La retórica ‘pro-vida’ condiciona la decisión política sobre el indulto a una de las 17 salvadoreñas en prisión por la penalización total del aborto Crónica, En red

La Asamblea Legislativa de El Salvador decide hoy sobre el indulto a una de las 17 mujeres en prisión condenadas por homicidio agravado tras acudir al hospital con complicaciones obstétricas. La discusión en el pleno del pasado viernes refleja el peso del discurso anti-elección en la clase política y el miedo del partido de gobierno, el FMLN, a defender el derecho al aborto.

Integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto se concentraron ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes./ June Fernández

Integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto se concentraron ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes./ June Fernández

Actualización: La Asamblea Legislativa ha dado luz verde, con 43 votos a favor (el mínimo necesario) el dictamen favorable a conceder el indulto a Guadalupe.

“Esas criaturas tienen que tener quien las defienda. Las recién nacidas y las que aún no han nacido”. Con esas palabras, Ernesto Angulo, diputado del partido conservador ARENA, se posicionó en el pleno de la Asamblea Legislativa del pasado viernes en contra de indultar a Guadalupe, una joven condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado, bajo acusación de haber matado a su bebé. Es una de las 17 mujeres que buscaron asistencia médica por complicaciones obstétricas y que terminaron en prisión como consecuencia de la penalización total del aborto. Angulo no es un diputado más: preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que el pasado viernes tenía que decidir sobre la concesión del indulto. Hacían falta 43 votos y el contador se quedó en 42. Dado que el presidente de la Asamblea, también de ARENA, no realizó adecuadamente el llamamiento a votar, por lo que varios diputados no estaban en su escaño, concedió que hoy se repita la votación.

No era un tema más en el orden del día. Mientras que el resto de peticiones de indulto trascurrieron de forma rutinaria, sin discusión ni ninguna intervención de los parlamentarios, dedicados a charlar desenfadadamente en corrillos y a hablar por teléfono, el clima cambió drásticamente cuando tocó hablar de Guadalupe, a cuyo caso se dedicó más de una hora. El debate transcurrió bajo la atenta y nerviosa mirada de la madre, la hermana y la sobrina de la encausada, así como de integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que impulsa la petición de indultos para “las 17”. Según los cálculos de las activistas, la solicitud prosperaría con los votos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, en el Gobierno desde el 2009), de GANA y Cambio Democrático. La indignación de la familia y las activistas ante las intervenciones de los representantes de ARENA hablando de Guadalupe como una homicida sin escrúpulos, se transformaron en desolación cuando el contador de votos se detuvo en 42. La Agrupación ha continuado con su esfuerzo de influir en cada parlamentario para que hoy no falte ni un voto. En estos momentos pide a la ciudadanía que exiga por Facebook y Twitter a las y los diputados que voten a favor de la solicitud de indulto, usando las etiquetas #IndultoYa y #Las17.

Mujeres pobres sin atención médica

Guadalupe, empleada doméstica de 18 años, quedó embarazada como resultado de una violación y ni ella ni su patrona se dieron cuenta de su estado hasta que se puso de parto, ya que no le creció el vientre. Dio a luz sola, de madrugada, en el cuartucho sin electricidad en el que vivía dentro de la casa en la que trabajaba por 80 dólares al mes, y asegura que el bebé nació sin vida. Asustada ante un parto inesperado y con miedo a perder el trabajo, no pidió ayuda, ocultó lo ocurrido e intentó seguir trabajando, pero su jefa la llevó al hospital cuando observó que la joven tenía una fuerte hemorragia que no paraba. El personal sanitario la denunció a la policía por aborto, fue interrogada sin asistencia jurídica mientras estaba hospitalizada y finalmente fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado (debido al grado de parentesco), pese a que en la autopsia no se determinó la causa de la muerte del recién nacido.

Guadalupe es una de las 17 mujeres en prisión cuya libertad exige la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, creada por diferentes colectivos feministas y de defensa de los derechos humanos. Las 17 tienen en común que son mujeres pobres, sin acceso a la educación ni a la salud, que enfrentaron complicaciones obstétricas ya sea al inicio o al final del embarazo y, cuando acudieron al hospital o a la policía, terminaron entre rejas “pese a la falta de pruebas directas y contundentes para poder acusarlas de que hubieran emprendido alguna acción voluntaria, premeditada o dolosa para quitar la vida de las criaturas que estaban gestando”, explica Alejandra Burgos, integrante de la Agrupación.

Burgos insiste en que la penalización del aborto no se traduce solo en discriminación de género, sino también de clase, porque la persecución a las mujeres se realiza en hospitales públicos en los que se trata a las mujeres pobres que presentan complicaciones obstétricas como sospechosas. “El Estado, que ha fallado al negar a estas mujeres derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la educación, encima las revictimiza”, denuncia. Burgos aporta la cifra de que en El Salvador se realizan 35.000 abortos clandestinos al año y añade que hasta el año 2011 fueron 129 las mujeres procesadas por haber abortado; 49 de ellas fueron condenadas por homicidio agravado. La campaña ‘Libertad para las 17’ cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional, que el pasado agosto instó a la Corte Suprema a que apoyase los indultos para estas mujeres.

Aborto es homicidio

En El Salvador, el aborto se encuentra completamente ilegalizado desde 1998, debido a una reforma del Código Penal que lo tipifica con penas de hasta 8 años. Por si fuera poco, los sectores fundamentalistas religiosos presionaron también para lograr la reforma del artículo 1 de la Constitución, que ahora insta al Estado salvadoreño a salvaguardar la vida de toda persona desde el momento de la concepción. Ese enunciado ha permitido que las mujeres que interrumpen su embarazo (ya sea de forma voluntaria o espontánea) sean acusadas y juzgadas por homicidio.

