no lo acompañaba hasta el país vecino.

Reina Maraz declaró en el juicio que su marido solía golpearla estando borracho cuando vivían juntos en Bolivia. En Argentina, los abusos continuaron. La familia de él fue cómplice de la violencia física; y se quedaron con los documentos de Maraz.

Después de algunos meses en Argentina, la familia Santos-Maraz finalmente se estableció en unos cuartos pequeños en un horno de ladrillos en donde trabajaban en la ciudad de Florencia Varela, en el Gran Buenos Aires. En una entrevista realizada en la cárcel en 2013, Maraz recordó que sus hijos nunca fueron a la escuela porque su marido no quería. Ella era infeliz y nunca tuvo suficiente dinero para comer, pero sí había para comprar la cerveza de Limber. Él solía salir en las noches en el barrio porteño de Liniers con Tito Ortiz Vilca, un hombre que trabajaba y vivía en el horno de ladrillos también. Vilca desempeñó un papel importante en lo que sucedió después.

Aquella noche

Maraz dijo en la Corte que una noche, poco antes del asesinato, Limber Santos y Tito Vilca fueron a beber. Vilca regresó a la fábrica alrededor de las cinco de la mañana y entró a la habitación de Maraz, donde ella estaba durmiendo con los niños. Él la despertó y le dijo de la manera más horrible: “Tu marido me debe una deuda, y te ofreció a mí.” Entonces la violó delante de sus hijos.

La jueza principal, Marcela Alejandra Vissio, describió el incidente como improbable en su veredicto porque Maraz no lo denunció en la policía. Pero el no denunciar una violación no es inusual porque las mujeres se enfrentan a los obstáculos significativos del sistema legal como revivir el trauma y ser revictimizadas. Los datos sobre violaciones no reportadas son difíciles de encontrar en Argentina, como en muchos otros países; de hecho es muy probable que haya muchas más violaciones que las que se reportan. Además de las habituales, Reina Maraz tiene la barrera adicional de no comprender ni hablar bien español.

Una de las secuelas de la violación fue una paliza brutal a manos de su marido. También provocó un conflicto violento entre Vilca y Santos.

La mañana del 14 de noviembre de 2010, día en que murió su marido, Maraz se levantó a las cuatro para ayudarle a prepararse para un viaje en el que iba visitar a su hermana para pagarle una deuda. Maraz explicó ante el tribunal que Tito Vilca estaba despierto también esa mañana, borracho. Ambos hombres comenzaron a discutir por la ventana de la habitación, y luego Santos se fue. En ese momento, Maraz oyó el sonido de un candado para encerrarla junto a los niños en la habitación.

La persona que retiró el candado y entró en la habitación poco después era Tito Vilca. Ella le preguntó dónde estaba su marido y él contestó que Limber Santos se había ido a casa de su hermana. Luego, la violó; nuevamente en presencia de sus dos hijos.

Las consecuencias de la muerte Limber Santos

En ese momento Reina Maraz no tenía idea de que su marido ya estaba muerto. Cuando no tuvo señales de él, se fue con sus hijos a la casa de su suegro. Testificó que tenía miedo de quedarse en la fábrica de ladrillos por la presencia de Vilca. También entonces fue policía a denunciar que su marido había desaparecido: estaba preocupada de que hubiera sido asaltado porque tampoco se presentó ante su hermana.

El cuerpo de Limber Santos se encontró en un basural en los terrenos de la fábrica. Reina Maraz y Tito Vilca fueron detenidos y encarcelados como responsables. En la cárcel, la mujer boliviana descubrió que estaba embarazada. Su pequeña nació en la Unidad Penitenciaria número 33 de Los Hornos de Buenos Aires.

Pasó casi un año hasta que Maraz fue informada en su lengua de los cargos en su contra. La organización argentina de defensa de los derechos humanos La Comisión Provincial por la Memoria llevó a cabo una de sus inspecciones regulares a la prisión de Los Hornos y se dio cuenta de que Maraz era incapaz de comunicarse bien en español. Fue entonces cuando trajeron un hablante quechua a visitarla.

