“Está muerta porque era mujer y pobre, y su asesino tiene inmunidad”

“Está muerta porque era mujer y pobre, y su asesino tiene inmunidad”

Tres historias desvelan la dramática situación de violencia que viven muchas mujeres parejas de militares y policías en Bolivia

23/09/2013

Roxana Pintado

Feminicidio

Marcha contra el feminicidio. Foto: La Razón

La enfermera Janeth Vargas (27 años) llegó al Estado Mayor la tarde del 21 de junio, un feriado nacional, a visitar a su novio; un oficial del Ejército que participaba en un festejo en la vivienda de un capitán. Con la ayuda del militar ingresó al recinto donde la celebración concluyó cerca de las nueve de la noche , y sin que aparentemente nadie se percatara de la muerte de la joven por el jolgorio. Aunque los tres oficiales implicados argumentaron que la joven se cayó por las escaleras, la hermana denunció que tenía golpes y moretones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

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La noticia de la muerte de esta profesional en el edificio del Estado Mayor del Ejército boliviano ha generado una ola de reacciones, pero la mayoría de ellas ha puesto el foco de interés en la fragilidad de la seguridad de las instalaciones. La institución castrense ha restado  importancia a la cuestión de la violencia contra las mujeres ejercida por los miembros del Ejército, ante la mirada cómplice de las autoridades y del Gobierno.

En un país de poco más de diez millones de habitantes, en el que el 50,1 por ciento son mujeres y donde siete de cada diez de ellas son víctimas de maltrato, han sido asesinadas más de 500 féminas en algún acto de violencia de género en los últimos tres años. Durante el primer semestre de este año, el número de bolivianas, la mayoría de ellas niñas y adolescentes, que habían muerto a mano de sus parejas varones ya asciende a 64 , según los medios de comunicación, aunque la mayor parte de los caso de violencia de género “se queda en casa”. Maltratos y violaciones que se dan en un contexto en el que muchas veces los adultos varones cercanos (padres, familiares, parejas, vecinos) son los autores o consienten tales hechos.

Hanalí denunció que su ex pareja policía la amenazó usando su arma de reglamento

“Está muerta porque era mujer y pobre y porque estaba en un terreno en el que los asesinos tenían inmunidad”, ha dicho Paul Tellería, psicólogo y escritor boliviano que ha dedicado su último libro de cuentos, titulado 2307,a las víctimas del feminicidio en Bolivia, algunas de cuyas historias se basan en hechos reales.

También lo explica así Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, quien acuñó el término feminicidio, pues en su criterio el asesinato de mujeres a manos de militares y policías se trata de una colusión que va desde los soldados hasta los superiores y pasa por las entidades ejecutoras de la justicia; lo que implica una total impunidad y pone de manifiesto la ausencia del estado de derecho.

Militares y policías están entre los más maltratadores

Aunque no constan estadísticas oficiales, es vox populi que las mujeres parejas de militares y policías son uno de los grupos más vulnerables y maltratados en el país. A la condena familiar y social se suma el hecho de que los militares y policías cuentan, en muchos casos, con la complicidad de los jueces y fiscales; porque estos últimos creen que los casos de violencia de género deben resolverse en el entorno familiar, según asegura en sus declaraciones la abogada de la Casa de la Mujer de Santa Cruz al diario El Día. Se estima que de diez casos de violencia de género, dos son protagonizados por policías o militares.

Hanalí

La periodista Hanalí Huaycho fue asesinada por su ex pareja, un policía. Foto: CIDEM

En febrero de este año, la periodista Hanalí Huaycho fue asesinada por su ex pareja, un policía, quien estuvo prófugo hasta que, según fuentes gubernamentales, hallaron su cuerpo sin vida en un poblado rural del trópico de La Paz. Sospechosamente, dado que el hombre estaba implicado en un caso de supuesto terrorismo de Estado, el Gobierno se niega a realizar los exámenes que demuestren que se trata del agresor de Hanalí. La periodista había denunciado hasta entonces 14 veces a su ex pareja por agresiones físicas y ninguna de ellas fue sancionada.“En varias oportunidades el mencionado Subteniente Jorge Clavijo trató de terminar no sólo con mi vida sino también con la de mi hijo, amenazándome con hacer uso de su arma de reglamento en contra de mi humanidad”, consta en una de esas denuncias de Hanalí.

