Roxana Pintado

Marcha de las putas en La Paz./ Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer

El 20 de diciembre de 2012 violaron a una trabajadora de la Asamblea Legislativa de Chuquisaca (Bolivia) en la Sala Plenaria de esa entidad, y se veía venir. No podía anticiparse el lugar, ni el momento, ni las circunstancias, pero estaba avisado que en cualquier oportunidad algo así podía suceder.

El agresor declaró: “Ni siquiera me acuerdo, estaba borracho y no me acuerdo. Ella estaba borracha, inconsciente, ¿cómo saben que no quería?”. El gobernador del Departamento, también del MAS, le echaba la culpa a la oposición, alegando que le habían echado alguna droga a las bebidas

Hace unas semanas circularon en la red y en algunos canales nacionales de televisión las primeras imágenes del asambleísta Domingo Alcibia, militante del partido de gobierno (MAS) que, luego de una fiesta de fin de año en sus oficinas, donde consumieron grandes cantidades de alcohol, abusó sexualmente de una empleada de la limpieza. La mujer, ya sin conocimiento, yacía inerte mientras este hombre cometía el delito: al terminar, el agresor se levanta con total control, se sube la bragueta y se marcha sin tambalearse ni un poquito (el vídeo, si a alguien le interesa, aún se puede encontrar en Youtube). En ese mismo festejo, otro asambleísta intentó propasarse con otra trabajadora, pero ella no estaba lo suficientemente borracha como para correr la misma suerte que corrió su compañera.

“Borracho estaba, no me acuerdo”

Lo dicho, estaba avisado. El año pasado, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, cantó en un acto público de inauguración de las fiestas de Carnaval unas coplas que aludían explícitamente a su poderío sexual sobre las mujeres de su gabinete ejecutivo y sobre las militantes de una organización de mujeres considerada su base social femenina. Se esperaba que cualquier político, con cierto nivel de poder, hiciera uso de la prerrogativa que se les estaba otorgando.

Inmediatamente después de que se conociera la noticia de la violación hubo reacciones; no demoraron en pronunciarse la Defensoría del Pueblo, la representación de las Naciones Unidas en Bolivia, las organizaciones feministas y otras. La misma reacción se tuvo, aunque más demorada y en algunos casos con menos vehemencia, de otros y otras asambleístas, alguna ministra y de compañeras y compañeros del Parlamento, pero esta vez el partido de gobierno estaba de por medio; el agresor era un funcionario público, que accedió al cargo que ostentaba habiendo sido seleccionado candidato como se hace en el MAS, desde el más alto nivel, y los hechos ocurrieron en la Asamblea Legislativa, que preside también el MAS.

Mientras tanto, Alcibia declaraba ante los medios de comunicación cosas tan insólitas como: “No (lo) he hecho tampoco al intento (a propósito)….yo estaba indeciso….ni siquiera me acuerdo, estaba borracho y no me acuerdo”; “Ella estaba borracha, inconsciente, ¿cómo saben que no quería?”. Por su parte, el gobernador del Departamento, también del MAS, le echaba la culpa a la oposición, alegando que le habían echado alguna droga a las bebidas.

En palabras de María Galindo, analista y luchadora feminista boliviana, los hechos ocurridos “son comparables a las torturas que ejercen los marines contra los prisioneros de guerra en Irak, y son muestra de un fenómeno extendido dentro del gobierno del MAS….. Son incontables los testimonios que hemos escuchado de mujeres que acceden a un cargo público cualquiera sea y que son presionadas y acosadas para pagar ese puesto de trabajo en la cama”.

Impunidad

Protesta realizada por el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) ante el anuncio de que la Fiscalía no actuaría de oficio./ CIDEM La Paz

Pero la primera persona en ir a la cárcel no fue el agresor. Dos días después de que se hicieran públicas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio detuvieron al responsable del área de sistemas, que tenía a su cargo la custodia de las imágenes. Este trabajador había comunicado por escrito, una semana antes, que había encontrado su computadora vulnerada y que habían sustraído algunas grabaciones. Mientras, el presidente del Estado tuvo que pedir al agresor que renunciara a su cargo para que enfrentara la investigación. Le hizo caso, pero desde entonces no se supo más de él.

La ministra dice que la Fiscalía no va a actuar de oficio, pero resulta improbable que una mujer de origen humilde, probablemente indígena (uno de los Asambleístas se refirió a ella como “cholita”), presente una denuncia contra un hombre con poder

Para cuando salió la orden de la Fiscalía para que respondiera por los delitos de uso indebido de bienes y abuso de poder (ojito, que no por violación), éste ya se había hecho humo. 4 días después fue hallado en una comunidad rural en la que se había refugiado. La ministra de Justicia declaró que en este caso, por tratarse de una persona adulta, la Fiscalía no podía actuar de oficio, aunque las pruebas sean contundentes. El presidente del Estado, que pensaba que sí se podía actuar, matizó que aún así creía que los acusados deberían tener la posibilidad de presentar una licencia a su cargo público hasta que las autoridades judiciales dieran un fallo. Esto, aunque puede parecer no tener importancia, contrasta con el caso de muchos funcionarios y funcionarias de la oposición de nivel departamental y municipal a quienes el MAS ha sacado de su camino con acusaciones de corrupción, sin necesidad de presentar pruebas porque así lo establece la Ley.

¿Y dónde está la mujer agredida? La ministra dice que la Fiscalía no va a actuar de oficio, pero resulta improbable que una mujer de origen humilde, probablemente indígena (uno de los Asambleístas se refirió a ella como “cholita”), presente una denuncia contra un hombre con poder, tal vez el hombre que le consiguió el trabajo y al que le debía un favor. Pero además, presumiblemente ya tuvo que someterse al escarnio público en su comunidad, a la humillación ante sus familiares y sus pares, a la crítica social por beber (el consabido “es tu culpa, tú te lo buscaste por andar tomando con hombres”).

En un país en el que, según Naciones Unidas, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en razón de género, donde el 48% de las mujeres con cargos de concejalas municipales y alcaldesas declaran sufrir acoso político, en el que de 2009 a febrero de 2012 se contaban más de 350 feminicidios, y donde se reportan 9 casos nuevos de violencia sexual al día; estos hechos pasan muchas veces inadvertidos. Condición social, repudio comunitario, miedo a las represalias familiares y dependencia económica –vaya, el patriarcado crudísimo que se vive en América Latina- son algunas de las causas que llevan a las víctimas a callar ante estas agresiones.

La víctima, para colmo, se quedó sin trabajo. Después de todo, el 31 de diciembre se caducó su contrato. No se lo renovaron.