Reina Maraz. /Foto: Agencia ANDAR

Reina Maraz. /Foto: Agencia ANDAR

La batalla por una intérprete

Cuando Maraz se enfrentó al juicio en octubre de 2014, tenía a su lado a Frida Rojas, una intérprete de habla quechua. El acceso a este derecho básico tardó más de dos años en reclamos y trámites legales, dirigidos por la Comisión por la Memoria. La batalla incluía un viaje a la Corte Suprema de Argentina, quien ordenó al tribunal criminal que proporcionara un intérprete. A pesar de ello, el Estado argentino puso muchos obstáculos administrativos a la Comisión para conseguir el intérprete al que tenía derecho.

“En todos estos retrasos y trámites, la persona quien sufre es la Reina”, ha lamentado en una reciente entrevista Mariana Katz, encargada del área de Pueblos Originarios y Migrantes de la Comisión por la Memoria, además de abogada y observadora en el juicio. “Para la Comisión, la causa es nula, porque desde el primer momento a ella le tenían que haber puesto un intérprete”, ha añadido.

Discriminación lingüística en la Corte

En otra violación de derechos, la hermana de Maraz fue negada por las jueces a declarar en su lengua materna, a pesar de que la intérprete quechua estuvo presente ese día en el tribunal. “Cuando le hicieron las preguntas era obvio que ella no entendía el castellano, porque ella contestaba otra cosa que lo que se le preguntaba,” ha explicado Katz, quien reconoce que las juezas se enojaban por las respuestas.

Para condenar a Reina Maraz las juezas se basaron en el testimonio de su hijo de cinco años que no hablaba fluidamente español: “Cuando llevan el niño a declarar, le tienen que hacer las preguntas varias veces, porque el niño también tiene dificultad para hablar en castellano”, ha recordado la observadora.

El hijo mayor testificó en una cámara Gesell, un sistema de espejo unidireccional utilizado por la policía. Tres psicólogas expertas traídas por el abogado defensor de Maraz desacreditaron el testimonio en esta cámara, cada una independientemente de las otras. Explicaron que se realizó un interrogatorio por medio de preguntas dirigidas y no como debería ser, a través de una prueba psicológica donde se da al niño tiempo para expresarse con un juego. A pesar de todo esto, las juezas no tuvieron en cuenta el testimonio de las tres psicólogas.

Las magistradas tampoco tuvieron en cuenta las sutilezas del lenguaje que podría haber dado lugar a diferentes interpretaciones del testimonio del niño. También es cuestionable si se deber permitir el testimonio de un niño de cinco años que fue objeto de experiencias traumáticas.

Más evidencias rechazadas

Hubo otra evidencia importante que fue rechazada. Tito Vilca también fue detenido por el asesinato de Santos y mientras estaba en la cárcel el vicecónsul de Bolivia en Argentina, Jorge Herbas Valentín Rodríguez, lo visitó. Vilca comenzó a contar la historia de lo que había sucedido la noche de la muerte de Limber Santos, pero el vicecónsul lo detuvo y le dijo que lo guardara para la Corte. Vilca falleció en la cárcel antes de que tuviera la oportunidad de contar su historia ante los tribunales.

Herbas Rodríguez declaró en el juicio que era muy probable que Vilca hubiera hecho una confesión completa si hubiera vivido. Pero las juezas desestimaron la palabra del diplomático como “testimonio indirecto”.
Condenada. El 11 de noviembre de 2014, las tres magistradas declararon culpable de manera unánime a Reina Maraz de homicidio doblemente agravado. Los factores agravantes fueron premeditación y motivo de robo. Las juezas pensaron que Maraz y Tito Vilca eran amantes, y planearon asesinar a Limber Santos por el dinero que llevaba, que eran apenas 70 dólares. Por este supuesto delito, condenaron Reina Maraz a una vida entera en la cárcel. Katz lo resume: “A Reina le pusieron la misma condena que a los genocidas”.