En el pleno del pasado viernes, representantes de todos los partidos políticos comenzaron sus discursos apelando a un ideario anti-elección. Los varones, los más volcados en la discusión (solo dos mujeres pidieron la palabra, ambas para apoyar el indulto), insistían en aclarar su oposición con frases como “es una bendición de Dios cuando nace un ser”, ya fuera para confiar en el criterio de la Corte Suprema o para defender el derecho del poder legislativo de desmarcarse de su informe favorable. Aunque los más agresivos fueron los de ARENA, quienes se negaron en bloque a apoyar la petición de indulto, en las intervenciones de GANA, partido conservador escindido de ARENA, cuyos parlamentarios apoyaron en su mayoría la iniciativa, se mostró la misma convicción antiabortista: “Estoy en contra del aborto, pero respeto al Estado de Derecho. Mi postura no tiene un pelo de política, es jurídica. Si es o no culpable, no me toca a mí decidirlo. Si lo fue, ya pagó su delito con estos años de cárcel”, argumentó uno de sus diputados, Guillermo Gallegos.

Si bien los diputados del FMLN apoyaron la petición de indulto, el primero en intervenir en el debate, Damián Alegría, empezó por aclarar que su partido “siempre ha estado a favor del derecho a la vida”, sin agregar que eso incluye el derecho a la vida de las mujeres, es decir, aceptando la retórica anti-elección. Sin embargo, basó su postura a favor de la absolución en argumentos de la Corte Suprema como que en el caso de Guadalupe no hay pruebas concluyentes de que el recién nacido muriera por su acción voluntaria y que, por tanto, se vulneró su presunción de inocencia.

Las lágrimas asomaron a los ojos de la familia de la encausada y de las activistas  cuando Lorena Peña empezó su intervención saludando a la madre de Guadalupe para después hablar claramente de “juicio amañado” y señalar el contraste entre la persecución a las mujeres y la impunidad en otros ámbitos: “Luchemos por que los narcotraficantes y los corruptos vayan a la cárcel, no nos ensañemos con la gente humilde que no tiene arresto domiciliario, que paga con 12 años de cárcel un delito que no ha cometido”, emplazó.

El Gobierno del FMLN ha mostrado cierta sensibilidad hacia las consecuencias de la penalización total del aborto, pero  las activistas echan en falta más valentía y concreción para reformar el marco jurídico. La discusión sobre el indulto de Guadalupe ha coincidido con la precampaña de las elecciones legislativas y municipales, que se celebrarán el próximo 1 de marzo. “El Frente tiene mucho miedo a la derecha todavía, esperamos que lo pierda. Es un tema muy electoralista, todo el mundo teme perder votos”, lamenta Burgos.

El miedo también frena la implicación de los colectivos de mujeres, ya que la ley también establece penas de prisión para quienes ayuden, promuevan, inciten o faciliten los medios para realizar abortos. Las integrantes de la Agrupación Ciudadana han recibido presiones y amenazas a título colectivo e individual. “Durante el año pasado, las voceras más visibles fuimos mencionadas en artículos de opinión con un talante incriminador, diciendo que defendemos a asesinas y que cometemos apología del delito”, recuerda Burgos, quien matiza que el temor no las va a detener: “Continuamos luchando, porque defender los derechos humanos no es ni ilegal ni ilegítimo”.

Criminalización basada en estereotipos sexistas

Cinthia también tenía 18 años cuando tuvo un parto precipitado que tuvo que enfrentar sola. Declaró que el bebé nació con el cordón umbilical enrollado al cuello y que ella intentó cortarlo con una tijera. Lo siguiente que recuerda es que fue llevada al Hospital. Lleva seis años en prisión, a pesar de que en el juicio no se presentaron pruebas directas de que quisiera causar la muerte del recién nacido. A diferencia de en el caso de Guadalupe, la Corte Suprema no ha emitido un informe favorable sobre Cinthia, por lo que la Asamblea Legislativa tampoco apoyó su petición de indulto, ya que esta ha de contar con el apoyo de los tres poderes del Estado.

En la deliberación de la Corte Suprema, basada en el informe del Consejo Crimininológico Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, hace hincapié en el estilo de vida de la encausada. Por ejemplo, recoge que Cinthia fumaba y tomaba varias cervezas al día. “La fundamentación de sentencias y de informes basada en estereotipos sexistas es una constante. Abundan razonamientos como que la madre tenía que haber actuado conforme al instinto materno. En cambio, nunca se cita el riesgo que supone para una mujer enfrentar un parto sin asistencia”, lamenta Dennis Muñoz, el abogado que presentó la petición de indulto de las 17.

Las activistas de la Agrupación señalan que el hecho de que las mujeres acusadas de aborto sean pobres, sin acceso a la educación y a la salud, no juega a su favor, sino que se suele utilizar como argumentos para desacreditarlas. El diputado del FMLN, Damián Alegría, también aseguró durante su intervención que Guadalupe “fue incriminada debido a un pensamiento estereotipado”.
Las 17: emblema a favor de la despenalización

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La retórica ‘pro-vida’ condiciona la decisión política sobre el indulto a una de las 17 salvadoreñas en prisión por la penalización total del aborto
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Periodista. Madre orgullosa de Pikara. Colaboro con eldiario.es, Diagonal y Argia. Me gusta contar historias de personas libres y rebeldes. También me gusta romper tabúes y provocar cortocircuitos contra los sectarismos (el mío incluido).

Comentarios recientes

  1. Pingback: Guadalupe indultada | Ex360

  2. Mario

    La historia JAMAS le ha terminado dando la razón a los grupos mayoritarios que buscan acallar e imponerse a las voces de las personas excluidas y demás grupos minoritarios.

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