Hace unos días una cabo de la policía boliviana denunciaba en una emisora nacional cómo su esposo, subteniente de esa fuerza del orden, la maltrató durante años rociándole gas pimienta como castigo, golpeándola, provocándole dos abortos e incluso arrastrándola con el coche delante de sus familiares sin que nadie tuviera reacción condenatoria alguna. Ante los micrófonos de la red ERBOL, la oficial relató así su drama: “A los cuatro meses de embarazo de mi primer bebé me golpeaba, me arrastraba con el vehículo y era delante de su familia, pero ellos jamás dijeron nada. Mi vergüenza era muy grande porque yo formo parte de la institución [policial]. Incluso una de sus hermanas es abogada y funcionaria pública del juzgado, y me decía ¿Cómo vas a denunciar a tu marido?, es el padre de tu hijo. Al final me sentí tan amedrentada que me callé.”

Muchas veces, adultos varones cercanos son autores de maltratos y violaciones o los consienten

“A veces no quería mantener intimidad, pero él decía que yo estaba esperando embarazarme de otro hombre. Entonces, cuando ya estaba embarazada, el 29 y el 30 de abril, me dio tremendas golpizas y perdí a mi bebé”, narró la mujer que, a pesar de todo, fue incapaz de denunciarlo. Y si hoy este maltratador se encuentra en la cárcel es porque los médicos que la atendieron durante el aborto presentaron la denuncia ante la Brigada de Protección de la Familia.

En este sentido, Zoraida Páez, psicóloga del Servicio de Atención Integral Psico-social-legal del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), establece que los agresores suelen tener creencias patriarcales sobre los roles sexuales y otorgan a la mujer un rol inferior, minimizando y justificando el daño que sus conductas ocasionan en las víctimas, todo esto reflejado en un déficit de habilidades para resolver los conflictos; déficit que se sustenta en el uso de la autoridad en su labor diaria al interior de la institución castrense.

“A veces no quería mantener intimidad, pero él decía que yo estaba esperando embarazarme de otro hombre. Cuando ya estaba embarazada, me dio tremendas golpizas y perdí a mi bebé”

Por su parte, Gladys Achá, también del CIDEM, hace énfasis en que los colegios militares, las academias de policías e incluso las escuelas básicas de formación se encargan de fortalecer todos los estereotipos machistas de los uniformados. Estos son entrenados y capacitados para ser capaces de afrontar y sobrevivir a desafíos en los que se reconocen abiertamente roles de poder y subordinación, en los que se propician abusos entre los oficiales y subalternos; pero sin embargo, las frustraciones generadas allí no son trabajadas al interior de su grupo, ni reciben tratamiento profesional adecuando, lo que repercute en la repetición de dichos comportamientos en el entorno familiar.

Una ley que, por sí sola, no soluciona el problema

Fue por la presión social y política, debido a este incremento desmedido de la violencia y como resultado también de la demanda sostenida durante tres años por gremios de mujeres organizadas y defensoras de sus derechos, que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley contra el feminicidio, donde se establece una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto para quienes cometan este delito.

Ley violencia mujer Bolivia

La falta de denuncios y de recursos obstaculiza la incidencia de la ley contra el feminicidio. Foto: La Prensa

Sin embargo, la falta de sistemas de registro sobre incidentes de cualquier tipo de violencia contra mujeres; los mínimos recursos humanos, financieros y técnicos para investigar y atender oportuna y correctamente las denuncias; las deficientes medidas de protección a las víctimas; así como las carencias económicas de quienes además de agredidas deben contratar los servicios jurídicos que lleven su caso por la vía legal son otros elementos que dificultan la conclusión de los procesos y la sanción a los culpables.

Según Rolando Villena, Defensor del Pueblo en Bolivia, es por eso que se necesitan, más que leyes, instituciones para terminar con este comportamiento que se va convirtiendo en práctica. A pesar a la vigencia de la nueva ley desde marzo de este año, los casos de feminicidio no han disminuido en el país.

 

 

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