Las reacciones a la sentencia

La injusticia del sistema judicial Argentino no pasó desapercibida. Activistas feministas de varias organizaciones protestaron fuera de la Corte, y lo han continuado haciendo. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión por la Memoria, escribió un artículo titulado ‘Los tres pecados capitales: mujer, indígena y pobre’.

La defensa de Maraz apeló al Tribunal de Casación de Argentina, un tipo de tribunal de apelación que examina la interpretación de la ley. La Comisión, junto con las organizaciones feministas y de derechos humanos, ha presentado un informe a las juezas en el que se hizo hincapié en que Maraz no tuvo un juicio justo porque las magistradas no tuvieron en cuenta las vulnerabilidades como una mujer indígena migrante que no habla español.

La demanda se refiere a la libertad de Reina Maraz. De no lograrla, las personas defensoras están pidiendo que su condena sea transmutada a la sentencia más indulgente por homicidio en Argentina: ocho años de prisión, de los cuales ya habría cumplido seis. Aun no hay fecha fijada para la audiencia de la apelación.

La Comisión cree firmemente que Maraz es inocente: “Creemos en la inocencia de Reina. Porque a una persona durante más de seis años, cuando se le pregunta del hecho concreto, siempre cuenta la misma historia sin ninguna fisura. Si fuera una cosa inventada, durante tantos años no puedes repetir la misma historia sin tener un mínimo de error.”

Imagen de una prisión. / Foto: feelsgoodlost en Flickr

Imagen de una prisión. / Foto: feelsgoodlost en Flickr

Un caso emblemático de la discriminación indígena

La jueza principal declaró en repetidas ocasiones en su veredicto que Maraz, su hijo mayor y su hermana, Norma Bejarano, hablaban fluidamente español. El tribunal trató la necesidad de interpretación de la lengua como una táctica de defensa. Los resultados de esta actitud fueron una violación a sus derechos: la hermana y el hijo de Maraz nunca llegaron a declarar en quechua.

De acuerdo a la ley Argentina, esto es ilegal. “En el juicio se desconoció el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación lingüística. Se actuó con discriminación hacia otra cultura”, escribió al respecto Pérez Esquivel. Los juzgados del país aún no cuentan con intérpretes para idiomas aparte del inglés, francés y portugués; todas lenguas coloniales.

Es un síntoma de una norma social profunda. “Tenemos un problema en Argentina, conceptualmente se cree, a pesar de toda las luchas que han dado los indígenas en este país, que hay muy poquitos indígenas. Existe una concepción cultural de que ya no existen”, ha apuntado la abogada Mariana Katz.

Las acciones y el veredicto de las juezas parten de esa actitud: las personas migrantes y los pueblos indígenas deben hablar la lengua del país anfitrión o del colonizador; si no lo hacen, es su propia culpa. Es profundamente injusto y deliberado: son acciones que hacen que los pueblos indígenas sean invisibles.

Reina Maraz, sobreviviente

Reina Maraz ya era una sobreviviente de una violencia terrible: física y psicológica cometida por su marido y su familia; sexual, a manos de Tito Vilca. Ahora sobrevive en medio de más violencia a manos del Estado argentino.

Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y sufre problemas de salud. Arresto domiciliario en lugar de la cárcel fue un pequeño consuelo alcanzado por las activistas, principalmente para que pueda cuidar de su pequeña hija. Sus otros dos hijos están en Bolivia con los abuelos. No les ha visto en varios años; otro tipo de castigo.

El Estado argentino no sólo ignora que Maraz es migrante de habla quechua y le impide así el acceso a un juicio justo, también utilizó sus vulnerabilidades como un arma para condenarla. Estas son acciones profundamente misóginas y racistas. Reina Maraz ya ha sido injustamente encarcelada durante seis años. Liberarla ahora sería conseguir un mínimo de justicia.

 

*traducido al español por Leny Olivera Rojas

 

Este artículo fue publicado en inglés en la revista Intercontinental Cry.
Todas las referencias provienen de la entrevista original de la autora con la doctora Mariana Katz; la documentación proviene de La Comisión Provincial por la Memoria y del juicio de Reina Maraz, así como del veredicto.

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